La organización asesina ETA secuestra al joven Miguel Ignacio Echeverría y amenaza con matarle si no se le pagan 160 millones

El regreso a su casa de Miguel Ignacio Echeverría es una excelente noticia que no debería ser enturbiada con reticencias o segundas lecturas. Lo decisivo -lo realmente importante- es que la vida del muchacho se encuentra a salvo sin que el Estado se haya visto obligado a conectar de forma más o menos indirecta con los secuestradores a través de mediadores -tal y como sucedió en el caso de Javier Rupérez, con el beneplácito de los socialistas, hoy en el poder- y a conceder contraprestaciones políticas. Se desconoce oficialmente si la familia Echeverría pagó el rescate, pero no parece, en cualquier caso, que el Ministerio del Interior haya llevado a la práctica su disparatado propósito de perseguir policial y penalmente a los ciudadanos que trataran de negociar con los secuestradores para salvar la vida del rehén. ETA VIII Asamblea continúa sin reconocer la autoría del delito, pero las reiteradas negativas de los octavos podrían ser explicadas tanto por la resistencia de la organización terrorista a afrontar las responsabilidades políticas de su barbarie como por eventuales conflictos recaudatorios derivados de su competitividad criminal con ETA Militar.A este respecto, resulta significativo que un destacado portavoz de Herri Batasuna declarara el pasado viernes, de forma tan asombrosa como desenfadada, que el secuestro de Miguel Ignacio Echeverría se proponía, en realidad, «desprestigiar a ETA» y «llevar a un montón de jóvenes contra los secuestros en general». En esa misma línea de desvergüenza, la Coordinadora KAS también denunciaba el secuestro «como el intento premeditado de involucrar a ETA Militar, con el claro intento de desprestigiar la lucha armada». Resultaría así que los milis y suscompañeros de viaje critican, con el cinismo propio de los fanáticos, las acciones de sus competidores en la barbarie mediante el procedimiento de distinguir entre los crímenes, secuestros y extorsiones buenos, de los que ellos son autores, y los crímenes, secuestros y extorsiones malos, imputables a los octavos. Detras de los ideólogos están, sin embargo, los administradores de la intendencia y los reacaudadores de fondos. Las semejanzas entre la actual situación del País Vasco y el Chicago de los años veinte no se reduce sólo al paralelismo entre los impuestos revolucionarios de los terroristas y las cuotas de protección de los gánsteres, a la proliferación de los secuestros con rescate y a los asesinatos. También existe una dinámica de enfentamiento entre los diversos clanes de extorsionistas, que reclaman el monopolio de los secuestros o de los impuestos revolucionarios al igual que Al Capone o Johnny Torrio podían hacerlo en su tiempo. No es imposible que, en el caso del joven Echeverría, los octavos hubieran penetrado, tal vez sin saberlo, en los dominios de los milis, más poderosos, y hayan tenido que replegar velas, cuando menos, para negar oficialmente la autoría del crimen.

Casi en las vísperas del regreso a su casa de Miguel Ignacio Echeverría se publicaban las declaraciones de dos dirigentes de ETA Militar a Le Monde y de tres dirigentes de ETA VIII Asamblea a EL PAIS. La lectura de sus respuestas suscita la repugnancia que siempre provocan las jactancias de los asesinos por sus sanguinarias hazañas y la inquietud que causan los orates capaces de prolongar los delirios doctrinarios en la práctica del crimen. Los octavos, tras inculpar del secuestro del joven Echeverría a la extrema derecha o a los delincuentes comunes, declaran que sus asesinatos son acciones políticas que afectan «al corazón mismo de las contradicciones del capital vasco», condenan a muerte a quince miembros de la autodisuelta ETA VII Asamblea en el caso de que regresen a España y asignan a las extorsiones -llamadas esta vez multas revolucionarias- la notable función de «recuperar una parte de la plusvalía que la burguesía arrebata a la clase trabajadora». Las declaraciones de los milis muestran, en la rigidez de sus conceptos y la ritualidad de su lenguaje, que esa rama de ETA ha abandonado los últimos vestigios de la ideología sabiniana y se halla bajo la influencia de las corrientes del tercermundismo revolucionario, cuya dotación de libros procede de las guerras de Vietnam y Argelia y de la guerrilla latinoamericana. Sería conveniente que los socialistas franceses, tan enérgicos con los terroristas corsos y tan tolerantes con los terroristas de ETA, leyeran con atención las respuestas referidas a la independencia y reuníficación del País Vasco, que incluye los territorios vascos del sur de Francia.

¿Qué esperanzas existen, a la vista de esos textos, de que la iniciativa del presidente de la comunidad autónoma vasca para sentar en torno a una mesa a representantes del PNV, del PSE-PSOE y de Herri Batasuna pudiera facilitar la pacificación de Euskadi y no fuera instrumentalizada por el nacionalismo radical como simple caja de resonancia táctica al servicio de una estrategia global de violencia en una escala aún mas elevada? Es cierto que el término negociación aparece en esas respuestas en un contexto de megalomanía delirante («muchas guerras han concluido en una mesa de negociación», dicen los milis) o de recelo («la negociación es la antesala del arrepentimiento», comentan losoctavos). Pero en la arrogancia doctrinaria de esas declaraciones son también visibles algunas grietas y fisuras. «ETA sabe que que debe situarse en el interior de un proceso. Existe el peso de las realidades. La del Estado español. La del pueblo vasco. La del Estado francés…», replican los milis a Le Monde a propósito de su programa máximo. Desde luego que sería absurdo sacar del contexto de las declaraciones esa moderada gota de sentido común. Pero tampoco parece justificado ignorar su existencia.