¿Llamó Pedro J. Ramírez ‘hijos de perra’ a los jueces Bacigalupo y García Ancos por condenar al juez Gómez de Liaño?

En tiempos del franquismo, la población reclusa permanecía atenta a las señales procedentes del Vaticano, bien fuese la designación por el Espíritu Santo de un nuevo Santo Padre o alguna gran conmemoración eclesiástica: la dictadura solía aprovechar esos magnos acontecimientos para aliviar el hacinamiento carcelario con el otorgamiento de los llamados indultos papales, cuyos efectos alcanzaban de manera indiscriminada a buena parte de los condenados. La promulgación de la Constitución de 1978 suprimió esas expectativas penitenciarias al prohibir, de forma expresa, los indultos generales; en el sistema democrático, las medidas de gracia sólo se pueden aplicar de forma individualizada.Mientras los nacionalistas vascos buscan la interpretación de los preceptos constitucionales sobre el derecho de gracia que resulte más favorable a los etarras condenados por terrorismo, una portavoz parlamentaria del PNV (tan vinculado siempre a las autoridades vaticanas) ha expresado su apoyo moral al indulto del juez Liaño, condenado por el Supremo a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante quince años «con pérdida definitiva del cargo que ostenta». Xabier Arzalluz había justificado ya su solidaridad con el juez prevaricador como gesto de agradecimiento a su instrucción del caso Lasa-Zabala; un reconocimiento negado esta vez al juez Garzón a causa del testimonio prestado en la vista oral por este ejemplar instructor de otros dos sumarios relacionados con los GAL -el caso Amedo y el caso Marey- a fin de poner en evidencia el dolo de Liaño como autor de un delito continuado de prevaricación. La simétrica diligencia de Anguita al abrir una colecta proletaria para pagar la multa a la que fue condenado Liaño se corresponde más bien con las subalternas funciones de diácono o de sacristán encargado de recaudar los diezmos y primicias.

Constituidos en oficiantes de un simbólico colegio cardenalicio, los hechiceros de la tribu mediática que dieron al magistrado prevaricador un monumental embarque mientras se quedaban seguros en tierra se han sumado a la iniciativa del indulto mediante un triple despliegue operativo: canonizando a Liaño como a un mártir, presionando al Gobierno para que le reincorpore a la carrera judicial y enviando a los infiernos a García-Ancos y Bacigalupo, los dos magistrados que osaron desobeder sus órdenes absolutorias. La grotesca campaña ha cubierto a Liaño de elogios tan ruborizantes como ridículos, poco concordes en cualquier caso con la mala fe de que sigue haciendo gala este mansurrón candidato a santo: por ejemplo, con su tentativa de presentar la autorización que le dio el tribunal en el juicio para querellarse contra Garzón por falso testimonio como un mandato vinculante.

Antes de hacerse pública la sentencia, los consiglieri de Liaño mantuvieron que la prevaricación es un delito de prueba técnicamente imposible, ya que sería necesario trepanar a los jueces para averiguar si han dictado a sabiendas resoluciones injustas. Sin embargo, la condena de su protegido les ha llevado a cambiar radicalmente de opinión: ahora no sólo acusan de prevaricación a los magistrados del Supremo que condenaron a Liaño con una sentencia excelentemente motivada, sino que compiten a la hora de injuriarlos. Jaime Campmany, el antiguo director de ARRIBA y agradecido socio de Mario Conde en la revista ÉPOCA que presentó la denuncia para abrir en falso el sumario de Sogecable, afirma que «los dos verdugos del juez justo» han quedado «expuestos a la intemperie y en cueros, cubiertos sólo por sus errores y sus trampas». Pedro J. Ramírez, el director de EL MUNDO, que puso ese periódico al servicio de los chantajes del ex banquero, llama «hijos de perra» a los dos magistrados mediante la maliciosa cita de un conocido verso de Neruda. Jesús Cacho, el servil hagiográfo de Conde que se prestó a firmar una querella contra Sogecable, pone a prueba su ingenio con la expresión ancas de tegucigalpo. El belicoso Navarro Estevan, capaz de acusar calumniosamente al juez Garzón por «la diligencia con que dejó de proceder en las salvajes torturas de 200 detenidos vascos puestos a su disposición por presunto terrorismo», afirma que los dos magistrados «han prevaricado a conciencia y sin conciencia», por lo que «deben pagar su crimen». Tal es la habilidosa estrategia ideada por estos ilustres purpurados para forzar al Gobierno a indultar a Liaño y obligar al Supremo a emitir un informe favorable al condenado en el preceptivo expediente de gracia.

Javier Pradera

Tras la vocinglera respuesta de la tribu político-mediática protectora del juez Liaño a la sentencia del Supremo que le condenó a perder la carrera por un delito continuado de prevaricación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala Segunda del Supremo han salido al paso de los insultos y calumnias vertidos contra los magistrados García-Ancos y Bacigalupo, firmantes del fallo. La declaración institucional del CGPJ, adoptada por 15 votos sobre 20, aclara que la crítica legítima de las resoluciones judiciales excluye las descalificaciones y los juicios de intenciones; no se trata sólo -aunque también -de que los insultos representen un atentado contra el honor de las personas: las injurias contribuyen además a «deslegitimar» a los tribunales e introducen «condicionamientos inaceptables» a su independencia. El comunicado del Pleno de la Sala Segunda del Supremo -aprobado por unanimidad- expresa igualmente su «rechazo» a esa feroz campaña de «gravísimas descalificaciones e insultos». La circunstancia de que la mayoría de la Sala Segunda condenara hace un año a Barrionuevo y Vera por el secuestro de Segundo Marey priva de verosimilitud a la tosca coartada según la cual García-Ancos y Bacigalupo -firmantes en aquella ocasión de sendos votos discrepantes- habrían condenado a Liaño con la finalidad de propiciar la nulidad de sus actuaciones como instructor delcaso Lasa-Zabala. No era necesaria, por lo demás, esa prueba. La misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revocó en siete ocasiones los autos de Liaño en el caso Sogecable, dictando finalmente el sobreseimiento de un sumario maliciosamente abierto en falso, revalidó por el contrario sus decisiones como instructor del caso Lasa-Zabala, elevado ya a juicio oral. Para que pudiera sostenerse en pie la burda patraña de que Liaño ha sido condenado como represalia por sus investigaciones sobre los GAL sería necesario explicar al tiempo por qué la tribu mediática consagrada a canonizarle despelleja al juez Garzón, ejemplar instructor de los dos sumarios de esa banda -el caso Amedo y el caso Marey – ya vistos por el Supremo.

Inasequibles al desaliento, los periodistas reprendidos por el CGPJ y por el Supremo prosiguen su desestabilizadora ofensiva contra la legitimidad y la independencia de los tribunales. En su triple condición -al parecer inextricable- de columnista de ABC, abogado de Liaño y diputado del PP, Jorge Trías declaró, nada mas conocer la condena de su cliente, que García-Ancos y Bacigalupo habían dictado su fallo «a sabiendas» de haber «perpetrado una tremenda injusticia» y anunció los preparativos de una acción popular para querellarse contra los dos magistrados. El diputado-letrado-periodista finge aceptar el rapapolvo del Supremo sin perjuicio de repetir luego su cantinela: «Insultos, desde luego no, pero al Poder Judicial se le debe exigir un poco mas de seriedad».

Navarro Estevan, un juez trabucaire que dispara por la espalda metralla calumniosa contra sus colegas si le llevan la contraria, sentencia como periodista que el CGPJ ha volado «hasta la cima sinaítica de los trífidos» para forzar al parlamento a restablecer el delito de desacato, «falsa braga de honor» del corporativismo judicial. También el diario EL MUNDO se asombra de la poca correa del CGPJ y del Supremo: al fin y al cabo, cuando Pedro J. Ramírez llama «hijos de perra» a los dos magistrados y Jesús Cacho afirma con su habitual salero que «los tegucigalposdispuestos a liquidar Liaños se compran con diners o dinars«, no hacen sino ejercer sus derechos constitucionales. Desde ABC, Campmany se une también a los cánticos en loor de «la gloria de la libertad de expresión» amenazada por el CGPJ; el director de ARRIBA y jefe del Sindicato Vertical del Espectáculo durante el tardofranquismo tiene la caradura añadida de presentarse como una víctima de la censura del régimen al que tan abyectamente sirvió. Cuando no existían camiones de basura y los barrenderos limpiaban las calles con mangueras, los chavales solían provocarles al grito de la manga riega, que aquí no llega. Tal es ahora la juguetona actitud de la tribu mediática protectora de Liaño: dado que la ley no les impide a García-Ancos y Bacigalupo querellarse a título personal contra sus agresores, «si no lo han hecho -incita provocadoramente EL MUNDO- es porque no se consideran injuriados ni calumniados».

Javier Pradera

No, yo no he llamado «hijos de perra» a los magistrados Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos, tal y como reiteradamente me reprocha el palafrenero mayor de su camada [Javier Pradera], porque no creo que la catadura moral que ha quedado en evidencia por la falta de rectitud e injusticia de sus actos tenga un origen genético, guarde relación con su linaje o venga determinada por la actividad profesional de ninguno de sus ancestros. Aunque acciones tan intelectualmente repudiables como las suyas sean a menudo descritas con tal epíteto, carezco además del mínimo conocimiento de su genealogía -no por falta de fuentes, sino de empeño- para apreciar en ellos los elementos objetivos de esa tara social, por lo demás siempre exagerada por lo extendida por la vis popular. Verbigracia: «Si los hijos de puta volaran, fulanito -o menganito- sería ministro del Aire».

En cuanto a los subjetivos, es cierto que la indignación da con frecuencia alas a la expresión directa de percepciones íntimas y que la relectura de la sentencia por la que ambos jueces declaran culpable de prevaricación a Javier Gómez de Liaño ha reafirmado el diagnóstico, compartido con personas de mayor autoridad, de que estamos ante la resolución más sucia desde el punto de vista doctrinal, y más deshonesta en su dimensión técnica, de cuantas han tenido trascendencia en la historia judicial de la democracia. Pero si yo hubiera cometido la imprudencia de llamar «hijos de perra» a los dos magistrados que han perpetrado al alimón esta celada jurisprudencial, no habría hecho sino contribuir a la segunda fase de la gran canallada urdida en escalones superiores a los suyos. Consumada ya la expulsión del juez Liaño de lo que para él -sujeto vocacional donde los haya- era el paraíso de las togas, bien podría abordarse ahora o el restablecimiento del delito de desacato, o al menos otro escarmiento ejemplar -dos por el precio de uno-, esta vez contra algún injuriador profesional. Quede claro, pues, que no es que esté acogiéndome a la exceptio veritatis, sino que, simplemente, yo no he llamado «hijos de perra» a Bacigalupo y Ancos.

Yo lo que he dicho es que a ambos magistrados y en general a aquellos otros que se comportan como ellos -en plural los Bacigalupos, los Ancos- «les encajan algunas de las palabras que dedicó el poeta a los Dámasos y los Gerardos». Me refiero obviamente a la Oda a Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España de Pablo Neruda, en la que lo de «hijos de perra» no deja de ser un relámpago retórico, antes de la descarga del verdadero rayo contra los poetas que él consideraba colaboracionistas con el franquismo, al tildarlos de «cómplices del verdugo».

Sí, yo sí he llamado, con toda la crudeza del lenguaje poético, «cómplices del verdugo» a los dos magistrados que han suscrito esa resolución torcida y extraviada de toda casación con la dogmática del Derecho, porque es evidente que sin su cooperación necesaria no se habría podido ejecutar la pena de muerte profesional dictada por el magnate que consideró intolerable que un juez de instrucción le tratara como al resto de los mortales. Y mantengo la expresión no como descalificación personal sino como calificación profesional, o sea como desapasionado reflejo de la anatomía del ejercicio de sus funciones que denota lo que ellos han puesto negro sobre blanco.

He oído quejarse no sé si al Presidente de la Sala Segunda, al del Poder Judicial o a ambos a la vez, de que a menudo se critican las sentencias sin haber sido leídas. No ha sido esa nunca la pauta de este periódico y menos aún en este caso. Pocos medios de comunicación habrán desarrollado nunca una disección tan minuciosa, escolástica casi, de tantos considerandos y resultandos, tomando posición a la hora de valorarlos, pero sin escamotear tampoco -a diferencia de otras actitudes monolíticas- la argumentación adversa. Nuestra línea editorial, los propios adjetivos incluidos en este artículo, no resultan de la aplicación superficial de apriorismos o prejuicios, sino que son la consecuencia lógica de bastantes horas de estudio y debate sobre lo que no podemos considerar sino un flagrante y repulsivo atropello de los más elementales principios de la seguridad jurídica.

Estoy convencido, de hecho, de que los más irreversibles daños para el prestigio, la fama y la reputación como jueces de Bacigalupo y Ancos no se van a producir entre el común de los lectores u oyentes de interpretaciones críticas, sino entre los profesionales, estudiosos y estudiantes del Derecho Penal. Todos ellos son conscientes ya a estas alturas de que lo que han hecho estos dos magistrados es alterar -«precisar» dicen sus apologetas- la tipificación penal de la prevaricación, equiparándola con la mera aplicación errada de la legalidad y despojándola de su hasta ahora imprescindible ingrediente volitivo: el dolo de un juez que actuaba injustamente «a sabiendas». Y hay múltiples indicios que sugieren -a ellos sí que sería relativamente sencillo imputarles la prevaricación, a la luz de su innovada doctrina- que lo han hecho para encontrar un subterfugio que les permitiera entregar la cabeza que se les requería y reparar de forma tan execrable la inexistencia en la conducta de Liaño de elementos de culpabilidad homologables a los apreciados hasta ahora en cualquier sentencia equivalente. La impecable argumentación del profesor Gimbernat, demostrando que de aplicarse este disparatado rasero la ristra de jueces prevaricadores -por haber tomado resoluciones mucho más objetivables como injustas y dañinas que las de Liaño- sería interminable, no ha podido ser rebatida por nadie.

La reducción al absurdo es elocuente, pero todos sabemos que nunca se producirá tal situación, porque la nueva cinta de medir estaba destinada a un solo cadáver y el propósito es que pronto ya nadie recuerde su mera existencia. De ahí que convenga recomendar el reiterado análisis de esta resolución en seminarios, cursos de doctorado y demás cónclaves de especialistas. Cuantas veces se examine con honradez y competencia no podrá sino concluirse que son el magistrado ponente y su compañero de emboscada quienes, por usar sus propias palabras, han aplicado la Ley de una forma que «no resulta de ningún método o modo aceptable de interpretación del Derecho».

La reacción corporativa de la Sala Segunda es comprensible. Los jueces del Supremo reclaman en definitiva un margen de tolerancia y respeto incluso para sus hipotéticas equivocaciones, porque son tan humanos y susceptibles de errar como los periodistas o los árbitros de fútbol. Pero son Bacigalupo y Ancos quienes, con una saña impropia de su condición, han alterado las reglas del juego al no concedérselo a Liaño. Quienes no han otorgado el beneficio de la duda a su desvalido compañero carecen de la última brizna de autoridad moral para reclamarlo para sí, desde la blindada fortaleza de su empleo y sueldo. No conozco ni a uno ni a otro, pero sí a su víctima, un hombre decente sin pretensiones de fama o riqueza que ve destruida su vida, bloqueado todo medio de ingresos y arrastrada su honra por haber obligado al todopoderoso jefe de una mafia político-mediática a cambiar el día de su investidura honoris causa por una universidad de la Ivy League. La desproporción produce arcadas.

Sosiéguese el palafrenero. Yo no les he llamado eso a Bacigalupo y Ancos. Entre otras razones ya descritas, porque no hacía ninguna falta. Ellos se han calificado solos. El rastro de su homicidio en primer grado les acompañará mientras vivan y uno y otro pasarán a la historia, simplemente, como los dos tipos que se prestaron a hacerle el traje a Liaño.

Pedro J. Ramírez

En noviembre de 1998, Pedro J. Ramírez utilizó su insultorio dominical (un espacio dedicado habitualmente a injuriar y/o calumniar a quienes se resisten a sus chantajes o incumplen sus instrucciones) para descalificar mediante una archiconocida cita literaria a Gregorio García-Ancos y Enrique Bacigalupo, los dos magistrados del Tribunal Supremo que se atrevieron a procesar al juez Liaño por prevaricación pese a la furibunda campaña de amenazas e intimidaciones que EL MUNDO y otras cabeceras de esa misma tribu mediática habían desplegado para impedirlo. El director de EL MUNDO recurría con ese ultrajante propósito a un poema de Pablo Neruda en memoria de Miguel Hernández: «De los Bacigalupos y los Ancos podría escribirse con mucho más motivo algo de lo que Neruda escribió en su Canto General de los Dámasos y los Gerardos». Orgulloso de su ingenio, Ramírez volvió a utilizar la misma argucia -insultar a los dos magistrados por poeta interpuesto- cuando Liaño fue condenado el mes pasado a la pérdida de la carrera por haber abierto y sostenido en falso el sumario de Sogecable: «Insisto en que a los Bacigalupos y los Ancos, autores de la más sucia sentencia de veinte años de democracia, no les encajan ya sino algunas de las palabras que el poeta dedicó a los Dámasos y los Gerardos».¿Cuáles eran esas palabras? La cólera elegíaca del Premio Nobel chileno no se limitaba a maldecir a los jueces, torturadores y carceleros del autor de Perito en lunas, fallecido por enfermedad en la prisión de Alicante en 1942 cuando cumplía una pena de 30 años por la que le había sido conmutada su previa condena a muerte; Neruda también clamaba contra Dámaso Alonso y Gerardo Diego, dos poetas que habían optado por el bando de Franco después del fusilamiento de García Lorca y de la marcha al exilio de Jorge Guillén, Pedro Salinas y otros componentes de la llamada Generación del 27: «Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre / en sus libros, los Dámasos, los Gerardo, los hijos / de perra, silenciosos cómplices del verdugo, / que no será borrado tu martirio, y tu muerte / caerá sobre toda su luna de cobardes». El pasado domigo, Pedro J. Ramírez rechazaba -en un artículo narcisistamente titulado «Por qué no he llamado a Bacigalupo y Ancos lo que no les he llamado»– que su referencia a los versos de Neruda se propusiera endosar a los dos magistrados aludidos el calificativo de hijos de perra.

El director de EL MUNDO negaba y afirmaba al tiempo su injuriosa travesura: aunque «acciones tan intelectualmente repudiables» como el comportamiento de García-Ancos y Bacigalupo «sean a menudo descritas con tal epíteto», Ramirez sostiene que carece del «mínimo conocimiento de su genealogía -no por falta de fuentes sino de empeño- para apreciar en ellos los elementos objetivos de esa tara social». ¿A cuento de qué, entonces, la referencia a «los Dámaso, los Gerardo» del Canto General? Guiñando risueñamente un ojo a sus lectores, el director de EL MUNDO aclara que utilizó «toda la crudez del lenguaje poético» de Neruda sólo para llamar cómplices del verdugo a los dos magistrados, cooperadores necesarios en la ejecución de una «pena de muerte profesional» dictada contra Liaño no por el Supremo sino… ¡por Jesús Polanco! Ramírez precisa que cómplices del verdugo no es una «descalificación personal», sino una «calificación personal» y un «desapasionado reflejo de la anatomía del ejercicio de sus funciones»; por lo demás, «no hacía ninguna falta» llamar hijos de perra a Ancos y Bacigalupo: «El rastro de su homicidio en primer grado les acompañará mientras vivan».

El valor moral y el coraje cívico no son rasgos fácilmente adivinables en el equipaje virtuoso de Ramírez; ni siquiera cuando su intimidad ha sido objeto de persecuciones inicuas (todavía mas ruines que las agresivas invasiones de su periódico contra otras vidas privadas) dejó de manipular fraudulentamente esas infamias en beneficio de su megalomanía y en contra de sus fobias. Los cobardes objetivos de la provocación contra García-Ancos y Bacigalupo son palmarios: en el supuesto de que los magistrados se querellasen contra él, Ramírez se presentaría -con Anguita de limosnero mayor de fianzas y multas- como un heroico abanderado de la libertad de expresión; caso de no hacerlo, EL MUNDO ya ha sentenciado que si García-Ancos y Bacigalupo no han recurrido a los tribunales «es porque no se consideran injuriados ni calumniados», esto es, porque admiten la inocente veracidad de ser llamados hijos de perra ocómplices del verdugo.

Javier Pradera

Javier Pradera, ideólogo de PRISA, trató ayer de convencer a la audiencia de la Cadena SER de que el director de EL MUNDO llamó «hijos de perra» a Bacigalupo y García Ancos en su artículo del pasado domingo. Todo porque Pedro J. Ramírez citó unos versos del Canto General de Neruda en los que el genial chileno denostaba a los «silenciosos cómplices del verdugo». Pradera se emperró -nunca mejor dicho- en que Neruda también los llamaba «hijos de perra». Pero Ramírez dejó claro -relea el inquisitorial Pradera el texto- que él consideraba que cabía aplicar a esos jueces «algo de lo que Neruda escribió»: algo, no todo. El único que ha relacionado a Bacigalupo y García Ancos con los «hijos de perra» es él. Será cosa de pedir al CGPJ que preste su amparo a los dos jueces ante este virulento ataque de Pradera. Y, ya de paso, que restaure el buen nombre de los pobres perritos.