El Tribunal Supremo abre un proceso contra toda la Mesa del Parlament que 'proclamó' la independencia catalana

La Audiencia Nacional encarcela a Oriol Junqueras y otros ex consejeros por ‘rebelión’, mientras Carles Puigdemont huye a Bélgica

HECHOS

  • El 2.11.2017 la Audiencia Nacional dictaminó prisión contra todos los miembros del último gobierno de la Generalitat presidido por D. Carles Puigdemont. Nueve de ellos fueron detenidos tras entregarse voluntariamente mientras se dictaminó una  orden de búsqueda y captura contra los cinco miembros que no se presentaron entre los que se encontraba D. Carles Puigdemont.

EX CONSEJEROS ENCARCELADOS POR LA AUDIENCIA NACIONAL:

  • D. Oriol Junqueras (ERC), ex Vicepresidente y ex consejero de Economía
  • D. Carles Mundo (ERC), ex Consejero de Justicia
  • Dña. Dolors Bassa (ERC), ex Consejera de Trabajo
  • D. Josep Rull (PDeCAT), ex Consejero de Territorio
  • D. Joaquín Forn (PDeCAT), ex Consejero de Interior
  • D. Jordi Turull (PDeCAT), ex Consejero de Presidencia y Portavoz
  • Dña. Meritxel Borrás (PDeCAT), ex Consejera de Gobernación
  • D. Raúl Romeva (indep.), ex consejero de asuntos exteriores

EN LIBERTAD BAJO FIANZA

  • D. Santi Vila (PDeCAT), ex Consejero de Empresa

FUGADOS A BÉLGICA:

  • D. Carles Puigdemont (PDeCAT), ex presidente de la Generalitat
  • D. Lluís Puig (PDeCAT), ex consejero de Cultura
  • Dña. Meritxel Serret (ERC), ex consejera de Agricultura
  • D. Toni Comín (indep afín a ERC), ex consejero de Salud
  • Dña. Clara Ponsati (indep), ex consejera de Educación

INVESTIGADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO

  • Dña. Carme Forcadell (indep), ex presidenta del Parlament
  • D. Lluís Guinó (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • Dña. Anna Simo (ERC), miembro de la mesa del Parlament
  • Dña. Ramona Barrufet (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • D. Lluís Mª Corominas (PDeCAT), miembro de la mesa del Parlament
  • D. Joan Josep Nuet (Catalunya Si que es Pot), miembro de la mesa del Parlament
03 - Noviembre - 2017

Delitos gravísimos

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Aunque genere dificultades políticas, la justicia no puede dejar de actuar

Es comprensible que el envío a prisión de la mitad del exgobierno de Cataluña cause inquietud frente al lógico y mayoritario deseo de recuperar cuanto antes la normalidad democrática y social. Pero en estos graves momentos cabe recordar lo fundamental: que los únicos responsables de que la justicia haya reaccionado de manera tan contundente son los políticos y líderes sociales que, como trama golpista civil bien organizada, han actuado vulnerando la ley de manera reiterada y consciente. Los únicos responsables de que la justicia participe, ya inevitablemente, en la campaña electoral catalana del 21-D son ellos con la presunta comisión de delitos de extrema gravedad.

El auto de la juez Carmen Lamela apenas deja resquicio de duda sobre la obstinación y la reincidencia delictiva de los que, sorteando el ordenamiento jurídico, se propusieron ya en octubre de 2015 una hoja de ruta bien planificada para llegar hasta la independencia. No se trata, como algunos arguyen, de enviar a la cárcel a políticos por sus ideas, sino por un desacato reiterado a las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a las leyes que el independentismo iba aprobando. Para ello, los acusados no han dudado en promover la agitación social, orientada, como dice el auto judicial, “a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación”.

El cuanto peor, mejor, va a ser en esta campaña el mantra más preciado del rupturismo. El bloque secesionista no ha dudado en desprestigiar a España (país a abatir) sembrando la duda sobre la independencia de la justicia y señalando como “presos políticos” a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, agitadores necesarios en su plan rupturista. Los ocho políticos que la juez ha enviado ahora a prisión no son los primeros que sufren cárcel en este país. Cabe recordar que muchos de los que les han precedido pertenecen al partido gobernante, el de Mariano Rajoy, lo que demuestra la independencia judicial y no lo contrario. Porque los políticos no pueden estar excluidos del peso de la ley que marca el Código Penal.

La contundencia de la justicia, paradójicamente, favorece a la causa independentista en su lógica victimista, pero resulta esencial comprender que el ritmo del aparato judicial es también independiente del que marca la política y que no cabe, en democracia, más que acatarlo. Solo la política será capaz de resolver con vocación de permanencia el conflicto catalán, pero no hay política posible y democrática sin justicia y sin respetar y aplicar el peso de la ley.

El dramático desenlace judicial del procés prueba la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos. Aun así, no debe haber cabida para el miedo. La democracia española no puede caer en la trampa de las amenazas matonistas del independentismo catalán, siempre aireando la posibilidad de la revuelta violenta y masiva contra las decisiones del Estado de derecho. El expresidente Artur Mas ha recurrido de nuevo a tal estrategia cuando, junto a la Audiencia Nacional, advertía ayer de que “cuanta más gasolina y leña se eche al fuego, el fuego se hará mayor”. Son amenazas que ahora se vuelven en contra de los acusados por cuanto apuntalan el posible delito de rebelión del que se les acusa. Porque, como alega la juez Lamela, puede haber delito de rebelión en la incitación a las manifestaciones de fuerza y tumultuosas, como las del día 21 de septiembre. “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá colisión entre policías”, llegó a decir el consejero de Interior Joaquim Forn tras el 1-O en unas declaraciones recogidas en el auto judicial.

La democracia no puede caer en las trampas de las amenazas matonistas del independentismo

Nos aguardan tiempos difíciles en los que conviene no dejarse arrastrar por la grosera dinámica que promueven Puigdemont y los suyos. Una democracia que ha demostrado su madurez en esta crisis no puede dejarse intimidar por las bravuconadas de unos políticos dispuestos a hacer saltar por los aires el ordenamiento legal y menos todavía por decisiones judiciales ajustadas a derecho, por muy inoportunas que parezcan en un contexto de tanta tensión política.

También de esta tensión política y social son responsables en exclusiva Carles Puigdemont y los suyos, que desoyendo su destitución han desafiado al Estado desde el sábado actuando como si estuvieran en funciones. El expresident Puigdemont es, además, doblemente responsable por cuanto la juez ha tenido en cuenta su cobarde y ridícula fuga a Bélgica para decretar la prisión al resto en evitación de su posible huida. El exconseller Santi Vila tuvo la lucidez de dimitir para no verse involucrado en la declaración unilateral de independencia. De ahí que reciba un trato diferenciado y se le haya impuesto fianza. Los demás hubieran podido imitarle, dimitiendo o convocando elecciones, como se les ofreció insistentemente. Pero prefirieron seguir adelante a sabiendas de la gravedad de los delitos que cometían y así enfangarnos a todos en un agudo problema político y penal que ahora la política deberá gestionar de la forma más inteligente posible.

03 - Noviembre - 2017

El peso de la ley no es virtual

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

SÓLO QUIEN está habituado a la impunidad se sorprende cuando esta acaba. Y en democracia, tarde o temprano, o termina la impunidad o lo hace la democracia. Pocas metáforas hay más ajustadas que esa del peso de la ley. Porque la justicia es lenta pero a veces, cuando la gravedad de los delitos lo exige, cae a plomo sobre quien resulta hallado culpable. Y si no cayera sobre cualquiera que la desafía, sin reparar en su ideología, posición u oficio, ya no podríamos decir que vivimos en una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

La juez Lamela ha mandado a prisión sin fianza al ex vicepresidente y a los siete ex consellers del Govern que renunció a la representación de todos sus gobernados, destruyó el orden legal en Cataluña, extendió la inseguridad jurídica, puso en fuga a los creadores de riqueza, desgarró la convivencia y finalmente aspiró a presentar todo eso ante instancias internacionales como el cumplimiento de un sonriente anhelo popular. No constituye una noticia particularmente edificante que nadie entre en prisión por causa de una ejecutoria fraudulenta, pero ni el ejercicio de la política está eximido de la vigilancia del Código Penal, ni es más apropiado pasar un año en la cárcel sin juicio por robar el dinero de todos los ciudadanos que por tratar de robarles su soberanía. De hecho es bastante más grave lo segundo, como bien recogen las penas decididas por el legislador. De lo que sí cabe felicitarse es de la enésima constatación de que el Estado de derecho, en España, sigue sus procesos al margen de la conveniencia política y con sólido arreglo al texto legal.

Por eso no se entiende la catarata de protestas que la decisión de la magistrada ha provocado en ciertos sectores. Porque tras esas quejas, que insisten en la falta de soluciones que supone la prisión preventiva, subyace una desconfianza en la separación de poderes que sólo puede ser fruto de la ignorancia o de la maldad. Hay políticos –y periodistas– que parecen maliciarse que es Rajoy quien dicta los autos. O quien puede regular su contundencia a rebufo de los tiempos políticos «para no fabricar independentistas». O que debe responder en persona por cada cargo público catalán trasladado a una penitenciaría. De hecho, el auto aduce el riesgo de fuga –además de la probabilidad de reincidencia delictiva– como razón principal de que Oriol Junqueras y el resto de ex consellers se encuentren en prisión, y fundamenta ese argumento en «el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido». Es decir, que el delirante periplo belga de Puigdemont –para quien la Fiscalía ha solicitado ya una orden de detención internacional– no sólo ha supuesto el descrédito final para la causa independentista, sino que ha arruinado las estrategias de defensa de sus ex compañeros.

No hace falta leer a Gil de Biedma para comprender que la vida va en serio, y que los actos de los adultos tienen consecuencias. Los altisonantes llamamientos a la resistencia de Junqueras camino de la cárcel, las lágrimas de Marta Rovira o el descarnado posicionamiento de Ada Colau –que ayer, alardeando de insumisión, adoptó ya nítida y temerariamente el rol de argamasa del bloque separatista con vistas a las elecciones– están fuera de lugar: despojados de su retórica emocional, sólo revelan la rabia pueril de quien no está acostumbrado a que su soberana voluntad limite con la ley. Pero si la independencia nunca fue real, los destrozos producidos en su consecución reclaman responsables. De eso, y no de otra cosa, va la tarea que el Estado de derecho confía a los tribunales.

Nadie celebra que medio Govern –a la espera de los huidos, y de los miembros de la Mesa del Parlament juzgados en el Supremo– esté encarcelado. Nadie dudará ya, por si lo hacía, de que quien echa un pulso al Estado lo pierde.

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