Los terroristas de ETA secuestran al industrial navarro Felipe Huarte para lograr una financiación de 50 millones de pesetas

Hay temas que queman en los dedos. El mejor remedio es soltarlos. El oficio periodístico tiene duras exigencias de responsabilidad, a condición de que tenga serios deberes de manifestación. El tema del secuestro de Felipe Huarte no está agotado con su liberación por los secuestradores. Este es un asunto específicamente políticos por las razones aducidas para el secuestro, por las condiciones impuestas para el rescate y por la identidad, y métodos, de la organización que los ha llevado a cabo. La cuestión no puede quedar zanjada con las conmovedoras incidencias informativas del episodio y la condena de la violencia. Pero este comentario no podía hacerse hasta que Felipe Huarte estuviera en casa, por razones obvias. Callar aora no sería posible sin merma de aquellos deberes que asumimos con este oficio.

La elección de la víctima esta vez (Y la reciente del señor Zabala) ha sido un empresario, un elemento activo de nuestro mundo económico-social, independientemente de su consideración personal. Y una de las condiciones impuestas por los secuestradores fue la de resolver el grave conflicto que había entre la empresa y sus obreros en orden a atender las demandas de estos. En aquel instante la empresa era contraria e impermeablea satisfacerlas y había incluso numerosos despidos. Poco tiempo antes de la liberación del señor Huarte, la empresa se avino a atenderlas, y cumplía así la exigencia de los secuestradores. ¿Se advierte la gravedad de este hecho? EL primer interrogante que hacemos es lógico y de respuesta difícil. Si la empresa, bajo la amenaza de muerte del empresario, accedió a las demandas obreras, ¿por qué no lo hizo mediante normales y los mecanismos legales? Y si no se producen trastornos económicos insolubles en la empresa con la absorción de esas mejoras sociales, la realidad es que su comportamiento era antisocial y ha sido servidora de un pretexto gravísimo de utilización por quienes aspiran a restaurar en nuestro país el viejo clima social de la violencia.

A estos efectos procedía esperar y celebrar sinceramente la llegada de Felipe Huarte a su casa; pero acto seguido hay que plantear el tema, con carácter general sobre quienes deterioran la buena fe, la rectitud, el prestigio, la solución institucional, de los Sindicatos españoles a quienes se obliga a bailar en la cuerda loja, echándose frecuentemente encima de ellos ante las demandas obreras y se les obliga a arrostrar impopularidad, para después no atender otro lenguaje que el de las metralletas. Y lo que es más grave: esta empresa ha probado suficientemente que las demandas obreras no eran irracionales. Dejo a la relexión de los empresarios españoles y del Gobierno, un asunto de tanta gravedad, principalmente para los propósitos nacionales de convivencia.

Aparte de este asunto concreto y probado hay otros dos que están en el comentario general. Los terroristas exigieron una crecida cantidad de rescate, parece que cincuenta millones de pesetas y los indicios aconsejan suponer que también se ha satisfecho ese demanda. Por lo pronto no se a negado. ¿Tiene derecho a saber el país las circunstancias de este asunto? Creo que en cierto modo sí. El dinero no solamente tiene una consideración privada respecto a su posesión, sino también pública en cuanto a su circulación y destino, preferentemente si se trata de circulación de capital en el exterior.

Y por último, todo ace suponer que el señor HUarte estuvo secuestrado en España (por lo pronto ue entregado en el país); y sus manifestaciones an relatado que el viaje ue prolongado, no tuvo tropiezos y hasta lo dejaron en un lugar próximo a una carretera de primer orden. Tampoco es disparatada la creencia de la gente cuando señala la excepcional y supermánica destreza de los secuestradores para burlar la vigilancia que se ha informado por organismos competentes que era completa; o por el contrario, lo que ha sucedido es qe la vigilancia no ha sido tan importante. Si a esto se añade que es una noticia de dominio público – anque no confirmada – que la visita a Madrid de un hermano del señor Huarte estuvo orientada a pedir a las atoridades alguna flexibilidad en los controles de vigilancia para permitir la liberación del secuestrado, resulta otro asunto necesitado de explicación y de luz. Estoy seguro que nuestras autoridades no se habrían prestado a esa petición, en el supuesto de que se hubiera producido, porque no hay una sola persona con todas las relevancias que se quieran, capaz de canjearse con los fundamentos mismos del Estado que es su autoridad; pero ha quedado de maniiesto tras el relato del señor Huarte, que nuestros efectivos de ivgilancia han sufrido cierto quebranto.

Recientemente, ABC publicó un informe relativo a nuestra situación de efectivos de uerzas encargadas del orden público en comparación con otros países. Nuestra penuría es triste si se recuerda la falsa imagen policíaca que tiene nuestro país en el exterior. Tenemos la tercera parte de Italia y Alemania y menos que Francia y Portugal. Los recursos económicos para atender a estas fuerzas son, igualmente, de una austeridad impropia de la función y de los niveles de remuneración que tiene el ciudadano español medio.

Como se ver´, todos estos asuntos derivados del secuestro de Felipe Huarte no merecían la desatención del olvido.

Emilio Romero

Don Emilio Romero, director de PUEBLO, escribía ayer en la ‘Tercera Página’ del diario sindical unas polémicas consideraciones en torno al secuestro del industrial don Felipe Huarte. Decía textualmente:

«La elección de la víctima esta vez (Y la reciente del señor Zabala) ha sido un empresario, un elemento activo de nuestro mundo económico-social, independientemente de su consideración personal. Y una de las condiciones impuestas por los secuestradores fue la de resolver el grave conflicto que había entre la empresa y sus obreros en orden a atender las demandas de estos. En aquel instante la empresa era contraria e impermeablea satisfacerlas y había incluso numerosos despidos. Poco tiempo antes de la liberación del señor Huarte, la empresa se avino a atenderlas, y cumplía así la exigencia de los secuestradores. ¿Se advierte la gravedad de este hecho? EL primer interrogante que hacemos es lógico y de respuesta difícil. Si la empresa, bajo la amenaza de muerte del empresario, accedió a las demandas obreras, ¿por qué no lo hizo mediante normales y los mecanismos legales? Y si no se producen trastornos económicos insolubles en la empresa con la absorción de esas mejoras sociales, la realidad es que su comportamiento era antisocial y ha sido servidora de un pretexto gravísimo de utilización por quienes aspiran a restaurar en nuestro país el viejo clima social de la violencia».

En este planteamiento advertimos un sofisma, algo habitual en la dialéctica de nuestro tiempo – en España y fuera de España – Pero no por habitual debe ser admitido. Maxime cuando andan en juego circunstancias tan graves como la vida de un hombre, la validez de nuestras vías sindicales de diálogo y la existencia de un grupo terrorista que no repara en medios para conseguir sus fines. Se dice que tiene ‘difícil respuesta’ contestar por qé si la empresa bajo amenaza de muerte accedió a las peticiones laborales, no lo había hecho antes del secuestro mediante negociación pacífica. ¿Es esta una interrogante difícil? En absoluto: lo que la empresa ha hecho al firmar el convenio no es establecer un acuerdo laboral, sino ceder a las presiones de un chantaje para salvar la vida de un hombre.

No hay consideraciones económicas, ni sociales, ni empresariales en la actitud de Torfinasa a la hora de la firma del convenio. Así lo entendieron hasta los propios obreros – e incluso los obreros despedidos – que se negaron a mantener ningún tipo de reivindicación mientras el chantaje durara. La empresa se ha limitado a cumplir unas condiciones impuestas por los secuestradores para lograr la libertad del señor Huarte. Si estas condiciones gravan o no excesivamente la economía de la empresa misma, no lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero aseverar – como hace el articulista – que todo ello demuestra que ‘la actitud de la empresa era antisocial’, vuelve a ser un sofisma, además de una grave acusación. Porque lo único que se ha demostrado es que la familia Huarte ha estado dispuesta en todo momento a aceptar las condiciones de la ETA para lograr la liberacón de don Felipe. Algo que nos parece humanitario y justo. La actitud de la Delegación de Trabajo de Pamplona, no reconociendo validez a un convenio – independientemente de que en el futuro la empresa y los trabajadores mantengan lo ya acordado – que se firmó bajo la coacción y el cantaje, corrobora cuanto decimos.

Pero más grave es la acusación que tan destacado comentarista político hace cuando escribe:

«Hay que plantear el tema, con carácter general, sobre quienes deterioran la buena fe, la rectitud, el prestigio, la solución institucional, de los Sindicatos españoles, a quienes se obliga a bailar en la cuerda floja, echándose frecuentemente encima de ellos ante las demandas obreras, y se les obliga a arrostrar impopularidad, para después no atender otro lenguaje que el de las metralletas. Y lo que es más grave, esta empresa ha probado suficientemente que las demandas obreras no eran irracionales. Dejo a la reflexión de los empresarios españoles y del Gobierno un asunto de tanta graedad, principalmente para los propósitos nacionales de convivencia».

Desde estas páginas una y mil veces hemos insistido que entre las metralletas y el diálogo de sordos hay vías de entendimiento y defensa de sus intereses por parte de empresarios y obreros que deben y pueden reconocerse: la huelga y el despido libre, dentro de sus justos cauces. Y de hecho se reconocen en todos los países de economía medianamente desarrollada que no practiquen sistemas e ideologías políticas totalitarios.

«El dinero no tiene una consideración privada respecto a su posesión, sino también pública en cuanto a su circulación y destino…», dice el señor Romero en otro apartado de su artículo, y lo suscribimos. Cuanto más si el dinero en vez de ser privado es público, como es el dinero de la Organización Sindical, editora de PUEBLO. En atención a dicha consideración pública – cuanto menos – PUEBLO debería haber meditado la publicación del artículo que comentamos: en manos de un abogado defensor de los secuestradores, si éstos son detenidos algún día y juzgados podría exhibirse como prueba atenuante de su execrable acción.

La moraleja de toda esta historia es que obreros y empresarios españols tienen – ya lo creemos – capacidad de neociar (y negociar no supone necesariamente estar siempre de acuerdo, sonriéndose a la cara). Lo que flata muchas veces son cauces. Y lo preocupante es que en el portavoz del cauce por naturaleza de esa negociación – La Organización Sindical – se hayan repartido culpas y perdones, en un evidente servicio a la confusión, que es precisamente lo que más perturba en estos momentos esos propósitos nacionales de convivencia a los que el articulista alude.

Es asombrosa la celeridad editorial con que INFORMACIONES de ayer se apresuraba a responder al comentario semanal de Emilio Romero en el qe se aludía al secuestro de don Felipe Huarte y a las inevitables meditaciones que en todo español tenían lógicamente que haberse planteado. INFORMACIONES no se para en barras y ataca a fondo. Digamos, como el lector recordará, que el comentario de Emilio Romero constaba fundamentalmente de tres puntos: decía que si la empresa pudo negociar antes del secuestro, y no lo hizo, y se avino a ello después, su comportamiento era en tal caso antisocial, señalaba asimismo, cómo existe una determinada actitud conducente a no facilitar la acción de los Sindicatos, poniendo a éstos en riesgos injustos de impopularidad. También hablaba del tema de los cincuenta millones exigidos como rescate y del problema de la vigilancia y autoridad de la que ningún Estado puede dimitir. Estas eran sus tesis.

INFORMACIONES dice que aquí hay un sofisma. «No hay consideraciones económicas, ni sociales, ni empresarials en la actitud de Torfinasa a la hora de la firma del convenio… La empresa se ha limitado a cumplir unas condiciones impuestas por los secuestradores para lograr la libertad del señor HUart. Si estas condiciones gravan o no excesivamente la economía de la empresa misma, no lo podemos decir porque no lo sabemos». Quede claro, por nuestra parte, que desde el primer momento hemos condenado enérgicamente en estas páginas el secuestro y así lo prueban nuestros editoriales de los días 8 y 19 de enero titulados respectivamente ‘Vergonzoso’ y ‘Lo de Pamplona’. Ahora bien, ocurre que el conlicto de Torfinasa tiene su historia. Exactamente la que sige:

La fricción se produjo el día 30 de noviembre de 1972. Hace, pues, casi dos meses. En este tiempo se han producido reuniones, asambleas, juntas, etc. La parte económica, la empresa, jamás admitió las demandas de los trabajadores y renunció, desde el primer día, al diálogo. ¿Cáles eran las peticiones laborales? Pues la concesión a cada trabajador de la cantidad de 3.000 pesetas como cifra adicional al salario; la percepción del 100 por 010 del salario en caso de baja por accidente de trabajo, 44 horas de jornada semanal y un mes de vacaciones. La empresa se limitó a formular una tímida contrapropuesta, consistente en negociar únicamente un aumento salarial sobre la base del incremento de la prima de productividad. Mientras tanto los trabajadores de Pamplona del mismo sector habían conseguido, poco más o menos, las reivindicaciones que pedían los de Torfinasa y no ocultaban sus gestos de solidaridad con éstos.

La empresa no justificó su negativa y ello provocó en primera instancia algunos plantes y paros de los obreros. El proceso era ya irreversible y no porque los SIndicatos estuviesen al margen, que nunca lo estuviesen al margen, que nunca lo estuvieron como muy bien saben los trabajadores de Torfinasa sino porque la empresa recurrió al procedimiento tan querido por INFORMACIONES: El despido. El 15 de diciembre habían sido despedidos 95 trabajadores en firme. Entonces la empresa pone sus condiciones, son estas: hacer nuevos contratos laborales, es decir, empezar de nuevo, retirar las demandas que los obreros habían presentado ante la Magistradra y mantener el despido de dos vocales jurados. Significativas todas ellas. ¿no? Vamos, pues, a la pregunta, que es la gran incógnita, ¿Podía o no podía la empresa conceder las peticiones de los trabajadores? Al parecer si, puesto que la empresa no ha denunciado el chantaje. Pero además el grpo formado por los hermanos Huarte, que se sepa, posee las siguiente empresas: Abonos Orgánicos Fermentados, A. P. Ibérica S. A., uarte Beaumont, S. R. C. Huarte y Cia S. A., Huarte Inmobiliaria, H. Muebles. I. M. E. N. A. S. A., Indusrias NAvarras del Aluminio, Iniciativas Comerciales Navarras S. A:, Papelera Navarra S. A., Perfil en Frío S. A. y Torfinasa. Se trata, al parecer, de un grupo financiero fuerte y extenso. ¿Se nos permitirá dudar, al menos de su capacidad para afrontar unas reivindicaciones que simplemente nivelaban a sus obreros con los restantes del sector en su zona? Más de una vez hemos defendido aquí (porqe nuestro periódico asume, por tanto, los intereses de los trabajadores y los empresarios al servicio de la comunidad nacional) la figra del empresario moderno, activo, creador de riqueza y de trabajo. Pero también hemos dicho (y lo seguiremos diciendo) que es menester superar y neutralizar la actitud de determinadas mentalidades empresariales, ancladas en el capitalismo pretérito, que no hacen sino provocar conflictos, dificultar las vías normales de negociación entre el trabajador y la empresa, y crear gravísimos conflictos que a todos perjudican. A INFORMACIONES le parece que las vías de entendimiento deben ser la huelga y el despido libre, eso sí, dentro sus justos cauces. La huelga está prohibida por nuestras leyes y el despido libre está prohibido por una mera razón de humanidad. ¡Menudo servicio a la legalidad el prestado por INFORMACIONES y original moral cristiana la de ese periódico defendiendo el despido libre! Nosotros creemos que la huelga perjudica principalmente al trabajador y al país, y que el pueblo español se ha ganado duramente, muy duramente, el derecho a ser protegido por una legislación social preocupada, primordialmente, por defender y garantizar su puesto de trabajo. Lo demás no son sino trucos de defensa de un capitalismo a extinguir.  Y si INFORMACIONES opina que esto es propio de una ideología  totalitarios (imputación sorprendente que hace al Régimen porqe tiene prohibida la huelga y el despido libre) y ello no le gusta, ya sabemos en qué ampara sus presuntas objetividades.

Le sorprende también a INFORMACIONES  que hayamos pregntado por las circunstancias en la entrega de los cincuenta millones solicitados por los secuestradores y se sale asombrosamente por los cerros de Ubeda refiriéndose al sostenimiento de este periódico, como si tuviera algo que ver las finanzas de un periódico con el dinero solicitado a la familia del señor Huarte por los terroristas de la ETA. Naturalmente que el dinero no solamente tiene una consideración privada, sino también pública, en cuanto a su circulación y destino. ¿Y qué tiene que ver que el dinero, con que se sostiene PUEBLO, sea de la Organización Sindical? Esto es algo que sabe todo el mundo, empezando, como es lógico, por la propia Organización Sindical, institución de Derecho Público, con autonomía en la disposición de sus fondos, y con un Comité Ejecutivo qe vela por su gestión y asume su responsabilidad. ¿Y quién sostiene a INFORMACIONES y para qué? Seguramente para defender lo que aparece en su editorial de ayer: Una España donde los poderosos, mediante el despido libre, puedan imponer sus condiciones a los explotados. Lo que sí hay que explicarle al público – y no lanzar columnas de humo – es cómo y por qué (si es queel hecho se ha prodcido) ha sido posible disponer de una considerable suma de dinero, entregada en territorio extranjero a unos secuestradores, según nuestras noticias, y que de alguna forma ha tenido que ser controlada por los mecanismos que regulan la circulación de la moneda. Se trata, con toda claridad de decir qué ha pasado.

Finalmente, el ejemplo de lavida española es constante respecto a la extraordinaria eficacia de los Sindicatos españoles como cauce de negociación. Precisamente en aquellos lugares donde la empresa se resiste a aceptar el arbitraje o la conciliación sindical, el ‘cauce de negociación’ o donde los obreros extreman sus peticiones y las hacen inviables con la relaidad, es cuando estalla el conflicto.

Podríamos enumerar muchos casos que prueban este testimonio. Toda la negociación colectiva es obra de los Sindicatos; y a nivel individual la conciliación sindical es superior en ciras a las deducidas de litigios. Un clima de conivencia, de arreglo, de concordia, de soluciones, aparece establecido afortunadamente en España por la Organización Sindical. Pero, sin embargo, el criterio de INFORMACIONES, por lo que dice, es representativo del deseo de volver a la huelga y al despido libre: es decir, a los fundamentos mismos de la guerra civil. Resulta inaudito.

Los obreros se lamentan muchas veces, de que son objeto de severidad o de represión cuando realizan movimientos huelguísticos, y, sin embargo, no conocen un solo correctivo impuesto contra aquellas empresas donde ha podido probarse que los han provocado.

Oídos todos los días consideraciones respecto a lo que se quiere reformar en las instituciones o en nuestras formas políticas, pero nada nos ha parecido más grave que lo que acabamos de leer en nuestro colega de la tarde. La imputación sobre la inexistencia de un cauce adecuado en las relaciones económico-sociales es calumniosamente inexacta; y la defensa de la ley de la selva en las relaciones capital-trabajo, una temeridad.

Ante los artículos y editoriales publicados en el diario PUEBLO los días 30 de enero y 1 de febrero en torno al secuestro de mi hermano, la familia Huarte y la empresa Torfinasa han decidido, como única respuesta, presentar ante los Tribunales de justicia una querella por injurias y calumnias contra el autor responsable de dichas publicaciones.

Por otra parte, y considerando que los comentarios vertidos por el director del diario PUEBLO son incompatibles con los postulados de la deontología de la profesión periodística, la familia Huarte acudirá en queja tanto a la Dirección General de Prensa como a la Federación de las Asociaciones de Prensa, para que por estos organismos se eleve el asunto al Jurado de Ética profesional.

En esta página aparecen habitualmente mis artículos. En esta página quiero ofrecer hospitalidad y relevancia a esta noticia.

Este periódico, como toda la Prensa española, ha seguido con expectación preocpada la dolorosa peripecia de don Felipe Huarte, y ha condenado claramente el suceso incivil del secuestro. Pero a juzgar por el contenido de esta noticia, el periódico o el escritor político debía asociarse, exclusivamente al dolor y a los contratiempos de la familia Huarte, y desentenderse de formular opiniones, y de expresar curiosisdad, por todo aquello que figuraba en el episodio, y que constituían asuntos de comentario público y de evidente interés nacional.

He entendido, por el contrario, que mi deber como periodista era atender en primer término los asuntos referidos al pueblo español, y nunca se me ha pasado por la imaginación que una sola familia española, por muy relevante y pudiente que sea, es más importante que todas las familias españolas, que constituyen una nación. Los títulos económicos y otros más respetables que posea la familia Huarte no son suficientes para adquirir silencios. Ni me intimida esta noticia de la Europa Press ni la celebro. Una vez dijo Alfonso XIII respecto a ciertos sinsabores de su reinado que eran ‘gajes del oficio. Así entiendo yo ahora respecto al mío.

Emilio Romero