12 abril 2015

El ex ministro estrella del Gobierno Aznar, ex presidente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia termina de hundir su imagen

Rodrigo Rato destruido: es detenido por posible fraude a Hacienda, blanqueo y alzamiento de bienes

Hechos

El 16.04.2015 D. Rodrigo Rato fue detenido a instancias de la Agencia Tributaria.

Lecturas

16 Abril 2015

Firmeza y transparencia para aclarar el fraude fiscal de un símbolo del PP

EL MUNDO (Director: Casimiro García-Abadillo)

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ASISTIMOS AL fin de una era. El impacto emocional que para toda una generación de españoles tiene la noticia de que el ex vicepresidente Rodrigo Rato era un defraudador fiscal al mismo tiempo que se presentaba como el artífice del milagro económico debe ser el aldabonazo definitivo para acometer la ineludible renovación de la vida pública que los ciudadanos demandan. Con todo, lo peor de la sucesión de escándalos que padecemos no reside sólo en la evidencia del fracaso de todos los órganos de control. No. Lo que resulta especialmente amarga es la constatación de que la podredumbre afecta a los cimientos del sistema de convivencia. Así es porque los casos no se ciñen a los años de la abundancia y el derroche vinculados al ladrillo, sino que se extienden durante décadas, y así es asimismo por la altura de sus protagonistas, verdaderos epítomes de estas tres décadas y media de libertades. La caída en desgracia de líderes que se pretendían ejemplares como José Ángel Fernández Villa, Jordi Pujol y ahora Rato es reveladora de la atmósfera moral en la que ha vivido la sociedad española y de los valores de quienes nos han gobernado.

Los datos conocidos por el momento apuntan a la sospecha de que Rato acumulaba ya dinero no declarado en el extranjero cuando formaba parte del Gobierno de José María Aznar. Hacienda detectó discrepancias entre dos regularizaciones que efectuó a partir de 2012, de fondos al parecer procedentes de una herencia familiar. Su padre, un empresario asturiano que hizo fortuna con una conocida cadena de emisoras de radio, falleció en 1998, cuando Rato era algo más que un ministro de Economía, que un vicepresidente del Gobierno. La conmoción que sus conductas han provocado se explica por su indiscutible ascendente sobre el PP y porque su nombre está en los fundamentos mismos de la que ahora es la mayor organización política de España: cuando Aznar, Cascos y Rato llegaron, AP era una formación casi irrelevante que gracias a su talento se convirtió en partido de gobierno. Para conseguirlo, enhebraron un discurso de regeneración democrática que conectó con las aspiraciones de la ciudadanía. Pues bien: ¡qué decepción! Los papeles de Bárcenas y la amnistía de Rato reducen el relato histórico de Aznar a su impecable gestión económica. Sus principales dirigentes no pueden dar hoy lecciones de integridad a nadie. Y Rato no es sólo un fantasma redivivo del pasado. Por su pátina de prestigio fue la persona escogida por el PP para reflotar Bankia y su administración fue un desastre. La salida a Bolsa, el rescate y, sobre todo, las tarjetas black son tres de los grandes hitos que lastran terriblemente al partido de Mariano Rajoy en las encuestas.

Todo lo que no sea firmeza y transparencia para aclarar el origen de los fondos de Rato será una actitud suicida. Pese a que la amnistía fiscal haya sido una medida muy discutible desde el punto de vista de la ética pública, la Agencia Tributaria ha dado muestras de haberlo entendido y su comportamiento con este caso es irreprochable. Sin sentirse condicionada porque estemos en época preelectoral, ha enviado al más mínimo indicio al servicio antiblanqueo todos los datos del ex vicepresidente y de otros 704 cargos públicos, asombrosa cifra que es un síntoma de corrupción sistémica y que crecerá en las próximas semanas.

17 Abril 2015

El espectáculo de la justicia

Ernesto Ekaizer

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La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada

La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato durante el desarrollo de la acción de la policía aduanera es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada. La Agencia Tributaria ha acudido a la Fiscalía de Madrid en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, encargada hasta ahora de la investigación de Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional. Pero quien ha llevado la operación por arriba ha sido Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es él quien ha estado en contacto con Madrid y con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal .

El 17 de febrero de 2015, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, declara ante la comisión de Hacienda del Congreso esto: “Estamos empezando por analizar los indicios, en base de la información que tenemos, de que algunos declaradores presentadores de la declaración tributaria especial pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que se contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar. En concreto, tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac”.

El director daba un paso más: “Asimismo, una vez que se contraste con las actuaciones que se pudieran estar haciendo por el Sepblac o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos que, desde luego está clarísimo —y es de sentido común—, la declaración tributaria especial no ampara”.

Lo que no dijo Menéndez es que prácticamente la inmensa mayoría de la “población de los 705 contribuyentes” son políticos, altos funcionarios del Estado, familiares directos de estos. Los activos ocultos y aflorados según Hacienda no se justifican con sus ingresos ordinarios.

Dos meses después ya tenemos los resultados. La Fiscalía Anticorrupción ha sido puenteada y le ha tocado ser fuerza de choque a la Fiscalía de Madrid. Pero, eso sí, se ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el caso Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional, se hará cargo de la investigación después de la entrada y registro del domicilio y de la detención del ex vicepresidente de los gobiernos de Aznar y ex presidente de Bankia.

La denuncia de la Agencia Tributaria está relacionada no con la amnistía fiscal de Montoro, a la que se acogió Rato en 2012, sino con movimientos de sus sociedades en España y en el exterior.

La operación ha sido espectacular. Las pregunta son: ¿se justifica?, ¿había indicios de fuga?, ¿qué evidencias sobre posible destrucción de pruebas se han valorado?, ¿por qué no llevar el tema fiscal como un delito conexo a los otros delitos por el que se investiga a Rato en la Audiencia Nacional?

El fiscal que más sabe sobre Rato y Bankia ya no está en la Fiscalía Anticorrupción. Es Alejandro Luzón y es ahora teniente fiscal de la secretaría técnica de la fiscal General del Estado, vamos, del gabinete de Consuelo Madrigal.

El Gobierno y la Agencia Tributaria han preferido marginar en este golpe al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en la operación puntual, cuenta habida de que el tema de blanqueo es un tema clásico de corrupción. Ciertas críticas han pululado contra Salinas y contra el juez Fernando Andreu por su excesiva templanza en la instrucción del caso Bankia.

El Gobierno de Rajoy intenta ponerse la medalla de la lucha contra la corrupción. Cuando el presidente del Gobierno se refiere a la corrupción subraya que en España la justicia funciona y no duda en apropiarse de las actuaciones de policías y jueces.

¿Es el de Rodrigo Rato, el que fuera el pretendido Rey Midas de la economía española y el símbolo del presunto poderío de España en el mundo con su nombramiento, en 2004, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), un caso en el que Rajoy pretende lucir la medalla haciendo tronar el escarmiento con uno de los nuestros?

El pasado 23 de octubre, el juez Pedraz ordenó la entrada y registro, a petición de la Fiscalía, en el domicilio y oficinas en varios puntos de España de Oleguer Pujol. Los policías acompañados de perros detuvieron durante unas horas al hijo del ex presidente Pujol. Es el día de hoy, seis meses después, que Oleguer Pujol no ha sido llamado a prestar declaración ante el juez.

¿Espectáculo de la justicia o justicia de espectáculo?

17 Abril 2015

Un delito de lesa patria

Victoria Prego

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Esto, junto con el caso Pujol, es lo más grave y dramático que ha padecido la democracia española en sus casi 40 años de existencia. Director del Fondo Monetario Internacional, el papel que Rodrigo Rato ha desempeñado durante muchos años en España ha sido el de un gobernante honesto, estricto, eficaz y brillante. Un referente político y moral, en suma. Y ayer lo vimos con la cabeza sujeta por la mano del policía que lo mete en un coche porque se lo lleva detenido. Aunque resulte un espectáculo espeluznante, es lo procedente habida cuenta de los delitos de los que la Agencia Tributaria lo ha acusado ante la Fiscalía. Nada menos que de fraude, blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes. El blanqueo de capitales supone que el dinero sobre el que operaba Rato era de origen ilícito –y esa es ya una acusación como para poner los pelos de punta a la ciudadanía– y que el señor Rato intentaba presentarlo como fruto de actividades lícitas. Y el alzamiento de bienes significa que el que fue vicepresidente del gobierno de Aznar ha intentado esconder parte de su capital para que el Estado fuera incapaz de localizarlo y así dejarlo a salvo de la fianza que está obligado a pagar por el caso Bankia.

Todo esto tiene penas de cárcel que, si se demuestra que las acusaciones son ciertas, y es impensable que no lo sean porque una operación de la descomunal trascendencia política, social y moral que tiene ésta no se monta si no es muy sólida su base, llevará al excelso señor Rato, al exquisito Rodrigo, a prisión. A estas alturas, no importa nada lo que le pase a él, lo que importa es lo que le pase a un país que ve cómo a sus modelos políticos se les cae la vestimenta de patricios dejando a la vista su cuerpo de embaucadores profesionales. Qué le va a pasar a España ante este desfile incesante de sinvergüenzas que en su día ocuparon las tribunas de los prohombres. Todos ellos han cometido un delito más grave que los que están castigado en el Código Penal: la traición a su país y a su historia. Y esa deuda no la podrán saldar jamás porque han dañado profundamente la consideración que los españoles tenían de sí mismos como nación. Es un delito de lesa patria porque han ofendido y dañado al país entero.

Pero esto no puede acabar aquí. Los españoles tienen todo el derecho a reclamar que se hagan públicas las listas de todos los que han hecho lo mismo que Rato y que parecen ser miles, según la Agencia Tributaria. A estas alturas nadie debería atreverse a negar a la opinión pública una información que describa exactamente a quienes debemos la destrucción moral de un país que hizo en su día con éxito rotundo lo más difícil –recuperar la concordia y las libertades políticas en paz– y que ahora está siendo arrastrado por las alcantarillas de la mano de sus propios dirigentes.

18 Abril 2015

Detención-espectáculo

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

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El Gobierno ha de aclarar el fulminante arresto de Rato seguido de su rápida puesta en libertad

La investigación por la que ha sido detenido el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional deja abiertos demasiados interrogantes. Hace falta aclarar rápidamente la solidez de los indicios que llevaron a tomar esa medida fulminante contra Rodrigo Rato y al registro de su domicilio y de su despacho profesional, actuaciones que se saldaron, sin embargo, con la puesta en libertad del detenido a las pocas horas de iniciadas.

¿Era realmente preciso que un agente le agarrase por el cogote y le introdujera en el coche policial? ¿Es que Rato se había resistido o existen órdenes de actuar así con todos los sospechosos, cualquiera que sea su actitud? También cabe preguntarse de qué depende que unas veces se espose al investigado por delitos económicos y otras no: ¿del libre albedrío de los agentes o estos deben atenerse a criterios reglados?

No menos confusos son los motivos de que la Fiscalía de Madrid fuera la elegida por la Agencia Tributaria para comunicarle unas indagaciones sobre movimientos en sociedades de Rato fuera de España, y que llevó a aquella a movilizar al juzgado de guardia. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga a Rato por el caso Bankia y el de las tarjetas black, se ha quejado de haber quedado marginada; hasta el punto de que la fiscal general del Estado habrá de dirimir, la semana que viene, a quién le corresponde la competencia. ¿Y por qué la Fiscalía de Madrid cambió de criterio, en cuestión de horas, sobre si Rato debía continuar custodiado?

Cabe temer que a la detención-espectáculo llevada a cabo le sigan lentitudes posteriores de procedimiento, que enfríen la conmoción causada, aunque sin duda asistiremos también a la consabida fase de las filtraciones parciales.

En apariencia, el Partido Popular está preocupado por las consecuencias en un año cuajado de citas electorales. Sin embargo, queda la sensación de que el Gobierno maniobra para distanciarse de Rato y, a la vez, controlar los efectos del nuevo escándalo. Esa impresión no se disipa con la pequeña colección de banalidades —“da igual el relieve social o político o el poder económico” [de los afectados]— con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsequió ayer a los periodistas. Hacen falta explicaciones mucho más precisas.

Todas estas dudas no despejan la impresión lamentable de que las enérgicas tomas de postura de Rato contra los delitos económicos, cuando era ministro y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, se ven enfrentadas ahora a graves sospechas de que él mismo las ha conculcado. La orden judicial de bloqueo de todas sus cuentas es una medida muy drástica, que da a entender que se estrecha el cerco sobre el patrimonio del exvicepresidente. Todo ello hace más acuciante saber la verdad, a la que tanto puede contribuir la fiscalía; que, por cierto, depende jerárquicamente del Gobierno.

20 Abril 2015

Otro rato

David Trueba

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Al escándalo que despertó el expolio de Bankia, vaciada desde su cúpula, se le suman ahora supuestos delitos que tienen origen en la regularización de divisas que amparaba una amnistía fiscal que cada hora que pasa provoca más dudas

La boda de la hija de Aznar en El Escorial en 2002 sigue regalando las fotos que ilustran la historia reciente de un país. El paseíllo de Rodrigo Rato junto a Cristóbal Montoro camino de la ceremonia reverdece en los noticiarios a causa de los supuestos delitos monetarios del primero. El protagonismo del segundo tiene sentido, pues no es tan solo quien tomó el relevo de la política económica en su partido, sino una importante pieza a la hora de esclarecer si las últimas y confusas acciones, de enorme aparatosidad mediática, persiguen el esclarecimiento de otra trama de evasión de dinero o exactamente lo contrario. Los españoles aspiran, con toda justicia, a una reparación, pero a menudo lo que se encuentran es con una parálisis extendida a lo largo de años, que termina en turbiedades procesales, prescripciones y fortunas a buen recaudo en el calor discreto de la familia, mientras los protagonistas del delito sostienen la pantomima de la insolvencia bajo una barba de tres días.

Al escándalo que despertó el expolio de Bankia, vaciada desde su cúpula, se le suman ahora supuestos delitos que tienen origen en la regularización de divisas que amparaba una amnistía fiscal que cada hora que pasa provoca más dudas. Si en su día los miembros independientes de la Agencia Tributaria denunciaron el carácter desmoralizador sobre la población, que no hay que olvidar que ha pagado en esta legislatura los impuestos más altos de la democracia, tras los últimos datos conocidos todo apunta a una oferta a la medida para defraudadores VIP. Pero el actual Rato no debería cegarnos sobre la gravedad de aquel otro Rato.

Su milagro económico español se apoyó en dos estrategias. Primero, la reescritura de una nueva ley del suelo, madre de la burbuja inmobiliaria que décadas después hundió la economía del país e hizo necesario el rescate bancario; y, segundo, la venta de las más poderosas empresas estatales, privatizadas durante el imperio Rato, con demasiado amigo de pupitre premiado con presidencias. Era un tiempo en el que hacerse preguntas estaba penado con el delito de aguafiestas. Ahora sabemos que el proceso fue conducido por un patrón de dudosa moralidad mientras la deuda pública española ha superado el listón del 98% del PIB. Ese rato fue más grave que este.

21 Abril 2015

Nadie quiere la causa de Rato

José Manuel Romero

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La investigación al exvicepresidente se enreda entre recursos por cuestiones de competencia

Nadie quiere el caso Rato. Una semana después de que la sospecha de un millonario fraude fiscal arruinara el mínimo crédito que le quedaba al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, la administración de Justicia se ha enredado en cuestiones de competencias para resolver quién se hace cargo del caso. En esa situación, la investigación judicial que aclare el grado de culpa de Rodrigo Rato tendrá que esperar a que concluyan las escaramuzas judiciales entre recursos de reforma y de apelación.

Las sospechas contra Rato, basadas supuestamente en hechos comprobados por la Agencia Tributaria, hablan de un fraude fiscal millonario a lo largo de los últimos años y de un delito añadido que lo agrava todo, la supuesta intención del ex vicepresidente de ocultar su patrimonio o traspasarlo para evitar así que pueda ser embargado como consecuencia de las fianzas multimillonarias impuestas en el caso Bankia.

La entidad financiera tiene la intención de iniciar el próximo lunes los trámites para embargar todos sus bienes a Rato. Intenta así recuperar los 133 millones de euros que corresponden al ex vicepresidente en la fianza de 800 millones que impusó hace un mes el juez a BFA, Bankia y a cuatro de sus directivos. Bankia depositó los 800 millones e intenta recuperar la parte correspondiente a los ex directivos, imputados por falsear las cuentas ante la salida a bolsa de la entidad.

El juez de Plaza de Castilla al que tocó por reparto la causa contra Rato dedicó sus primeros minutos del lunes pasado a redactar el auto de inhibición. El asunto, entendía este juez, era competencia de la Audiencia Nacional, donde se investiga desde hace tres años la gestión de Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid y Bankia, cargos a los que fue aupado por el líder del PP Mariano Rajoy.

La Ley señala que la Audiencia Nacional será competente para investigar delitos de terrorismo, contra la Corona, delitos económicos que causen grave perjuicio a la económica nacional —como los que se investigan relacionados con la quiebra de Bankia y la supuesta estafa a accionistas—, o los cometidos por españoles en el extranjero.

La denuncia de la Fiscalía contra Rato le atribuye delitos fiscales por el Impuesto de Sociedades y el de la Renta, más alzamiento de bienes. Son delitos referidos a su actividad profesional, sin aparente vínculo con su gestión al frente de Bankia. En sentido estricto, esos delitos no encajaban en el catálogo de competencias de la Audiencia Nacional. Pero el juez de Plaza de Castilla entendió que podrían tener relación con otros delitos ya investigados en la Audiencia por el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó hace semanas hacerse cargo de la denuncia de la Agencia Tributaria contra Rato.

Pero cuando la Fiscalía de Madrid impulsó la causa el pasado miércoles, con idéntica denuncia, Anticorrupción se apresuró a reclamar la competencia. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, firmó un decreto para arrebatarle el caso a los fiscales de Madrid y dejarlo en manos de Anticorrupción.

En ese decreto, la fiscal general señalaba que Anticorrupción ya se ocupaba ahora de otro procedimiento en la Audiencia Nacional, el caso Bankia, del que podían derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente Rato «habría intentado eludir». La denuncia de la Agencia Tributaria apuntaba un alzamiento de bienes para burlar el pago de la fianza que corresponde a Rato.

Pese a esta aparente conexión entre ambos casos, la fiscal general del Estado anunció ayer que recurrirán la decisión del juez de Plaza Castilla y defenderán que el caso siga en ese juzgado.

A Rato, de momento, no le quiere nadie. Ni siquiera para juzgarle.