Por primera vez en democracia el PNV y EA se manifiestan junto a Herri Batasuna (EH) a favor de los presos de ETA

MUCHOS MILES de vascos, pese al mal tiempo, se manifestaron ayer en Bilbao por los derechos de los presos de ETA. Tales derechos incluirían el de ser trasladados a cárceles vascas o al menos próximas a Euskadi. Que sean tantas las personas dispuestas a movilizarse tras esa aspiración es un dato político a tener en cuenta; pero, aunque los manifestantes hubieran sido el doble, eso no convertiría tal aspiración en un derecho. La deliberada confusión entre deseos o pretensiones y derechos indiscutibles es una de las características de la política vasca de estos años, y tiene mucho que ver con lo que está pasando. La manifestación se celebró tras una noche en la que volvieron a producirse actos de sabotaje y acoso, que prosiguieron durante la jornada y que forman parte de lo que la socialista Rosa Díez calificó de «rebrote fascistoide». Se refería a los actos de intimidación o, por emplear los términos de ETA, de «persecución» de los no nacionalistas. Algunas personas han restado importancia a tal rebrote, argumentando que no sería razonable esperar que la violencia desapareciera de la noche a la mañana. De entrada, que haya determinados partidos cuyos militantes se vean sometidos, por el hecho de serlo, a persecución es un hecho gravísimo que debería constituir la primera preocupación de los demócratas, incluyendo los miembros de los partidos no sometidos a esa coacción. Podía suponerse que los encapuchados estaban esperando la ocasión para volver a actuar; pero no que desde el nacionalismo instalado -los que gobiernan y sus aliados- se proporcionara el pretexto a cuenta de la política penitenciaria del Gobierno. Las condenas verbales de tales desmanes tienen poco peso comparado con la actitud de confraternización con quienes los impulsan.

No se trata sólo de que Euskal Herritarrok se niegue a condenarlos. Arnaldo Otegi, que negocia con los partidos nacionalistas democráticos un pacto de legislatura, ha dicho con gran calma que salvajadas como la de intentar incendiar las viviendas de los guardias civiles en Getxo -con 10 familias dentro- se justifican «por situaciones como las de los presos». Ahora se sabe además que esos sabotajes forman parte de una estrategia puesta en marcha por quien sea que ahora coordine el tinglado para coaccionar al partido del Gobierno y a los no nacionalistas en general. En esas condiciones, ¿cómo piensan los dirigentes nacionalistas que van a interpretar los encapuchados su participación en la movilización de ayer contra la «vulneración» de los derechos de los presos? El nuevo lehendakari es persona moderada, pero estuvo muy desafortunado al equiparar las coacciones y ataques de las brigadillas de encapuchados, por una parte, y la política penitenciaria del Gobierno, por otra. ¿No se da cuenta de que los incendiarios dan por supuesto que lo uno justifica lo otro?

Se ha argumentado hasta la saciedad que no existe nada parecido a un supuesto derecho de los presos a cumplir su pena en determinados establecimientos penitenciarios; que lo que hay es la obligación del Estado de favorecer la reeducación y reinserción social de los penados, y la recomendación de disponer de establecimientos en todas las comunidades para evitar el desarraigo social. En ocasiones, el acercamiento favorecerá la reinserción, y en otras, no. Desde luego, es dudoso que pueda favorecerla una situación de concentración de los presos en unas pocas cárceles, como pretende el entorno de ETA (en el marco de una estrategia de imponer su liberación mediante la presión exterior, como enuncia el último comunicado de la banda). El PNV apoyó en su día la dispersión por considerar que favorecía la desvinculación de los reclusos de la organización. Es legítimo pensar que ahora no la favorece, pero es injusto decir que el Gobierno no se ha movido. Lo ha hecho con cautela, tal vez demasiada, pero no ha sido insensible a las demandas de los nacionalistas y si por una parte se considera que el acercamiento de los 21 presos más alejados es «una provocación» y a la vez se agudiza, con esa excusa, la persecución social de los no nacionalistas, se está invitando al Gobierno a no dar más pasos.

Los nacionalistas hacen como que no se enteran, y siguen a la suya, incluso después del ridículo de su denuncia ante instancias internacionales. Todo ello para trasladar a la sociedad la idea de que la paz depende de mantener la alianza nacionalista, pase lo que pase. Y lo que pasa es que en Euskadi hay un Gobierno que depende de los votos de un grupo que sigue considerando legítimo utilizar el chantaje de la violencia para alcanzar sus objetivos, y que hay unos ciudadanos que ya no están amenazados, los nacionalistas, y otros que siguen estándolo, el resto.