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El Tribunal Supremo abre un proceso contra toda la Mesa del Parlament que 'proclamó' la independencia catalana

La Audiencia Nacional encarcela a Oriol Junqueras y otros ex consejeros por ‘rebelión’, mientras Carles Puigdemont huye a Bélgica

HECHOS

  • El 2.11.2017 la Audiencia Nacional dictaminó prisión contra todos los miembros del último gobierno de la Generalitat presidido por D. Carles Puigdemont. Nueve de ellos fueron detenidos tras entregarse voluntariamente mientras se dictaminó una  orden de búsqueda y captura contra los cinco miembros que no se presentaron entre los que se encontraba D. Carles Puigdemont.

EX CONSEJEROS ENCARCELADOS POR LA AUDIENCIA NACIONAL:

  • D. Oriol Junqueras (ERC), ex Vicepresidente y ex consejero de Economía
  • D. Carles Mundo (ERC), ex Consejero de Justicia
  • Dña. Dolors Bassa (ERC), ex Consejera de Trabajo
  • D. Josep Rull (PDeCAT), ex Consejero de Territorio
  • D. Joaquín Forn (PDeCAT), ex Consejero de Interior
  • D. Jordi Turull (PDeCAT), ex Consejero de Presidencia y Portavoz
  • Dña. Meritxel Borrás (PDeCAT), ex Consejera de Gobernación
  • D. Raúl Romeva (indep.), ex consejero de asuntos exteriores

EN LIBERTAD BAJO FIANZA

  • D. Santi Vila (PDeCAT), ex Consejero de Empresa

FUGADOS A BÉLGICA:

  • D. Carles Puigdemont (PDeCAT), ex presidente de la Generalitat
  • D. Lluís Puig (PDeCAT), ex consejero de Cultura
  • Dña. Meritxel Serret (ERC), ex consejera de Agricultura
  • D. Toni Comín (indep afín a ERC), ex consejero de Salud
  • Dña. Clara Ponsati (indep), ex consejera de Educación

INVESTIGADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO

  • Dña. Carme Forcadell (indep), ex presidenta del Parlament
  • D. Lluís Guinó (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • Dña. Anna Simo (ERC), miembro de la mesa del Parlament
  • Dña. Ramona Barrufet (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • D. Lluís Mª Corominas (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • D. Joan Josep Nuet (Catalunya Si que es Pot), miembro de la mesa del Parlament
03 - Noviembre - 2017

Delitos gravísimos

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Aunque genere dificultades políticas, la justicia no puede dejar de actuar

Es comprensible que el envío a prisión de la mitad del exgobierno de Cataluña cause inquietud frente al lógico y mayoritario deseo de recuperar cuanto antes la normalidad democrática y social. Pero en estos graves momentos cabe recordar lo fundamental: que los únicos responsables de que la justicia haya reaccionado de manera tan contundente son los políticos y líderes sociales que, como trama golpista civil bien organizada, han actuado vulnerando la ley de manera reiterada y consciente. Los únicos responsables de que la justicia participe, ya inevitablemente, en la campaña electoral catalana del 21-D son ellos con la presunta comisión de delitos de extrema gravedad.

El auto de la juez Carmen Lamela apenas deja resquicio de duda sobre la obstinación y la reincidencia delictiva de los que, sorteando el ordenamiento jurídico, se propusieron ya en octubre de 2015 una hoja de ruta bien planificada para llegar hasta la independencia. No se trata, como algunos arguyen, de enviar a la cárcel a políticos por sus ideas, sino por un desacato reiterado a las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a las leyes que el independentismo iba aprobando. Para ello, los acusados no han dudado en promover la agitación social, orientada, como dice el auto judicial, “a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación”.

El cuanto peor, mejor, va a ser en esta campaña el mantra más preciado del rupturismo. El bloque secesionista no ha dudado en desprestigiar a España (país a abatir) sembrando la duda sobre la independencia de la justicia y señalando como “presos políticos” a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, agitadores necesarios en su plan rupturista. Los ocho políticos que la juez ha enviado ahora a prisión no son los primeros que sufren cárcel en este país. Cabe recordar que muchos de los que les han precedido pertenecen al partido gobernante, el de Mariano Rajoy, lo que demuestra la independencia judicial y no lo contrario. Porque los políticos no pueden estar excluidos del peso de la ley que marca el Código Penal.

La contundencia de la justicia, paradójicamente, favorece a la causa independentista en su lógica victimista, pero resulta esencial comprender que el ritmo del aparato judicial es también independiente del que marca la política y que no cabe, en democracia, más que acatarlo. Solo la política será capaz de resolver con vocación de permanencia el conflicto catalán, pero no hay política posible y democrática sin justicia y sin respetar y aplicar el peso de la ley.

El dramático desenlace judicial del procés prueba la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos. Aun así, no debe haber cabida para el miedo. La democracia española no puede caer en la trampa de las amenazas matonistas del independentismo catalán, siempre aireando la posibilidad de la revuelta violenta y masiva contra las decisiones del Estado de derecho. El expresidente Artur Mas ha recurrido de nuevo a tal estrategia cuando, junto a la Audiencia Nacional, advertía ayer de que “cuanta más gasolina y leña se eche al fuego, el fuego se hará mayor”. Son amenazas que ahora se vuelven en contra de los acusados por cuanto apuntalan el posible delito de rebelión del que se les acusa. Porque, como alega la juez Lamela, puede haber delito de rebelión en la incitación a las manifestaciones de fuerza y tumultuosas, como las del día 21 de septiembre. “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá colisión entre policías”, llegó a decir el consejero de Interior Joaquim Forn tras el 1-O en unas declaraciones recogidas en el auto judicial.

La democracia no puede caer en las trampas de las amenazas matonistas del independentismo

Nos aguardan tiempos difíciles en los que conviene no dejarse arrastrar por la grosera dinámica que promueven Puigdemont y los suyos. Una democracia que ha demostrado su madurez en esta crisis no puede dejarse intimidar por las bravuconadas de unos políticos dispuestos a hacer saltar por los aires el ordenamiento legal y menos todavía por decisiones judiciales ajustadas a derecho, por muy inoportunas que parezcan en un contexto de tanta tensión política.

También de esta tensión política y social son responsables en exclusiva Carles Puigdemont y los suyos, que desoyendo su destitución han desafiado al Estado desde el sábado actuando como si estuvieran en funciones. El expresident Puigdemont es, además, doblemente responsable por cuanto la juez ha tenido en cuenta su cobarde y ridícula fuga a Bélgica para decretar la prisión al resto en evitación de su posible huida. El exconseller Santi Vila tuvo la lucidez de dimitir para no verse involucrado en la declaración unilateral de independencia. De ahí que reciba un trato diferenciado y se le haya impuesto fianza. Los demás hubieran podido imitarle, dimitiendo o convocando elecciones, como se les ofreció insistentemente. Pero prefirieron seguir adelante a sabiendas de la gravedad de los delitos que cometían y así enfangarnos a todos en un agudo problema político y penal que ahora la política deberá gestionar de la forma más inteligente posible.

03 - Noviembre - 2017

El peso de la ley no es virtual

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

SÓLO QUIEN está habituado a la impunidad se sorprende cuando esta acaba. Y en democracia, tarde o temprano, o termina la impunidad o lo hace la democracia. Pocas metáforas hay más ajustadas que esa del peso de la ley. Porque la justicia es lenta pero a veces, cuando la gravedad de los delitos lo exige, cae a plomo sobre quien resulta hallado culpable. Y si no cayera sobre cualquiera que la desafía, sin reparar en su ideología, posición u oficio, ya no podríamos decir que vivimos en una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

La juez Lamela ha mandado a prisión sin fianza al ex vicepresidente y a los siete ex consellers del Govern que renunció a la representación de todos sus gobernados, destruyó el orden legal en Cataluña, extendió la inseguridad jurídica, puso en fuga a los creadores de riqueza, desgarró la convivencia y finalmente aspiró a presentar todo eso ante instancias internacionales como el cumplimiento de un sonriente anhelo popular. No constituye una noticia particularmente edificante que nadie entre en prisión por causa de una ejecutoria fraudulenta, pero ni el ejercicio de la política está eximido de la vigilancia del Código Penal, ni es más apropiado pasar un año en la cárcel sin juicio por robar el dinero de todos los ciudadanos que por tratar de robarles su soberanía. De hecho es bastante más grave lo segundo, como bien recogen las penas decididas por el legislador. De lo que sí cabe felicitarse es de la enésima constatación de que el Estado de derecho, en España, sigue sus procesos al margen de la conveniencia política y con sólido arreglo al texto legal.

Por eso no se entiende la catarata de protestas que la decisión de la magistrada ha provocado en ciertos sectores. Porque tras esas quejas, que insisten en la falta de soluciones que supone la prisión preventiva, subyace una desconfianza en la separación de poderes que sólo puede ser fruto de la ignorancia o de la maldad. Hay políticos –y periodistas– que parecen maliciarse que es Rajoy quien dicta los autos. O quien puede regular su contundencia a rebufo de los tiempos políticos «para no fabricar independentistas». O que debe responder en persona por cada cargo público catalán trasladado a una penitenciaría. De hecho, el auto aduce el riesgo de fuga –además de la probabilidad de reincidencia delictiva– como razón principal de que Oriol Junqueras y el resto de ex consellers se encuentren en prisión, y fundamenta ese argumento en «el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido». Es decir, que el delirante periplo belga de Puigdemont –para quien la Fiscalía ha solicitado ya una orden de detención internacional– no sólo ha supuesto el descrédito final para la causa independentista, sino que ha arruinado las estrategias de defensa de sus ex compañeros.

No hace falta leer a Gil de Biedma para comprender que la vida va en serio, y que los actos de los adultos tienen consecuencias. Los altisonantes llamamientos a la resistencia de Junqueras camino de la cárcel, las lágrimas de Marta Rovira o el descarnado posicionamiento de Ada Colau –que ayer, alardeando de insumisión, adoptó ya nítida y temerariamente el rol de argamasa del bloque separatista con vistas a las elecciones– están fuera de lugar: despojados de su retórica emocional, sólo revelan la rabia pueril de quien no está acostumbrado a que su soberana voluntad limite con la ley. Pero si la independencia nunca fue real, los destrozos producidos en su consecución reclaman responsables. De eso, y no de otra cosa, va la tarea que el Estado de derecho confía a los tribunales.

Nadie celebra que medio Govern –a la espera de los huidos, y de los miembros de la Mesa del Parlament juzgados en el Supremo– esté encarcelado. Nadie dudará ya, por si lo hacía, de que quien echa un pulso al Estado lo pierde.

03 - Noviembre - 2017

El peor escenario

LA VANGUARDIA (Director: Marius Carol)

Nueve miembros del destituido Govern de la Generalitat, incluido su vicepresidente Oriol Junqueras, que hace sólo una semana asistieron en el Parlament a la declaración de la independencia de Catalunya, ingresaron ayer en régimen de prisión preventiva en Estremera y en Alcalá Meco. He aquí un hecho de una gravedad política sin parangón en la historia de Catalunya desde que se recuperó la democracia.

Este hecho establece, además, un punto de inflexión en la campaña para las elecciones autonómicas del 21-D, convocadas el pasado viernes por el Gobierno central. Dichas elecciones parecían una invitación al sosiego y a la reflexión. Tras cinco años de proceso soberanista, culminado de modo insatisfactorio para casi todos, y tras una semana, la pasada, en que vivimos cada día a ritmo frenético, habíamos recuperado cierta paz social. Esa paz ha sido barrida de nuevo. El 21-D se afrontará ahora con los sentimientos a flor de piel y con el riesgo de que lo sucedido ayer contribuya a engrosar las filas más radicales. Lo cual sería lesivo para la convivencia, ya muy dañada en Catalunya por los silencios de unos, el quebrantamiento de la ley de otros y, a la postre, una extremada e insensata polarización política que no augura nada bueno.

03 - Noviembre - 2017

Cárcel para los golpistas

ABC (Director: Bieito Rubido)

Parte del equipo de gobierno de Puigdemont ya duerme en prisión, consciente de que les ha perjudicado notablemente su fuga

La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar provisionalmente a Oriol Junqueras y a ocho consejeros del Gobierno catalán destituidos por su rebelión contra el Estado no solo es proporcionada y ajustada a Derecho dada la gravedad del delito y el evidente riesgo de fuga, sino que encierra algo de justicia poética. Los ejecutores de todo un golpe de Estado no podían quedar libres porque el mensaje que nuestra Justicia enviaría a la ciudadanía sería difícilmente digerible. Dieron un golpe a sabiendas de su incumplimiento flagrante de la legalidad, lo retransmitieron en directo renunciando voluntariamente a ser considerados «presuntos», y se vanagloriaron de su ataque al Estado de Derecho con palmadas en la espalda y abrazos. La Audiencia Nacional no podía hacer oídos sordos a un clamor social, ni asumir el riesgo de una idea de la justicia selectivamente permisiva o condicionada por criterios de conveniencia política. Con Junqueras y sus consejeros ya en prisión, ahora queda arrestar a Carles Puigdemont, oficialmente fugado de la acción de la justicia y sobre quien está a punto de pesar una orden internacional de busca y captura que debe ejecutarse con urgencia. Por eso, e independientemente de lo que tarde en cumplirse esa orden, la única certeza es que cuando Puigdemont vuelva a pisar territorio español será en condición de detenido para ingresar en prisión.

De la justicia penal podrán criticarse los plazos, su grado de dureza o su eficacia en la reinserción de los condenados. Pero tarde o temprano termina resultando eficaz cuando se convierte en un instrumento útil de la democracia para defenderse de ataques como los vividos en Cataluña. A Puigdemont y a sus cuatro cómplices huidos en Bélgica ya no les queda ni un solo argumento para no entregarse de inmediato a la Justicia española y asumir, sin parecer unos cobardes, el peso real de la Justicia. Buena parte del equipo de gobierno de Puigdemont ya duerme en prisión, consciente de que les ha perjudicado notablemente esa fuga. Ahora, es de esperar que Bélgica no pierda un solo instante en localizar a los prófugos, detenerlos y entregarlos a España, porque cualquier mínima consideración que haga el Gobierno belga sobre una mendaz «persecución política» en España será una patraña que nadie en Europa creerá. El aparato de agitación y propaganda del independentismo ya no es eficaz ni siquiera a esos efectos. Queda pendiente la decisión del Tribunal Supremo respecto a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron ilegalmente las iniciativas para la declaración de independencia. Ayer pidieron más tiempo a la Justicia para poder defenderse y se les concedió. Pero su destino a partir del 9 de noviembre no debería ser distinto al de Junqueras, que al menos ha tenido el arrojo de comparecer ante la juez. Puigdemont ya solo podrá ser tratado como un delincuente.

03 - Noviembre - 2017

Muchas gracias, señorías

Enric Hernández

El enfoque exminentemente juridicista del combate contra el proceso soberanista tiene para el Gobierno de Mariano Rajoy pros y contras. La gran ventaja, en términos de comodidad, es subcontratar a jueces y fiscales para hacer frente a un conflicto que, como sentenció el Tribunal Constitucional, es de raíz política y solo mediante el diálogo político puede encauzarse. A fuerza de recursos competenciales, querellas criminales y requerimientos personales, el Ejecutivo ha amontonado un sinfín de evidencias sobre el propósito del Govern y la mayoría independentista de dinamitar el Estado de derecho. El problema de activar a toda potencia la maquinaria judicial es que es difícil frenarla una vez en marcha. Díficil, no imposible.

El encarcelamiento de los nueve ‘exconsellers’ del Govern que han acudido puntuales a la cita con la juez de la Audiencia Nacional da otro vuelco, este dramático, a un contencioso que en los últimos días había entrado en fase de distensión. Hace una semana, a la proclamación de la «república catalana» en el Parlament le siguió la defenestración de todo el Govern, la intervención de la autonomía y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, sin que por ello se alterase la paz social ni el independentismo ofreciese resistencia. Antes al contrario, el soberanismo había acatado la expeditiva vía del 155 al anunciar su concurrencia a las urnas. Y la huida a Bruselas de Carles Puigdemont y algunos ‘exconsellers’, el «Govern legítimo» según el ‘expresident’, no solo no había alimentado la épica independentista, sino que más bien había sido motivo de sonrojo.

Sin cuestionar (necesariamente) la división de poderes, es lícito preguntarse por qué la fiscalía ha pedido prisión incondicional para Oriol Junqueras y el resto de los imputados, salvo Santi Vila. Es cierto que las desproporcionadas penas de prisión que solicita el ministerio público, unidas a la espantada belga encabezada por Puigdemont , dan verosimilitud al riesgo de fuga de los reos, pero no lo es menos que su disposición a declarar aconsejaba medidas cautelares más livianas, como la retirada del pasaporte o las comparecencias semanales en el juzgado.

UN INCENDIO EVITABLE
La jueza Carmen Lamela, tal vez sin saberlo, ha provocado un incendio político evitable, pero de imprevisibles efectos. Meter preventivamente entre rejas a los ‘consellers’ depuestos refuerza argumentalmente al independentismo y devuelve todo el protagonismo a ANC y Òmnium, cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también están en prisión. La lucha abandona los despachos para regresar a las calles. El trato de favor a Vila, penúltima esperanza del moderantismo soberanista, lo inhabilita definitivamente como presidenciable del PDECat. En nombre de aquellos a quienes bautizan como «presos políticos», las entidades podrán ahora imponer a los partidos, contra la voluntad de todos ellos, una candidatura única del independentismo en las elecciones, que querrán mudar de autonómicas a constituyentes. Y, a resultas de ello, el 21-D puede acabar sirviendo no para amainar el conflicto, sino para agudizarlo. Muchas gracias, señorías

03 - Noviembre - 2017

¿Qué pretenden?

Esther Vera

Se extiende la desolación y el sentimiento se impone. Es mal momento para la política, pero es cuando más falta hace. La tristeza y la rabia de muchos ciudadanos son inmensas por la humillación ejercida al gobierno de Cataluña. La fiscalía marcó el camino y una juez representante del verdadero poder en España ha aprisionado un gobierno legítimo y elegido democráticamente. Sin tiempo para preparar la defensa, haciendo una valoración conjunta de las cautelares, el vicepresidente, siete consejeros y un ex consejero entraban en prisión por delitos de rebelión, sedición y malversación. El Estado será implacable con los que osaron pacíficamente dejar en evidencia su verdadera naturaleza, la represión violenta contra ciudadanos que protegían urnas.

La estrategia de los duros es provocar un desbordamiento de la calle y es justamente ahora cuando es más importante que nunca mantener la calma para evitar nuevas medidas represivas que sirvan de coartada para arrasar la Generalidad sin fecha de caducidad. ¿Quién puede dudar que muchos ultras desearían ver el ejército en las calles de nuestras ciudades para mantener, pretendidamente, una calma que nunca se ha perdido, excepto con la extrema derecha? El único instrumento será el civismo. Especialmente, hasta el 21 de diciembre, cuando se podrá verter de manera constructiva el sentimiento de humillación y la necesidad de construir un futuro digno y un país serio. Mientras tanto, Sr. Millo, no juegue con la democracia y acepte lo que decidan los catalanes el 21-D, voten lo que voten. No sólo si le gusta el resultado.

03 - Noviembre - 2017

Lo normal, Oriol

Luis Ventoso

Cunde la sensación de que la política catalana debería salir del ámbito de los politólogos sesudos para pasar al de Íker Jiménez y Uri Geller. Figura destacada en ese mundo paranormal es Ada Colau. Hace dos años ya dio el primer aviso de su anemia intelectual cuando reinventó el Derecho y proclamó que si una ley no te gusta debes incumplirla. Ayer, la pensadora pro separatista –de abuelos oscenses y sorianos– manifestó que reconoce a Puigdemont como presidente, pero no su República. Con los puntapiés que le arrea a la lógica, se entiende que la dulce Ada no lograse acabar Filosofía. Puigdemont se ha proclamado presidente de la República independiente de Cataluña, lo cual le ha valido su inevitable cese. Hoy el prófugo belga ya no preside nada, salvo que reconozcas su República, que posee el valor legal de las de los felpudos de Ikea. Ergo lo que dice nuestra Ada es como sorber y soplar al tiempo. Un disparate más de una oportunista que foguea abiertamente el separatismo, pero siempre con algún guiñito cosmético al otro lado para cubrirse sus espaldas electorales. Cantamañanismo transversal.

Paranormalidad en Cataluña ha habido mucha, pero los sucesivos inquilinos de La Moncloa prefirieron dejar a hacer. Mientras pasaba por ponderado estadista que contribuía a apuntalar el sistema, Pujol montó bajo las narices de González y Aznar el Estado catalán en la sombra, que ahora ha emergido en toda su osadía. ¿Nadie se percató? ¿Nadie sabía tampoco que además el molt honorable era un cleptómano? Simplemente el Estado optó por no mirar. Paranormal era también que una Generalitat separatista montase una red de embajadas, pagada por todos los españoles, con el evidente ánimo de minar España. Pero se toleró, como que TV3 sea un cañón de propaganda xenófoba (de manera inaudita sigue siéndolo tras el 155, por merced de Sánchez). Paranormal es la prohibición del español en los rótulos, o su marginación de facto en las escuelas. Paranormal es regalar la seguridad del Estado a una policía política, pues en eso degeneraron los mossos. Paranormal y delirante es que hasta hace diez días Sánchez e Iceta abogasen por dialogar con los golpistas, o que el Gobierno no se sacudiese su modorra hasta que el Rey dio un palmetazo en la mesa.

Durante años hemos vagado tan espesos que lo de ayer en la Audiencia Nacional, lo normal, a muchos les parece anormal. Nos enfrentamos a unos delincuentes previamente advertidos y multirreincidentes, que han cometido un flagrante golpe de Estado. ¿Cárcel para Junqueras? Nada más normal, querido Oriol. Democracia pura, pues sin respeto a la ley esta no existe. Gran lección además de nuestro Estado de Derecho, pues a buen seguro Gobierno y PSOE habrían preferido una decisión más liviana de la jueza. Pero en España pervive Montesquieu, la división de poderes. Este es un gran país, una democracia asentada, y no el aquelarre bananero de Junqueras y ese Puigdemont que lo ha apuñalado desde Bélgica con su saga-fuga, fulera y cobardona, oprobioso resumen del envite que ahora expira.

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