15 febrero 1999

Sentencia del Ibercorp: penas leves después de que De la Concha y el resto de los acusados reconocieran su culpabilidad

16 Febrero 1999

IBERCORP: HECHOS ACREDITADOS, CASTIGO BENEVOLO

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Los siete años transcurridos desde las primeras revelaciones de EL MUNDO y la propia dinámica de la vida política han contribuido a difuminar lo que fue el gran escándalo financiero de la etapa socialista y el final de la llamada beautiful people: el caso Ibercorp.

Ayer, los principales accionistas y administradores de Ibercorp -Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo- aceptaron su culpabilidad en una trama delictiva que causó un notable quebranto a los inversores de la sociedad. Los tres serán condenados a un año de cárcel por delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y de administración fraudulenta de los bienes de los accionistas. No habrá vista oral, ya que el fiscal acordó con los acusados una rebaja sustancial de las penas a cambio de la declaración de culpabilidad. El juez dictará, por tanto, una «sentencia por conformidad», una nueva figura introducida en la reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal.

El fiscal solicitaba inicialmente 15 años de cárcel por los delitos de los que se han autoinculpado y por otro de falsedad documental. El ministerio público pedía las máximas penas establecidas en el anterior Código Penal. Sin explicar su drástico cambio de criterio, el fiscal ha pasado del máximo rigor incriminatorio a una generosa benevolencia que permitirá que ninguno de los tres encausados ingrese en prisión. Para ello, renuncia a la imputación de falsedad, convierte el delito de estafa continuada en otro menos grave de administración fraudulenta y solicita las penas inferiores con que el nuevo Código Penal castiga estas conductas.

Es cierto que los accionistas y acreedores perjudicados han sido indemnizados por los tres acusados pero ello no disminuye ni la gravedad de los delitos cometidos ni justifica el cambio de criterio de la fiscalía de Madrid, cuyo jefe, Mariano Fernández Bermejo, no dudó en instar al juez a encarcelar a Mariano Rubio cuando estalló el escándalo.

Al margen de estas consideraciones, la autoinculpación deja en evidencia a quienes insultaron y descalificaron a este periódico, cuestionando la veracidad de las informaciones de Jesús Cacho y Casimiro García-Abadillo, presentando su meritoria investigación periodística como el producto de una conspiración e incluso reproduciendo sus conversaciones grabadas delictivamente, como hizo El País.

Los hechos han quedado acreditados judicialmente, los culpables van a ser sancionados penalmente pero falta un importante capítulo para cerrar el caso: el juicio contra Mariano Rubio, acusado de tráfico de influencias y otros delitos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. El ex gobernador no sólo protegió a sus amigos desde su alto cargo institucional sino que además especuló y utilizó información confidencial para enriquecerse.

El día que la Justicia castigue la reprobable conducta de Rubio será el momento de exigir una explicación pública a la persona que presidía entonces el Gobierno, que, el 10 de marzo de 1992, afirmó que el gobernador era una «persona perfectamente honorable», víctima de las «calumnias» de un medio de comunicación.