Las Cortes de la Repúblican aprueban un dictamen para declarar traidor al Rey Alfonso XIII con los votos en contra de la oposición

En la madrugada última tomaron las Cortes Constituyentes el acuerdo que ya conoce el público. Es un acuerdo grave. Y, sin embargo, no merece la pena hacer comentario. Porque, en este caso,  la sentencia, transcripción del dictamen, que se parece – lo ha dicho D. Miguel Maura – a un artículo de ‘Hojas Libres’, era conocida antes de ser aprobada. No hay sorpresa para nadie. ¡Ya se sabía!…

Se sabía, además, que el conde de Romanones no lograría nada. Lo anunciamos oportunamente. Pero bueno y justo es hacer constar que el antiguo político liberal ha superado las esperanzas de todos, incluso – ¿a qué ocultarlo? – las nuestras. El conde de Romanones ha estado mejor de lo que suponíamos de antemano. Y alcanzó una cosa notoria e importantísima: dejar el dictamen acusatorio en ridículo. Ni jurídicamente, ni moralmente, ni siquiera desde un punto de vista jurídicamente, ni moralmente, ni siquiera desde un punto de vista humano, era posible la acusación después del discurso del conde de Romanones. Y, ¡así estuvo el Sr. Galarza! No le prestó atención la Cámara, ni dijo en resumen nada.

El gesto del conde de Romanones tiene un valor de lealtad y de hidalguía que reconocen todos, y que destacará la historia. Al viejo político, tan apasionadamente discutido, se le debe desde hoy un máximo respeto. Pero también, no sólo al gesto casi, sino al discurso hay que tributar aplausos. La forma del discurso es fina o inteligentísima, y el fondo del discurso es irrebatible. ¡Lástima que todas estas innegables aptitudes no se hubieran puesto a contribución, por la misma causa, en momentos en que pudo ser salvada! No es reproche. Es una lamentación, que el mismo conde sabrá apreciar.

Hoy ni queremos ni debemos aludir a otros aspectos. No nos interesa hablar de matices ni del Tribunal sentenciador ni de su composición. Para todo, si Dios quiere habrá tiempo y suponemos libertad, algún día.

En cuanto a la sentencia, ni una palabra tampoco. Véase que en ella se ofende y se escarnece al acusado y eso sólo ya dice y sugiere mucho, sin que hagan falta los comentarios. Los que se alegren del a sanción impuesta a quien fue cuarenta y cinco años Jefe del Estado, y por eso símbolo de la Patria y piensen en lo que alcanza también al margen de tan altos atributos, al español, que aparte los privilegios de Rey, tuvo como cualquiera los derechos esenciales y sagrados de la ciudadanía.

Alemania, en cuanto a la persona y a los bienes del Kaiser, dio un ejemplo nobilísimo. No hay tampoco, en ningún país extranjero, precedentes favorables a una sentencia así. Si los demás no lo hacen no les va a parecer bien que lo hagamos nosotros. Por los comentarios, pues, de allende las fronteras, lamentamos lo ocurrido. Más claro: como españoles, lo sentimos ¿cómo monárquicos?… Como monárquicos estamos satisfechos. Que se suprimiera la bandera, nos pareció bien; que se suprimiera la marcha nacional, nos pareció bien… ¿Entonces? Pues tiene que parecernos un poco mejor lo último; es decir, la condena de D. Alfonso XIII, en la forma en que se ha hecho.

Del debate promovido por la acusación contra Alfonso de Borbón y Habsburgo de Lorena resulta concretamente que debemos la República al conde de Romanones…

Después de reír y sonreír cuanto se quiera, coreando a las ocnstituyentes, es preciso convenir en que realmente quien echó de Madrid al ex rey fue D. Álvaro de Figueroa. A él se debe la entrevista con D. Niceto Alcalá Zamora en el despacho del doctor Marañón. En aquella entrevista el Gobierno provisional de la República no comprometió nada. Se limitó a poner en conocimiento del último Gobierno de la Monarquía que si a la puesta del sol no se había marchado el monarca destronado, no podía responder de su cabeza el primer Gobierno de la República. Y a base de esto se desarrolló el pacto, un pacto más, que bien pudiéramos llamar el ‘pacto de San Sebastián y con el de Lhardy…’

Y fue en efecto el conde de Romanones quien dio la batalla en el Gobierno y en el palacio, para que el ex rey cediera a la conminación que le hacían los hombres de la República. Entre sus compañeros de Gabinete no había ni uno solo que apoyara la tesis de D. Álvaro de Figueroa. Y en la Cámara regía ¡ni uno ni medio! Las más escopetadas damas palatinas se ponían en jarras para llamar al conde ‘perro judío’ y otras lindezas por el estilo…

• – Eres capaz de vender a tu padre – le dijo una de ellas con acento de rabalera.

Lo cierto es que sin el conde de Romanones, que tenía gran influencia en D. Alfonso, éste no hubiera dejado el paso libre al Gobierno de la República sin ponerle, por lo menos, el obstáculo del Estado de guerra. Eran partidarios de esa extrema medida todos los ministros y todos los grandes de España que pasaron reunidos en palacio la mañana y la tarde del día 14. Y se tomó en firme el acuerdo. Y el almirante Aznar lo notificó a los periodistas en la puerta de palacio, diciéndoles a las siete menos cuarto de la tarde:

• – El Rey no se marcha hasta mañana. Esta noche se declarará el estado de guerra.

Al mismo tiempo, el conde de Romanones salía con D. Alfonso por una puerta excusada de palacio y el automóvil del destierro empezaba a deslizarse por la carretera con dirección a Cartagena.

Los que alegan que la acusación contra D. Alfonso de Borbón y Habsburgo de Lorena cae por su base en cuanto se tome en consideración que se le perdonó a cambio de que se marchara, no arguyen nada que tenga consistencia en la realidad del pacto Marañón. Allí, como queda dicho, no se pactó nada que comprometiera al Gobierno provisional de la República.

En representación del Gobierno del derrumbe, el conde de Romanones prometió lo que luego no pudo cumplir: el traspaso de poderes a base de la renuncia de don Alfonso a la corona de España.

Si hubo pacto no fue a propuesta del hombre de la República, sino del último hombre de la Monarquía que con aquel se entrevistó.

Y las cláusulas que cada uno de ellos aportaba fueron estas:

El Sr. Alcalá Zamora: Que se vaya antes de la puesta del sol, porque después no respondemos de su cabeza.

El Conde de Romanones: Se irá antes de las seis de la tarde, y yo, como notario mayor del reino, levantará acta de la renuncia de la corona y transmitiré los poderes al Gobierno provisional.

¡Eso fue todo!

Y fundándose en esto ¿quién puede decir que la República está incapacitada para juzgar y condenar al último Borbón? No lo estaría aún en el caso de que don Alfonso fuera renunciado y D. Álvaro de Figueroa levantara el acta de ello para la transmisión de poderes; pero si no hubo tal renuncia, ni tal acta, ni tal transmisión de poderes, sino un acuerdo de declarar el estado de guerra, malogrado porque se cansaron de esperar los que estaban en el domicilio de D. Miguel Maura a las siete menos cuarto de la tarde, ¿cómo se puede decir que las constituyentes hacen traición al pacto condenando al rey destronado?

No hubo pacto: pero de haberlo, habría quedado incumplido por parte de los monárquicos.

Y como D. Alfonso se marchó diciendo ‘hasta luego’, por creer que se declaraba el estado de guerra, es necesario escribir esta página de la Historia que él no escribió, con el acta acusatoria que ha redactado la Comisión de Responsabilidades.