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División radical entre los diputados de Alianza Popular ante la nueva carta magna

Los partidos de Silva y Fdez de la Mora rompen con Alianza Popular por su negativa a apoyar la Constitución, de la que Fraga es co-autor

HECHOS

  • El 1 de noviembre de 1978, poco después de la aprobación de la nueva Constitución por el Congreso de los Diputados, D. Federico Silva, líder de ADE y D. Gonzalo Fernández de la Mora, líder de UNE, anunciaban que ambos se retiraban de la Federación de Alianza Popular (AP).

JORGE VERSTRYNGE (VICESECRETARIO DE AP) HABLA CON J. F. LAMATA SOBRE LA POSTURA DE AP EN LA CONSTITUCIÓN

EL FRANQUISTA FEDERICO SILVA EXPLICA EN TVE SU OPOSICIÓN A LA PALABRA ‘NACIONALIDADES’ EN LA CONSTITUCIÓN

LA DIVISIÓN DE ALIANZA POPULAR EN LA VOTACIÓN EN EL CONGRESO

AP contaba con 16 escaños en el Congreso. A la hora de votar la nueva Constitución, a pesar de que oficialmente AP estaba a favor, varios diputados se negaron a respaldar esa postura:

– Diputados de AP a favor: 7 diputados (entre ellos D. Manuel Fraga Iribarne y D. Laureano López Rodó)

– Diputados de AP en contra: 5 diputados (D. Federico Silva, D. Gonzalo Fernández de la Mora, D. Alberto Jarabo Payá, D. José Martínez Emperador y D. Pedro de Menzibal Uriarte).

– Diputados de AP que se abstuvieron:  3 diputados (D. Licinio de la Fuente, D. Álvaro Lapuerta Quintero, D: Modesto Piñeiro)

La decisión de los diputados de ADE y UNE de no respaldar la Constitución evidenciaba la ruptura de aquellas dos formaciones con Alianza Popular.

FERNÁNDEZ DE LA MORA: “ME DARÍA VERGÚENZA VOTAR SÍ A LA CONSTITUCIÓN”

«Me habría dado vergüenza haber votado sí a la Constitución en el Congreso», dijo D.  Gonzalo Fernández de la Mora, diputado de Alianza Popular, durante una cena celebrada en honor de los parlamentarios de derecha que votaron no al texto constitucional. Asi mismo, explicó que su voto negativo se debe a temas como la palabra nacionalidades -tras la cual se esconde el concepto de Estado independiente, aseguró-, y nunca por rechazo a la democracia.

SILVA MUÑOZ IMPOSIBILIDAD DE RESPALDAR LA CARTA MAGNA

Acción Democrática Española, la formación de D. Federico Silva Muñoz, abandona Alianza Popular ante “la imposibilidad de aceptar la concepción plurinacional del Estado español y el régimen de autonomías configurado en la Constitución”.

FRAGA RESTA IMPORTANCIA A LAS MARCHAS DE SILVA Y DE LA MORA

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“El noventa por ciento de Alianza Popular, que forma el Partido Unido de AP, seguirá adelante con el mismo ímpetu y entusiasmo”, manifestó el Sr. Fraga ante las deserciones en la federación, «votamos de acuerdo con la decisión adoptada mayoritariamente y, que yo sepa, las minorías no pueden imponer su decisión a las mayorías, ya que no es justo ni democrático».

26 - Octubre - 1976

Las luces y las sombras de la Constitución

Manuel Fraga Iribarne

La Constitución consagra la partiditis y la partitocracia. Se une la preocupación de que el PSOE y el PCE nieguen ser socialdemócratas y mantengan en sus programas su caracter marxista y revolucionario.

Para un hombre que ha llegado a la vida política pasando previamente por la dedicación profesional al Derecho político o constitucional, es ciertamente una experiencia importante el que, una vez en su vida, pase la oportunidad de intervenir en la redacción efectiva de un texto constitucional, y no solamente como asesor o experto, sino con la plena responsabilidad de quien habla en nombre de una fuerza política o corriente de opinión.

La Constitución española de 1978 está a punto de terminar su última fase parlamentaria, habiendo el Senado, en las fases de Ponencia y de Comisión, introducido bastantes enmiendas técnicas y estadísticas que en general mejoraron el texto, pero sin variar sustancialmente las grandes decisiones del Congreso.

Es indudable que la Constitución tiene aspectos positivos. El primero, es el ánimo de compromiso que ha inspirado a todas las fuerzas políticas en su preparación. Ese compromiso prevaleció en los trabajos de la Ponencia, pero fue roto por la inesperada e injustificada retirada del ponente socialista. Conviene recordar esto, cuando ahora se habla de quiénes aceptan y quiénes rechazan el llamado «consenso». El compromiso era real, y la solución de las cuestiones en las que no se alcanzaba, la única lógica: voto por mayoría, de acuerdo con los programas de cada uno, y después de oír los argumentos de cada uno. El consenso ha sido otra cosa: concesiones innecesarias, sin luz ni taquígrafos, de carácter partitocrático. De aquí vendrán la mayoría de las sombras del texto final.

La Constitución es, ciertamente, una ley fundamental inspirada en el espíritu de libertad, y éste es indiscutiblemente otro de sus aspectos positivos. No es menos cierto que la prolijidad del título primero le hace a uno concebir algunas dudas; a fuerza de enumerar principios, derechos y libertades cabe prever que la inflación debilite la moneda. La acumulación de libertades personales, de un lado, y derechos sociales, de otro, va a plantear problemas muy difíciles de interconexión. Hay, por otra parte, un procedimiento, de protección y garantía que puede dar lugar a una excesiva litigiosidad.

La Constitución es, por supuesto, democrática, y ésta es igualmente una buena cualidad. La democracia representativa, en las sociedades actuales, sólo puede basarse en el pluralismo de los partidos; pero la experiencia demuestra que sólo funciona bien si se evitan las dos corrupciones del sistema: la partiditis y la partitocracia. Ambos vienen consagrados, desgraciadamente, por el texto constitucional. Al constitucionalizar la representación proporcional (en vez de dejar la cuestión a la ley electoral) se consagra la multiplicidad de los partidos. Al restringir las instituciones de democracia semidirecta (la iniciativa popular y el referéndum) se refuerzan demasiado los cauces partidistas, que van a monopolizar la escena política.

La Constitución, y es también bueno y gusto, se basa en una idea amplia y generosa de justicia social. Nada más acertado y oportuno; esperemos que en su desarrollo no se confunda el dar más a todos con la potenciación de las divisiones y contradicciones, a través de una mal entendida lucha de clases.

La Constitución, en fin, consagra como forma del Estado la Monarquía parlamentaria, sin duda la más adecuada para un país como España, y en línea con las experiencias muy logradas de otros países de Europa.

Al lado de estas luces, el texto constitucional contiene sombras muy profundas y muy oscuras. La más grave, sin duda alguna, es la redacción ambigua del artículo 2.º y el desarrollo del principio en el título VIII, que regula las autonomías. El aceptar el concepto de «nacionalidades » es, indudablemente, una bomba de tiempos para la unidad nacional y la fortaleza del Estado. Nadie puede engañarse al respecto: cada día banderas quemadas, manifestaciones vociferantes, interpretaciones sin tapujos de los nacionalistas vascos o catalanes, nos dan la medida real de lo que serán las concesiones futuras, en base a los textos indicados. Y si España se rompe, sobra todo lo demás.

Otro punto importante es todo lo relativo a la moral pública. Se ha salvado una definición digna de las relaciones de Iglesia y Estado, se ha podido mejorar la redacción del derecho a la vida, impidiendo la constituciónalización del aborto; pero la familia no queda suficientemente garantizada en su estabilidad. Más grave aún es el tema de la educación, la otra fuente de la sociedad futura; con la actual redacción del artículo 25 es indudable el camino hacia la escuela única y laica.

La tercera cuestión importante se refiere al modelo económico-social. Es indudable que este marco es el que hace conocer el verdadero sentido y alcance de las libertades privadas y públicas. A partir de un determinado crecimiento del sector público, el Estado se convierte, de hecho, en el único empresario, el único patrono, el único casero, y así sucesivamente; es decir, que para conseguir un crédito, una casa, un empleo, una ayuda cultural, hay que recurrir a las autoridades. Sobre esto no puede haber engaño.

Pues bien, el modelo de la economía social de mercado, el que más riqueza y más libertad ha producido en todas partes, no queda suficientemente claro en la Constitución. La economía social de mercado se basa en unos cuantos privilegios: derecho a la propiedad y a la herencia; impuestos no confiscatorios: libertad de iniciativa empresarial (lo que incluye la facultad de organizar el empleo, de defender la productividad, y de cesar o suspender el funcionamiento de la empresa por razones económicas o sociales razonables); responsabilidad social de todos, empleados y trabajadores; un sistema lo más completo posible de servicios sociales, que aseguren un mínimo nacional a todos, en cualesquiera circunstancias de edad, empleo, invalidez, etcétera.

Este sistema, radicalmente distinto del liberalismo capitalista del siglo pasado (que no incluta los dos últimos puntos) y de los socialismos, diversos (que, en mayor o menor medida, niegan los tres primeros) está aparentemente reconocido en la Constitución, pero de hecho minado por unas cuantas concesiones claves innecesarias e inadmisibles. Así, al tratar de la propiedad, se reconoce; pero se acepta su expropiación por causas de interés público o social, mediante indemnización. El texto de la ponencia decía, según nuestra ininterrumpida tradición legal «previa justa» indemnización. La diferencia es capital, pues puede permitir un plan ampllo de nacionalizaciones, contra la emisión de unos títulos de la deuda, a largo plazo; lo cual, en los presentes índices de inflación, equivaldría prácticamente a una confiscación.

Lo mismo ocurre con las limitaciones a la iniciativa empresarial, en cuanto a la dirección de la propia empresa; y al artículo que permite una planificación obligatoria para el sector privado. La suma de los tres preceptos permite la socialización efectiva, por vía legal, de toda la economía nacional.

Si se une a esto que los dos grandes partidos marxistas, el Socialista y el Comunista, niegan expresamente el ser socialdemócratas, y mantienen en sus programas su carácter revolucionario: y el ambiente general de inseguridad en la situación en la cual se va a promulgar la Constitución, y de indeterminación en las motivaciones y en los fines últimos, de los grupos que han pactado el famoso consenso, se comprende la preocupación de muchos.

Una vez más, la oportunidad de dar un paso significativo y prudente a la vez, en el camino de las reformas, ha sido reemplazado por el maximalismo ideológico, el exceso verbal y la intransigencia. Esta alcanza su punto máximo (después de la retirada, en su día, del ponente socialista) en la actitud, realmente inadmisible, de determinado grupo vasco, que está utilizando todo el repertorio de la presión e incluso de la intimidación para la obtención de sus objetivos.

Hablar, en estas circunstancias, de que sólo una actitud es lícita, parece excesivo. Todos los españoles debemos, por supuesto, acatar lo que se decida por la mayoría, cualesquiera que sean nuestras reservas lo mismo de fondo que de procedimiento, a la vez que mantengamos un decidido propósito de la enmienda, cuando las circunstancias lo permitan. Todos debemos cooperar hasta el final para lograr cualquier mejora, grande o pequeña, del texto. Todos debemos renunciar a actitudes insolidarias, anticiudadanas y menos aún de acción directa violenta.

Pero todos debemos también meditar sobre la responsabilidad en conciencia de nuestro voto, en asunto de tanta trascendencia para España y su futuro.

Manuel Fraga Iribarne (Secretario General de AP y accionista de EL PAÍS)

24 - Noviembre - 1978

El terrorismo publicitario

Gonzalo Fernández de la Mora

Ante una consulta popular, el ‘no’ es tan legítimo, tan responsable y tan democrático como el ‘sí’. ‘Constitución o Terror’ es la más degradada versión del milenario tópico ‘esto o el caos’.

El sanguinario terrorismo que padece nuestra patria es moralmente una aberración y para quienes tenemos una concepción ética de la política es un recurso absolutamente impensable. Pero un análisis frío de los comportamientos revela que ese patalógico fenómeno puede ser políticamente utilizado incluso por quienes lo condenan. Esos usufructuarios tácitos e indirectos del terrorismo existen entre nosotros.

Hubo recientemente españoles que deseaban reemplazar la democracia orgánica por la inorgánica. Actitud respetable sobre una materia opinable. Muchos apelaron a argumentos legítimos; pero alguno tuvo la debilidad de recurrir a este: “el terrorismo es la lógica reacción social frente a los regímenes sin partidos políticos; en cuanto a los admitamos se habrá removido la causa de tales crímenes”. Es falsa la premisa de que donde no existe partitocracia, como en la Europa socialista, haya terrorismo. Y es también falsa la conclusión, pues los trágicos hechos nacionales atestiguan constantemente que, con el instaurado sistema pluripartidista, la escalada del terrorismo prosigue amenazadora. El argumento ni era ni es, pues, de recibo.

Hay quienes, con motivaciones racionales, propugnamos que la administración se descentralice y se acerque a los administrados. Pero también ha habido quienes, en este contexto, se han vuelto a servir de análogo sofisma: ‘hay terrorismo porque no hay autonomía regional; concedamos ésta, y se habrá suprimido aquel”. También la inicial premisa de este raciocinio es infundada, puesto que hay terrorismo en zonas, por ejemplo, de Italia y de Alemania, donde no hay reivindicaciones regionalistas. Y la realidad española ha desmentido, además, la conclusión, ya que, después de otorgados los regímenes autonómicos, el terrorismo se ha exacerbado precisamente allí donde se habían otorgado con mayor amplitud. También esta consigna propagandística rezuma falacia por los cuatro costados.

Y hay, finalmente, quienes – porque lo encuentran adecuado a las circunstancia españolas – apoyan el proyecto de Constitución mediante consideraciones honorables, aunque bastantes de ellas no me convenzan en absoluto. Pero alguno ha vuelto a caer en la tentación de valerse del comodín consabido y ha predicado con vegetal imapvidez: ‘promulgada la Constitución se habrá acabado el terrorismo; luego aprobarla es propiciar la paz y rechazarla es convertirse en compañero de viaje de los dinamiteros’. Aquí la falacia se lleva al límtie, y cae en la iniquidad, porque injuria. No es verdad, en primer lugar, que la aprobación de la Constitución implique automáticamente la desaparición del terrorismo. La supresión de la pena de muerte no parece que sea una medida disuasoria del crimen. La regionalización de ciertas fuerzas del orden no es probable que incremente su eficacia. La constitucionalización de las autonomías no producirá ese radical efecto pacificador que ni siquiera indiciariamente han tenido las preautonomías ya instauradas. La afirmación es, pues, una hipótesis gratuita y de improbabilísimo cumplimiento.

Pero hay más. La consigna ‘el no a la Constitución es paralelo del terrorismo’ es algo más que una falsa publicidad; es una agresión a la conciencia y una coacción. Ante una consulta popular, el ‘no’ es tan legítimo, tan responsable y tan democrático como el ‘sí’. Es en la alternativa de respaldar o rechazar donde se realiza la libertad política. El ‘no’ es un derecho, y puede ser un alto deber de conciencia. En cambio, el tiro en la nunca o la bomba por correo son crímenes intrínsecos de un abyección evidente. Parangonar tan opuestas conductas es un acto de terrorismo dialéctico, es poner la pluma a la altura de las metralletas y es un atentado contra la libertad, porque entraña la amenaza de incluir entre los delincuentes a quien no se rinda al ‘sí’. El método entraña una ofensa al destinatario, porque le supone un necio y cobarde, ya que sólo un retrasado mental puede impresionarse ante tal argumento, y sólo un pusilánime puede ser sensible al chantaje de un eventual improperio. ‘Constitución o Terror’ es la más degradada versión del milenario tópico ‘esto o el caos’.

Para los ciudadanos sensatos y no medrosos esta publicidad seguramente les llevará a la conclusión contraria: ¿Qué Constitución es aquella cuyos propagandistas utilizan un método tan ignominioso y tienen que recurrir a la opresión mental y a la amenaza? Los partidarios honestos del proyecto constitucional tendrían que organizar una gran manifestación contra estos terroristas verbales que desprestigian la mercancía que pretenden vender.

Aunque parezca paradójico, hay hombres pacíficos que, embalados en una campaña, se sirven de un medio tan condenable como la explotación del terrorismo para fines políticos que, aunque a mí no me siempre me parezcan deseables, merecen procedimientos nobles.

Gonzalo Fernández de la Mora

03 - Noviembre - 1978

Alianza Popular: los restos del naufragio

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

Las votaciones en el Congreso y el Senado para,la aprobación del texto definitivo de la Constitución han dejado claro que, exceptuando algunos votos que provienen de convicciones individuales, sólo dos grupos de padamentarios se han negado a dar en conjunto su voto favorable al texto legal que va a regir de ahora en adelante la vida de todos los españoles, tras el próximo referéndum: el PNV y Alianza Popular. El Partido Nacionalista Vasco ha decidido abstenerse en el referéndum, pero de las declaraciones de sus dirigentes se desprende que el casi centenario partido de Sabino Arana acatará la Constitución, aun intentando desde dentro su reforma pa ra potenciar sus aspiraciones autonómicas y foralistas. De todas formas, ni uno solo de los votos emitidos por los parlamentarios del PNV ha sido negativo. En definitiva, la decisión del PNV, que lamentamos, encierra, sin embargo, aspectos positivos que no conviene desdeñar.El caso de Alianza Popular es muy diferente, empezando aunque sólo fuera porque se trata de una agrupación electoral la escala nacional, que consiguió votantes, en mayor o menor medida -más bien en menor-, en todo el territorio del Estado en las pasadas elecciones generales. Ya en el congreso constituyente de la Federación de Alianza Popular pudo advertirse que los resultados electorales habían dejado maltrecho el imposible intento de unir los restos del franquismo para jugar el juego democrático. Los grupos o minipartidos de los señores Silva Muñoz y Fernández de la Mora, ambos ex ministros de Obras Públicas bajo el régimen de Franco, mostraron sus reticencias para embanderarse al lado del señor Fraga en una federación sin fisuras. Hoy, después de la histórica votación constitucional, el señor Silva Muñoz y su divertidamente apellidada Unión Democrática Española han decididosuspender su pertenencia a la Federación de Alianza Popular. Es de suponer que esta suspensión alcanzará también a la titularidad de la presidencia de dicha Federación, que ostenta el señor Silva. Por su parte, Fernández de la Mora y su grupo, Unión Nacional Española, van a hacer previsiblemente lo mismo el próximo lunes.

Ambos ex ministros de Obras Públicas habían ya expresado con anterioridad sus reticencias ante el proceso constitucional, su disconformidad ante los puntos que progresivamente se iban inscribiendo en la materialidad del texto legal. De esta manera se ha puesto en evidencia la incompatibilidad existente entre la democracia del consenso, que encarna la reconciliación de los españoles y la ideología del antiguo régimen, directamente emanado de una guerra civil y de la administración de una victoria bélica de hermanos contra hermanos. Es preciso reconocer, pues, y en principio, la honestidad subjetiva de estos diputados de Alianza Popular que se han declarado incompatibles con la democracia; en realidad ya lo sabíamos todo de antemano, y lo que ahora nos gustaría conocer, como al resto de los españoles, es cuál va a ser la actitud política de estas mismas personas una vez promulgada la Constitución.

Ya dijimos cuando se constituyó la coalición electoral de Alianza Popular que de entre los siete «ex magníficos» que la integraban sólo Manuel Fraga podía decir con razón que llevó a cabo actos liberales o liberalizadores de gobierno bajo el antiguo régimen. Este conjunto de dignatarios del franquismo creyó enun principio que bastaba con tender la mano al pueblo español con declaraciones más o menos sonoras, pero carentes de contenido concreto, para rellenar de legitimidad unas mochilas políticas que hasta entonces sólo había colmado el dedo del dictador. El intento de crear «un franquismo de rostro humano» que ocupara un lugar en la derecha española se ha revelado estéril. Pero, por otra parte, estas dimisiones y estas separaciones van a tener la virtud de clarificar el panorama político y de dejar tal vez las manos más libres al señor Fraga para jugar plenamente a la democracia, donde hasta el momento su figura se ha visto tal vez pesadamente lastrada por estas extrañas alianzas iniciales. Sin duda eso le ofrece algunas oportunidades de acercamiento a UCD y no es de desdeñar el cambio que la ruptura de AP puede suponer en el actual equilibrio parlamentario y en la estrategia de las fuerzas políticas.

Gonzalo Fernández de la Mora ha insistido con toda claridad y a todo lo largo de su vida pública en su animadversión a la democracia pluralista, a los regímenes de partidos -y no se concibe una democracia auténtica sin ellos- y en el crepúsculo de toda ideología que no coincidiera con la suya propia. El ideólogo del «Estado de Obras», concepto que su autor intentara en su día contraponer al real y concreto del Estado de Derecho y su máximo practicante avant la lettre, su predecesor Silva Muñoz, de cuya eficacia gubernativa es prueba esa megalómana construcción del trasvase Tajo-Segura, no quisieron protestar en el pasado en tantas cuantas ocasiones se les presentaron para defender los derechos humanos, no ratificar los fusilamientos y ejecuciones más o menos súmarios, evitar las torturas y denunciar toda persecución por la justicia. Sus auroras han sido sus propios crepúsculos y es más que posible que estas protestas ante el surgimiento de la democracia en España vayan a dictaminar su propia desaparición política. Ni sus minipartidos ni su bagaje conceptual les ofrecen oportunidades serias para poder ejercer en el futuro un papel político en nuestro país, si no es al amparo de un sistema dictatorial y de fuerza. Su negativa a la Constitución es, en definitiva, una buena noticia, porque consuma el final práctico de un franquismo vergonzante que no tiene sitio en la España democrática.

02 - Noviembre - 1978

La verdadera situación de AP

Pérez-Varela

Pues verá: el tema de hoy, aparte, claro, la muerte de nuestro compañero de EL PAÍS, Andrés Fraguas, que vuelve a llenar las entrañas de una incontenible rabia de impotencia; el tema de hoy, digo, es el tema de la derecha. ¿Se rompe o no se rompe Alianza Popular? ¿Se forma o no se forma la derecha nítida? Por partes: ayer, desde las diez hasta las cinco de la tarde, estuvo reunida la junta de ADE, partido de Silva Múñoz. La reunión, según mis fuentes, fue reflexiva. Silva Muñoz prefirió no intervenir, porque su postura era bastante conocida, tanto por lo que había dicho en sus mítines como lo que había dicho en el Congreso, cuando se discutió el proyecto constitucional. Al final, la junta decidió suspender toda actividad con la federación de Alianza Popular y dejar voto de conciencia a sus militantes en el referéndum. Es el primer paso para la ruptura. Esta, según todos los indicios, se producirá el día que el partido lo decida en asamblea. Pero, ¿qué hará Silva Muñoz? Pues sobre este tema hay dos versiones: la primera que yo recogía ayer y que consistía en que podría pasar al grupo mixto. Y la segunda, si hubiera acuerdo, continuar en el grupo parlamentario de Alianza Popular, pero como independiente. Silva y Fraga son amigos íntimos desde la época de estudiantes. Trabajaron juntos en el Gobierno durante mucho tiempo, hasta aquella célebre crisis de 1969. Y trabajaron después en busca de una alternativa política. Cuando Fraga fue embajador en Londres los contactos no se perdieron. Y hubo un momento en que estuvieron a punto de crear un partido político – una asociación política – en plena vigencia del régimen anterior. ‘Esta situación de ahora – me decía un amigo de los dos – es triste, triste y dolorosa’.

Fernández de la Mora

La otra escisión de Alianza Popular, con toda seguridad ‘o por lo menos con más de un 50% de posibilidades que se consume’, según uno de los altos cargos de UNE, vendrá por el lado de este partido, que, como se sabe, preside Gonzalo Fernández de la Mora. El día 5, como todos los días 5 de los meses del año, está convocada la junta nacional en Madrid. Ese día UNE decidirá. ¿Y qué hará Gonzalo Fernández de la Mora? Pues lo mismo que Silva: o pasar al grupo mixto o quedar como parlamentario independiente en AP. Se trataría, de este modo, de no romper el grupo parlamentario, por el que todos ‘sentimos un especial cariño’, Gonzalo Fernández de la Mora, también es amigo desde la juventud de Manuel Fraga.

Álvaro Lapuerta

Pero no sólo hay tensiones por el lado de los partidos federados en AP. También a nivel de bases y diputados las tensiones aumentaron en los últimos días. Por ejemplo, informaciones de toda fiabilidad me aseguraban que la junta de Logroño se negó a cenar con Álvaro Lapuerta, diputado por aquella jurisdicción. Lapuerta, que se abstuvo en el Congreso, según estas fuentes, ha presentado su dimisión como parlamentario. Iguales circunstancias, no con relación a las bases, sino con relación al partido, tiene el diputado vizcaíno Pedro de Mendizábal.

Manuel Fraga

Mientras tanto, Manuel Fraga se ha ido a pescar. Se ha retirado a meditar con una caña y un anzuelo. Y cuando Fraga se va a pescar vuelve pletórico. ¿Qué hará Fraga? Posiblemente lo sepamos hoy, porque hoy estará de nuevo en Madrid. Hasta entonces, recoger la versión de uno de los destacados miembros de AP, partidarios del sí: “Si se van Silva y Gonzalo no hay que preocuparse. Se sustituirán esos partidos en la federación por los de Areilza y Osorio”. Los disidentes, los que pueden marcharse me decían: allá ellos. Nosotros haremos una derecha nítida que no engañe ni ofrezca dudas al electorado español. Hay más, pero en síntesis esta es la situación.

¿Es posible la reconciliación? Para eso tenían que ceder todos

03 - Noviembre - 1978

La crisis de AP

José María Ruiz Gallardón

Todos los periódicos del país han acogido en sus páginas con el adecuado relieve, las muy serias tensiones a que está sometido en estos días el partido de la derecha democrática española Alianza Popular. Hay hasta quienes se alegran. Y, curiosamente, los regocijados son los que, en teoría, están más próximos. Hay también otros que subrayan entristecidos, aquella incuestionable realidad. Así, por ejemplo, este mismo periódico en su primera página de ayer.

Se me permitirá que, con algún conocimiento de causa, reflexione sobre el tema.

Alianza Popular nació con el claro afán de aglutinar a todos los españoles que comulgaran en el triple deseo de no ver a nuestro país sometido a un régimen marxista, ni a las disgregaciones separatistas, ni abocado hacia posiciones ultras. Alianza Popular fue combatida desde el primer momento hasta con ferocidad. Puede afirmarse, con verdad, que durante la campaña electoral AP fue señalada como el primero y principal grupo político que era preciso abatir. Y ello por los restantes partidos con representación parlamentaria, singularmente por muchos de los líderes de Unión de Centro Democrático, que sentían y sienten el escozor que produce – a modo de conciencia política – aquel que es fiel a una doctrina sobre aquellas personas que, por un pragmatismo no siempre justificable, predican unas teorías y practican las contrarias. A pesar de todo ello, Alianza Popular obtuvo la adhesión de alrededor de un millón y medio de españoles, y sin ningún tipo de ayuda foránea ni disfrute del poder continuó su andadura.

La votación unitiva de Alianza Popular fue el principal exponente de su segundo congreso. Se tendieron puentes hacia las formaciones de centro-derecha del país, pero el ofrecimiento fue rechazado. Allá cada cual con su responsabilidad.

Y continuó la campaña contra AP. Varios líderes de UCD – no todos – llegaron hasta el punto de manifestar que jamás, en ningún caso, admitirían pactos políticos con esa derecha democrática. Señaladamente Arias Salgado y Abril Martorell que lo dijeron en múltiples ocasiones.

La maniobra estaba clara: UCD no quiere, no soporta que exista formación política alguna a su derecha. Grave error, pero manteniéndolo con tozudez pretende contar con los votos de ese sector, a quien quiere obligar a que se lo de bajo el falso pretexto de que en otro caso caerán en las formaciones de izquierda. De esta suerte, lo que busca UCD es seguir como hasta ahora: esto es, haciendo una política de signo diverso y contrario al sentir de muchos de los que votaron sus candidaturas.

Lo ocurrido en el Pleno del Congreso del día 31 hay que inscribirlo en ese contexto. En realidad es sólo una anécdota. Importante, pero anécdota. AP tenía que decidir entre una cierta unanimidad en el voto o permanecer en el juego parlamentario para no dejar sin voz en el Congreso, a ese millón y pico de españoles. Había también que afirmar el talante democrático de AP y que no toda la Constitución es rechazable. Porque lo verdaderamente importante es que España necesita de un partido político claramente no marxista, no separatista y no ultra, y no solamente un partido que se pliegue a las conveniencias del momento. Una solución viable era proclamar el respeto a la libertad de voto, elevando a carácter prioritario del programa de AP la reforma constitucional, sobre todo en el aspecto de las nacionalidades segregadoras, y, sin salirse del juego parlamentario, continuar en la lucha en el Parlamento y fuera de él.

Por eso el voto del secretario general fue el sí condicionado. Con libertad para los militantes de AP y sin entreguismo de ninguna clase.

Y el tiempo dirá quién tiene razón.

José María Ruiz Gallardón

El Análisis

EL FIN DE UNA FEDERACIÓN MÁS VIRTUAL QUE REAL

JF Lamata

Aunque oficialmente la ‘Federación de AP’ seguiría existiendo durante unos años más, a efectos prácticos desapareció durante aquella crisis. La aprobación de la Constitución española redactada, entre otros por el ex ministro franquista, D. Manuel Fraga Iribarne, tenía un contenido inaceptable para los ex ministros franquistas Sres. Silva y Fernández de la Mora, así como a otros destacados franquistas de AP como los Sres. Martínez Emperador, Pedro de Mendizabal o López Bravo.

No obstante el futuro electoral demostraría que todas aquellas personalidades del franquismo, sólo el Sr. Fraga tenía suficiente respaldo de votantes como para estar presente en el juego político. Separados de él, ni el Sr. Silva, ni ninguno de los demás tendría hueco. El siguiente paso del Secretario General de AP sería buscar nuevos aliados entre los franquistas que formaban parte de la nueva etiqueta de moda: el ‘centrismo’.

J. F. Lamata

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