26 enero 1980

El ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, anuncia que el periódico del Grupo16 podría ser sancionado

El Director de DIARIO16, Miguel Ángel Aguilar Tremoya, publica se ha producido una intentona golpista liderada por el Generla Torres Rojas y el Gobierno le desmiente

Hechos

En la edición de la tarde del DIARIO16 del 26 de enero de 1980 aseguraba que el cese del General Torres Rojas al frente de la DAC (Brunete) se producía para desarticular un intento de golpe de Estado del citado general.

Lecturas

El periódico Diario16 dirigido por D. Miguel Ángel Aguilar Tremoya publica en su edición de la tarde del 25 de enero de 1980 (no en la de la mañana) que ‘Una intentona militar ha sido abortada en Madrid’ por parte del General D. Luis Torres Rojas. La noticia fue desmentida por el Gobierno. Los periódicos El País, El Alcázar y El Periódico de Catalunya publican editoriales contra Diario16, mientras que D. Jaime Campmany Díez de Revenga recurre a la burla en su columna en ABC. Diario16 en su editorial del día 28 responderá a El País pero matizará que en ningún momento habló de intento de golpe de estado sino de ‘intentona militar’.  

26 Enero 1980

No más golpes, por favor

El Periódico de Catalunya (Director: Antonio Franco)

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Llegó a afirmarse en letras de molde que 'una intentona militar ha sido abortada en Madrid'. Hay desapego democrático de algunos mandos. Pero, de ello a pensar en el peligro permanente de un golpismo irremediable, hay un abismo.

El cese del general que mandaba la División Acorazada Brunete disparó ayer el rumor, la especulación y hasta el miedo. Incluso llegó a afirmarse en letras de molde que ‘una intentona militar ha sido abortada en Madrid’.

Al ver estas cosas, al comprobar estos espasmos de inseguridad política, al ciudadano español le gustaría ser inglés, vivir en una Inglaterra que también tiene Monarquía, Ejército y Democracia, y saber que los tanques no van a interrumpirle el té de las cinco, porque su cínica ocupación es hacer maniobras.

Aquí, desgraciadamente, no es lo mismo. Aquí, ni se toma el té de las cinco, ni todo el mundo tiene aquella británica seguridad imperturbable en las instituciones. Por eso, un simple cese, una medida disciplinaria, un relevo o un cambio de funciones pueden revestirse con el manto de la conspiración, la asonada o el coup de force.

En el fondo, y pese a los claros avances democráticos de estos años, subyace en el país el temor atávico al caballo de Pavía, como lo esgrimió en su momento Alfonso Guerra. Ni todos acaban de creer que Pavía haya muerto, ni todos están seguros de que su caballo haya olvidado el camino a las Cortes.

Ese clima de desconfianza, de recelo permanente, tiene explicaciones. La primera es que el Ejército y el país ha vivido más divorciados de lo que una retórica de ocasión ha querido que se entreviera. Y los modos, las maneras y el talante del Ejército han de evolucionar al ritmo que evoluciona la sociedad a la que debe proteger. La presencia de un civil al frente del Ministerio del Ejército es ya un paso en esa dirección. La desmilitarización de funciones y servicios producto de una hipertrofia castrense en nuestra historia inmediata, otra.

La segunda de las razones de recelo es el desapego democrático de algunos mandos. Pero, de ello a pensar en el peligro permanente de un golpismo irremediable, hay un abismo.

26 Enero 1980

Ataque Frontal

Antonio Izquierdo

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El categórico desmentido a la insólita noticia publicada en su primera página por DIARIO16 («Una intentona militar ha sido abortada en Madrid. Por ello fue cesado el jefe de la División Acorazada, general Torres Rojas») puso incandescente la tarde del viernes, pese a la incongruencia que supone sostener que un general de División es designado para el Gobierno Militar de La Coruña por estar implicado en una sedición. Resulta significativo que el primer periódico que lanzó la información de los últimos relevos militares fuese el mismo que 24 horas después daba tan peregrina versión del traslado del general de División Torres Rojas a La Coruña. Resulta más significativo si se considera que ese diario está calificado como un órgano oficioso del Gobierno o de un sector del Gobierno. Lo lógico es que si un militar hubiera sido sujeto de responsabilidad en un hecho de esa naturaleza, hubiera sido detenido fulminantemente previa la incoacción de la instrucción sumarial prevista en estos casos. No ha sido asi y el desmentido oficial resulta categórico.

Con independencia de subrayar lo que tiene de irresponsable la difusión de noticias falsas o inexactas, que pueden atentar tan gravemente al honor de las personaas y que pueden contribuir a crear un ambiente de gravísima confusión en el seno de las Fuerzas Armadas y en la expectante ansiedad de la mayoría de nuestro pueblo, cabría preguntarse si esa información fue difundida por una simple frivolidad o con una intención política que, de momento, se escapa de las manos de los observadores más certeros. En estos casos suelo recurrir a un procedimiento elemental, de valor casi doméstico, cuya regla hasta puede resultar infalible para determinar las causas que originan un escándalo informativo como este al que aludo: ¿a quién beneficia esa noticia? ¿A quien perjudica? La rentabilidad obtenida por determinados sectores políticos con aquel fantasma de la Operación Galaxia n oadmie ningún género de dudas. Pero en este caso, la observación puede agudizarse aún mal: os discursos pronunciados por el Rey con ocasión del mensaje navideño y de la Pascua Militar habían tenido la virtud de serenar ánimos y tranquilizar conciencias y de poner en su sitio los conceptos de más alto valor nacional: aquellos a los que sirven, como primero y único objetivo de su existencia, las Fuerzas Armadas. El encuentro entre el general Torres Rojas y el Monarca y el intercambio de discursos sólo unos días antes de que se pronunciaran los mensajes citados, también había contribuido de forma notable a situar en su marco exacto a los Ejércitos y a desvincular toda actitud militar del área política, tan perturbada y confusa.

Es lícito preguntarse en estas horas si los inspiradores de la información difundida por DIARIO16 no tendrían por objeto desquiciar ese marco y crear inquietudes donde no las había y desconfianzas donde nunca debiera haberlas. Me pregunto esto al hilo de una noche agitada con un fondo incesante de teléfonos o de legítimas irritaciones que a nadie pueden beneficiar, salvo a quienes urdieron la trama de esta especie de fantasmal operación que ha intentado poner en entredicho nada menos que a un general de División prestigioso, disciplinado y leal y que acaso haya intentado abrir un vacío entre las Fuerzas Armadas y quien por razones constitucionales e históricas en su COmandnate supremo. De ese vacío cmo de la legítima irritación con que un gran sector militar contempló la brutal acusación al Ejército, sólo puede salir un damnificado: España.

27 Enero 1980

El golpe

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

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DECIA MANUEL Azaña que era peligroso poner en la Villa y Corte en circulación una tontería, porque en Madrid las tonterías arraigan mejor que las acacias. No hay en la frase -que tiene vigencia y un espeso poso de verdad- desdoro para los madrileños y sí desdén por las comidillas capitalinas tan a menudo alejadas de la realidad.La sociología, cuando aborde el estudio de estos cuatro años de transición democrática, tendrá que analizar lo que se podría denominar el síndrome del golpe, que parece aquejar seriamente a buena parte de la sociedad española, a lo que parece, convencida de que las asonadas, los cuartelazos, todo el ruido de sables que caracterizó nuestro siglo XIX, sigue siendo posible en la España de las postrimerías del XX, como si este país fuera equiparable a las repúblicas bananas de Latinoamérica, o la interrelación política y estratégica no fuera un hecho indiscutible en la vida cotidiana de Occidente.

En este sentido puede parafrasearse a Azaña y asegurar que resulta peligroso poner en circulación un rumor de golpe militar en Madrid, porque muchos ciudadanos lo dan por bueno y se descuelgan febrilmente los teléfonos en cuanto se ve circular una columna militar, o la jurisdicción castrense remite a un castillo a un oficial encontrado en falta a sus deberes, o se producen corrimientos en el escalafón de los jefes.

El síndrome del golpe, a falta de su correspondiente estudio sociológico, tiene sus referencias auténticas -como todo síndrome- y no pocos elementos de aprehensión, que también deben analizarse y corregirse. La institución militar ha entrado en una fase de cambio y de adecuación a la nueva situación política que produce tensiones y malestares no superiores a los sufridos por otros estamentos profesionales. Sería ridículo ocultar que en nuestros Ejércitos existen jefes y oficiales que no han asimilado intelectualmente el cambio de régimen o que lo acatan antes por disciplina que por convencimiento, o que malinterpretan el mandato constitucional sobre las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución, atribuyéndose un equivocado papel de jueces del máximo texto legal. Las Fuerzas Armadas, en efecto, son el último baluarte defensivo constitucional (baluarte contra una violencia anticonstitucional, no contra una reforma de la carta de derechos y deberes), pero su intervención, su garantía última, será siempre decidida por los intérpretes personales o institucionales de la Constitución, nunca por sus propios guardianes.

Es un hecho comprobado que en algunos cuartos de banderas se producen tertulias al filo de los acontecimientos políticos que resultarían graves de no mediar la disciplina y buen entendimiento del mando. Pero elevar a la categoría golpista comentarios exaltados, fruto antes del apasionamiento irreflexivo que de la conspiración organizada, resulta excesivo e irreal.

La posibilidad de una intervención militar que interfiera el proceso político debe ser descartada. En las Fuerzas Armadas españolas no se cuestiona la figura del Rey (motor del cambio político y jefe supremo de los Ejércitos): un golpe militar, que siempre lo sería contra la Constitución refrendada por el pueblo. iría contracorriente de los esquemas políticos que imperan en Europa occidental, y además es falso que una parte sustancial de nuestra oficialidad se encuentre en esa tesitura de dudas políticas. A la postre, esta especulación militar debe y puede reputarse de tontería forzada por la artificial hilación de actitudes individuales y aisladas más próximas a la incontinencia verbal y a la irreflexión, que a la urdimbre conspirativa.

Acaso los poderes públicos tengan su parte alicuota de culpa por haber tolerado que aquella «Operación Galaxia» que, al margen de su significación y alcance auténticos, sí movilizó resortes precautorios en las más altas instancias de la nación, aún no haya sido suficientemente aclarada, permitiéndose su interesada frivolización. Porque una cosa es que no sea factible el golpe y otra que se tolere o bromee con su caldo de cultivo.

El caso es que en España no se concitan ninguno de los condicionantes elementales para que fragüe golpe alguno, y que debemos todos acostumbrarnos a recibir las noticias sobre escalafones o sanciones militares con la misma óptica de otros países occidentales. Desde el cese fulminante del general MacArthur como virrey del Japón y jefe supremo de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea hasta la disolución de unidades paracaidistas francesas en Argelia, tras el fracasado golpe de Salan, hay toda una teoría de prevalecimiento de la autoridad civil sobre la militar en Occidente, que ha provocado lógicas tensiones sin que el síndrome del golpe haya anidado en las conciencias de los ciudadanos que se dan sus propios gobiernos por procedimientos democráticos. El Ejército español tiene sus problemas, pero el Ejército español no es un problema para España.

28 Enero 1977

Azaña y la Academia

DIARIO16 (Director: Miguel Ángel Aguilar Tremoya)

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Azaña adquirió el hábito de decir que había librado a dos generales de caer en la tentación. Así solía comentar su decisión del 21 de febrero de 1936 de destinar a Franco a Canarias y a Goded a Baleares. La frase se le ocurrió unos días antes de esa otra que ayer recordaba el editorial de EL PAÍS sobre las acacias y la capacidad de arraigo de las tonterías en la Villa y Corte. Capacidad que no sería legítimo argüir para desvalorizar la amplia difusión alcanzada por el colega de la calle Miguel Yuste.

Es significativa la coincidencia de la frase de Azaña arriba citada con las declaraciones de Enrique Múgica, diputado socialista y ex presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, al citado colega tituladas precisamente ‘Hay que evitar que las tentaciones se conviertan en tentativas”.

Múgica, interrogado sobre la supuesta intentona militar referida el viernes por DIARIO16, respondió que el PSOE, a través de diversas fuentes, había tenido conocimiento de esta situación’ y recomendó para conseguir el propósito enunciado en el título transcrito ‘el buen funcionamiento de los servicios de información’. Aquí es donde todos los autores coinciden en señalar el fallo de Azaña, que nunca logró una aproximación cordial a las Fuerzas Armadas desde su puesto de ministro de la Guerra.

Hoy, nuevos datos y precisiones permiten recuperar el perfil de los hechos, despojados de gangas y extrapolaciones, ajenas a las informaciones publicadas por DIARIO16.

Antes de todo, el diccionario de la Real Academia Española en su última edición permite establecer la propiedad de los términos empleados en el titular de nuestra edición del viernes por la tarde. La voz intentona aparece registrada en la segunda columna de la página 753 con esta definición: “Intento temerario, y especialmente si se ha frustrado”.

En Melilla fue arrestado el capitán Tormo, que relató a sus compañeros de guarnición un plan militar consistente en la toma del palacio de la Moncloa por la Brigada Paracaidista y el control de Madrid por la División Acorazada de Brunete.

29 Enero 1980

La jurisdicción militar y la libertad de expresión

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

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TODO HACE suponer que la citación de Miguel Angel Aguilar, actual director de Diario 16, por un juzgado militar en relación con las informaciones publicadas el pasado viernes por nuestro colega, en torno a supuestas implicaciones políticas del arresto de un capitán en Melilla y de la última combinación de nombramientos militares, no tendrá mayores consecuencias que las molestias y las preocupaciones que pudo producirle al interesado la comparecencia. Miguel Angel Aguilar no es sólo un profesional comprometido desde hace muchos años con esos valores democráticos y de defensa de las libertades que sirven hoy de base a nuestro ordenamiento constitucional. Situado en las antípodas de esos intentos periodísticos de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de proyectos políticos que disfrazan su particularismo interesado con encendidas invocaciones a la patria y a la milicia, envueltas en una apolillada y engolada retórica, el actual director de Diario 16, primer premio Ejército del Aire en 1978, ha mostrado siempre preocupación por establecer puentes de comunicación entre la sociedad militar y la sociedad civil.

Pero no se trata sólo de la incongruencia que supondría que la jurisdicción castrense procesara por supuestos delitos de desacato, injuria o calumnia contra la autoridad militar a uno de los periodistas que se han esforzado porque la realidad de las Fuerzas Armadas sea conocida fuera de los cuarteles. Porque las informaciones publicadas que sirven de presunto cuerpo delictivo no parecen mostrar los indicios de culpabilidad que tienen que servir de base a un procesamiento ni, sobre todo, el ánimo doloso que la comisión de un delito requiere.

Como señalamos en un editorial publicado el sábado pasado. las Fuerzas Armadas no son excepción en la obligación de transparencia informativa que tiene el Gobierno, y la sociedad militar, con todos los matices y reservas que su especialización profesional exige, ni puede ni debe ser un tema tabú para la información y para la opinión y menos aún un coto cerrado al que sólo tengan acceso esos políticos disfrazados de periodistas que tararean aires marciales y remedan comportamientos castrenses con la esperanza de que su simulacro de «prensa militar» no sólo les proporcione una buena cuenta de resultados. sino les permita también hacer esa política que la escasez de votos les impide realizar. Hemos discrepado de los análisis informativos de Diar¡o 16 sobre los acontecimientos ocurridos a finales de la última semana. pero nos parece incomprensible que por una interpretación del significado de una noticia publicada. por errónea que resulte o que nos parezca. pueda ser sentado en el banquillo el autor de la información.

De añadidura. ese hipotético banquillo en ningún caso podría ser instalado en el ámbito de la jurisdicción mil¡tar. En este punto. no faltan quienes desean reactualizar aquella lamentable polémica sobre la ley de Jurisdicciones que tanto daño hizo a la Monarquía parlamentaria durante la etapa de la Restauración y que fue uno de los factores que orientaron hacia el ideario republicano a destacados intelectuales y a un amplio sector de la opinión liberal. Afortunadamente. esa discusión carece de sentido en nuestro actual ordenamiento jurídico. Por esa razón. no decimos que esos supuestos delitos de injuria a la autoridad militar no deberían ser conocidos por la jurisdicción castrense, sino que afirmamos que no pueden serlo.

El apartado 5 del artículo 117 de la Constitución establece que «el principio de la unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales», y a continuación precisa que «la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito puramente castrense y en los supuestos de estado de sitio. de acuerdo con los principios de la Constitución». Pese al criticable retraso del Gobierno para enviar a las Cortes las disposiciones con rango de ley que hagan explícita y precisa la reforma jurisdiccional de manera global y en los más mínimos detalles, la Constitución entró en vigor como ley de leyes en el momento de su promulgación, y prevalece sobre las normas que contradigan mandatos tan diáfanos, en su espíritu y en su letra, como el contenido en el artículo 117. La disposición derogatoria tercera establece, en efecto, que «quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución». Porque sería un escándalo jurídico sin precedente y un ataque a los supuestos del Estado de Derecho que los retrasos y demoras del Gobierno o de las Cortes en la actualización y reforma de leyes obsoletas tras la promulgación de la Constitución y directamente opuestas a su articulado siguieran vigentes.

Pero la improcedencia de que Miguel Angel Aguilar sea sometido a la jurisdicción militar no sólo procede de un mandato constitucional, sino de una ley promulgada después del referéndum de nuestra norma fundamental. En efecto, la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, de 26 de diciembre de 1978, establece que los delitos y faltas presuntamente cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión «serán enjuiciados por los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, según su propia competencia», y aclara, para mayor precisión, cuáles son los trámites de la ley de Enjuiciamiento Criminal adecuados «para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de publicación». Las dudas de los más suspicaces seguramente se desvanecerán al saber que la disposición transitoria establecía la inmediata inhibición en favor de la jurisdicción ordinaria de los «juzgados, tribunales y autoridades de cualesquiera orden y jurisdicción distintas de las que componen la jurisdicción ordinaria» que estuvieran conociendo de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de la ley de Protección Jurisdiccional en el momento de ser promulgada.

Resumamos todo nuestro argumento. Va contra el sentido de su anterior actividad profesional presumir en Miguel Angel Aguilar ánimo de injuria o calumnia contra la autoridad militar. Las informaciones publicadas por Diario 16 el pasado viernes, por erróneas que puedan parecer sus conclusiones, no ofrecen atisbos de materia delictiva. Las Fuerzas Armadas y la defensa, la sociedad militar y sus problemas, no pueden ni deben quedar al margen de la transparencia informativa y del conocimiento de la opinión pública. Y, en cualquier caso, el artículo 117 de la Constitución limita la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense, mientras que la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales asigna a la jurisdicción ordinaria los presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión por civiles, aunque los ofendidos sean miembros de la carrera militar.

01 Febrero 1980

La calesera y el espadín

Jaime Campmany Díez de Revenga

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Contaba DIARIO16 que el general Torres Rojas, jefe de la División Acorazada había sufrido alguna veleidad conspiratoria, algo así como un síndrome primorriverista, y que por eso le habían quitado el mando de la División Acorazada y le habían enviado a Galicia a velocidad de cohete espacial.

(…) El último susto en materia de espadines nos los dio don Miguel Ángel Aguilar con ese anuncio de asonada que puso en la primera página de DIARIO16. Si la noticia nos la hubieran dado en INFORMACIONES, habríamos podido pensar que era cosa de don Emilio Romero, que no sabe ya como meter en cintura a la Moncloa, o un truco de don Sebastián Auger. ¡Vaya por Dios – podríamos pensar los malpensados – ya quiere don Sebastián Auger arreglar el problema por las bravas! Pero no. Ha sido cosa de DIARIO16, donde, según cuentan los enterados de las bambalinas y entrebastidores de la política menuda, tiene una alta participación el partido de UCD, o alguien que le anda muy cerca. Y entonces, uno no entiende nada, como le sucede casi siempre, por otra parte. Contaba DIARIO16 que el general Torres Rojas, jefe de la División Acorazada – seguramente aquella misma que en pleno franquismo sacaba el general Pérez Viñeta a pasear a la avenida del Generalísimo, hoy Castellana, en forma de referéndum definitivo – había sufrido alguna veleidad conspiratoria, algo así como un síndrome primorriverista, y que por eso le habían quitado el mando de la División Acorazada y le habían enviado a Galicia a velocidad de cohete espacial. Porque no me parece que esté muy claro que a un jefe militar sorprendido en trance de conspiración pronunciamiento o golpe de Estado, le tengan que destinar a un lugar donde pueda tener a su mando no una división, sino cinco divisiones. (…)

Jaime Campmany

El Análisis

¿PERO HUBO O NO HUBO INTENTONA GOLPISTA DE TORRES ROJAS EN 1980?

JF Lamata

No quedaron bien los periódicos – singularmente EL PERIÓDICO de Catalunya, que le hizo una entrevista, casi de publireportaje – que insistieron entonces en que el Sr. Aguilar había metido la pata y que el General Torres Rojas era un perfecto demócrata. No quedaron muy bien porque al producirse la intentona golpista del 23 de Febrero de 1981, resultó que el General Torres Rojas estaba implicado en el tema, por lo que sería detenido y condenado.

Pero, por poner las cosas en su sitio, el hecho de que el 23 de Febrero de 1981 se produjera una intentona Golpista en la que estuvo implicado el General Torres Rojas no acaba de confirmar que el citado militar fuera un golpista patológico y ya hubiera participado en una intentona en enero de 1980 del que ni siquiera se conocieron bien suficientes detalles para acreditar si hubo o no intento de golpe aquel enero. La historia publicada por el Sr. Aguilar en la tarde del 26 de enero de 1980 implicaba que el Gobierno Suárez había relevado al Sr. Torres rojas de la DAC para parar un golpe de Estado. ¿Pero si era un conspirador… no debería el Gobierno haberlo arrestado, en  vez de nombrarle Gobernador Militar de La Coruña? No cuadra.

J. F. Lamata