La ‘misa de la Familia’ de la Conferencia Episcopal incluyó críticas de obispos contra políticas del Gobierno Zapatero

Las decenas de miles de personas que respondieron ayer a la convocatoria del Arzobispado de Madrid en defensa de la familia cristiana recibieron los mensajes que ya se han convertido en una obsesión para la jerarquía católica española. En opinión de los representantes del episcopado que intervinieron en la plaza de Colón, el Gobierno socialista trabaja para destruir la familia, mediante leyes como la que regula el matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía o el aborto. Consideran que tales leyes son inicuas y, según el cardenal de Madrid, Rouco Varela, «una marcha atrás en los derechos humanos» y, por supuesto, niegan que exista otra familia que la heterosexual.

Todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica. A pesar de las graníticas acusaciones lanzadas ayer por los oradores episcopales, las leyes sobre el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto responden a la necesidad de regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática. La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos.

Los obispos convocantes orientarían mejor sus esfuerzos si en lugar de cultivar la manía persecutoria analizasen las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito. Nadie ataca a la familia en España, y su crisis, de existir, se debería a la estrechez de miras con que sus defensores se han empeñado en negar que la sociedad acepta otras formas de convivencia basadas en principios de afectividad y respeto que la propia Iglesia dice defender. Mal Gobierno sería el que asfixiara esas otras expresiones de convivencia.

El encuentro de ayer tuvo las características de un acto político. La obsesión persecutoria, la repetición de mensajes poco articulados, como el de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la ofuscada acusación al Gobierno de todos los males que aquejan a la Iglesia, confirman que fue un mitin electoral encubierto. Resulta chocante tanta contumacia contra un Gobierno, el de Zapatero, que ha adoptado medidas que tienen un impacto directo en la protección de la familia, cuando no en su fomento. Algunas, como la Ley de Dependencia o la iniciativa para universalizar la educación de 0 a 3 años, afectan de forma positiva en el bienestar de los hogares. El exabrupto del cardenal de Valencia, García-Gasco, de que el laicismo conduce a la disolución de la democracia ratifica la criticable calidad política de la convocatoria. Al contrario, la democracia se disuelve cuando quienes deben respetarla, como los obispos, irrumpen sin miramientos en tareas que no les corresponden.

La aparición de Kiko Argüello -fundador y cabeza de la secta católica llamada Camino Neocatecumenal, pedazo de negocio- en la manifestación de los obispos y adyacentes bajo el lema pro familia suya, me recuerda lo que ocurrió en La Meca en 1979. Allí, aprovechando la masiva reunión de fieles motivada por el principio del siglo musulmán, un saudí wahabista, que también pretendía refundarlo todo en nombre de Alá y contra las disolutas costumbres de la época, se hizo fuerte con sus seguidores en el sagrado recinto islámico y la emprendió a tiros con el personal. La familia real saudí buscó en el alto clero ayuda -es decir, permiso en forma de fatua- para contraatacar en el santo lugar, y los capitostes espirituales marearon la perdiz hasta obtener la promesa de que serían canceladas las reformas y detenidos los avances sociales llevados a cabo por el difunto rey Fahd. Luego permitieron que se cargaran al iluminado: implantado su programa (incluía la prohibición de que salgan mujeres en la tele), que sigue vigente, ya no lo necesitaban. De aquella impecable maniobra integrista vienen muchos de los lodos extremistas que hoy sufrimos en todo el mundo, en el orbe musulmán más que en ninguna otra parte.

Al contemplar la sudada imagen de Argüelles, que parece un extra en película franquista piadosa de los cincuenta, he pensado en aquel tipo. Lo más retrógrado es lo que mejor se vende. No hay nada como los mensajes simples. Nuestro Kiko ha sido un peón importante útil del aparato publicitario de los dos últimos papados, y ahora se ha puesto a la orden de los obispos para salvar a España de la igualdad de derechos y la libertad de elección.

Terrible Iglesia, esta que enarbola a sus bufones como agitadores. No la menosprecien por pintoresca. Echa en falta medrar en la desgracia del país, su mejor caldo de cultivo.

El encuentro de familias cristianas celebrado ayer en Madrid confirmó la capacidad de convocatoria de la Iglesia española: la cita congregó a cientos de miles de personas. Ese éxito tiene nombres y apellidos. Uno es el de Rouco Varela y no podía llegarle en mejor momento. El arzobispo de Madrid está sopesando las posibilidades de presentar su candidatura a la presidencia de la Conferencia Episcopal el próximo mes de marzo. Suyo es el mérito de haber logrado que el Papa interviniese en directo desde el Vaticano a través de videoconferencia, algo que no se había realizado antes en ningún otro país. También consiguió que le acompañaran en la jornada más de 40 obispos. Quienes con él salen reforzados tras el encuentro de ayer son los movimientos eclesiales más conservadores. De hecho, la idea de hacer un acto multitudinario en defensa de la familia tradicional partió del Camino Neocatecumenal. Junto a los numerosos seguidores de esta organización, estuvieron en Madrid los de la decena de movimientos católicos implantados en nuestro país, desde Renovación Carismática a los Legionarios de Cristo, y también el Opus Dei.

Pero la jornada también puso en evidencia los problemas de división de la Iglesia española: la presencia de obispos vascos y catalanes fue prácticamente nula. Y no deja de ser contradictorio el dato de que, pese a la magnitud del acontecimiento y a la filiación cristiana de una gran parte de la población española, que podría estar interesada en el evento, ninguna cadena de televisión lo retransmitió en su integridad, a excepción de Popular TV, una modesta emisora de la Iglesia. Tanto La 2 como Telemadrid deberían haberlo hecho.

Aunque, a pie de calle, la jornada tuvo un carácter más litúrgico y festivo que reivindicativo, con insignificante participación de políticos -que en cualquier caso acudieron a la cita a modo personal-, los tres cardenales que intervinieron en el estrado sí incluyeron en sus sermones críticas directas a algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de Zapatero. Rouco Varela, Antonio Cañizares y Agustín García-Gasco -éste, un tanto exageradamente-, arremetieron contra la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, contra la ley que agiliza los divorcios y contra la norma que, a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «quiere arrebatar a los padres su derecho a educar a los hijos según sus propias convicciones». Denunciaron «el laicismo radical» y también mostraron su preocupación ante el hecho de que haya partidos que no descartan ampliar la despenalización del aborto, lo cual podría desembocar en un futuro en un cambio en la legislación. De esta manera, los discursos pusieron de manifiesto que junto a las circunstancias genéricas que preocupan a la Iglesia (como el retroceso de valores tradicionales frente al laicismo, el materialismo o el hedonismo), hay querellas pendientes también con iniciativas específicas que ha impulsado el Gobierno en la legislatura que ahora concluye. Pero claro, esas iniciativas competen tanto a los millones de católicos como a los millones que no lo son.

Los promotores de la actual legislación española sobre el matrimonio pretenden hacer creer a la gente que es la más beneficiosa que existe en el mundo, puesto que -según repiten machaconamente- habría «extendido el derecho» a contraer matrimonio a quienes desean hacerlo con otra persona de su mismo sexo. Suelen añadir que de este modo las «uniones homosexuales» han sido -por fin- plenamente equiparadas al matrimonio y que se ha logrado eliminar la discriminación que siempre habrían sufrido ciertas minorías. Y todo, sin perjuicio para nadie. Son frases que pueden sonar bien, pero que enmascaran una lacerante realidad, muy distinta.

No es cierto que las uniones homosexuales hayan sido equiparadas al matrimonio. La Ley de Reforma del Código Civil en Materia de Matrimonio (13/2005) ha hecho justamente lo contrario: ha equiparado el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo. Y aquí, el orden de factores altera radicalmente el producto. El «matrimonio» resultante de esa operación legal ya no es la unión de un varón y de una mujer, sino la unión de cualesquiera ciudadanos. Queda así desnaturalizado por completo, en su especificidad, el contrato al que todas las legislaciones del mundo han llamado matrimonio, antes y después de Cristo. De modo que no es en absoluto exagerado decir -aunque comprendo que pueda parecerlo- que en España el matrimonio ha dejado de existir legalmente, puesto que, bajo ese nombre, el Código Civil actual entiende la unión de cualesquiera personas, con total independencia de su identidad sexual.

En otros países (poquísimos) sí se han equiparado las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio. No es que nos parezca tampoco nada justo, pero es ciertamente otra cosa. Allí el matrimonio sigue siendo la unión de un varón y de una mujer, del esposo y de la esposa, y las leyes se han limitado a declarar que las uniones de personas del mismo sexo gozan plenamente -en algún raro caso de equiparación plena- de los mismos derechos que el matrimonio.

En cambio, la mencionada Ley de Reforma del Código Civil -aprobada, por cierto, con una escasa mayoría en el Congreso y con el voto en contra del Senado- se ha permitido evacuar el contenido específico del contrato matrimonial por un método tan simple como devastador. A saber: eliminando del título correspondiente del Código las palabras «esposo/esposa» o «marido/mujer» y sustituyéndolas por «cónyuges», un término genérico que se salta la diferencia cualitativa entre el varón y la mujer. La misma suerte corrieron las palabras «padre» y «madre», que son reemplazadas por la palabra «progenitor». Luego hubo que precisar algo más y cuantificar lo que antes eran cualidades distintas y en los registros civiles leemos «cónyuge A» y «cónyuge B», en lugar de esposo y esposa. Procedimiento ridículo y triste, pero necesario para evitar esas palabras sagradas, que se han vuelto nefandas para la ideología de género que ha copado las leyes españolas.

El matrimonio, pues, ha sido equiparado a una unión asexuada de «cónyuges» y/o de «progenitores». Naturalmente no se prohíbe que puedan ser de sexo distinto, pero no es necesario que lo sean. Con lo cual el matrimonio ha dejado de existir en su especificidad. Es como si el reglamento del fútbol dijera simplemente que es un juego de balón; así habría sido equiparado, entre otros, al baloncesto o al balonmano. No se habría prohibido, ciertamente, jugar el balón con el pie, pero tampoco se habría excluido que pudiera ser jugado con la mano por todos los jugadores y en todas las ocasiones, por lo que, sencillamente, habría dejado de existir como balompié.

La disolución del matrimonio como figura jurídica propia no es una pura sutileza conceptual. Es un gravísimo acontecimiento de carácter epocal que trae consigo consecuencias muy negativas para la vida de todos los españoles. Significa que el matrimonio no está ni reconocido ni protegido por la ley en cuanto tal. Las leyes protegen hoy todo tipo de realidades y de bienes muy concretos: desde los osos pardos hasta los quesos de La Mancha. Está muy bien. Pero, mientras tanto, se le ha retirado la protección legal a esa realidad humana tan determinante del presente y del futuro de la sociedad que es el matrimonio, el nicho ecológico de la vida humana, el ámbito fontal de la identidad de las personas, de la cultura y de la paz.

Comprendo que quien haya tenido la deferencia de leerme hasta aquí pueda pensar que es muy exagerado lo que digo o que, concediendo al menos que algo pueda haber de lo dicho, no se trata de un asunto que le pueda afectar seriamente a él o a ella. Tratemos, pues, de verificar lo que decimos con un solo ejemplo que pone de manifiesto cómo todos quedan afectados por la desprotección jurídica del matrimonio.

No hay ningún español que no se vea concernido por las realidades significadas por las palabras «padre», «madre», «esposo» o «esposa». Pues bien, estas realidades son ahora olímpicamente ignoradas por la Ley. Nadie puede pretender que la Ley proteja su cualidad de esposo o de esposa, de padre o de madre, por la sencilla razón de que esos conceptos han sido eliminados del Código Civil y han dejado de ser realidades jurídicas. Siguen siendo, naturalmente, realidades humanas de primer orden, pero ya no realidades que merezcan una protección legal. En España, llamar esposo o esposa a una persona y tenerla como tal es algo perteneciente al mundo privado, de los afectos, de los gustos o, en su caso, de la literatura, pero no un bien jurídico públicamente defendible.

Prueba de ello es el caso siguiente. Una niña de seis años viene del colegio contándole a su madre que la profesora le ha dicho que se podrá casar con su amiguita Verónica. La madre, horrorizada, trata de explicarle un poco las cosas. Al día siguiente, la niña vuelve del colegio llorando y tachando a su madre de mentirosa porque la profesora le ha explicado de nuevo que sí podrá casarse con Verónica y que su madre está anticuada y es «homófoba». ¿Podrá esta madre tratar de defender legalmente la realidad de su hija como futura esposa de su futuro esposo y exigir a la maestra que deje de tratar de borrar de la cabecita de su hija los conceptos sagrados de «esposo» y «»esposa»? No podrá, porque los promotores de la actual legislación sobre el matrimonio le han arrebatado ese derecho. En cambio, si insiste en denunciar la tropelía de la profesora, puede sucederle que alguien la denuncie a ella por «homófoba» y por educar a su hija según criterios de «discriminación por razón de género».

En resumen: la actual legislación española no reconoce ni protege al matrimonio y, por tanto, supone un retroceso histórico respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que este año celebramos el sexagésimo aniversario. La sociedad debe reaccionar enérgicamente ante este estado de cosas. Gracias a Dios, lo está haciendo ya.

Determinada prensa me atribuye de modo reiterado una afirmación que nunca he hecho. Dicen que he dicho que la mal llamada Ley del Matrimonio Homosexual es lo más grave que le ha acontecido a la Iglesia en sus dos mil años de Historia. No lo sé. Es difícil calibrar que sea lo más grave que le haya acontecido a la Iglesia. Lo que sí he dicho y reitero es que la Iglesia nunca se ha encontrado con una legislación sobre el matrimonio como la que ahora tenemos en España. Una legislación que no es que haya tipificado para una minoría lo que podría mal llamarse un matrimonio homosexual, sino que ha deshecho el matrimonio de todos, arrojándolo fuera de la Ley. El desafío es de grueso calibre. Hay que responder a él de manera proporcionada. Lo que está en juego no son tanto los derechos de la Iglesia, cuanto los derechos fundamentales del ser humano.

La jerarquía de la Iglesia católica está propagando la idea de que el rechazo de la religión y el anticlericalismo se están extendiendo en España por acción del Gobierno. Es una idea falsa e interesada.

El abandono de la moral católica ha sido un largo proceso en el que, más que los gobiernos, han pesado factores como el desarrollo económico o la penetración de los modos de vida seculares vigentes ya mucho antes en Europa. También el hecho de que la historia de la Iglesia esté asociada en España con los episodios más oscurantistas del pasado, remoto e inmediato: desde la persecución de judíos, moriscos y conversos hasta el apoyo al franquismo, sin que la jerarquía haya tomado hasta hoy ninguna distancia. Confundir el desinterés social hacia la fe con el anticlericalismo es presentar como víctima a la Iglesia, para no reconocer la responsabilidad de una jerarquía incapaz de reflexionar sobre su mensaje para atraer y conservar nuevos fieles.

El trato recibido por la Iglesia en España no sólo no justifica las denuncias de persecución que regularmente repiten algunos obispos, sino que, antes por el contrario, constituye un motivo de reproche al Gobierno. El sistema de financiación pactado recientemente por el Estado ha renunciado al principio de que la Iglesia católica debe mantenerse por sí misma, consolidando un privilegio de discutible constitucionalidad y de imposible generalización a otras confesiones. Por otra parte, las repetidas visitas de miembros del Ejecutivo al Vaticano durante esta legislatura han sido una deferencia discutible, que ha podido interpretarse como debilidad. Sobre todo cuando, al mismo tiempo que tenían lugar, una parte de la jerarquía española se enfrentaba con el Gobierno recurriendo a medios políticos, no pastorales. O cuando el propio Gobierno renunciaba a cumplir con algunas de sus promesas electorales, como la aprobación de una ley de plazos para el aborto o la eutanasia.

La insistencia en airear una persecución imaginaria no es inocente. Los obispos españoles que están detrás de esta estrategia pretenden disfrazar como legítima defensa de la fe católica lo que no es, en realidad, más que una meditada ofensiva, perpetrada desde su modo ultramontano de entender esta fe, respecto a las relaciones de la Iglesia con el Estado. El giro doctrinal que está introduciendo el papa Ratzinger ha dado a los prelados españoles un espaldarazo que, entre otras cosas, convierte en bizantina la discusión sobre si existen diferencias de posición entre ellos y la curia romana.

Ratzinger ha hecho saber que se propone la reconquista católica de los países del sur de Europa, entre ellos España. Dentro del marco de la libertad religiosa consagrada por la Constitución, está en su derecho. Fuera de ese marco, el proyecto de Ratzinger es una agresiva reformulación del integrismo, un órdago anacrónico y gratuito del que la Iglesia será la ejecutora, nunca la víctima.