Secuestro del buque Alakrana: piratas somalíes mantuvieron secuestrados a 16 rehenes hasta que no cobraron del Gobierno

Los piratas que mantienen secuestrado al atunero español Alakrana desde hace un mes siguen adelante con sus amenazas: a primera hora de ayer desembarcaron a tres tripulantes con el propósito de entregarlos a las familias de sus dos cómplices detenidos por orden de la Audiencia Nacional. Más tarde, amenazaron directamente con matarlos.

Los piratas utilizaron a los rehenes para hacerles transmitir a través de comunicaciones con sus familiares las amenazas (aderezadas con disparos al aire y estallido de granadas) con que tratan de forzar la voluntad del Gobierno español. La siniestra estrategia de los piratas consiste en atemorizar a las familias para que éstas, a su vez, debiliten la posición del Gobierno español a la hora de intentar cualquier salida. Y el uso de la fuerza, por su parte, sólo puede concebirse como la última de las opciones, por el altísimo riesgo que entraña para la vida de los marineros.

Ante esta difícil encrucijada, en la que la vida de no pocas personas está en juego a consecuencia del repugnante chantaje perpetrado por los corsarios somalíes, el Partido Popular ha decidido jugar la más indigna de todas las bazas: acusar al Gobierno de errores imprecisos, buscando capitalizar políticamente la legítima preocupación de las familias de los marineros en España. Ni sus sentimientos deberían ser usados como un potencial ariete político en favor o en contra de nadie, ni el PP puede escamotear la información o la estrategia de que disponga -si es que dispone de alguna- para afirmar con tanta rotundidad que el Gobierno se equivoca.

El caso del Alakrana no es uno más entre los numerosos secuestros que siguen sin resolverse en aguas somalíes. El motivo es que, atendiendo a un auto del juez Garzón, el Gobierno tuvo que traer a España a los dos piratas apresados, limitando de manera drástica su margen de maniobra frente a los secuestradores. Lo que éstos proponen al exigir la liberación de sus dos cómplices es, sencillamente, violentar el Estado de derecho, por la vía de exonerar a dos inculpados del proceso penal en el que están inmersos; y eso ningún Gobierno estaría en condiciones de hacerlo. Cuando se llegue al final de este episodio, la Audiencia Nacional tendría que explicar, en cualquier caso, por qué se declaró incompetente para juzgar el delito de piratería hace unos meses y ahora, en cambio, reclamó que se pusieran a su disposición a los dos piratas.

Que la situación de los secuestrados se haya vuelto más dramática no justifica, sino todo lo contrario, que se siga ofreciendo el respaldo al Gobierno para que siga buscando una salida que permita liberar a los marineros. El intento de hacer balance crítico o de cobrar réditos políticos antes de tiempo, cuando aún los 36 marineros están a merced de los secuestradores, no sólo arroja dudas sobre la responsabilidad de la oposición, sino que contribuye a incrementar la presión que los piratas ejercen sobre el Gobierno español a través de un inaceptable chantaje.

A JUZGAR por las continuas referencias de la vicepresidenta del Gobierno a «la liberación» de los 36 tripulantes del Alakrana, habría que celebrar hoy un éxito espectacular frente a la piratería y sentirse orgullosos de nuestro despliegue militar en la zona.

Sin embargo, la realidad es la contraria a la descrita ayer por Zapatero y De la Vega: los piratas abandonaron el barco español y dejaron libres a sus rehenes a mediodía después de haber cobrado un rescate que podría ascender a unos cuatro millones de dólares, el más alto pagado hasta la fecha en Somalia por un pesquero.

Por su parte, la Armada lo intentó y no logró detener a los malhechores. Un helicóptero ametralló dos lanchas tripuladas por al menos cinco piratas, provocándoles heridas de consideración, pero no les apresó. Más éxito tuvo un segundo aparato cuando evitó, empleando también fuego de artillería, que otra embarcación de un clan rival abordara el atunero español, aprovechando el despiste, para poder exigir un nuevo botín millonario.

Es cierto que había un desenlace todavía mucho peor que el que se ha producido: el de la pérdida de vidas de la tripulación del Alakrana, un escenario de pesadilla que el Ejecutivo ha conseguido evitar. Pero no nos parece suficiente. Una vez liberados los pescadores y cuando ya no existe ningún riesgo para su seguridad, nos vemos obligados a decir que estamos ante una solución humillante para el Estado, que corrobora la incompetencia de algunos miembros del Gobierno.

La realidad es que resulta difícil imaginar una peor gestión de esta situación: falta de medidas preventivas, caos en el gabinete de crisis, disensiones en el Gobierno, mala comunicación con las familias de los tripulantes, errores en decisiones cruciales como traer a los dos secuestradores detenidos, ausencia inexplicada e inexplicable del presidente e incapacidad para formular planes alternativos tanto en el aspecto diplomático como en el militar.

Esta es la descripción de lo que ha sucedido en estos 47 días de secuestro, finalizados con un desenlace en el que la décima potencia industrial del mundo, con las fragatas más modernas que existen en el mercado y con el auxilio de los satélites de EEUU, se ha dejado derrotar por una pandilla de bandoleros y mercenarios desharrapados, que han obtenido un botín que superaba todos sus sueños.

De la Vega señaló ayer que ahora ha comenzado «el tiempo de la Justicia», que está actuando con entera independencia. Sí, pero de nada valdría una dura condena de la Audiencia Nacional si luego el propio Gobierno indulta a los dos secuestradores o les traslada a Somalia, donde no hay garantías de que cumplan su pena.

La vicepresidenta sí afirmó que la Operación Atalanta obliga a España a perseguir a todos los piratas de la zona. ¿Significa esto que el Gobierno va a seguir intentando capturar a los autores del secuestro? Es lo que nuestro Ejército debería hacer. Así actuó el Gobierno de Sarkozy cuando desembolsó el rescate por un barco secuestrado y luego apresó a los piratas.

En cualquier caso, el Ejecutivo intentó ayer presentar el desenlace de este asunto como un éxito cuando en realidad ha sido un humillante fracaso en el que un país como España se ha tenido que plegar al chantaje de unos bandidos. La oposición debería exigir hoy mismo la comparecencia de Zapatero para que respondiera a las preguntas que ningún miembro del Gobierno quiso contestar ayer.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, zanjó la nueva e inoportuna polémica en torno a la situación del atunero español Alakrana, secuestrado en Somalia, asumiendo la responsabilidad por la decisión de traer a España a los dos piratas apresados por la Armada. En esta ocasión, el conflicto se ha producido entre la Audiencia Nacional y el Ejecutivo, por un lado, y entre el Ministerio de Defensa y la propia vicepresidencia del Gobierno, por otro. Lo más absurdo de este embrollo es que nada tiene que ver con lo que de verdad importa, la liberación de los 36 marineros a bordo del Alakrana, sino con el deseo de la Audiencia y del Gobierno de aparecer como libres de culpa por el principal escollo que está dificultando el desenlace del secuestro.

Ante un chantaje como el que plantean los piratas, la única respuesta aceptable es respaldar a las instituciones obligadas a hacerle frente y a intentar proteger la integridad de los secuestrados. En este sentido, las familias y la oposición, con alguna excepción oportunista como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han adoptado durante los últimos días una actitud a la altura de las circunstancias. Pero, paradójicamente, quienes están faltando a las obligaciones que derivan del respaldo que se les ha ofrecido son la Audiencia Nacional y el Gobierno. Lejos de lo que están dando a entender con el cruce de notas y declaraciones, su tarea no consiste en rivalizar en inocencia por el hecho de que dos delincuentes se encuentren donde tienen que estar, por más que el chantaje de los piratas plantee al Estado de derecho difíciles dilemas políticos, jurídicos y morales.

No deja de resultar un contrasentido que los mismos magistrados que reclaman una jurisdicción universal para entender de lejanos delitos se escuden ahora en que fue el Gobierno quien les empujó a ocuparse del secuestro del Alakrana, un barco español y con españoles a bordo. Y, por parte del Ejecutivo, no se entiende que optase por la vía de una denuncia presentada por el abogado del Estado en lugar de esperar el informe del fiscal solicitado por la Audiencia. En uno y otro caso, sin embargo, se trata de lamentos por la leche derramada, que en nada contribuyen a la liberación del Alakrana.

Mientras los 36 marineros permanezcan secuestrados en el Índico, los espectáculos en torno a este caso deben cesar. Después, sonará la hora de las responsabilidades y todos los actores del género que se ha inaugurado con el Alakrana, y que aún espera su clasificación final, tendrán que dar cumplida cuenta de sus actuaciones. Y todos quiere decir todos, porque desde el origen mismo de este caso, y hasta las escaramuzas que están librándose durante su desarrollo, pocas son las voces que se han expresado con sentido del deber. Resulta descorazonador que una banda de piratas coloque a un país ante el espejo de lo que su vida pública lleva cosechando durante años.