Primera sentencia del ‘caso 3%’: Condenados a prisión el ex tesorero de Convergencia y los ex responsables del Palau de la Música

SE DECÍA que los hijos de Pujol hacían sus negocios bajo la sombra de su padre, y la sociedad miró hacia otro lado durante mucho tiempo. Cuando comenzaron a salir sus escándalos a la luz pública, se siguió mirando a otro lado y con inquina hacia los denunciadores. Eran unos anticatalanes y manipuladores. Pero, tras los años, el estado de opinión cambió. Al intentar excusarse el propio Pujol, la sociedad catalana, que tanto lo había amado, lo eliminó de su rutina. Fue rápido.

Hace años que se denuncia la forma irregular con la que se ha mantenido CDC. Maragall espetó en sede parlamentaria aquello del problema del 3% y los cimientos de la sociedad se removieron, pero tampoco tanto. Mucho que callar. Pero la táctica del silencio dura lo que dura, y el tiempo coloca las cosas en su lugar. Así, aquello de lo que nadie quería hablar se convirtió en algo a voces gracias a un denunciante anónimo y la cantidad de billetes de 500 que tenía el Palau. Y entraron los Mossos en el teatro y Millet salió haciendo el ridículo con un paraguas para evitar las fotos en un soleado día de julio. Pujol, el caso Palau y el 3% nos convierten en una sociedad igual que el resto. Hoy va una sentencia.

Ocho años y medio después de que la policía irrumpiera en los despachos del Palau de la Música, alertada por el tráfico de billetes de 500 euros que allí se registraba, ayer se conoció al fin la sentencia del caso Palau. Dicha sentencia establece que Fèlix Millet, todopoderoso presidente de la Fundació Orfeó Català, su colaborador Jordi Montull y la hija de este, Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos del Palau de la Música”. Y cifra el expolio en más de 23 millones de euros. Por este motivo, Millet, Montull y Montull recibieron ayer penas de cárcel de nueve años y ocho meses, siete años y seis meses, y cuatro años y seis meses, respectivamente, además de multas millonarias. La sentencia establece además que Convergència Democràtica de Catalu­nya (CDC) se benefició de la trama urdida por Millet, y que a través de ella recibió entre 1999 y el 2009 más de seis millones de euros en comisiones ilícitas, pagadas por la constructora Ferrovial, a cambio de contratas de obra pública. Daniel Osàcar, que fue tesorero de CDC, fue condenado ayer a cuatro años y cinco meses.

La sentencia del caso Palau es relevante por motivos sociales y políticos. Hablaremos primero de los sociales. La ciudadanía catalana ha asistido con creciente incredulidad e indignación al lento desarrollo del caso. Tanta fue la demora que algunos llegaron a pensar que los delitos quedarían impunes. Es importante, pues, que la sentencia los detalle y contabilice, que atribuya responsabilidades, que confirme que la justicia puede ser lenta, pero no ciega ni laxa. Por más que en la comisión de los mencionados delitos se vieran involucradas personalidades públicas en su día intocables, o estimadas instituciones. El contrato social sólo puede basarse en la confianza mutua, y cuando esta es traicionada debe perseguirse a los delincuentes y castigarles. Más aun si quienes delinquen son personas de privilegiada posición social, de las que se espera una conducta ejemplar.

La importancia política de la sentencia del caso Palau radica en que documenta la existencia de la trama del 3%, mediante la cual CDC se financió irregularmente con el dinero de constructoras de obra pública. Constructoras que –es de suponer– tratarían de resarcirse de sus donaciones de algún modo, quién sabe si a la hora de emitir facturas contra la Administración; es decir, contra el erario que nutren los contribuyentes.

CDC negó siempre su relación con el 3%. En la mente de todos está el rifirrafe parlamentario del 2005 entre el president Pasqual Maragall y el entonces líder convergente, Artur Mas, cuando el primero le recriminó: “Vostès tenen un problema i es diu 3%”, y el segundo le replicó ofendido: “Vostè ha perdut completament els papers”. Ayer Mas se limitó a señalar su sorpresa por la dureza de la sentencia, mientras representantes de otros partidos pedían responsabilidades a políticos del PDECat, la formación, presidida hasta la semana pasada por el propio Mas, que nació de CDC para distanciarse de sus irregularidades.

La corrupción es un cáncer. Enriquece a unos pocos, a costa del resto de los ciudadanos, mientras mina la confianza general en el sistema. Todo caso es censurable. Pero cuando la practica, durante años, un partido de gobierno, los efectos son demoledores. Su condena es siempre pertinente. Y su erradicación total –puesto que aquí sólo hablamos de un caso, si bien muy relevante– es una auténtica urgencia social.

Durante años Catalunya vivió en un dulce oasis en el que todo iba bien. Mandaba un partido nacionalista, pero moderado y que sabía pactar con Madrid. De centroderecha, pero pragmático. Catalunya ganaba autogobierno y la economía tiraba. Los socialistas tenían los ayuntamientos y ganaban las legislativas. Nada es perfecto, pero cuando entorpecían demasiado –Josep Maria Sala o Pasqual Maragall– el poder mediático-patriótico sacaba las uñas.

¿Era la Arcadia feliz? No, pero tampoco infeliz y se consagró la creencia de que era una de las regiones (se aceptaba el término) motoras de Europa. Por descontado más moderna que la casposa España. Pero aquel partido –que parecía una fortaleza inexpugnable– tenía puntos débiles. Uno, era la estructura leninista. Solo mandaba el jefe, Jordi Pujol, que se equivocaba poco, pero tenía alergia al debate interno (Roca se tuvo que ir tras no lograr ser autónomo desde el ayuntamiento barcelonés). Dos, el rumor de una financiación turbia y de mangoneo económico excesivo de la familia Pujol.

Y los fallos emergieron cuando Pujol decidió retirarse porque Maragall sacó más votos que él en 1999 y luego, en el 2003, el tripartito (con ERC e ICV) llegó a la Generalitat. Aquello, tras 23 años de dominio, no era la normal alternancia sino una herejía. Y Maragall, en un tenso debate con Artur Mas, heredero provisional de la fortaleza, dijo aquello de: «Ustedes tienen un problema, el 3%». ¡Intolerable!

Luego, en el 2009, cuando estalló lo del Palau de la Música, se rompió el velo. Había 3% y con malas compañías. Fèlix Millet, de una gran familia catalanista, saqueaba el Palau y hacía, al mismo tiempo, de cañería de fondos para CDC. Y en el 2014, con una extraña confesión, lo de la extraña familia acabó explotando.

Este lunes la sentencia del Palau confirmó lo que se intuía y sabía. Problemas de financiación ilegal los han tenido muchos partidos (y no solo en España). El PSOE tuvo su Filesa pero volvió a la Moncloa sin cambiar de nombre ni de ideología. El PP arrastra la Gürtel, que puede acabar fatal, pero sigue fiel a su marca. En el caso de CDC quizá se pecó más pues decía que encarnaba a Catalunya y su líder se vendía como el ‘padre de la patria’.
Y apostó por la huida hacia adelante. Cambiar de nombre (a mal) con el mismo líder y proclamar que el único error fue no levantar antes la estelada y tardar en reconocer que España era insufrible, una democracia de baja calidad, un Estado corrupto y un barco a abandonar. No como las ratas sino como catalanes decentes.

La autonomía del 155

Así hemos aterrizado en la autonomía del 155 y, tras una lenta instrucción de ocho años, la justicia ha concluido que el PDECat debe devolver (con sus sedes embargadas), los seis millones de los que se lucró con Millet de intermediario. Pero que quede claro, el único culpable es Daniel Osàcar, el sufrido tesorero por el que sus jefes –los que mandaban– ponen la mano en el fuego. Y si Mas dio la semana pasada otro paso al lado fue solo por el bien de Catalunya.

La primera consecuencia de la sentencia del Palau es la llegada de buitres que sobrevuelan sobre el con­vergente caído para llevarse algún bocado de carne que aún quede. Especialmente pornográfica ha sido la alcaldesa Colau, que ha visto una oportunidad para menear la cola y hacer olvidar los malos resultados del 21-D. Resarcida, pues, del difícil silencio de estas semanas, ha aparecido al minuto de conocerse la sentencia, dotada de una metralleta dialéctica, y ha disparado a todo quisque, no sólo sobre Mas, que ya está abatido, sino sobre Rull, Turull e incluso Puigdemont, no fuera que se dejara algún adversario indemne. Hay políticos que hacen del oportunismo una ideología, aunque se agradecería un poco de sutileza.

Buitres, oportunistas y fauna política de todo pelaje aparte, el caso Palau se cierra judicialmente con sentencia, pero políticamente en falso, porque las preguntas sin respuesta –la mayoría, ni siquiera formuladas– son una carga de profundidad que explota en la cara de todos, desde la judicatura hasta la prensa, pasando por la política y acabando por muchos nombres propios de la alta sociedad catalana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que sólo se haya investigado a CDC, a pesar de saberse los vasos comunicantes de Millet con todos los partidos polí­ticos, y especialmente con el PP? ¿Por qué motivo, a pesar de los datos publicados sobre las ayudas a la FAES por parte del Palau, no se ha inves­tigado nada de este negociado? ¿Y la fundación de la Balletbò, también buena amiga del Millet, no tiene nada que decir? ¿Y qué hacían, qué sabían, qué despistaban, qué callaban todos los integrantes del consejo del Palau, felizmente repartidos por todos los partidos durante estos años? ¿Todos inocentes? ¿Todos con cara de plato? ¿Nadie nada que decir? ¿Ni los que iban a las comidas de las bodas de las hijas de Millet al mismo Palau? ¿Y cómo es que se acusa de prácticas ilícitas en concesión de obras al Govern pero no se investigan las licencias otorgadas? ¿Cómo se puede sentenciar que ha habido una mala praxis si no hay ninguna prueba de tráfico de intereses? ¿Por qué motivo toda la Barcelona importante era amiga de Millet? ¿Porque era un gran tipo, o porque era un tipo muy generoso? Generoso con el dinero de otros, como se ha visto. Etcétera, etcétera, etcétera. El álbum de fotos de los años de vinos y rosas de Millet retrata a toda la alta sociedad catalana y a buena parte de la española, pero, curiosamente, ahora nadie lo conoce.

Diez años después de estallar el ­escándalo, pues, la sensación de es­tafa es enorme. El caso Palau ha sido, sin duda, una vergüenza ingente, un estercolero donde ladrones confesos han hecho su agosto con el dinero de una institución venerable mientras regaban el huerto del poder. De todos los poderes. Pero resulta que sólo CDC tenía algo que ver. ¡Qué utilidad de chivo expiatorio!

Es deprimente lo que considera probado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una de las empresas españolas más importantes e internacionales del Ibex como es Ferrovial. El grupo que preside Rafael del Pino no se trata de una mediana empresa catalana fácil de extorsionar por Convergència, sino una multinacional capaz de ganar contratos en los mercados más profesionalizados del mundo como Reino Unido, Canadá o Australia. Sin embargo, tuvo un comportamiento vomitivo en Cataluña, según la sentencia, que resume así la aberrante operativa: «El acuerdo alcanzado por las tres partes, Ferrovial, CDC y Palau, fue el siguiente: Ferrovial y CDC pactarían anualmente y por anticipado el importe del total de obra pública que se adjudicaría a aquélla desde entidades autonómicas o locales sobre las que CDC, a través de sus miembros, pudiera presionar para asegurar dichas adjudicaciones. A cambio, dicha formación política recibiría un porcentaje del total pactado». Incluso se contemplaba que si la adjudicación era mayor que lo previsto, Ferrovial procedería a «abonar la misma comisión pactada respecto de dicho exceso». El papel de Félix Millet, por su parte, era «ocultar a través del Palau el pago de aquellas comisiones» y llevarse un pellizco a cambio.

Ferrovial pagó a la Fundació Orfeó Català-Palau para presuntos mecenazgos más de 10,9 millones de euros entre 2001 y 2009. «Como mínimo», 6,6 millones fueron a parar al partido de Artur Mas, según la sentencia. Los jueces ven correlación de los pagos con, al menos, cuatro grandes adjudicaciones en Cataluña, entre ellas la línea 9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justicia.

La buena noticia para Ferrovial es que su ex jefe en Cataluña, Pedro Buenaventura, y su ¡actual! director de Relaciones Institucionales de Ferrovial Agromán, Juan Elízaga, ambos acusados, quedan absueltos. Las razones no son alentadoras. En el caso de tráfico de influencias es por prescripción; y en el de administración desleal, «por no haberse acreditado un perjuicio económico evaluable» a la propia Ferrovial, circunstancia que exigía el anacrónico Código Penal en vigor entonces.

¿Qué responde Ferrovial? Su escuetísimo comunicado «reitera su convencimiento de que las adjudicaciones de obras en que participaba se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica». Agrega que «la empresa ha sido ajena al destino final de los fondos entregados al Palau de la Música mediante contratos de patrocinio». La sentencia precisa que no está probado que Buenaventura y Elízaga actuaran «con conocimiento y aquiesciencia» de la cúpula de Ferrovial y de sus accionistas, pero es evidente que la empresa no se distancia de ellos. El seguro de Ferrovial paga las defensas de ambos y la empresa no ha dado explicaciones detalladas sobre el aluvión de pruebas que, según los jueces, la conectan con CDC.

Lo inquietante es que la primera gran sentencia contra la trama del 3% afecta a una empresa teóricamente seria como Ferrovial, que jamás se ha visto envuelta en escándalos en España o Latinoamérica como los que perpetran competidoras. Entonces, ¿qué habrán hecho otras contratistas de peor reputación a través de otras vías al margen del Palau pendientes de juicio? Ferrovial es sólo la primera en caer en el, por fin, ex oasis catalán.

La frase de Pasqual Maragall «¡Ustedes tienen un problema, y ese problema es de un 3 por ciento!» es probablemente la cita parlamentaria más recordada estos días tras la sentencia del Caso Palau.

Pero no son los de Convergencia los únicos que tienen un problema, también los medios de comunicación de España, que por algún motivo que ninguno de sus responsables ha querido explicar no tuvieron el menos interés en rascar ese ‘rumor’ o ‘clamor latente’ (Joaquim Nadal dixit) que al parecer existía en Cataluña en torno a CiU.

Por una vez se debe dar la razón a la independentista Esther Vera, directora del diario ‘Yatekomo News’, cuando recordaba en su artículo del día 16 de enero 2018 que cuando Maragall denunció aquello del 3 por ciento «la gente de orden se puso las manos a la cabeza y se hizo la escandalizada obligando a Maragall a retractarse, al tiempo que los empresarios que lo explicaban en privado desaparecían».

Vera está reconociendo que había una serie de empresarios que se quejaban que los políticos convergentes les extorsionaban para forzarles a pagar comisión del 3 por ciento para poder obtener contratos públicos.

La cuestión es… ¿Sí había empresarios que por los pasillos se dedicaban a largar esos temas – como los de Cementeras Molins, por poner un ejemplo – por qué nadie lo publicaba, ni tan siquiera como rumor en alguna columna de opinión?

La denuncia en 1999 en Antena 3 que todo el mundo ignoró

Un regalo de parte de este buitre de hemeroteca para Atresmedia que pueden usar para su ‘Maldita Hemeroteca’, ‘Sexta Columna’ o cualquiera de esos espacios que tienen para explotar su archivo.

Que cojan la entrevista que las intervenciones de Josep Lluis Carod cuando era el líder de ERC en el año 1999 y le verá denunciar ante las cámaras de Antena3 TV que empresarios se veían forzados a abonar un 3 por ciento (un 3,5 por ciento para ser exactos) para conseguir que la Generalitat les adjudicara obra pública.

Ante una acusación de ese calibre lo lógico hubiera sido que al día siguiente o bien los medios hubieran titulado «denuncia de corrupción mayúscula» cargando contra el pujolismo o bien que hubieran cargado contra Carod al grito de «calumnia intolerable de ERC» o algo así. Pero no, los medios corrieron la cortina y nadie dijo nada.

El diario El Mundo, tan deseoso de denunciar corruptelas socialistas, en aquel momento, no estaba por la labor de sacar las de los nacionalistas que por entonces sostenían el Gobierno del PP. Era su etapa más servil hacia el aznarismo centrista (que entendía como ‘centrista’ pactar con Pujol). Es más, por aquellos días Jordi Pujol, fue entrevistado en el periódico dirigido entonces por Pedrojota Ramírez y no hubo ninguna pregunta referida al 3 por ciento. E

En un tono amable el entrevistador Manel Manchón elogiaba su pacto con el PP «consolidaba el progreso económico» de España, y sólo se atrevía deslizar «supuestas irregularidades en el entorno familiar»… sin atreverse a decir ni una palabra más.

La denuncia de Carod se repitió en un plató ante tres destacadas columnistas, Esther Esteban, Isabel San Sebastián, que era columnista en ABC y Consuelo Álvarez de Toledo que lo era para El Mundo. Ni la una ni la otra creyó relevante dedicar columna alguna al 3 por ciento. Lo más curioso es que el propio Carod olvidaría su denuncia cuando llegara al poder y fuera ‘consejero jefe’ y vicepresidente de la Generalitat. No volvería a repetirlo hasta 2014.

Y la denuncia de Maragall en 2004

Y en estas que llega el famoso pleno del 24 de febrero de 2004 en el que el presidente de la Generalitat socialista Maragall, asediado por el hundimiento del Carmel, soltó su perla «su problema es de un 3%». Quizá Maragall se vino arriba porque había leído el editorial de El Periódico de esa mañana que se atrevía a insinuar «llega la hora de investigar todo lo que dice en Catalunya sobre el destino del 3 por ciento del dinero de las obras públicas adjudicadas».

24 horas después, cuando tras la denuncia a Maragall El Periódico podría haber abierto en portada con algo tipo «¡Ya lo dijimos!» o «¡El presidente Maragall nos ha hecho caso!». Todo lo contrario, ninguna referencia a su editorial el día siguiente y llamamientos a la calma… ¿Se acobardaron?

¿Y qué hizo la prensa de Madrid ante la denuncia de corrupción de Maragall el día 25? Cargar… ¡Contra Maragall! Pedrojota Ramírez en vez de ilustrarnos con un reportaje sobre el rumor del 3 por ciento espabilaba a Maragall en su editorial: «Maragall perdió los nervios acusando a CiU sin pruebas (…) para bochorno de todo el mundo (…) si fue un calentón que pida disculpas, lleva poco tiempo para perder los papeles de forma tan estrepitosa». (En las siguientes elecciones autonómicas, en 2006, Pedrojota Ramírez apoyaría públicamente a Artur Mas frente a Montilla).

¿Y el ABC de Vocento? Pues no consideró que el tema del 3 por ciento mereciera su editorial de ese día 25. El único que escribe sobre el tema es Valentí Puig y es para meterse con Maragall para acusarle de haber cometido un patinazo.

Mientras en El País, el día 26 Ernesto Ekaizer asegura que un informe encargado por el PSC sobre la gestión de CiU «por las que no se desprende ninguna ilegalidad» y parece querer justificar a Maragall recordando que a los del PP ‘también se les calentaba la boca».

Lo que no hubo fue ningún reportaje en profundidad ni sobre el 3 por ciento, ni suplemento dominical sobre los rumores que había habido durante años, ni recordando lo de 1999, ni nada de nada.

Y de la clase política ¿para qué decir nada? A la ya mencionada ‘amnesia’ de Carod Rovira, el PP catalán decidió como iniciativa parlamentaria a la denuncia de corrupción de CiU presentar una moción de censura contra el denunciante (contra Maragall). Y el PSC y CiU acababan pactando silencio mutuo para salvar el Estatut.

En 2012, siete años después, la prensa encabezada por El Mundo ‘descubriría’ la corrupción de CiU en plena campaña y ya con un Artur Mas lanzado al desafío separatista. Después han salido gente como José Bono para decir que Ibarra, Moratinos, Gallardón y él, ya sabían lo del 3 por ciento en 2004 y se lo recriminaron en privado a Pujol y Maragall (lástima que no lo hicieran en público).

Lo que nadie ha podido aclarar es porque durante tantos años no se publicaron ni entrevistas ni reportajes sobre el tema en ningún medio generalista. ¿No les interesaba políticamente o es que la práctica del 3 por ciento estaba tan extendida en toda España que nadie quería abrir la caja de Pandora? ¿Cuántos ‘rumores’ sobre corrupción ocultan nuestros valientes periodistas?

¿A lo mejor saben de donativos que se entregaron a partidos disimulándolos en el pago a informes de algún prestigioso despacho de abogados? ¿O a alguna fundación intelectual? ¿O debemos creer que Ferrovial ha sido la única empresa forzada a pagar la extorsión del 3 por ciento, Palau la única sociedad usada de intermediaria y Convergencia el único partido que ha usado ese sistema para financiarse?