Del Rivero logra un pacto entre Sacyr y Pemex para hacerse con el control de Repsol YPF, pero Brufau se blinda en el Consejo

Repsol, la primera empresa petrolera española, está sufriendo en los últimos meses las consecuencias de una guerra interna, planteada entre el equipo de gestión, encabezado por el presidente Antonio Brufau, y el principal accionista de la compañía, el grupo constructor Sacyr Vallehermoso. Luis del Rivero, presidente de Sacyr, se opone a la política de inversiones de Repsol, cuestiona el recorte de dividendos del 19% y presiona para que el grupo petrolero venda activos con el fin de obtener rentabilidad a la inversión de 6.500 millones de euros que costó el 20% del capital de Repsol.

La tensión institucional, insostenible en cualquier empresa que aspire a mantenerse en un mercado competitivo frente a grandes multinacionales, se manifestó en otro episodio desagradable el viernes pasado. Un consejo extraordinario ratificó la gestión de Brufau y sus decisiones empresariales; pero a ese consejo no asistieron los tres consejeros del primer accionista, Sacyr. En conclusión, ese consejo no sólo no ha resuelto el enfrentamiento entre Sacyr y los gestores de Repsol, sino que probablemente lo ha envenenado un poco más.

Repsol es una empresa de primer orden, construida con paciencia e ingenio en tiempos de mayoría de capital público. A primera vista, la posición díscola de Sacyr es errónea. Bastaría para calificarla así el hecho de que haga pública sus discrepancias con la gestión de Repsol. Pero es que esas diferencias tampoco están justificadas. La inversión de Repsol -32.000 millones de euros entre 2008 y 2012- está justificada porque es una de las pocas vías para sostener la rentabilidad y el beneficio en un negocio que depende de la exploración y el refino. Repsol ha ido aumentando poco a poco la parte de beneficios destinada a dividendo y la interrupción de 2009 se debe a la recesión.

Da la sensación de que el accionista Sacyr no entiende el negocio petrolero; o bien pretende resolver la situación de sus cuentas exprimiendo prematuramente las de Repsol. Su propuesta de venta de activos quizá tenga lógica en negocios como el ladrillo, pero puede ser un suicidio en negocios con maduración más larga de las inversiones. Si Sacyr no entiende el negocio de Repsol, es un accionista equivocado; por tanto, debería encontrarse una solución accionarial antes de que la crisis destruya la empresa.

La comunicación como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la sindicación de las acciones que Sacyr y Pemex mantienen en Repsol abre la puerta a una alteración en el control de una de las más emblemáticas compañías españolas de un sector estratégico como es la energía. La constructora posee un 20% del capital y la petrolera, propiedad íntegra del Estado mexicano, un 4,87%. En virtud del acuerdo, esta última se compromete a compras adicionales hasta el 9,8%, de forma que entre ambas rocen el 30%, sin alcanzarlo para eludir así la obligación de lanzar una opa. Los demás accionistas corren así serio riesgo de quedar supeditados a la voluntad de estos dos aliados.

La primera decisión que previsiblemente quieren adoptar es alejar al actual presidente, Antonio Brufau, de la máxima posición ejecutiva de la compañía. A partir de ahí, podrán adoptarse otras decisiones de escaso vuelo estratégico, fundamentalmente la conversión en liquidez de algunos activos o inversiones, según convenga a los aliados. Eso atañe en especial a Sacyr, el inversor más importante y más endeudado, que compró su paquete en Repsol íntegramente con deuda bancaria.

Las dificultades de la constructora para financiar esa deuda explican las presiones para que Repsol genere dividendos líquidos. Brufau no solo está enfrentado a su principal accionista sino que sufre el alejamiento de Pemex, que se había mantenido durante 20 años sin cuestionar nada. El silencio con que La Caixa, otro de los accionistas de referencia, con un 12,8%, ha recibido esta alianza se añade al ya discreto apoyo que concedió a Brufau cuando este quiso conseguir una reconfirmación de su posición como presidente. Es importante que esa institución financiera, que ha hecho gala de una política inversora inteligente y favorecedora de los intereses generales, no se quede al margen de esa redistribución del poder en Repsol. Se ha de garantizar que su gestión no se resiente y que no se utilice como mecanismo para resolver problemas en otros sectores o empresas en crisis.

Las autoridades no pueden actuar como en el caso de Endesa, cuando otra empresa pública extranjera fue la que se llevó el gato al agua: esa experiencia es paradigmática del inventario de errores que un Gobierno puede cometer. Por eso, al margen de que la alianza cumpla la normativa, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no puede limitarse a «dar la bienvenida» a la operación y a aceptar de los ejecutivos de estas compañías unas vagas garantías de españolidad. No hay españolidad posible cuando no hay simetría entre las legislaciones mexicana y española en cuanto a apertura a las inversiones extranjeras. Por eso el Gobierno debe velar ante todo para que la empresa resultante de una operación especulativa como esta, si finalmente se consuma, no acabe en el desguace, precisamente gracias a la alianza con una empresa pública de un país que tiene a su petrolera blindada.

Nadie que viera ayer a Luis del Rivero, presidente de Sacyr, desayunando en el Hotel Intercontinental de Madrid podía imaginar el golpe de mano que estaba tramando. Moreno y relajado, quienes estuvieron con él dicen que de lo único que se quejaba es de haber cogido algunos kilos extra por culpa de la cocina cántabra.

Pocas horas después se anunciaba el pacto entre Sacyr, el principal accionista de Repsol y la empresas estatal mexicana Pemex, el socio industrial más antiguo de la petrolera española. Todos los ojos se fueron de inmediato al punto número 2 del comunicado en el que Sacyr y Pemex divulgaron sus intenciones, donde se habla de la necesidad de separar el cargo de presidente del de consejero delegado. Sin ambages, este enunciado pone fecha de caducidad a la gestión de Antonio Brufau, quien difícilmente aceptará quedar arrinconado en un puesto honorífico después de haber ostentado todo el poder en la compañía y haber resistido -hasta ahora con éxito- todos los intentos de Del Rivero por hacer valer su condición de primer accionista.

Pese a que el Gobierno ha señalado en otras ocasiones que Repsol es una empresa estratégica, ayer decía no conocer los detalles de esta operación.

El enfrentamiento entre Brufau y Del Rivero viene de lejos y no siempre ha sido limpio. Hace ya meses que La Caixa, presidida por Isidro Fainé y segundo accionista de la petrolera, ha adoptado una postura de consideración hacia las pretensiones de Sacyr. Así quedó de manifiesto en la controversia en torno al dividendo de Repsol, que Brufau se negó a aumentar al principio, pero que acabó repartiendo generosamente.

Hace más de un año, los consejeros del presidente de Repsol ya veían que el fin de los blindajes -que permitían a los gestores mantenerse en el poder incluso en contra de los deseos de los accionistas mayoritarios (al limitar sus votos al 10% aunque poseeyeran mucho más)- y la nueva actitud de La Caixa, presagiaban el fin del ciclo de Brufau. Y se auguraba un relevo pactado, lejos de las inquietudes provocadas por la irrupción sorpresiva de accionistas rusos, por ejemplo. Bastaba que la fruta madurara sola para que cayera en las manos de Del Rivero.

Mientras, Sacyr hacía sus deberes. Hacia finales de 2010 y pese a que la coyuntura financiera no era buena, la compañía logró reducir su fuerte endeudamiento, vendiendo algunos negocios e incrementando espectacularmente su facturación en el extranjero.

Cuando en marzo pasado se hicieron públicas las tensiones entre Demetrio Carceller y Juan Abelló, por un lado, y Del Rivero, por otro, éste se vio cogido por sorpresa. El equipo de Brufau había regalado los oídos de Carceller, seduciéndolo con la idea de que podía convertirse en presidente de Repsol. Cuando Del Rivero captó la magnitud de la rebelión, finalmente laminada en la junta de mayo pasado, no pudo dejar de constatar que sus adversarios habían llevado con éxito la inestabilidad a su propia retaguardia.

La de ayer es una nueva batalla de una guerra que se prolonga ya demasiado tiempo. Pero esta vez, todo indica que a Del Rivero la jugada le puede salir bien.

A pesar del tiempo transcurrido desde que se hizo pública la alianza del grupo mexicano Petróleos Mexicanos (Pemex) y la constructora Sacyr, todavía no se han despejado por entero las dudas sobre las consecuencias que tendrá dicha alianza en la gestión futura de Repsol. Se entiende perfectamente que Luis del Rivero, presidente de Sacyr, busque una mayor influencia dentro de la petrolera española para conseguir más liquidez y hacer frente de esa manera al crédito de aproximadamente 5.000 millones de euros con el que pagó su participación. Esta debilidad financiera explica bien por qué Sacyr era un accionista equivocado para Repsol, un grupo cuyos accionistas deben aceptar los largos periodos de maduración de las inversiones en exploración y refino de crudo. Ese es el origen último de la inestabilidad actual en Repsol.

Pero el papel de Pemex en esta crisis está peor definido. El informe en el que explica las ventajas de su alianza con Sacyr ofrece pistas. Alude, por ejemplo, a la facilidad de acceso del grupo mexicano a la tecnología de exploración, ventaja sin duda muy apreciable. La supuesta ventaja de controlar un grupo petrolero de primera línea mundial con una participación minoritaria ya no es tan fácil; porque una vez conocida la alianza Pemex-Sacyr, se ha abierto una pugna societaria pública muy enconada para garantizar que ese control queda en manos de quienes ahora ostentan la gestión.

Las dudas surgen de una sospecha: Pemex aspira a controlar Repsol, junto con Sacyr, para cambiar su gestión y trasladar fuera de España algunas decisiones clave aprovechando la debilidad de la constructora y las carencias de un Gobierno terminal. Esta sería la razón oculta. Como principio básico, es deseable que las empresas energéticas de carácter estratégico tengan gestión española, con sus activos protegidos de las necesidades acuciantes de sus accionistas. Porque el mercado de la energía no está globalizado y mantiene en todos los países fuertes barreras de entrada. Para evitar cualquier duda sobre la gestión española de Repsol, para impedir que un artificio societario diluya la gestión nacional, es imprescindible que Pemex y el Gobierno mexicano expliquen sus intenciones. Y, por último, pero no menos importante, que se articulen en Repsol mayorías accionariales estables. Tales mayorías exigen más inversión española.

Repsol sigue en una grave crisis societaria y no parece que vaya a resolverse antes de diciembre, cuando vence el crédito de 5.000 millones de euros concedido a Sacyr para comprar el 20% del capital de la petrolera. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido, contra la petición del actual equipo directivo de Repsol, que no es necesaria su autorización previa al acuerdo societario entre la constructora Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex), que domina conjuntamente el 29,8% del capital. La decisión de la CNE refleja la impresión interna mayoritaria de que Repsol no es una empresa regulada y no cabe una intervención pública en acuerdos societarios. También pesa el recuerdo del terrible desgaste que sufrió la CNE cuando el Gobierno utilizó al organismo regulador para frenar la entrada de E.on en Endesa.

El miércoles, el Consejo de Repsol instó a Sacyr y Pemex a disolver su acuerdo societario que, según sospecha la actual dirección, es un intento de sustituir la gestión española por una más cercana a los intereses mexicanos aprovechando la debilidad financiera de la constructora. Sobre Repsol planea, pues, la expectativa de un prolongado y destructivo pulso jurídico entre la dirección y los socios sindicados. Sacyr y Pemex han anunciado acciones legales inmediatas contra las modificaciones en el reglamento del Consejo que preparan la expulsión del Consejo de sus representantes.

Las causas de esta crisis hay que buscarlas en la extrema debilidad de la estructura accionarial de Repsol, condicionada por el hecho de que el capital que posee Sacyr está financiado con un préstamo bancario que la constructora tiene dificultades para amortizar. No es posible sostener un accionariado estable en una petrolera, que necesita periodos largos de maduración del capital, con accionistas que necesitan abundantes retornos de dividendo a corto plazo.

Quedan por aclarar cuestiones políticas relevantes. No se ha explicado si el Gobierno español fue consultado por el mexicano sobre la sindicación. Si lo fue, sería conveniente saber quién dio el visto bueno. No es razonable suponer que el Gobierno mexicano y Pemex actuaron sin comunicar sus intenciones al español. La gestión de Repsol debe continuar en manos españolas; el papel de Pemex tiene que contenerse, al menos, en los límites actuales. Pero lo correcto para conseguirlo es aumentar el capital español en la compañía. La vía del contencioso jurídico es larga y peligrosa.