Operación Galgo: Marta Domínguez detenida en una investigación por dopaje causando un linchamiento mediático

LA DETENCIÓN de Marta Domínguez dentro de una nueva investigación a gran escala del dopaje en España vuelve a poner bajo sospecha a nuestro deporte. La campeona del mundo de 3.000 obstáculos, símbolo del atletismo español y vicepresidenta de la Federación, está acusada de suministrar sustancias dopantes a otros deportistas. Además, junto a ella se ha detenido al doctor Eufemiano Fuentes -implicado en otros casos anteriores vinculados al ciclismo- y a los entrenadores César Pérez y Manuel Pascua, por lo que es fácil suponer que el asunto acabará salpicando a otros atletas de élite. Con el último ganador del Tour, Contador, todavía contra las cuerdas por la investigación tras un positivo de clembuterol, la operación Galgo supone un duro golpe para la imagen de nuestros deportistas, por más que deba prevalecer en estos momentos la presunción de inocencia. Es cierto que operaciones anteriores -Puerto (2006) y Grial (2009)- se abrieron con gran alarma y luego ofrecieron resultados muy por debajo de las expectativas, pero los datos conocidos ahora son muy inquietantes.

¿Tendrá razón la creencia extendidísima en los círculos deportivos europeos de que España es el paraíso del dopaje? No es esta la hora, con la detención de la gran atleta española Marta Domínguez, acusada de pertenecer a una red de suministro de sustancias dopantes a otros deportistas, de indignadas protestas de inocencia, hijas del mero chovinismo, sino de hacer una limpieza a fondo en los establos de Augías del deporte español. El único mérito que cabe señalar en toda esta desgraciada historia es que son las autoridades españolas las que han puesto manos a la obra para erradicar esta lacra.

España había explotado en los círculos mundiales del deporte como una de las grandes revelaciones de las últimas décadas, en especial desde los Juegos de Barcelona en 1992. Fútbol, baloncesto, ciclismo, natación sincronizada, golf, tenis y atletismo son algunos de los deportes en los que el genio español ha resplandecido a justo título.

Pero hay un tumor maligno que parece concentrarse en la bicicleta y la pista. El triple ganador del Tour, Alberto Contador, se halla a la espera de una decisión de la Federación de Ciclismo sobre su presunto dopaje y es el enésimo ciclista que ha pasado por esa situación. Y con Marta Domínguez han sido detenidos o están en libertad con cargos Manuel Pascua, que revolucionó los métodos de entrenamiento del atletismo, Alberto García, que en hombres había conseguido parecidos éxitos a los de Marta Domínguez en 3.000 y 5.000 metros, y César Pérez, entrenador de esta última. Así, hasta 14 implicados. Y recordemos que el médico Eufemiano Fuentes, pieza clave de la Operación Puerto, que hirió gravemente al ciclismo, fanfarroneaba de que en su red no solo había ciclistas, sino también deportistas de otras especialidades. Este caso destapado en 2006 aún está pendiente de resolución y se espera que la fiscalía pida muy pronto penas de cárcel para al menos ocho de los 58 investigados, entre ellos el propio Fuentes, que ha sido toda su vida un apasionado del atletismo.

Llegados a este punto, no es posible andar con contemplaciones. Lo deseable es que Marta Domínguez y sus compañeros de viaje puedan defenderse de las gravísimas acusaciones que pesan sobre sus cabezas, sin duda por lo que hace a sus personas, pero sobre todo por el baldón inexcusable que incluso solo las meras acusaciones ya arrojan sobre el atletismo y el deporte español en general.

La medio fondista tenía previsto retirarse temporalmente para ser madre con la intención de volver para coronar su espléndida carrera con los Juegos de Londres en 2012. Poder hacer finalmente tal cosa sería la mejor noticia. Pero lo verdaderamente crucial es que se haga justicia y que nadie en el mundo de la competición pueda decir en el futuro que en España existen dos varas de medir. Una para el prójimo en el extranjero, y otra de puertas adentro.

LA DETENCIÓN esta semana de Marta Domínguez por su implicación en una red de tráfico de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de los deportistas vuelve a despertarnos a la realidad de la pervivencia del dopaje en la alta competición y entre celebridades que considerábamos hasta ahora ejemplos del juego limpio y emblemas de nuestro país.

El debate tiene muchas aristas. Además de una forma de adulterar la competición, el dopaje es un negocio que mueve miles de millones de euros en todo el mundo; incluso es una herramienta al servicio de la propaganda de federaciones y países que pugnan por subir a toda costa a sus deportistas al podio; y también es materia de controversia científica, pues nunca acaban de estar claras las fronteras entre la legitimidad de unos tratamientos y otros, de ahí que las legislaciones sean dispares y muy cambiantes en cada país, federación u organismo.

Según publicamos hoy, en los registros realizados ahora a raíz de la operación Galgo se han encontrado nuevos productos para enmascarar las sustancias dopantes. Cada vez es más difícil detectar los positivos y, en el futuro, aún lo será más, pues los avances médicos permitirán la modificación genética de los deportistas; de hecho esa práctica viene dando resultados en experimentos con animales. Eso va a obligar a redefinir las reglas contra el dopaje.

Además, dada la dificultad que entrañan los test a los que se somete a los deportistas existe una gran inseguridad jurídica. El caso de Contador es paradigmático en ese sentido. Cinco meses después de ganar el Tour aún no está claro si será sancionado por presuntamente consumir sustancias prohibidas. Por otra parte, hay deportes donde el uso de estimulantes está, históricamente, más extendido, como es el caso del ciclismo. De ahí que los profesionales de la bicicleta sólo se hayan atrevido a denunciar la verdad hasta años después de su retirada, como ha sido el caso reciente de Fignon o Rijs.

Pero que la situación sea ciertamente compleja no quiere decir que haya que abdicar a la hora de tomar decisiones. Estamos ante una práctica que puede causar daños irreparables a la salud, como hoy mostramos en nuestro suplemento Eureka. Y es una trampa que no va tanto en contra del deporte en general o de la imagen de una sociedad como, sobre todo, en contra de los rivales que sí cumplen la ley. Por eso, lo primero que cabe exigir es que las reglas sean las mismas para todos y se cumplan a rajatabla. No puede haber contemplaciones con tramposos que se embolsan sumas millonarias de ese gran negocio que hoy es el deporte profesional.

Dado que las propias autoridades de la Federación de Atletismo (Marta Domínguez era vicepresidenta) han estado implicadas en la trama de dopaje, cabe exigir las máximas responsabilidades: el presidente, Odriozola, debe dejar su cargo de inmediato y tiene que abrirse una profunda investigación interna.

La juez instructora de la Operación Galgo, Mercedes Pérez Barrios, ha exculpado a la atleta Marta Domínguez de los cargos de venta ilegal y suministro de fármacos sin receta médica a personas de su entorno, que se la imputaron durante la investigación destapada en diciembre de 2010 bajo el nombre de Operación Galgo. Se despeja así el horizonte de la palentina, cuya imputación por dopaje ya fue sobreseída en abril pasado y que ahora solo tiene pendiente el cargo de infracción fiscal, que también puede ser retirado.

La atleta estaba acusada de facilitar fármacos de manera ilegal a su compañero de entrenamientos Eduardo Polo, que le ayudaba como liebre para preparar los 3.000 metros con obstáculos. Fuentes del caso explicaron que el tratamiento antiinflamatorio suministrado a Polo es «muy común entre los atletas cuando sufren una lesión»: «Exige la ayuda de una segunda persona. Y aquel día, Marta tuvo que ayudar a Eduardo porque el fisioterapeuta se había ido a Madrid para asistir a un curso».

Marta se encuentra temporalmente retirada del atletismo tras haber dado a luz a su primer hijo, pero espera regresar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes está a la espera de que la jueza le haga llegar las pruebas del caso para decidir si le impone a la palentina una sanción deportiva, que puede ser de dos años.

Además, el CSD ha impulsado una legislación por la que ningún atleta implicado en una investigación de dopaje, como la Operación Galgo, puede representar a España.