Golpe al terrorismo: La Policía francesa logra detener al capo «Josu Ternera», máximo jefe político de ETA

La detención en Bayona de José Antonio Urrutikoetxea y otros dirigentes de ETA cubre de ridículo a quienes, demasiado apresuradamente, acusaron al Gobierno francés de pasividad culpable respecto al terrorismo vasco. La importancia de estas detenciones es evidente, aunqu-e no garanticen, en sí mismas, el fin de la violencia. Si algo ha demostrado la experiencia de la última década es que el fenómeno terrorista no puede ser abordado desde visiones simplistas: ni existen atajos milagrosos tipo GAL, ni el asunto puede resolverse simplemente con exhortaciones a la buena voluntad, al margen de la actuación policial a ambos lados del Bidasoa.ETA ha sido derrotada políticamente, pero no todavía en el aspecto operativo. Por razones psicológicas comprensibles en una organización que se proclama explícitamente militar, ETA no asumirá su derrota política -extrayendo la conclusión de que sólo queda negociar una retirada honrosa- en tanto no esté muy debilitada desde el punto de vista operacional. De ahí que fuera tan importante su descabezamiento. Por ello, el desmantelamiento de la cúpula de ETA en Francia era y es, si no causa suficiente, pasonecesario en todo caso, y muy importante, para acabar con la violencia.

La derrota política de ETA se manifiesta ante todo en el fracaso de su estrategia desestabiliz adora de las instituciones democráticas: puede seguir sembrando el dolor, pero no, como hace unos años, paralizando la vida política vasca o determinando las actitudes del Gobierno central en materia autonómica o en otros terrenos. Esta derrota de ETA se ha manifestado últimamente en otros tres aspectos: en el contexto internacional, en la relación con el nacionalismo vasco democrático y en el reflejo de sus acciones en la opinión pública de Euskadi.

La actitud de las fuerzas de seguridad francesas es sólo una reverberación del cambio operado en la sensibilidad de la opinión pública de ese y los demás países democráticos, ante la que los terroristas han perdido cualquier credibilidad. Además, la coyuntura internacional en su conjunto, incluyendo los avances hacia la integración europea, juega en contra de las expectativas de los terroristas. El neto pronunciamiento de los partidos nacionalistas vascos contra la pretensión de ETA de actuar implícitamente en nombre de la mayoría de la población de Euskadi ha segado la yerba bajo los pies de los terroristas, que se han encontrado sin discurso alternativo. Finalmente, la pedagogía aplicada por los partidos nacionalistas democráticos ha acabado reflejándose en las actitudes individuales de los ciudadanos de Euskadi: excepto en algunas localidades concretas, el miedo ha dejado de ser un factor decisivo del comportamiento de los vascos ante ETA. De una reciente encuesta del Gobierno vasco se deducía que el 83% de los vascos considera deseable que ETA abandone las armas. El porcentaje es sensiblemente igual al de los votos de los partidos firmantes del pacto de Ajuria Enea, hace un año. Esa adecuación no se daba antes, por lo que cabe deducir, de una parte, que el mensaje pacificador ha calado en la población, y de otra, que ha aumentado la identificación de los ciudadanos con sus dirigentes políticos.

Por ello mismo resulta doblemente inexplicable la actitud de Garaikoetxea de negarse a participar en la reunión convocada con motivo del primer aniversario de dicho pacto. Su argumentación de que no se ha avanzado lo suficiente en lo relativo al desarrollo autonómico resulta moralmente inadmisible: no existen razones que justifiquen los asesinatos de ETA y, por tanto, resulta indecente supeditar su repudio a cualquier clase de planteamiento ideológico, político o partidista previo.

A LA vista de las informaciones sobre la detención del jefe de ETA en Bayona, el fiscal general ha ordenado abrir diligencias sobre las eventuales relaciones entre el diputado abertzale José María Montero y la cúpula terrorista. Las explicaciones adelantadas por el diputado respecto a los 100 millones ingresados en su cuenta parecen verosímiles. Su negativa a confirmar o desmentir que había estado con Josu Ternera poco antes de la detención de éste equivale casi a un reconocimiento. Pero no es evidente que tales contactos, de existir, sean motivo para una condena política o, mucho menos, para proceder judicialmente contra el diputado o el partido al que representa.La naturaleza de las relaciones entre, ETA y HB no es ningún secreto, a no ser que se considere un detalle sin importancia la inclusión en sus listas electorales de miembros de la organización terrorista o que dirigentes del partido abertzale proclameja que «votar a HB es votar a ETA». Pero derivar el debate sobre la pacificación hacia la cuestión de la deslegalización o no de Herri Batasuna (HB) supone dar a los seguidores del nacionalismo radical una coartada para esquivar el asunto principal. A saber, su absoluta falta de autonomía respecto a los asesinos.

En las elecciones europeas de 1987, Herri Batasuna obtuvo 360.000 votos, de los cuales algo más de 150.000 son de fuera del País Vasco. Una buena parte de esos votos procedieron de Cataluña, y más concretamente de Barcelona, ciudad en la que apenas unos días después de los comicios ETA hizo estallar una bomba previamente colocada en un supermercado: más de 20 muertos. Sin duda, los que votaron la candidatura encabezada por el abogado Montero no tenían la impresión subjetiva de estar prestando su apoyo a matanzas como la de Hipercor. En primer lugar, porque admitir eso resultaría psicológicamente insoportable: hasta los terroristas más acreditados afirman que sufren como nadie ante los inevitables efectos de su heroica lucha. En segundo lugar, porque hace años que la sociología halló el casillero adecuado para tranquilizar las conciencias de los que tiran la piedra y esconden la mano: el de quienes dicen compartir los fines, pero no los métodos de los terroristas.

Esa distinción implica considerar que existen unos fines de ETA separables de los métodos empleados para imponerlos. Pero es la propia ETA, en sus papeles internos, quien afirma lo contrario. Como acaba de escribir Xabier Arzalluz, de esos papeles se deduce que ETA amenaza con las armas no sólo a quienes no aceptan los postulados nacionalistas, sino «a cualquier proyecto nacionalista que no sea el suyo». De ahí que, tratándose de una imposición, el sistema propugnado por ETA no pueda funcionar «sin censuras, cárceles o campos de concentración». El método determina los fines. La coartada se completa a veces con consideraciones sobre la distinción entre los métodos de ETA y los de HB. Pero hace años que la única actividad constatable de HB consiste en dar cobertura política a los planteamientos de ETA. La discusión sobre cuál es la jerarquía establecida entre el frente político y el militar tampoco tiene ya sentido. El asunto lo aclara, además de los papeles internos de la Coordinadora KAS (véase EL PAÍS del lunes 16), la experiencia de las purgas de quienes han osado disentir mínimamente de la autoridad militar competente.

Para que ETA reconozca su derrota política y se avenga a negociar su autodisolución parece imprescindible, en estos momentos, hacer llegar a ese mundo cerrado de¡ radicalismo abertzale la convicción de que ETA es ya un obstáculo, seguramente el principal, para la realización de sus ideales nacionalistas. Eso no se conseguirá con medidas administrativas, porque la disolución legal de HB no garantiza la volatilización de sus 200.000 votantes. Pero tampoco favorece mucho ese objetivo la actitud de quienes, aun condenando con toda la fuerza de sus pulmones a ETA, no renuncian a obtener ventajas políticas derivadas, bien de la inestabilidad creada por ETA, bien de eventuales concesiones asociadas a la negociación para el cese de la violencia.