Las disputan del PSOE cántabro alcanzan a su periódico cántabro ALERTA: su líder Jaime Blanco pierde el control frente al sector de Ciriaco Díaz Porras y Juan González Bedoya

EN mayo de 1984 se cerró un buen negocio. Los dirigentes socialistas cántabros Juan González Bedoya, Jaime Blanco y Ciriaco Díaz Porras dirigieron una operación que culminó en la compra del diario Alerta de Santander. Como accionistas mayoritarios con un 40% cada uno, figuraron Manuel Rotella, un independiente próximo al PSOE, y José Antonio Fernández de Bobadilla, abogado y empresario de la construcción antes de representar los intereses del editor francés Robert Hersant en España. La sociedad que realizó la compra, Cantábrica de Prensa, S.A. (Canpresa), decidió, en enero de 1985, hacer una donación «a fondo perdido» de doce millones de pesetas al PSOE. El grupo inversor adquirió el periódico entonces con más difusión de Cantabria -alrededor de 30.000 ejemplares- por 389 millones de pesetas. Los beneficios de Alerta en aquel momento superaban los 100 millones anuales. El rotativo estaba en venta, al igual que el resto de las publicaciones propiedad de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), y su privatización fue especialmente polémica.

La ley de abril de 1982 que regulaba la desaparición de este organismo preveía la subasta pública de los medios que lo constituían. De acuerdo con ella, el Gobierno fijó en 618 millones de pesetas el precio de Alerta. Nadie concurrió a la puja, ni siquiera para el tercer y, de acuerdo con la ley, último remate, aunque se rebajó el tipo de licitación a 516 millones de pesetas. Fue el 24 de abril de 1984. Veinte días después se recibieron en el Ministerio de Cultura -responsable del proceso privatizador de la ex cadena del Movimiento- cinco ofertas de compra, presentadas por Jesús de Polanco, el grupo liderado por El Correo Español-El Pueblo Vasco, el presidente autonómico Juan Hormaechea, el grupo Moll y Canpresa, creada por los socialistas Juan González Bedoya y Jaime Blanco. Se dijo en aquellos momento que Javier Solana había llegado a ofrecer Alerta a Jesús de Polanco, indicándole que, más que la oferta económica, el Gobierno estaba interesado en que no cerrara una empresa boyante y, por tanto, solicitaba al nuevo propietario un plan de viabilidad antes que una cantidad de dinero. Fue entonces cuando González Bedoya y Blanco hicieron uso de su condición de militantes socialistas para hacer llegar a las jerarquías del partido y de la Administración su interés en acceder al control del diario santanderino. El Consejo de Ministros decidió, en esta subasta restringida, aceptar la oferta de Canpresa, que ascendía a 389 millones de pesetas. De este modo, Juan González Bedoya y Jaime Blanco -senadores del PSOE- y Ciriaco Díaz Porras -ex miembro de UCD que llegó al PSOE en 1982 de la mano de Fernández Ordóñezlograron controlar una empresa económicamente saneada: el periódico más importante de Cantabria. La operación fue recogida por la Prensa nacional en términos inequívocos: «El Gobierno adjudica el diario Alerta, por 389 millones de pesetas, a un grupo afín al PSOE», decía El País; Manuel Martin Ferrand, en el semanario Interviú, recogía que «altos personajes del PSOE están -según se ha publicado- detrás de la operación»; Diario 16 titulaba «El PSOE detrás de la compra de Alerta; y, en fin, Ya decía «Alerta: Los principales accionistas son del PSOE».

Para hacerse con el periódico, los dirigentes socialistas cántabros recurrieron a todas sus influencias en el partido y en el Gobierno. Así lograron que la Administración interpretara con la mayor flexibilidad la ley de privatización de los MCSE. Una demanda presentada por El Diario Montañés para que la decisión se suspendiera fue desestimada por los tribunales por defectos de forma. En el artículo 5 de la ley se preveía que «los Medios de Prensa que no encuentren adquirente en la pública subasta, se cerrarán, procediéndose a su liquidación». Es decir, Alerta, después de tres salidas a subasta infructuosas, debió cerrarse para, posteriormente, poner a la venta sus bienes muebles e inmuebles. El diario no apareció un día, el 18 de mayo de 1984, pero en el número del día 17 recogía en su primera página la «Decisión del Consejo de Ministros. Alerta, adjudicado a una empresa cántabra por 389 millones». El 19 del mismo mes volvía a los kioscos con el crédito de la nueva empresa editora, Canpresa. Se consideró que no publicar el diario un solo día era conforme a la ley. De este modo se modificó a la baja la valoración del periódico que había realizado la Intervención General del .Estado. En ella se fijaba el precio de Alerta en función de su patrimonio y, lo que es más importante para una publicación, de su «fondo de comercio» (suscripciones, ventas asentadas, cartera de publicidad…). El Ministerio de Cultura, en su propuesta al Consejo de Ministros, justificó la rebaja de 128 millones de pesetas en el precio inicial debido a que no se vendía el «fondo de comercio», que, en opinión del Gobierno, se habría perdido debido a que el periódico no apareció el 18 de mayo de 1984. También llamó entonces la atención la forma en la que los inspiradores de la operación allegaron fondos para realizarla. La fianza exigida para acudir a la subasta era de 100 millones de pesetas, que se pagaron con un talón personal de Díaz Porras en la Caja Rural de Cantabria, entidad que él mismo preside. El talón se ingresó en el Banco de España de Guadalajara porque en Madrid era día festivo. El desembolso con el que culminó la compra de Alerta se hizo con un crédito concedido por la Caja Postal de Ahorros. Es decir, toda la operación, de principio a fin, se financió con dinero de entidades públicas. Más aún, en el caso de la fianza, Díaz Porras se facilitó a sí mismo el monto necesario. Díaz Porras fue presidente de la Caja Rural de Cantabria -después de una discutida elección que hubo de repetirse a causa de diversas irregularidades- entre 1984 y 1988. Durante este tiempo cobró 20.000 pesetas diarias de dietas. La Asamblea Regional de Cantabria decidió investigar las cuentas de la Caja en varias ocasiones, lo que, en junio de 1985, impidió directamente el Consejo de Ministros. En 1987, el Tribunal de Cuentas, a petición de la Asamblea cántabra, realizó una investigación de la Caja segúan la cual Díaz Porras había cobrado indebidamente las mencionadas dietas, incluso después de que fuera requerido por el Banco de España para que dejara de hacerlo y devolviera las cantidades ya percibidas. En el momento de la venta, Alerta vendía 30.000 ejemplares, obtenía beneficios superiores a los cien millones de pesetas y contaba con la confianza de los anunciantes. En la actualidad, el periódico ha cedido el primer puesto en Cantabria a El Diario Montañés, que ha crecido en publicidad y ventas mientras su oponente languidecía. En medios profesionales se atribuye la crisis de Alerta al hecho de que González Bedoya lo ha convertido en un instrumento de propaganda del PSOE. Prueba de ello serán las numerosas crisis que ha padecido el periódico. La primera de ellas tuvo lugar en el mes de noviembre de 1984, cuando el director, Juan González Ibáñez, dimitió del puesto para defender su independencia profesional. Con González Ibáñez abandonó el periódico el accionista Manuel Rotella, quien declaró que «el dinero es uno de los factores importantes de las empresas, pero no a cambio del prestigio personal. Yo, personalmente, quiero más el prestigio que el dinero».

Rotella puso sus acciones en venta y Bedoya y Blanco lograron convencer al PSOE de que era el momento de entrar definitivamente en el periódico. Así, después del reajuste, José Antonio Fernández de Bobadilla conservó en torno al 45% de las acciones -que el año pasado vendió al editor francés Robert Hersant- y se mantuvo como accionista mayoritario. El PSOE -el partido propiamente dicho, no su federación cántabra- se hizo con el 29%, y el resto se lo repartieron Díaz Porras, González Bedoya, Blanco, Luis Saiz Aja -diputado del PSOE en Madrid, Félix Alberto López Varona -hijo del senador socialista Alberto López- y Eduardo García -hermano de Rosa Ines García, dirigente socialista cántabra-. Después de este reajuste, Emilio Gómez Vega, segundo director de la nueva etapa de Alerta, dimitió, aparentemente por los mismos motivos que su antecesor. La tercera gran crisis del periódico se produjo en 1988, cuando Hersant entra en contacto con Fernández de Bobadilla para estudiar una posible compra de acciones, que tendría lugar unos meses después. La entrada de Hersant implicaba una condición: que fuera él quien controlara la mayoría de las acciones, para lo que Fernández de Bobadilla intentó sumar a su 45% el 8% propiedad de Díaz Porras. Este rechazó la oferta -incluso, según González Bedoya, hizo a Bobadilla una contraoferta de 300 millones por su 45%- por considerar que detrás de ella se encontraban la derecha cántabra y el propio Hormaechea. En este momento, por tanto, el PSOE como partido o través de sus militantes controla el 55% de Alerta, quedando el 45% restante en manos de Robert Hersant. El periódico -que accedió a varias emisoras en las recientes concesiones de FM- ha iniciado su expansión en la zona norte de España. Por el momento, ha instalado en Palencia una nutrida redacción que elabora la edición local de Alerta. Asimismo, prepara el lanzamiento de un nuevo diario en Valladolid. Las cinco emisoras de FM que controla en la actualidad formarían parte de dicho plan En su día, El Diario Montañés se consideró directamente perjudicado por el irregular proceso de adjudicación de Alerta presentó un recurso que los tribunales desestimaron por meros defectos de forma. El recurso se basaba en la presunta infracción de varios artículos de la ley de Procedimiento Administrativo, de la de Patrimonio del Estado y de la propia normativa para la supresión del organismo Medios de Comunicación Social del Estado.

– La Compañía Europea de Prensa S.A. (Cepresa), controlada por Hersant, ha vendido el 45% de las acciones que tenía en Cantresa, editora del diario Alerta, al presidente del Consejo de Administración de dicha editora, el socialista Ciriaco Díaz Porras. Según confirmaron fuentes del sector, la operación podría haberse cerrado por un montante de alrededor de 150 millones de pesetas. Díaz Porras, que ya poseía el 9% de las acciones, controla ahora la mayoría de las acciones del diario a título personal. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, las acciones podrían estar sindicadas por lo que existiría un derecho de tanteo, aunque se desconoce si se ha ejercitado. De no haberse hecho, se podría llegar a impugnar esta venta. Fuentes del sector ven en la operación el resultado de un enfrentamiento entre las cabezas visibles del diario y del PSOE en Cantabria, Ciriaco Díaz Porras, Juan González Bedoya y Jaime Blanco. Según estas mismas fuentes, la operación de Díaz Porras podría haberse hecho de espaldas al PSOE de Cantabria. El director de Alerta, Víctor Gijón, sólo dijo que «ni afirmo ni niego la operación». Otra fuente de Alerta declaró «que no hay versión oficial aunque ya estamos acostumbrados a no enterarnos de lo que pasa en la cúpula». Cepresa tiene repartido su accionariado además, en un 29% propiedad del PSOE, y el resto en paquetes de un 3 y 4%, propiedad de diversos miembros del PSOE cántabro como Jaime Blanco, Juan González Bedoya, Luis Saiz Aja, Miguel López, etc. Curiosamente, veinte días antes de esta operación, el PSOE cántabro consiguió del alcalde del PP de Santander, Manuel Huerta, el permiso para la recalificación del solar donde se ubica actualmente dicho diario. De esta forma, el edificio valorado en unos 500 millones de pesetas y que consta de tres plantas podría llegar a tener nueve alturas, a pesar de encontrarse en un lugar céntrico de la ciudad. Alerta podría estar proyectando la venta del solar, ahora revalorizado, y ubicar el rotativo en naves industriales de la zona de Paña Castilla. Otras fuentes apuntan al posible interés de algunos accionistas de vender el diario a otros grupos de comunicación. El permiso para recalificar el solar ha enfrentado públicamente al presidente de la Diputación de Cantabria, el popular Juan Hormaechea con el alcalde Manuel Huerta, a pesar de que ambos pertenecen al mismo partido. Diversas fuentes indican que el alcalde santanderino tuvo que buscar el apoyo del PSOE a cambio de ciertas concesiones para aprobar los presupuestos bloqueados desde hacía unos meses. Finalmente contaron con el voto favorable del PSOE. Toda la operación ha de enmarcarse en la batalla interna que el propio PP de Santander está librando. Este partido ha pedido explicaciones a Manuel Huerta.

UNA peculiar huelga sacude al diario santanderino Alerta, al que le ha salido un «competidor» editado por los huelguistas, La Verdad de la calle El Martillo, mientras que el editor amenaza con resolver el conflicto «a tiros». «Por dignidad» es el lema escogido por los 37 trabajadores de Alerta que se encuentran en huelga desde el pasado día 26, informan F. Villalba y J. Fernández. Sus reivindicaciones no son económicas; reclaman condiciones de trabajo dignas. Alerta está de nuevo en el ojo del huracán. Hace un año, EL MUNDO revelaba cómo los socialistas cántabros se habían hecho con su control al adquirir el periódico al Estado en condiciones ventajosas, después de lo cual sus nuevos propietarios hicieron una donación a fondo perdido de 12 millones de pesetas al PSOE. Con ocasión de la reciente crisis  política cántabra y del relevo en la Presidencia regional -Juan Hormaechea fue apartado y su sucesor es el socialista Jaime Blanco- se produjo una escisión entre socialistas que afectó directamente al periódico que fue portavoz oficioso del PSOE cántabro. Su director, Víctor Gijón, fue nombrado consejero portavoz del Gobierno autónomo, y su enfrentamiento con los hombres fuertes del diario -el director general y mayor accionista, Ciriaco Díaz Porras, y el presidenteeditor, el senador socialista Juan González Bedoya- se hizo virulento. Ese enfrentamiento se refleja en la actual situación de huelga. La tensión con la empresa ha caracterizado casi la totalidad de las jornadas de la huelga, llegándose a producir desagradables incidentes, como el intento de atropello a un trabajador por parte de Díaz Porras, según consta en una denuncia cursada por el propio empleado y el responsable de la UGT en Cantabria, Luis Angel Ruiz Cardín. Durante las dos primeras semanas de la huelga, mientras los trabajadores se manifestaban a las puertas de las instalaciones del periódico, quienes no secundaban los paros, en su mayor parte familiares de Díaz Porras, dormían en sacos en los pasillos y despachos de la redacción. El periódico continúa saliendo a la calle, aunque con una paginación reducida y con la mayoría de sus informaciones de agencias. La mayoría de la redacción secunda la huelga, por lo que sus labores están siendo desarrolladas también por personal de administración.

Dos de los principales protagonistas del conflicto son Díaz Porras y González Bedoya. Ambos no han tenido más remedio que «remangarse» y efectuar todo tipo de labores, incluida la de cargar periódicos en las furgonetas de reparto. De Bedoya dicen los trabajadores que, como profesional, es persona perezosa y «manipuladora» a la hora de tratar informaciones. Le acusan de haber llamado a la Policía e impedido la entrada del comité de huelga en el periódico igual que hiciera «en plena dictadura» cuando era director de la Hoja del Lunes y se produjo una huelga. Mientras la empresa acusa de intransigencia a los trabajadores y el director del medio afirma que las ofertas que les realizan son «únicas» en España, los huelguistas afirman que en ninguno de los diez puntos de reivindicaciones se ha alcanzado principio de acuerdo. El periódico publicó que existe acuerdo en ocho. Básicamente los diez puntos afectan a las condiciones de trabajo y al cumplimiento del convenio colectivo. También hay puntos que tratan sobre la definición de categorías y las funciones a ejercer por cada redactor. Piden ser informados de los planes de renovación tecnológica de la empresa, de horarios, calendario laboral y guardias. Asimismo quieren estabilidad en el puesto de trabajo. Una de las primeras respuestas ha sido el anuncio de no renovación de contratos a tres redactores. El Partido Socialista, que tiene el 27% de las acciones, y es uno de los principales valedores de la línea ideológica del periódico hasta hace poco, se ha desentendido públicamente del conflicto, hecho que denunciaban los trabajadores. Víctor Gijón, ex director y ahora consejero portavoz de la Presidencia del Gobierno cántabro, es blanco de las críticas del periódico, que le hace responsable del pase de periodistas del Alella a la Diputación y le acusa, a través de viñetas, de ser promotor del conflicto. El Alerta publica informaciones sobre la huelga en las que lanzan acusaciones de violencia a los piquetes y columnas de opinión en las que traslucen sentirse acosados por todos: los trabajadores, el Gobierno cántabro, e incluso corresponsales de medios nacionales.

Por su parte, los trabajadores acusan al periódico de no decir la verdad y se sienten impotentes ante sus informaciones «tendenciosas», por lo que el jueves lanzaron a la calle una publicación, con 5.000 ejemplares, para informar sobre la huelga. La publicación lleva el nombre de La Verdad de la calle El Martillo, como se conoce popularmente a la calle donde se ubica el periódico. La huelga se convocó en principio para quince días, pero se ha ampliado a otros quince más. El jueves se decidió suspender los piquetes a la puerta del periódico. Mientras duraron los piquetes, se produjeron incidentes. El más grave fue cuando Díaz Porras llegó al lugar con un vehículo todo terreno e invadió la acera, estando a punto de atropellar a un trabajador. El senador González Bedoya se ha negado en todo momento a que el comité de huelga entre en las instalaciones. Cuando un policía le transmitió que estaba negándoles un derecho, éste respondió que los huelguistas estaban privando de otro a los empleados que querían trabajar. Existe otra denuncia al respecto. La tensión ha ido incrementándose día a día. Algunos trabajadores querían acudir al trabajo, pero al escuchar los gritos de sus compañeros llamándoles «esquiroles», no se atrevieron a pasar entre ellos y acceder al periódico. A algunos, el propio Díaz Porras los introdujo a través del piquete tirando de ellos del brazo. «Ya me conocéis, y cierro el kiosco [refiriéndose al periódico]», les dijo en una ocasión a los huelguistas. En otra ocasión, les amenazó con emprenderla «a tiros» con todos ellos. «Sí, sí, puede haber tiros», insistió, según refleja el primer número de La Verdad de la calle El Martillo. Según los trabajadores, González Bedoya utilizó su cargo de senador para permitirse provocar a los huelguistas a que le agredieran. Detrás de él estaba un policía que recordaba que Bedoya es una persona aforada. Las amenazas para reintegrarse al trabajo las habrían recibido los trabajadores también vía telefónica. Ninguna de ellas ha surtido efecto y el diario Alerta, así como la huelga, prosiguen su marcha a trancas y barrancas.