La Guardia Civil interviene en la SGAE y encarcela a su Presidente, Teddy Bautista y a otros directivos

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigación sobre apropiación indebida y delitos societarios, reabre de manera dramática el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunción de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigación plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexión urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gestión en España, que ya fue denunciado el año pasado y no precisamente desde los márgenes de la sociedad. La Comisión Nacional de la Competencia defendió en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para «evitar abusos e ineficiencias». La Comisión no suponía la comisión de delitos, pero mostraba preocupación por su opacidad.

La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creación de estas entidades -en un sentido que «favorezca los intereses generales»-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorización de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacción de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a raíz de un recurso de los Gobiernos vasco y catalán, consagró que la fiscalización era competencia autonómica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno español, en 2008 y 2009, encargó dos informes sobre las sociedades de gestión a la Agencia de Evaluación que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurría a estos informes para defender que «siempre hemos salido limpios» y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigación en marcha.

El registro se produjo el día en que se conocían los resultados de las elecciones a la entidad. La mecánica electoral se basa en un insólito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendrá ningún representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al año y lo hace sin ánimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudación del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo carácter abusivo obligará al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso está en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que pedía esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aquí y en Bruselas. Ahora, no bastará con castigar, si así ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gestión de los derechos de autor.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pablo Ruz autorizó ayer una amplia operación de la Guardia Civil para investigar los presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de los que en exclusiva ha venido informando ABC a lo largo de esta semana. El registro de la sede principal de la sociedad concentra el interés sobre una entidad que acaba de celebrar su proceso electoral en medio de una fuerte polémica por la falta de transparencia de sus gestores. Eduardo Bautista, máximo responsable de la entidad, y otros altos cargos fueron detenidos para responder ante la Justicia por unos hechos que resulta imprescindible investigar a fondo, sin desechar de antemano, como pretendían algunos directivos, las fundadas acusaciones sobre manejos turbios dentro de la SGAE. Sin perjuicio de las plenas garantías jurídicas de los presuntos responsables, está claro que Bautista y su equipo no pueden ampararse en una imaginaria conspiración en su contra. Por eso, es criticable la reacción airada de algunos de ellos mientras se desarrollaba la operación policial de ayer. En efecto, como ha venido informando ABC con sus primicias, existen datos objetivos que obligan a llegar hasta el fondo del asunto.

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La actual SGAE mantiene ciertas querencias de la época en que la entidad ostentaba el monopolio en la gestión de los derechos de los autores españoles. Nadie discute que la propiedad intelectual y los derechos —morales y materiales— de los autores son elementos esenciales para el sector cultural. Sin embargo, la propia entidad ha puesto en cuestión su prestigio y su imagen con ciertas actuaciones, algunas tan peregrinas como las que afectan a bodas y fiestas populares. Ante la opinión pública, la SGAE ofrece la impresión de moverse por afán recaudatorio, lejos de una gestión flexible y razonable de los intereses legítimos que le corresponde tutelar. Si se confirma la malversación, estaremos ante un caso de extrema gravedad. La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura, cultivado ampliamente por la actual directiva. Habrá que seguir con la máxima atención el desarrollo de los acontecimientos porque la creación cultural exige sosiego y apoyo a sus verdaderos protagonistas.

LA IMPOPULAR Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) vuelve a ser motivo de escándalo. Pero esta vez no se debe a sus repudiables prácticas para cobrar los derechos de autor sino a una trama de corrupción, en la que presuntamente están implicados Teddy Bautista y otros ocho directivos y familiares, que fueron detenidos ayer por la tarde por orden judicial.

Horas antes, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había ordenado el registro de la sede de la SGAE y de siete domicilios de directivos a causa de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción hace un año. Tras incautar la Guardia Civil material informático y documentos, el juez ordenó la detención provisional de la cúpula de la SGAE, bajo la acusación de falsedad documental y apropiación indebida.

Los primeros indicios de irregularidades sobre la SGAE datan de noviembre de 2007, cuando una serie de asociaciones que pagaban derechos de autor presentaron una denuncia en la que acusaban a sus directivos de desviar fuertes sumas de dinero a empresas ligadas a la SGAE que operaban sin ningún control. Los denunciantes pedían al Ministerio de Cultura una auditoría del complejo entramado societario creado por Teddy Bautista. En marzo de 2010, la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto e inició, junto a la UCO, una investigación en la que pronto surgieron serias evidencias de una trama de corrupción dentro de la organización.

Las sospechas apuntan a tres sociedades en las que aparece como accionista José Luis Rodríguez Neri, que a su vez es director general de la Sociedad Digital de Autores (sDae), filial de la SGAE. Según cree la Fiscalía, Rodríguez Neri y sus socios habrían desviado una parte de la recaudación de derechos digitales a sus tres empresas con la complicidad de Teddy Bautista.

Teniendo en cuenta que el procedimiento contra los directivos de la SGAE no ha hecho más que empezar y que ni siquiera han podido defenderse, hay que respetar su derecho a la presunción de inocencia. Pero lo primero que tendrán que explicar Teddy Bautista y sus directivos son las razones por las que montaron un complejísimo holding empresarial, con sociedades radicadas fuera de España, que no han sido auditadas jamás y que escapan a todo control.

Siendo la SGAE una entidad de gestión colectiva, cuyo único fin es recaudar los derechos de los autores y darles servicios sin ánimo de lucro, se entiende muy difícilmente la creación de este complicado entramado, que explota negocios que nada tienen que ver con su objeto social.

Por otro lado, a nadie se le escapa la extraordinaria impopularidad de la SGAE, cuyos apoderados han llegado a irrumpir en bodas y bautizos para exigir el pago de derechos por celebraciones que contaban con música para los invitados.

Al margen de la mayor o menor simpatía de la opinión pública, lo cierto es que la SGAE ha ido creciendo con muy escasos controles y ante la pasividad de una Administración del Estado que nunca ha examinado a fondo sus cuentas so pretexto de que no se trataba de una organización mercantil.

La Justicia está investigando la gestión de la SGAE y decidirá si Bautista, Neri y otros directivos se han lucrado ilegalmente de los derechos. Pero, al margen de ello, el Ministerio de Cultura tiene que tomar cartas en el asunto y realizar una auditoría en profundidad a una entidad que recibe una cuantiosa suma recaudada por el Estado del injusto canon digital. Hace falta bastante luz en una organización en la que casi todo parece sombrío y oscuro

Hay mucho de admirable en la trayectoria de Eduardo Bautista (Las Palmas de Gran Canaria, 1943). Los que se sienten encajonados por una opción profesional, los que deben seguir los carriles laborales, no pueden evitar envidiar a alguien que se reinventa a los treinta y tantos años. Hasta entonces, y esto suele olvidarse, Teddy fue uno de los músicos esenciales del pop español, con una discografía que tocaba el beat, el soul (ahí alcanzó su apoteosis), el jazz-rock, el rock progresivo y el AOR. Era el hombre de los teclados de última generación, producía a otros artistas, hizo cine y se implicó en los primeros musicales estrenados en España. Hablando en términos deportivos, encarnaba al MVP, el Most Valued Player.

Así que sorprendió mucho cuando abandonó la música -aunque todavía publicaría discretamente algo de electrónica vanguardista- para entrar en algo que no sabíamos muy bien qué era: la SGAE. La Sociedad General de Autores de España parecía enquistada en el mundillo franquista del teatro, la zarzuela y la copla. Así que aquella conquista se vivió como una victoria de los buenos: las fuerzas de la cultura progresista en ascenso.

Teddy, que había vivido en Estados Unidos y algo conocía del funcionamiento de sociedades de gestión como BMI y ASCAP, comprendió que la SGAE era una máquina anticuada de recoger y repartir dinero. Sin descuidar el teatro y el cine, había que volcar recursos en la explotación de la música popular. De ahí que, en un verdadero alarde de sindicalismo vertical, transformara la SGAE en Sociedad General de Autores y Editores: por su propio interés debían convivir en un mismo techo las ovejas, los lobos y los pastores.

Al principio parecía un PNN voluntarioso, un profesor no numerario que acudía a las citas públicas con un libro de la UNESCO, bien subrayado, de donde extraía atractivas frases sobre la importancia económica de las artes, los beneficios de la excepción cultural, la necesidad de acabar con el abuso de los creadores.

Sonaba bien la letra pero a los interesados les gustaba aún más la música de las cajas registradoras, que reflejaban recaudaciones asombrosas… y crecientes. Solo le criticaban autores del viejo régimen desde periódicos de derechas.

En pocos años, aquella entidad arcaica, que sonaba a Arniches y Chapí, se transformó en un crucero transoceánico que surcaba los mares en busca de talento y recalaba, por ejemplo, en Cuba, donde una decisión castrista había acabado con el derecho de autor y muchos creadores malvivían mientras languidecían sus ingresos en todo el mundo.

A la vez, SGAE se ocupaba de labores olvidadas por la desidia gubernamental, como la promoción exterior de la música española o el estudio de sus creadores. Llegaría a contar con una discográfica (que no era competencia, ya que esencialmente publicaba trabajos rechazados por el resto de las compañías), fabulosos estudios de grabación y hasta una cadena de teatros.

Teddy oteaba el futuro desde su atalaya. Mucho antes que los disqueros, fue el primero al que escuché una advertencia sobre el «gratis total» que traía Internet. Hasta entonces, la principal amenaza al statu quo era la copia privada y lo que se daría en llamar top manta. Él y su SGAE fueron el motor de iniciativas legislativas como el canon y el castigo implacable a los vendedores de copias piratas. Seguían pautas que ya existían en otros países pero no supieron explicarlo. Ellos y no las discográficas o las distribuidoras de cine eran la punta de lanza de la defensa de la propiedad intelectual y pagaron por ello un precio desproporcionado.

Sospecho que Teddy no entendió las razones de que se convirtiera en una de las personas más odiadas de España. Tenía chófer pero nunca le vi guardaespaldas (excepto en La Habana). De todos modos, resultaba imposible discutir con él: sabía más sobre los mecanismos de la Sociedad General de Autores y Editores que cualquiera e ignoraba las percepciones públicas. Y la Sociedad se había transformado en un monstruo tan complejo como el PRI mexicano, con un sistema de representación que garantizaba la perpetuación del clan dominante y que tapaba cualquier escándalo (que los hubo, y no precisamente los aireados por la prensa de cobro a festivales benéficos o espionaje en bodas).

En los últimos años, el matador de dragones se había transformado en otro estereotipo: el político eternizado en su puesto. Parecía trabajar para los poderosos e ignorar a los demás. A su disposición tenía una bolsa de préstamos y adelantos que le permitía establecer una agradecida red clientelar. Como un político de caricatura, decía a todos que sí y luego se olvidaba de sus promesas. Estaba tan alejado de la calle que no entendió lo hirientes que resultaban su sueldo y su (prevista) jubilación, cuando inauguró una tardía política de transparencia. Seguramente, Teddy Bautista tampoco advirtió la confluencia en su persona de tantos vectores de sospecha e indignación. Se le iba poniendo cara de chivo expiatorio.

Si hace tiempo que era evidente que la gestión de los derechos de autor debía revisarse a fondo, el desmantelamiento de una presunta trama corrupta y la imputación a altos directivos de la SGAE de delitos por apropiación indebida y administración fraudulenta imponen urgencia a esta revisión. Y no solo por higiene societaria. También porque los autores han de tener mecanismos para defender sus legítimos derechos, unos mecanismos claros en su concepción y transparentes en su gestión. No tendría ningún sentido que se aprovechara la depuración de responsabilidades para fragilizar la ya de por sí difícil gestión de los derechos de propiedad intelectual en el nuevo mundo tecnológico.

Los abusos y deficiencias del actual sistema habían sido documentados por organismos públicos nada afectos a discursos líricos sobre la piratería. Ahora los actuales gestores de la SGAE tienen ante sí una tarea descomunal. Deben poner orden y transmitir confianza. Y una de sus urgencias debería ser cambiar un sistema electoral que el propio juez que lleva el caso ve, como mínimo, oscuro, y que da derecho de voto apenas a 8.000 de los 100.000 socios.

Parece obvio que fallaron los controles por parte del Gobierno, que ha esgrimido excusas competenciales para eludir su responsabilidad respecto a lo ocurrido en la SGAE, la entidad de gestión de autores más importante de España, y excusar la desidia de su gestión. Tiene, por ejemplo, dormida una imprescindible revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, que requiere más que una actualización. La mayor parte de los grupos parlamentarios pidió ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, una reforma profunda de dicha ley.

Y esa misma dejadez provoca situaciones como la de esta semana. En febrero, el PSOE obtuvo el apoyo del PP para proseguir con la llamada ley Sinde a cambio de una reforma del canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que lo había rechazado por estimar que es abusivo obligar a pagar a Administraciones y empresas. La Audiencia Nacional, además, sentenció que la orden ministerial que establecía las tarifas contenía un «vicio radical». A pesar de todo ello, el Gobierno no hizo a tiempo la enmienda y el PP ha presentado esta semana una proposición no de ley, que votaron el resto de grupos, incluido el socialista, por el que debe sustituirse el canon «por otras fórmulas menos arbitrarias» de remuneración.

Lo esperpéntico del asunto es que el PSOE interpreta esa proposición como la necesaria revisión del canon, mientras el PP considera que supone su supresión. A la incuria socialista se suma la demagogia del PP, que no detalla las alternativas. Uno de los temas que debería aclarar el PP es qué pasa con la copia privada si desaparece toda compensación, algo que si sucede en el mundo anglosajón es precisamente porque no se permite la copia privada. Los cambios en los usos digitales provocan la rápida obsolescencia normativa y los partidos, sobre todo si están en el Gobierno, deberían responder a ella.

abían pasado cuatro meses desde que presidente y directivos de la SGAE fueron detenidos por supuesto desvío de fondos cuando el músico Miguel Ríos publicó en este periódico, el 23 de septiembre de 2011, un artículo sobre el clima habido en la Asamblea Extraordinaria de la entidad (Crónica de una bronca anunciada), cuyo comienzo (“¡Aquello fue la hostia!”) sirve para explicar lo que ocurrió en los años calientes de la Sociedad General de Autores, presidida por el músico Teddy Bautista. Decía Ríos: “No sólo pedían la cabeza del Bautista, también pedían la de Salomé. Qué batiburrillo”. EL PAÍS ha reconstruido ahora, mediante conversaciones y gestiones desarrolladas durante meses con acusados, testigos y expertos conocedores de los hechos, la anatomía de ese caso que terminó en nada. Algunos de los consultados no accedieron a contar su experiencia.

La Audiencia Nacional absolvió en marzo de 2021 a Bautista y a otros nueve imputados por el supuesto desvío de fondos de la entidad que dirigió hasta 2011 (apropiación de 47,6 millones de euros), y estableció que sus decisiones de contratación fueron avaladas por la sociedad y repercutieron en un beneficio para ella. La Fiscalía pedía penas desde 12 años y medio a 2 años de cárcel para los acusados. Esa sentencia absolutoria se sumaba a otra, de unas semanas antes, que le exoneraba de administración desleal por la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum, también mientras presidía la SGAE. El fiscal pedía esta vez cuatro años de prisión. Otras sentencias anteriores habían absuelto a los músicos Caco Senante y Ramoncín.

La SGAE era en 2011, añadía Miguel Ríos en su artículo, “probablemente la marca más desprestigiada de España”, “una sociedad que se había equivocado demasiado, que había vivido en una insoportable arrogancia, bajo la égida de un tipo [Teddy Bautista] que empezó muy bien y terminó detentando un poder tan omnímodo que cuando lo conminaron a que dejara el puesto de Presidente del Consejo de Dirección después de haber sido encartado por un juez por no sé cuántos presuntos casos ilegales, les dijo, a lo Flaubert, la SGAE soy yo”.

El juez Pablo Ruz ordenó el 1 de junio de aquel año que la Guardia Civil registrara a primera hora de la mañana la sede de la SGAE. Allí detuvo para interrogarlos a algunos de los altos directivos de la sociedad. Miguel Ríos decía en aquel artículo que antes de ese episodio de detención y posterior juicio, que terminó el 17 de marzo de 2021 con la absolución de todos los encausados, “la sociedad civil” les había dado la espalda, “manipulada por intereses concretos”: “Operadores que ofrecían lo que no poseían, internautas del gratis total y algunos medios de comunicación que frivolizaron con la piratería hasta que empezaron a padecerla”. Casos como los derechos que se aplicaron a “las peluquerías, los conciertos benéficos y lo indiscriminado del canon digital” no fueron tratados “con cintura” por “ausencia de una política de comunicación que tratara de explicar a la gente (…) que todos los oficios tienen que ser recompensados con un salario”.

Este es el extracto de las declaraciones sobre las heridas que hubo y las que persisten sobre todo entre los que fueron acusados.

Miguel Ríos. Directivo de la SGAE tras la época de Bautista. El día del registro “pensé que era el fin de la SGAE… Tenía muchos enemigos, poderosos usuarios y medios de comunicación en contra, que no querían que siguiera funcionando como lo hacía porque les costaba dinero”. ¿Y ahora? “Nada que ver con los años de gloria. El mercado está como está y entonces era un mercado potente. (…) Los años anteriores a la intervención habían sido los de máxima recaudación. Entraba muchísimo dinero porque la creación lo generaba”. Aquella situación, la crisis económica que estaba en marcha y la covid “han hecho que ahora nuestro oficio recaude menos; las redes nos pagan las migajas, y aunque sigue teniendo un potencial importante, ha disminuido la recaudación (…) Fui amigo de Teddy, colaboramos durante años. Pero tuve un desencuentro que cambió mi punto de vista. Eso no me impidió colaborar cuando me pedía cosas para la Casa. Siempre lo consideré totalmente lícito como mi representante… En aquel artículo [en EL PAÍS] no lo dejaba mal: hablaba de la megalomanía en la que había caído, no porque él no fuera un buen gestor e importante dinamizador de la SGAE, que lo fue, sino porque veía que se había extralimitado en sus funciones (…) Hubo una maceración del acoso realmente dirigida por los medios que tenían intereses directos contra la SGAE, algunos más que otros. Se empezó a sembrar la duda sobre si de verdad era ético todo lo que estábamos haciendo”. Asistí atónito a “la lapidación de Ramoncín… Alguien muy vehemente, impelido a representarnos a todos de forma voluntarista. ¡Le llegaron a tirar piedras en Viña Rock! Y de nuestra profesión no salió ni una palabra. Fuimos muy cobardes, muy malos compañeros, unos mierdas. Porque al margen de que puedas estar en las antípodas del pensamiento o la forma de entender la actuación de Ramoncín en la SGAE, lo que le hicieron fue un acto fascista”. “Fue una pena que tuvieran que pasar ese calvario [los acusados] porque entiendo que, como dice la sentencia, no había caso. Tengo la impresión de que Eduardo siempre se ha creído mejor que el resto. Era su virtud y su defecto porque lo mantenía trabajando como un loco durante 24 horas y al mismo tiempo se fagocitaba a sí mismo. Pero nunca he pensado que se mereciera entrar en la cárcel por su gestión que, de alguna forma, si no estaba consentida por todos, sí estaba consentida por muchos. Aunque tampoco estoy de acuerdo, y así voté cuando me tocó, con el supersueldo de jubilación que le adjudicaron cuando era el baranda de la SGAE. No estaba dirigiendo Bankia”.

Francisco Galindo. Secretario general de la entidad en la época. “Cuando una sentencia es firme no hay nada que añadir y mucho menos opinar”. “Los años que precedieron a la intervención fueron tiempos de enorme consolidación de las nuevas tecnologías, que además tuvieron una enorme repercusión en el ámbito de la propiedad intelectual (…) con lo cual las entidades de gestión, y la SGAE a la cabeza de ellas, se convirtieron en los enemigos públicos destacados. La Sociedad no sólo tiene que aplicar el mandato legal, sino que además debe hacerlo enfrentándose a los más grandes y populares representantes de la nueva era digital (Telefónica, Microsoft, Apple, Basf, Philips y un larguísimo etcétera (…) La SGAE denunciaba el sometimiento generalizado de los autores al oligopolio del nuevo mercado digital, insuficiencia de la legislación existente para proteger adecuadamente al mundo de la cultura, entrega de hecho de los Estados y los medios de comunicación a los grandes monopolios tecnológicos (…) Resultaba sencillo, casi obligado, inducir una antipatía generalizada hacia la SGAE y verla, de hecho, como un parásito que vivía a expensas de la nueva tierra prometida. Eran todavía muchos los intelectuales, políticos, propietarios de medios e incluso periodistas que consideraban un deber social acabar con las entidades de gestión, no solamente en España, pero sí especialmente” (…) El de la SGAE, tal vez, haya sido uno de los mejores ejemplos de linchamiento social inducido… A la vista de la información contenida en las sentencias, fácilmente se podría decir que todo aquello fue desmesurado. No obstante, parece un procedimiento excesivo y poco justificado, aun sin la ventaja de conocer hoy el contenido de esas sentencias, asumir ya entonces que una entidad como la SGAE, fundada en 1898 y tutelada por el Ministerio de Cultura, necesitase un tratamiento tan sumario para llegar a auditar sus procedimientos y garantizar que no se fuera a llevar a cabo una destrucción de pruebas”. (…) “Fueron muchos años de esa relación con Teddy Bautista… Trabajamos codo con codo durante un larguísimo periodo de tiempo y bajo su dirección y liderazgo la SGAE se transformó y pasó a ser una de las entidades más importantes y respetadas del mundo. Como jefe, el presidente era incansable e inagotable, al menos conmigo, todo debía estar argumentado, documentado y por escrito: se lo leía todo. Eran horas y horas de despacho al máximo nivel. Por eso creo que aquella relación original es de las que imprimen carácter, por mucho tiempo que haya pasado”.

Javier Moscoso. Exasesor de la SGAE. Fue ministro, fiscal general del Estado, y en los años noventa formó parte de los asesores de la entidad. Aquella denuncia siempre le pareció “improcedente”. Los cobros por los que fue denunciada están avalados por “la ley de propiedad intelectual y en la cultura española, francesa, o alemana desde siempre”. La comunicación pública de un autor, hasta los 70 años de su muerte, “necesita licencia, la da la SGAE y se tiene que pagar”. Un juez debe intervenir “los instrumentos probatorios si hay delito”, así que en este caso, como no lo había, “adoptó una actitud excesiva, desproporcionada, no tenía fundamento en absoluto porque esos derechos están amparados por la ley… En bodas y bautizos se puede o no poner música; y si se pone, hay que pagar las tarifas”.

Caco Senante. Miembro del equipo de Bautista. Músico canario (Una gaviota en Madrid). “Tenía la absoluta certeza de que se estaba manejando algo que no era cierto… Cuando entró la Guardia Civil se dijo que había un desfase de 300 millones de euros. No podía cuestionar lo que hubiera, pero sí sabía que Teddy no se los había llevado… Me quedé con la sensación de que mis compañeros de profesión no estuvieron a la altura de las circunstancias. Cualquier colectivo que sufriera aquel atropello se enfrenta y exige explicaciones. A la SGAE llegaron cincuenta tipos armados y un despliegue de medios informativos previamente avisados. Se pretendía acabar con la SGAE. Y al final ganaron (…) Los nuevos dirigentes [de la sociedad] empezaron a pactar una serie de acuerdos con emporios de comunicación y empezaron a negociar de una manera diferente, siempre favorable para ellos y desfavorable para los autores. Ahí empezó a cambiar todo”.

José Luis Rodríguez Neri. Director de Tecnología y de la Sociedad Digital de Autores y Editores. Fue el único encarcelado (un mes), y habla por primera vez de estos hechos. Mantiene aún querellas para restablecer, dice, su buen nombre y su patrimonio. Lo verdaderamente importante, agrega, más que lo que sucedía en la SGAE, ocurrió en el Ministerio de Justicia, que se pasó “tres años investigando denuncias falsas que después adoptaron como suyas, especialmente en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción”. Lo que importa también, denuncia, “es lo que pasó en los medios de comunicación que participaron interesadamente en la pantomima, sin dejar fuera al Ministerio de Cultura”. Tras el asalto se crea la comisión gestora, y Neri dice: “La SGAE se dedicó crear informes/pruebas contra nosotros, todas ellas falsas, por los directivos y la mayoría de los consejeros que tomaron el control, y todo esto a petición del juez Ruz”, alimentando así la instrucción y la gestión del fiscal, “creando una farsa que finalmente devino en estafa como se desprende de la sentencia”. Los que tuvieron que ver con el caso (los jueces Garzón y De la Mata, y el fiscal Alonso Carbajo) “iniciaron el asunto partiendo de acusaciones falsas de las asociaciones de internautas y otros, y lo convirtieron en una farsa que duró diez años”.

El registro se produce por orden del juez Ruz. “Podía habernos llamado a todos a declarar en vez de tenernos ochenta horas incomunicados en un calabozo (en mi caso, treinta días de cárcel) sin hacer ninguna investigación previa”. ¿Por qué cree que fue usted el que recibió un trato más duro? “Necesitaban un chivo expiatorio. Cargaron contra mí y contra mi familia directa. No sólo me metieron a mí en la cárcel, porque no tuve 300.000 euros para pagar la fianza. La SGAE no tenía malversación de fondos y decidieron que le pegaban en mi culo una patada a Teddy Bautista. Y como solo conmigo no era suficiente, metieron a toda mi familia en el asunto”.

Sintió, dice, “un vacío terrible” en el calabozo, pero en la cárcel halló alivio, “imagínese cómo estaba en el calabozo”. Luego “apareció un odio irresistible; tuve que hacer un tremendo esfuerzo para convertirlo en furia”; y luego en energía para conseguir que se abrieran los servidores de la SGAE, clonarlos y aclarar lo que hubiera ocurrido. (…) Yo era un profesional reconocido y valorado. Me convertí en un paria un minuto después. Con 59 años me quedé sin salario, sin profesión… Tras el juicio de 2015 convencí a unos amigos para montar un negocio de agricultura de precisión con drones. No funcionó. Luego asesoré a algún amigo en temas de informática. Después me tuve que prejubilar e intentar vivir con 1.300 euros. Ahora ya tengo 68 años… La sentencia alivió mi furia… Tengo algunos tics que quitarme, quizá voy para mayor, me voy quedando sordo y grito”.

Antonio Onetti, guionista, actual presidente de la SGAE. “Jamás pude imaginar que en esta Casa hubiera delincuentes… Me pareció una aberración que el enemigo público número uno de los españoles fuera el presidente de la institución cultural privada más importante de este país… Yo no estaba de acuerdo con el proyecto Arteria [adquisición de teatros], de cuya desinversión me hice cargo, porque me parecía una gestión muy presidencialista y ejecutiva por parte de Teddy, pero eso no significaba que porque él decidiera una cosa u otra fuera un delincuente o un santo. No creo que fuera ningún tipo de administración desleal, solo que yo no compartía una omnipresencia que socialmente estaba resultando antipática para la entidad (…) Hubo una manipulación extraordinaria de la que los mayores perjudicados fueron los imputados, juzgados y denostados públicamente. Han sufrido diez años de desprestigio y muerte social. Sufrieron lo indecible para ser absueltos porque finalmente no había nada de lo que se les acusaba”. En cuanto a la SGAE, “la propiedad intelectual sufrió ese desprestigio y hubo quien se benefició claramente de ello. Perdimos el canon durante años y los perjudicados fueron los autores que no cobraban sus derechos. No eran impuestos ni tasas, eran derechos, los que la ley les concedía”.

Teddy Bautista. Músico. Ahora prepara su nuevo disco, Ciclos 4.0. “Nunca había visto un despliegue de esa magnitud. Las puertas estaban abiertas, pero los guardias subieron por las rejas. Ya en mi despacho un guardia civil me dice que cuando el cuerpo hace estas cosas entran cuatro o cinco expertos. (…) Buscaban cualquier documento que ayudara a la tesis del fiscal: que estábamos cometiendo un delito de fraude… ¡Un desfalco de 400 millones; más de lo que recaudábamos, facturábamos y repartíamos en un año! (…) Sentí que aquella burbuja se pincharía con sólo acercarle un alfiler… Al salir para ir a declarar ante el juez todos los medios ya estaban esperando la llegada de la policía judicial… Ahí entendí todo”.

“El juez Ruz me puso la grabación de algunas conversaciones rutinarias con Neri… Salí sabiendo que éramos un daño colateral: el objetivo era la SGAE. Mientras organizo con los auditores el esclarecimiento de todo esto, noto que algunos altos directivos (Paco Galindo, secretario general de la Sociedad, y Pablo Hernández, director de los servicios Jurídicos) estaban desautorizando lo que yo decía. No los habían citado en una pesquisa que exigía pruebas de manipulación de cifras o de deslealtad empresarial”.

“Antes de este terremoto se habían puesto de acuerdo para que yo desapareciera, para que yo dimitiera. Ante la Guardia Civil me empiezan a poner muy mal a Neri, al que yo defiendo entre otras cosas porque descentralizó y democratizó la tecnología del grupo SGAE, y ante mi asombro el abogado que me había puesto la SGAE me dice que no defienda a Neri.

“Fueron años muy duros, hasta que llegó la sentencia… Habían dibujado una caricatura hasta hacerme parecer como un corrupto. (…) No soy perfecto ni lo seré, pero me he guiado por mis principios, que vienen de lo que he mamado. (…) Algunos periodistas no persiguieron la verdad, se conformaron con amplificar el rumor o la ordalía… Luego del asalto gana Rajoy y en su primer Consejo de Ministros elimina la copia privada y les quita a los creadores —no sólo a la SGAE— 120 millones de euros al año”.

Al final de la entrevista, Teddy exclama: “¡Cómo se puede tener durante diez años a once personas, sus cuentas congeladas, sus vidas congeladas, cogidas por el cuello! ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede mantener durante tanto tiempo esa sospecha para que luego no haya sido nada?”.

Han pasado diez años, mucho más que lo que ha tardado en olvidarse, excepto para los que han vivido el largo juicio.