Masiva manifestación de catalanes partidarios de seguir en España liderados por Borrell antes de que se proclame la independencia

Cientos de miles de personas se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona en la marcha ‘Prou. Recuperem el seny’, convocada por Societat Civil Catalana. Fue una manifestación exitosa y transversal, en la que los mensajes a favor de la unidad de España («Somos catalanes, somos españoles») se mezclaron con los que exigían al Gobierno el cumplimiento estricto de la legalidad frente al desafío constitucional de los dirigentes independentistas, sobre todo el presidente de la Generalitat (‘Puigdemont a prisión’). Una manifestación con la que se rompió la invisibilidad en la calle de esa Catalunya, muy numerosa, que se siente catalana y española pero sobre todo comprometida con la Constitución como marco de convivencia aunque hasta ahora no había salido a la calle o lo había hecho de manera menos mutitudinaria. Una manifestación que, sumada a la que protagonizaron el sábado aquellos ciudadanos que apelan al diálogo entre administraciones, prueba que la sociedad catalana es más plural de lo que la ocupacion pacífica de las calles por el independentismo en los últimos años ha transmitido. ‘Un sol poble’, pero ni uniforme ni homogéneo.

A las puertas de una decisión que pretende no tener marcha atrás (la declaración unilateral de independencia), haría bien Carles Puigdemont en reflexionar sobre lo sucedido desde el 1-O. El martes, decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar contra las cargas de la policía. Una multitud en la que había muchos independentistas y muchos que no lo eran. Después, llegaron los anuncios de la marcha de empresas catalanas y este fin de semana, las manifestaciones de catalanes que no son independentistas. No es necesario entrar en guerras de cifras de manifestantes; incluso los datos oficiales del 1-O muestran lo ya sabido que los independentistas, siendo muchos, no son suficientes, aun menos para imponer la ruptura al resto. Han de volver a la legalidad y, entonces, negociar.

Catalunya ha demostrado que es capaz de expresarse en las calles de forma pacífica y cívica, y que la convivencia pende de un hilo. Pese a ello, ha llegado el momento de que los políticos vuelvan a las instituciones dentro del terreno de juego de la Constitución y el Estatut, empezando por la sesión del Parlament del martes. El daño infligido es muy alto. Debe llegar el fin de la escapada.

El argumento que el independentismo catalán ha manejado con más insistencia sufrió este domingo una derrota sin paliativos. La falsedad de la idea de que existe un solo pueblo unido detrás de su causa y que, por tanto, tiene toda la legitimidad para forzar una secesión unilateral, ha sido puesta en evidencia. La sociedad catalana es mucho más plural de lo que se ha machacado sin descanso desde el nacionalismo durante los últimos años. Nadie puede discutir la capacidad de movilización de los independentistas, y nadie discute que hay una parte importante de catalanes que reclama otra relación con España. Lo que desde este domingo será también indiscutible es que existe una inmensa cantidad de catalanes que rechaza la llamada a desconectarse de España. Las fuerzas independentistas se habían esforzado en que fuera la calle la que diera legitimidad a la mascarada parlamentaria que orquestaron con las leyes del referéndum y transitoriedad, y ha sido la calle la que les dijo este domingo en Barcelona que así no, que no quieren saber nada de un proceso que pasa por destruir el Estatut y la Constitución.

La gran novedad de lo que sucedió este domingo es que una mayoría hasta ahora silenciosa salió por fin de su mutismo para dejar oír su voz. Es preciso matizar: sus voces, visibles a través de la senyera o de las banderas de Europa y España. Voces incluso contradictorias dentro de su pluralidad, como se hizo patente cuando Josep Borrell pidió en su intervención que cesara el cántico que pedía prisión para Puigdemont. «No», dijo correctamente el político socialista, «en ese asunto son los tribunales los que tendrán que manifestarse, nunca la calle».

La observación puede leerse también como una pertinente llamada de atención sobre las reglas más elementales de la democracia. Allí donde realmente funcionan, no es nunca la calle— como quisieran algunos movimientos populistas— la que dicta los derroteros de un país. Las democracias garantizan la pluralidad y el equilibrio de poderes. Por eso, desde que el procés se escoró descaradamente del lado populista, y el Govern se arrogó el supuesto encargo que le hacía un “pueblo unido” de propiciar la independencia, su legitimidad quedó en entredicho. La calle se manifiesta como este domingo para defender la democracia constitucional, y los políticos tienen el deber de escucharla. Pero la calle nunca puede imponer nada, salvo en aquellos lugares donde una insurrección podría justificarse porque no existe la democracia.

El Govern escuchó desde la calle lo que no quiso escuchar en el Parlament: que no hay un único pueblo que quiere la independencia y que Cataluña es plural, y tendrá que dar una respuesta. Hay quienes, en su burbuja, han ninguneado ya lo que se expresó en la manifestación, porque estuviera el PP y hubiera banderas españolas. Esa sería una de las varias lecturas equivocadas. Porque en la democracia, como en Cataluña, caben todos.

Durante décadas, el nacionalismo catalán ha construido un monopolio ideológico y asfixiado la pluralidad de la sociedad. El domingo, esa hegemonía, asentada en el control de la calle como de las instituciones políticas y de la sociedad civil, se ha derrumbado estrepitosamente. El independentismo, ya fuera de la legalidad, ha perdido ahora también la legitimidad.

El nacionalismo excluyente perdió ayer el monopolio de la calle después de una de las manifestaciones de rebelión cívica más emocionantes de nuestra historia democrática. Casi un millón de ciudadanos, sin distinción de tendencias políticas, desfiló por Barcelona en defensa de la unidad de España, de la tolerancia y del Estado de derecho. Fue el clamor de la mayoría silenciada de los catalanes por la concordia constitucional, la convivencia pacífica y el proyecto nacional compartido con sus conciudadanos del resto del país. Frente al aparente unanimismo que han proyectado los separatistas, emergió la Cataluña real, diversa y plural.

HAY MOMENTOS en la historia de una nación en los que la ciudadanía asume la responsabilidad de mantener la dignidad cívica y la integridad de los valores que conforman la democracia. Ayer fue uno de ellos. Igual que en el 23-F frente a los militares golpistas y en el verano de 1997 plantando cara al sanguinario terrorismo de ETA, miles de españoles recuperaron el protagonismo en la calle para gritar alto su deseo de vivir en un país unido en el que todos los ciudadanos sean libres e iguales. Tanto en derechos como en obligaciones. Y sin la imposición de una ideología excluyente que trata de subvertir a contracorriente el devenir de la Historia. Cuando todos en Europa creían que tras las dos guerras que asolaron el continente en el siglo pasado, el nacionalismo habría quedado arrinconado en los márgenes de la civilización, la modernidad y el progreso, algunos han aprovechado la crisis económica y la debilidad institucional para reactivar sus intenciones revolucionarias de destruir el proyecto común compartido por todos los españoles desde hace más de cinco siglos.

Su desafío ha sido extremo. Por eso, fue contundente el rechazo de la mayor parte de la ciudadanía. Sin banderías políticas. Sin distinción de origen, de clase social ni de afinidades políticas. Ciudadanos hasta ahora silenciados por el rodillo independentista que dijeron Prou! (¡Basta!) a quienes quieren romper la convivencia y fracturar a la sociedad. Convocada por Sociedad Civil Catalana, a la marcha se sumaron PP y Cs, pero el PSC hizo un llamamiento a que sus militantes acudieran a la misma y Josep Borrell, histórico del socialismo español, fue uno de los ponentes que reflexionó, en términos graves y severos, en contra de los políticos irresponsables que nos han conducido a esta situación.

Como recordó también desde la tribuna el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la masiva participación en la manifestación de ayer significó un clamoroso triunfo de la razón cívica frente a la pasión política, entendida ésta como la intolerante actitud que pretende convertir al adversario en enemigo, como hicieron en la teoría y en la práctica el comunismo, el fascismo y nacionalismo en una de las páginas más desgraciadas de la reciente historia contemporánea. Pero ayer, las banderas española, catalana y europea ondearon conjuntamente en las calles de Barcelona, en admirable ejemplo de que no todas las identidades son necesariamente excluyentes. Que la convivencia no es solo deseable sino también posible. Que todos los sentimientos son igualmente respetables mientras destierren de su discurso las retóricas del odio y se mantengan sometidos al imperio de la ley, garantía máxima de los Estados modernos para que la paz prevalezca sobre el conflicto de todos contra todos. Para que ningún ciudadano incurra en la arrogancia intolerante de considerarse más que otro por su ideología, por su religión o por su sexo.

Principios democráticos que el independentismo ha intentado arrollar usurpando el parlamento autonómico a la oposición, monopolizando el discurso mediático a través del control de los canales públicos de televisión y radio, secuestrando la calle para ponerla al servicio de los radicales antisistema que le sostienen en el Gobierno y divulgando la mentira y la manipulación con la intención de manchar la imagen de España ante la comunidad internacional. Todo ello con la pretensión de dejar sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía, las dos leyes fundamentales que operan en Cataluña, e instaurar una nueva legalidad totalitaria en la que el Gobierno controle los tres poderes que, en contrapeso y vigilancia, dan forma a un régimen democrático. Pero el independentismo se mantuvo ayer obstinado en sus intenciones. Al desprecio con el que Puigdemont trató a los empresarios que el sábado le pidieron que desistiera de declarar la independencia, se sumó la declaración del propio president de la Generalitat en TV3 en el sentido de que seguirá adelante con la hoja de ruta pactada con la CUP y aplicará la Ley del Referéndum a pesar de estar suspendida por el TC.

La movilización social de ayer ha estado acompañada por el rechazo cuasi unánime, y por primera vez explícito, de las élites financieras y empresariales de Cataluña. El éxodo de las corporaciones más internacionales y reputadas ha dejado perpleja a la sociedad catalana y ha resquebrajado al dispar bloque independentista. A la marcha de Sabadell , CaixaBank, Gas Natural, Aguas de Barcelona y un largo etcétera se sumará hoy el anuncio de un posible cambio de sede social de Abertis y otras tantas compañías que no quieren quedar al albur de que Puigdemont acabe proclamando la independencia. La posibilidad de quedar atrapadas en un territorio fuera de la ley y controlado por un Govern que se mueve como marioneta de los antisistema de la CUP obliga a las empresas a abandonar Cataluña. Como publicamos hoy, en primer lugar porque la Ley de Transitoriedad contempla nacionalizar empresas y crear un banco público. Pero también porque las firmas catalanas temen un boicot comercial a sus productos en el resto de España, su principal mercado. Y además, ninguna empresa (en especial los bancos) puede arriesgarse a quedar fuera del euro.

En este sentido, es oportuno recordar el papel integrador que la moneda única europea puede jugar en el desenlace del conflicto catalán. El euro ha sido el mayor avance reciente para la integración de la UE, una unión que en los últimos 60 años ha garantizado la paz y la prosperidad de las naciones europeas. Y la crisis institucional catalana está poniendo de manifiesto que hoy nuestras empresas son, ante todo, europeas por la seguridad jurídica de la que dota la moneda común. Y a favor de ella se manifestaron masivamente también los ciudadanos de toda España, que quieren seguir disfrutando del bienestar económico y la paz social. Como hasta ahora.