La Fiscalía General del Estado se querella contra Jordi Pujol, presidente de Cataluña, por su gestión en Banca Catalana

Lo único negativo que se trae uno de los frecuentes y gozosos viajes a Barcelona (soy como un Ulises mesetario que se asoma al Mediterráneo por la Barceloneta), es la mala imagen y la mala salsa que tiene hoy en Cataluña el presidente de la Generalitat.El señor Jordi Pujol fue ya una decepción casi ecológica cuando salió nombrado, y su gestión, desde entonces, no ha podido ser más pobre, limitativa para unos y otros, escasa. Cataluña, que está en su gran momento paisano de expansión y difusión, con las nuevas libertades españolas, no ha encontrado el hombre que abandere todo eso con la dignidad y la audacia histórica que su comunidad requiere. La Banca Catalana, que puede considerarse como personalísima del señor Pujol, ha quedado en buena medida al quebrar en Cataluña la especulación de terrenos, con lo que tenemos los intereses bancarios del presidente de la Generalitat enfrentados a los intereses sociales, municipales y generales. Siempre se ha dicho de Pujol que, ante todo, era un catalanista, y ahora comprendemos que su catalanismo es mayormente inmobiliario: ama tanto el suelo patrio, que se lo compra. Cuando se es político y financiero al mismo tiempo, se puede uno jugar bizarramente en la política el dinero privado, pero también se corre el riesgo contrario: que la mala imagen bancaria se transfiera a la dignidad del cargo político, sobre todo cuando éste es tan alto.

El señor Pujol, dormido sobre mi cabeza, en un palco de la Comedia de Madrid, el día en que se estrenaba el Hamlet de Terenci Moix, ha despertado de golpe para encontrarse el edificio de su Banca rodeado por varias vueltas de acreedores.

Otras Bancas regionales de Cataluña siguen funcionando ventajosamente, lo que manifiesta la mala o incierta gestión de un político lacónico de estatura, impreciso de imagen y dudoso entre las armas de Madrid y las bellas letras catalanas. Tengo escrito que, si hoy se piensa en España, quien piensa es Cataluña, y me parece difícil encontrar fuera de Barcelona pensadores (con todo el grandioso enigma que Ortega le daba a este término) como Rubert de Ventós, Salvador Pánniker, Trías o Racionero, por no citar a los grandes teóricos de la arquitectura y la estética, de Bofill a Tusquets, Y de quienes se ha hablado al menudo en esta columna, ya que recientemente he convivido con ellos. O ensayistas como Vázquez Montalbán, apaisado hombre de letras que cubre todos los géneros, pero que ahora me interesa agregar a la elite de pensierosos. Y cuando estos intelectuales condescienden a la política, se sitúan en el PSUC (Montalbán), en el PSOE (Rubert y Carlos Barral), etcétera, pero muy raramente, o nunca, junto al catalanista oficial que apenas puede abarcar intelectualmente el mapa de Cataluña: Jordi Pujol. El señor Pujol, que disfrutó el favor de la ucedé en Madrid, no sabemos de qué disfruta ahora, pero mi sofemasa particular, en continuas incursiones a Barcelona y algunos pueblos de la costa, arroja un electro plano en el caso Pujol. Con ocasión de las recientes inundaciones en Cataluña, hubiéramos esperado de la Generalitat y su presidente algún ademán de imaginación o energía, pero nada de esto se ha producido, y se ve que el señor Pujol no ha mandado sus naves fenicias y electoreras a luchar contra los elementos. En Madrid, ahora, lo tiene más crudo, porque no representa la Cataluña progrediente (palabra tomada en usura por Pedro Schwartz a Ortega) que quiere Felipe González.

Barcelona, capital peninsular del libro, y por tanto de la cultura (el franquismo quiso despojarle de esa capitalidad) no puede seguir viviendo de las rentas carcelarias del señor Pujol, que una vez estuvo en las cárceles de Franco por catalán católico y subversivo. Cataluña, tan imaginativa, no cabe en un banquero sin imaginación.

Francisco Umbral

Durante algunos años el anticatalanismo no estuvo de moda. En la euforia de la recuperación democrática se arrinconaron viejos, mitos y recelos, y la comprensión ante lo que ha venido en denominarse el hecho catalán se convirtió en una especie de símbolo de los nuevos tiempos. Libertad, democracia, autonomía eran los valores que se conjugaban al unísono, y Cataluña venía, en cierto modo, a ejemplarizar su perfecta compatibilidad.No obstante, las cosas han evolucionado. De los planteamientos filosóficos y de principio hemos pasado a las concreciones prácticas, y en este terreno las cosas nunca son tan sencillas. Han resurgido viejos recelos, se han planteado problemas, se ha avanzado con dificultad e incluso, en ocasiones, se ha retrocedido injustamente. No quiero ahora profundizar en estas cuestiones, no es el momento; ni quisiera contribuir a cultivar la leyenda del masoquismo catalán, aquella que quiere presentarnos como unos constantes denunciadores de agravios inexistentes para justificar con ello nuestra propia incompetencia.

Pero tan falso como esta leyenda es cierto que muchos de los que se vieron obligados a subirse al carro del viva Cataluña se sienten hoy aligerados al poder volver por sus fueros, los auténticos, y dar rienda suelta a sus ataques y críticas de siempre. Sienten como un cierto alivio al poder decirse a sí mismos: puedo Aparentar ser progre y anticatalán a la vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué tristeza!, diría yo.

En esta línea, la figura de Jordi Pujol ha pasado al primer plano de la actualidad. En la medida en que su trayectoria política y su actual función de presidente de la Generalitat le convertían en un cierto exponente de aquel catalanismo tan recelado, el ataque a su persona es un buen y eficaz primer paso para recuperar la línea crítica ante el fenómeno catalanista. Por otra parte, si el ataque es personal, tanto mejor; obliga a profundizar menos; permite una mayor vulgaridad en homenaje a la mediocridad. Ya no es necesario decir ni el porqué ni en qué consiste la crítica; hay que hundir al personaje desde el exabrupto, la grosería, la mezquindad, o la mentira. Todo vale. Y, además, incluso, puede hacerse en términos tan ocurrentes que pueda divertirse al personal. ¿Qué más puede pedirse?

Se trata de denunciar su mala imagen, que su gestión es pobre, que sus pretendidos intereses bancarios han condicionado su política, que le falta imaginación o energía, que pretende seguir viviendo de sus rentas carcelarias. ¡Cuán fácil sería responder a todo ello! ¿Vale la pena? Creo que no, por cuanto no se pretende aclarar nada; lo que se quiere es confundir. Pero, a pesar de ello, nadie olvida que Jordi Pujol es presidente de la Generalitat porque lo quiso la voluntad popular, y que si alguna decepción provocó su nombramiento lo fue, obviamente, en el campo socialista y no en el de la ecología, como algún comentarista invocaba recientemente (sic).

Que nadie olvide que las rentas carcelarias de Jordi Pujol son muchos los catalanes que las recuerdan como propias, porque su nom.bre va indisolublemente asociado a una etapa de la lucha por la libertad en Cataluña. Minimizar esto es tanto como minimizarnos a todos. Y que nadie olvide que las dificultades de Banca Catalana no son un motivo de alegría en Cataluña para nadie: unos han perdido en ello sus ahorros; otros, una ilusión colectiva que se resisten a archivar. Pero todos, unos y otros, desde su sacrificio, no caen en la tentación de acusaciones fáciles pero que saben falsas. Es curioso que muestren más coraje en esta función los que nada pierden en ello que los directamente afectados.

Queda aún lo de la imaginación. ¿Qué imaginación? ¿La imaginación necesaria para consolidar unas instituciones autonómicas recién recuperadas? Esta la ha tenido. ¿La imaginación para desarrollar una acción de gobierno eficaz? Esta ya la ha demostrado. ¿La imaginación para administrar desde la normalidad situaciones difíciles y complejas? La ha reiteradamente puesto en evidencia. ¿La imaginación y la energía para defender la causa de la democracia y la libertad, cuando los representantes de la soberanía popular habían sido secuestrados? La tuvoi y fueron muchos, los catalanes y no catalanes, los que con sus palabras se traquilizaron.

Que no nos ciegue la pasión. Crítica, la que se quiera, pero nunca tan mediocre como la que es olvidadiza y cicatera.

Pero, ¿qué se persigue con esta crítica? ¿Desgastar a Jordi Pujol, a Convergéncia o a Cataluña? Si se trata de desgastar la imagen de Pujol, se equivocan; otros lo intentaron y sólo consiguieron auparle a la presidencia de la Generalitat. Si se trata de sembrar cizaña en Convergència, tiempo perdido; si hay una cosa clara es que un comportamiento ético exige incorporar nuestros posibles activos a la defensa del patrimonio colectivo del partido. Este mismo artículo es una prueba de ello; para unos, quizá dirán que mejor me iría de no haberlo escrito. Para mí, no he perdido el tiempo pensándolo. Lo ético era decir que el ataque a Jordi Pujol trasciende de su persona, y, por tanto, su defensa también nos corresponde a todos los que con él compartimos una misma opción política.

¿Un ataque a Cataluña? Esto sí que no; no se la puede atacar desde el umbral de la mediocridad. Mediocre la crítica; mediocres las intenciones; mediocres las realizaciones que amparan a los presuntos críticos.

Elevemos todos el nivel del debate en beneficio del respeto que debe inspirar cualquier controversia. Que no sea en el ataque personal, a veces con ribetes barriobajqeros, donde se centre un debate político en profundidad. Si hay motivo para una crítica, que se haga, pero sin refugiarse en el umbral de la mediocridad como pretexto para la vaguedad, la inconcreción y la abstracción acusatoria. Así no se sirve a la libertad.

Miquel Roca, diputado de CiU

La querella interpuesta por el fiscal general del Estado contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre los que se encuentra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, posee implicaciones políticas tan evidentes que pueden desfigurar un problema en el que se ha de juzgar sobre la culpabilidad de una catástrofe financiera que puede costar a los españoles cientos de miles de millones de pesetas. Las consecuencias de este conflicto penal, nacido de presuntas irregularidades en la administración de un negocio bancario, pueden llegar a afectar a la estabilidad del sistema institucional sobre el que descansa la Monarquía parlamentaria. Las reacciones habidas en el sentido de que la querella es «una ofensa a Cataluña» o una venganza política del socialismo perdedor en las elecciones autonómicas así lo indican. Pero también es ridículo, como pretende el socialista catalán Raimon Obiols, intentar despolitizar un caso en el que se acusa al presidente Pujol de delitos que, de ser ciertos, podrían dar con sus huesos en la cárcel.La desmesurada reacción inicial de Miquel Roca, secretario general adjunto del partido del que Jordi Pujol es indiscutido líder, y sus acusaciones directas contra Felipe González, como promotor de una injusta querella, no parecen, sin embargo, fruto de factores emocionales. La tentación de responder con argumentaciones exclusivamente políticas, no exentas de demagogia, a una cuestión de Derecho Penal es obviamente tan grande como la de pretender que no debieran haberse hecho consideraciones políticas de fondo antes de dar un paso como éste. La realidad es que las dimensiones públicas y los intentos de manipulación política del asunto de Banca Catalana pueden predicarse, a conveniencia de cada cual, tanto del Gobierno de Felipe González como de las fuerzas de la oposición, tanto de los partidos catalanes que apoyan a Pujol como de las fuerzas catalanas que lo critican, tanto de quienes consideran la querella como una sucia jugada de los socialistas como de quienes acusan a los ex directivos de Banca Catalana de haber utilizado los sentimientos nacionalistas como coartada para disfrazar su mala gestión y, quién sabe si otras cosas.

Los fiscales del caso Banca Catalana han culminado su trabajo solicitando formalmente a la Audiencia Territorial de Barcelona el procesamiento de ex directivos de la entidad, entre ellos Jordi Pujol, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Independientemente de que esta cuestión esté relacionada con las actividades de Pujol previas al ejercicio de la responsabilidad de gobierno que ostenta, no cabe la menor duda de que es inevitable la politización de un tema que, desde el principio, saltó a la opinión pública trufado de todo tipo de adherencias.La petición fiscal contiene novedades respecto al contenido de la querella presentada. De las pesquisas realizadas se deduce que seis de las personas cuyas actividades han sido analizadas no hicieron nada que merezca poner «en tela de juicio la diáfana pulcritud de su cometido», y proponen separarlas del caso, al igual que exoneran a dos presuntos implicados que han fallecido durante la larga investigación. Los fiscales introducen, por lo demás, una acusación nueva: la del delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, refiriéndose a una cotización inadecuada de las acciones del banco una vez que habían empezado las dificultades. Y no retiran ninguna de las hechas inicialmente: apropiación indebida y falseamiento de datos en documentos oficiales y mercantiles.

No es superfluo insistir en estas columnas sobre la presunción de inocencia que todos los encartados merecen en uso de sus derechos constitucionales. Tampoco es necesario recalcar lo particular que resulta que se solicite el procesamiento de alguien que hoy representa la máxima autoridad política de Cataluña. Y por último, no conviene menospreciar el dato de que fueron necesarios 344.000 millones de pesetas de los fondos públicos para sanear la mala gestión del banco y que es lógico que el Estado, que tan grave merma ha sufrido en sus recursos, procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos, exija responsabilidades a quienes las hubieran causado.

O sea, que tal y como están las cosas, la petición de procesamiento de Pujol es un hecho judicial, pero también un acontecimiento político de primera magnitud. La primera declaración del acusado, tras conocer la solicitud de los fiscales, fue menos discreta de lo que su negativa expresa a hacer comentarios podía aparentar. Después de referirse a la necesidad de guardar silencio, remitió a los informadores a lo que él mismo dijo al respecto hace dos años. Y, aunque no lo haya querido repetir ahora, en esa ocasión Jordi Pujol aseguró entonces que la presentación de la querella era una provocación del Gobierno central y una jugada sucia, no contra él, sino contra toda Cataluña. Aseveración, la primera, grave, pero creíble. Y la segunda, simplemente impresentable en boca de un político del curriculum y la sabiduría del presidente de la Generalitat, que no debe tratar de tapar con banderas políticas, y mucho menos con alusiones institucionales, cuestiones que se refieren a su actividad privada. Porque lo que Pujol no ha dicho todavía -y eso era exigible en un líder de su entereza- es qué hará en caso de ser procesado. En una palabra: si piensa que podría ser presidente de la Generalitat aun estando procesado y bajo sospecha.

El problema es delicado y, como en ocasiones anteriores, no faltan quienes subrayan la coincidencia entre un supuesto éxito político de Pujol -las recientes elecciones generales, dicen- y una mala noticia respecto a su pasado como banquero. Aunque ya se ha afirmado hasta la saciedad que con la actual agenda política ningún acontecimiento se puede producir distanciado de una consulta electoral -ya sean generales, municipales, autonómicas o un referéndum-, en esta ocasión los hechos son más testarudos que nunca. El 9 de enero el instructor del sumario, Ignacio de Lecea, adelantó que todas las pruebas básicas de la investigación estaban hechas y que ello llevaría el desenlace aproximadamente a las actuales fechas, expresando, incluso, que si las elecciones se anticipaban coincidirían con el final de la instrucción de la causa. Por otra parte, aunque Convergéncia ha conseguido un sensible avance respecto a las generales de 1982, no ha logrado, contra su propósito, superar al PSC-PSOE; y a la vista de lo sucedido con la operación Roca, es difícil reconocer que exista una sensación de nuevo éxito electoral de Pujol».

Por si el caso no estuviera ya complicado, ha venido a hacerlo más escabroso el Fiscal General del Estado al decidir que los fiscales que se ocupan del mismo, dieran a conocer la petición de procesamiento a través de una conferencia de prensa. Es harto dudoso que el principio de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia no se haya visto dañado por esta actitud -que, por si fuera poco, y para despolitizar, se diga lo que se diga ha sido aplazada con motivo de las propias elecciones generales-. La tarea de los fiscales debe realizarse ante el tribunal, y no ante los medios de comunicación. Claro que este gesto no es nuevo. Desde la colza a Rumasa, este país está lleno de grandes juicios sin resolver. Pero a veces quienes entienden de ellos -en ocasiones jueces, en ocasiones fiscales, a menudo los propios acusados o sus defensas- convierten la administración de la justicia en un espectáculo de patio de Monipodio, en el que brillan por su ausencia las garantías procesales que la Constitución y las leyes otorgan a los ciudadanos. El caso Pujol comenzó con una conferencia de prensa del fiscal del Estado, y el acusado no se quedó atrás, con manifestaciones populares de apoyo incluidas, para no hablar de lo notable que resulta que se le haya tomado declaración en condiciones notablemente diferentes a las del resto de los ciudadanos, cuando no hay norma legal alguna que así lo justifique. Ahora se anuncia en conferencia de prensa la petición de procesamiento. Y, por añadidura, todo el mundo se esfuerza en insistir en que no hay que politizar el caso, reconstruyendo los fallidos empeños por determinar la cuadratura del círculo.

La maquinaria judicial, mientras, sigue adelante con el caso Catalana, con la exasperante lentitud que todos conocemos, y que el presidente de la Generalitat es el primero en denunciar. Quedan atrás dos años de investigaciones, crispaciones políticas y relaciones tensas entre los responsables de la Administración central y los de la Generalitat de Cataluña. Se ha doblado el cabo de una campaña electoral en la que la polémica sobre el tema ha estado ausente, como si la política no tuviera nada ver con la realidad, sino con los sueños, las verborreas y la vacuidad de las declaraciones. El resultado es que las incógnitas sobre el desenlace y sus repercusiones políticas, cualquiera que uno y otras sean, continúan sin despejarse. ¿Tendremos que esperar otros dos años antes de una nueva noticia sobre esta cuestión, que está empantanando la gobernación de España y de Cataluña, desprestigiando a la Administración de justicia y avergonzando a la ciudadanía? ¿Habrá que soportar una vez más la demagogia de los acusados, la indiscreción de los acusadores, la lentitud con que se destila la sospecha? ¿Y la vida parlamentaria española y catalana seguirá callada sobre este asunto, refugiándose cómodamente en la aseveración de que es únicamente la Justicia la que tiene la palabra?

Querido director: Muchas cosas, muchas actividades, muchas instituciones que no había aquí cuando la Monarquía fue restaurada se han enraizado ya en la vida del país y han conseguido plausible asiento. Otras que había han seguido disfrutando del respeto que siempre le merecieron a los españoles y han logrado aumentar su autoridad y su prestigio. Entre estas últimas, basta con pensar en las Fuerzas Armadas. Basta con pensar en la Corona o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, entre las primeras.

¿Qué ha ocurrido, empero, con nuestra justicia? Con la justicia es con lo que hemos intentado una más audaz palingenesia a fin de, otorgándole la independencia, hacer de ella la fuerza equilibrante que es en las democracias europeas, desde siempre en unas y en otra,s desde su restauración después de la última guerra. Pero ¿qué es lo que ha surgido aquí del intento?

¿Puede nadie imaginarse al fiscal del Tribunal Supremo de la República Federal levantando una querella contra el presidente del Gobierno de Baviera, herr doctor Strauss?

Yo no voy a meterme  en camisa de once varas, querido director, lanzándome a enjuiciar a los fiscales que pretenden nada menos que el procesamiento del presidente de la Generalidad, pero lo que yo colijo, a través del extraño intento, es una repetición más y una aparición más de nuestras autoridades judiciales sobre un escenario desproporcionado, armadas sólo con la reciente y todavía delicada independencia que, para ellas, hemos conseguido, a duras penas, los españoles. Qué se yo. Es más que posible que don Jordi Pujol haya cometido alguna falta, y hasta algún delito mercantil, cuando era banquero hace unos años. ¿Quién, señor director, en un país como éste, donde en la política monetaria, han prevalecido, durante cerca de cincuenta años, la arbitrariedad y la improvisación quién puede tirar la primera piedra asegurando que nunca rompió un solo cristal? Como banquero lo más probable es que el señor Pujol haya roto varios.

El ahora y el antes

A mi modo de ver, señor director, los fiscales que fueron discales en otras épocas, debían, sin que esto sea pretender darles consejos, relacionar dos cosas. El ahora y el antes. No sé hasta que punto, aunque pueda ser justicia no pueda ser pecado también, hacer uso de la independencia que ahora les hemos dado, para vengarse de la que antes no tenían, ni ejercían.

Ya lo descubrirán nuestros fiscales y nuestros jueces, si el Señor, en su inagotable misericordia, les otorga tiempo de descubrirlo. Cuando aquí, ahora mismo, hay jueces y fiscales que tienen la suerte de, en nombre de su independencia, poder enjuiciar con criterios, con moral y con ideología marxista-leninista, cualquier otra que usted quiera elegir, al os españoles del montón, toda cautela, toda discreción y todo escrúpulo debiera ser poco.

¿Independencia para resucitar el pasado?

Si la independencia ganada no porque aquí haya triunfado la revolución, sino porque se la hemos conseguido, para los jueces y fiscales, con nuestros votos la mayoría de los españoles, es usada a fin de resucitar el pasado, hay que ir con pies de plomo.

El doctor Pujol acaba de recibir y de verse apoyado por el mismo espaldarazo popular, a través de elecciones, que le permite a los jueces y al os fiscales querellarse contra el presidente del a Generalidad y pretender encausarle. ¿Se dan cuenta los fiscales y os jueces de que nunca podían perseguir al señor Pujol si no hubiera en Madrid un Gobierno socialista y se dan cuenta de que al Gobierno socialista, que hay en Madrid, le ha puesto en la Moncloa el mismo sistema electoral que ha puesto, en la Generalidad a Pujol, y les ha impedido acceder, a la Generalidad, a los socialistas?

De que hay que distinguir no existe duda. Hay que distinguir entre sistema política, entre democracia y entre justicia, pero en lo que no hay que distinguir tanto es entre independencia de la justicia y sistema democrático, y aquí está la madre del cordero, la complicada y grave que se esconde tras la ofensiva contra el presidente de la Generalidad. ¿O es que aquí hay quien pueda creer que nuestra neófita, nuestra incierta, nuestra inestable independencia judicial es lo poderosa que habría de ser para ignorar el resultado de unas elecciones tan recientes, y desafiar, al mismo tiempo, la única autonomía que ha constituido, entre las diecisiete, un éxito y una de las pocas, sino la única que tiene un gobierno estable y conservador?

Si como la Corona, las Cortes, las Fuerzas Armadas, hemos de conseguir que también nuestra nueva justicia conquiste el respeto y el amor de los españoles, no hay duda que el camino que sigue no parece el mejor ni en lo que se refiere al presidente del a Generalidad ni en tantas otras cosas palos de ciego o una de cal y otra de arena.

Augusto Assía

Una indignación masiva ha aflorado por toda Catalunya en cuanto ayer se hacía llegar a la Audiencia barcelonesa la querella del caso Banca Catalana. Se había consumado lo que había sido motivo de amenaza desde hace tiempo desde Madrid y que días atrás un periódico anticatalanista había filtrado como cosa cierta [por EL PAÍS]. Filtraciones y acciones que ha evidenciado el claro signo político que ha rodeado a esta actuación judicial.

La primera reacción y consideración va para la magistratura española en sus más altos representantes. En efecto, en este país se filtra todo, desde sentencias contra RUmasa, hasta LOAPAs, tiñendo la actuación judicial de una falta de rigurosidad que en nada la prestigia. Aquí se filtran las cosas según las conveniencias de unos o de otros y al margen de todo respeto a la acción de la Justicia.

La segunda reacción, en orden cronológico, pero no en importancia, es la de indignación desde Madrid vuelven a llover intimidaciones, ataques y actuaciones que buscan herirnos a fondo. Ya hemos tenido repetidas muestras de esta incomprensión del Gobierno socialista, queriéndonos hacer comulgar con LOAPAs, visitas virulentas y cargas de insultos del vicepresidente Alfonso Guerra y veladas amenazas del presidente Felipe González. Actuaciones que evidencian la total incomprensión de lo que es y como siente y piensa el pueblo catalán que llegan a que incluso el mismo PSC-PSOE haya pedido estos días, después de la debacle electoral del 29 de abril, tener su propio grupo parlamentario desligado del PSOE, aparte de proponer la posibilidad de eliminar las siglas PSOE del nombre de su partido. El PSOE, en efecto, no sabe qué es Catalunya y tropieza una y otra vez con la misma piedra. No tuvo bastante con que Escuredo plantara al Gobierno meses atrás, no ha tenido bastante con la severa derrota sufrida en las elecciones autonómicas en el País Vasco y no le ha bastado tampoco que Catalunya le diera la espalda el 29 de abril pese a traernos a todos sus líderes a vociferar aquí para no hacer otra cosa que perder clientela.

En el mismo Madrid se atacaba ayer al Gobierno por su falta de comprensión, por su tropiezo en este caso que nos ocupa. Unos han hablado de ‘grave desafío a Catalunya”, otros de ceguera, oportunismo y aferramiento al poder, para considerar que ha sido éste el erro más grave cometido por el Partido Socialista en su año y medio de gestión. Se han quedado solos los señores del Gobierno en su intento de llevar adelante la consigna que recogía ayer Luis Apostua en su columna ‘destrozar a Jordi Pujol’. Una consigna que no arranca de estos últimos días, sino que parece permanente obsesión del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Ya durante la campaña electoral tuvo la desfachatez de venir aquí para decirnos que podía mediante con el mismo rasero al caso Rumasa y a Jordi Pujol. Guerra vino decidido a insultar y mantiene su pretensión, sin saber que en Catalunya nadie duda de la honradez de Pujol, de su entrega sin condiciones por la defensa de su país y sus gentes y de honorabilidad. Guerra vino aquí para separar a los ciudadanos de Catalunya, crispar los ánimos y genera enfrentamientos. Y le acompañó también Felipe González, que habló de ‘enanos’ e insinuó amenazante que Catalunya había sido víctima de Banca Catalana.

Pero las elecciones ridiculizaron a quienes utilizaban la crispación y la injuria. Los catalanes tenían otro proyecto de sociedad y país bien diferente, fundamentado en la convivencia, el trabajo bien hecho, la voluntad de construir una comunidad donde pueden sentirse orgullosos nuestros hijos y sentimos todos ciudadanos por igual. Toda una lección que no han sabido aprender los que vinieron a darnos lecciones y salieron trasquilados.

Por eso ahora se produce la ‘venganza de Guerra’ como se comentaba ayer en círculos políticos catalanes. Guerra no ha digerido la derrota como bien señaló Miquel Roca, y con Guerra, Felipe González, el presidente sobre quien recae la responsabilidad última de haber puesto de nuevo en marcha el proceso de la querella contra Banca Catalana, un tema que en boca de una muy alta fuente del Estado, el pasado 26 de marzo era algo que daba muy poco juego. Pese a todo, se ha desenterrado el tema ha aflorado y desaparecido varias veces – comentaban ayer altas personalidades catalanas – al vaivén de situaciones políticas y se ha lanzado como quien tira una granada de mano agachándose tras la acción. Ya tenemos convertida en realidad aquella amenaza de Felipe González de ‘soltar’ a Guerra.

A todo esto, la respuesta de Pujol es contundente, rotunda, incuestionable: “Las acusaciones que formula el fiscal son absolutamente contrarias a la verdad”. Lo dice, dando la cara, por escrito y rubricándolo, con la dignidad de su cargo, la entereza que le honra y el vigor de quien está amparado por la verdad. Pero hay otra respuesta que acompaña a la de Pujol: miles de telegramas lloviendo sobre la Generalitat, mostrando indignación, y dando apoyo al President; manifestaciones en los medios de comunicación de personalidades de la vida política, jurídica, social, industrial y comercial: mostrando la repulsa por haber puesto en duda la honradez da un hombre que acaba de ser ratificado sin discusión como aquel en quien confía la mayoría en Catalunya, y reacciones populares por doquier, en las conversaciones callejeras, en las tertulias familiares y en diálogos de todo tipo.

Catalunya se ha vuelto a sentir agredida, duramente agredida. ¿Quiénes se piensan, en el Gobierno socialista que somos los catalanes? ¿Creen que aceptaremos que una posible gestión inadecuada o con fallos – si es que existen – al frente de Banca Catalana, convierte a sus dirigentes desde tiempos muy lejanos, en delincuentes? Eso es lo que pretenden, y con ello, quieren herir los sentimientos y la nobleza de quienes confiaron y confían en Pujol al votar su opción política hace poco menos de un mes.

A MEDIDA que trasciende el contenido de la petición de procesamiento presentada por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo contra Jordi Pujol y otros 16 ex directivos de Banca Catalana aumenta la preocupación por la gravedad y concreción de las acusaciones que se plantean.El nuevo escrito de los fiscales -fruto de una tenaz investigación de más de dos años de trabajo- formula graves acusaciones contra el presidente de la Generalitat por sus actuaciones personales concretas, algunas de las cuales, como las relativas a la venta y cesión de acciones, fueron efectuadas cuando ya ostentaba la máxima representación política de Cataluña. El cúmulo de datos y precisiones aportado por los fiscales tras su trabajo recrudece severamente las acusaciones iniciales que se habían formulado contra los imputados.

De las acusaciones de carácter genérico vertidas en el texto de la querella inicial, presentada en mayo de 1982, en la que se señalaba como principales irregularidades descubiertas las alteraciones en la contabilidad, la creación de un sistema de administración paralelo conocido como caja b, la instrumentalización de activos ficticios para ocultar pérdidas, la existencia de sociedades de paja y la ocultación de información a los accionistas, que eran presuntamente constitutivas de los delitos de falsedad y apropiación indebida, se ha pasado a una exposición pormenorizada de estas actividades en las que maniobras y responsabilidades personales aparecen con la mayor crudeza.

La acusación de que en enero de 1982 se vendió un paquete de 11.157 acciones de la familia de Jordi Pujol -de las que 1.057 eran propiedad del propio presidente- por más de 25 millones de pesetas, es decir, al 226% de su valor nominal, a una sociedad instrumental prácticamente quebrada que había obtenido un préstamo, semanas antes, de la propia Banca Catalana para poder realizar el pago, plantea multitud de interrogantes en relación con los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. Pocos meses después, a primeros de mayo, los inspectores del Banco de España descubrieron la existencia de un agujero en Banca Catalana de 47.000 millones de pesetas, y, en noviembre, después de que aflorara la crisis en toda su magnitud, y tras la intervención del Fondo de Garantía, el valor de este tipo de acciones fue reducido a una peseta.

La cesión del principal paquete de acciones de Pujol -97.702 títulos- a la Fundació Catalana, en mayo de 1982, y que, según los fiscales, no puede imputarse válida, al no cumplirse una de las condiciones estatutarias, despierta mayores sospechas aún, que deberían ser esclarecidas cuanto antes, por la trascendencia política del caso, al margen de la calificación penal de estos hechos y de la marcha del proceso. En opinión del ministerio público, esta operación constituía un ardid para evitar que se conociera el verdadero precio de los títulos. Sin embargo, este punto, en el que se basa la acusación de maquinación para alterar el precio de las cosas, no parece suficientemente argumentado.

Esta polémica cesión de las acciones del presidente de la Generalitat se efectuó en los mismos días en que el Consell Executiu intervino como tal para buscar una salida a la crisis de Banca Catalana. Además, es evidente el carácter político de esta discutida donación a una fundación por tratarse de una institución cuyas normas de creación y funcionamiento están reguladas por una ley del Parlamento de Cataluña que, en opinión de los fiscales, también ha sido vulnerada.

Al margen de estas consideraciones, también es necesario que la opinión pública conozca las averiguaciones del ministerio público sobre los pormenores de las presuntas irregularidades más significativas descubiertas para una mayor comprensión de las complejas operaciones realizadas bajo la árida terminología financiera. No es lo mismo hablar de activos ficticios a secas que explicar cómo se equilibraban los balances acudiendo a prácticas tan burdas como la de pagar 200.000 pesetas a un estudiante para simular un crédito y, por tanto, un activo del banco de 11 millones de pesetas.

A estas alturas de la investigación, y según los datos conocidos, va tomando cada vez mayor cuerpo la idea de que la compra de bancos fue uno de los factores desencadenantes de la crisis, tanto por los elevados precios pagados como por los costes suplementarios e injustificables que la acompañaron. La acusación de que en la compra de acciones de otros bancos se habrían invertido 11.061 millones de pesetas, el doble del capital social de Banca Catalana, es un síntoma del todo elocuente.

Por estas y otras razones el trabajo de los fiscales supone un esfuerzo que puede ayudar a comprender una importante crisis bancaria. Sin embargo, todas estas afirmaciones constituyen simplemente las alegaciones de los acusadores. Para formarse un cabal juicio de lo ocurrido es preciso cuanto antes conocer también la versión de los propios imputados- y los móviles que les impulsaron a sus actuaciones. Para ello, y lo hemos repetido muchas veces, nada mejor que la aceleración del procedimiento y el deslinde de las responsabilidades concretas de unas personas de la representación política que en un determinado momento ostentan. Nadie, por tanto, puede, moral ni jurídicamente, condenar a unas personas sobre las que ni tan siquiera han recaído todavía autos de procesamiento. Precisamente la presunción de inocencia constituye un postulado básico de todo sistema judicial democrático.