16 abril 1977
La decisión de ABC de no suscribirlo aumenta las protestas en el periódico de Prensa Española por la línea impuesta por Torcuato Luca de Tena y Brunet
Todos los periódicos, menos ABC y EL ALCÁZAR, firman un editorial de apoyo a la legalización del Partido Comunista
Hechos
El 16 de abril de 1977 el editorial ‘No frustrar una esperanza’ fue publicado conjuntamente por los diarios EL PAÍS, DIARIO16, ARRIBA, YA, PUEBLO y LA VANGUARDIA.
Lecturas
Por segunda vez en un mismo año se intenta que todos los periódicos de ámbito nacional suscriban un editorial común. Pero, en esta ocasión, al contrario que en enero, no se logra la unanimidad. El editorial ‘No frustrar una esperanza’ es suscrito por El País (D. Juan Luis Cebrián Echarri), Ya (D. Alejandro Fernández Pombo), Diario16 (D. Miguel Ángel Aguilar Tremoya), Pueblo (D. José Ramón Alonso Rodríguez-Nadales) y Arriba (D. Alejandro Armesto Buz). En esta ocasión rechazan firmarlo los diarios ABC (D. José Luis Cebrián Boné) y El Alcázar (D. Antonio Gibello García). La legalización del PCE aprobada por el Gobierno Suárez (UCD) contado con la oposición de Alianza Popular.
En la Junta de Fundadores de ABC, que marca la línea editorial, son mayoría los afines a AP (D. Torcuato Luca de Tena García de Torres, D. Benito Pico Martínez y D. Fernando Luca de Tena Ita) por tres a dos frente a los próximos a UCD (D. Guillermo Luca de Tena Brunet y D. Andrés Fagalde Luca de Tena).
La legalización del Partido Comunista de España (PCE) de D. Santiago Carrillo y Dña. Dolores Ibarruri ‘La Pasionaria’ fue bien recibida por la mayoría de la prensa de ámbito nacional – incluido el ARRIBA, controlado por el Gobierno – menos los diarios ABC de Prensa Española y EL ALCÁZAR de DYRSA.
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La mejor demostración de esa oposición fue que cuando, ante las tensiones con el ejército los principales periódicos de España intentaron acordar un editorial conjunto para mostrar su apoyo a la decisión del Gobierno Suárez, estos dos periódicos se negaron a suscribir aquel editorial conjunto.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL EDITORIAL CONJUNTO:
NO FRUSTRAR UNA ESPERANZA
Cuando se produjo la provocación terrorista de la última semana de enero, la prensa española publicó un editorial conjunto en demanda de serenidad y en apoyo del Gobierno, ante los intentos para desestabilizar la Monarquía. La crisis política creada tras la legalización del Partido Comunista de España parece ocasión para que los diarios que consideramos correcta la actuación del Gobierno, y realizada dentro de sus facultades, con estricto respeto a la legalidad y al mandato popular del referéndum, expresemos también unidos nuestra postura.Creemos que se debe denunciar el ataque de sectores antidemocráticos contra el Gobierno, legítimo de la Nación y contra el proceso político en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional.
Las Fuerzas Armadas no han secundado los objetivos de quienes intentaban instrumentalizarlas. Fieles a la Corona, defensoras del interés del Estado y no de una forma dictatorial de Gobierno, no han servido los intentos desestabilizadores. Pero conviene reflexionar sobre la declaración que el Consejo Superior del Ejército ha hecho pública.
Los Ejércitos españoles constituyen el brazo armado de nuestra sociedad, al servicio del Estado y de su Gobierno. El Ejército español lo forman los españoles, y tiene encomendadas tinas misiones establecidas en las leyes; entre ellas no está incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los Gobiernos de la Nación. En este punto, la Ley Orgánica del Estado es de meridiana claridad. El artículo 13 dice que «el Gobierno… es el órgano que determina la política nacional», y el artículo 37 atribuye a las Fuerzas Armadas, entre otras misiones sustanciales, «la defensa del orden institucional». Evidentemente, pieza esencial de ese orden institucional es el Gobierno, que sólo debe estar sujeto al juicio político de las Cortes, con sus leyes propias y de procedimiento.
En virtud de su noble vocación, los militares renuncian a la actividad política e incluso tiene n regulada severamente su participación en los partidos y en los medios de comunicación social. Es obvio que el militar, voluntariamente, abdica de una serie de derechos. Esto es en función de la responsabilidad que la sociedad delega en él como guardián último de la soberanía nacional, que reside en el pueblo.
Acaso por no plantear abiertamente el papel del Ejército en una Monarquía democrática se ha dado pábulo a provocadores que adulan a las Fuerzas Armadas cuando ven en precario sus privilegios. Queremos un Ejército modernizado, bien dotado y operativo. Pocos habrá, civiles o militares, que se opongan a esta aspiración. Pero el compromiso democratizador de la Corona y las aspiraciones del pueblo español de constituirse pacíficamente en una sociedad libre y soberana, no pueden ser malversados por grupos minoritarios que pretenden secuestrar valores y símbolos comunes y empujar a las Fuerzas Armadas al intervencionismo.
Lo que España tiene delante es lo que se votó en el referéndum: unas elecciones generales que den a todos los españoles la voz y el voto que como tales les corresponde. ¿Quién podría asumir la responsabilidad de frustar esta esperanza?
Firmado por EL PAÍS, YA, DIARIO16, ARRIBA, PUEBLO y LA VANGUARDIA.
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PROTESTAS EN LA REDACCIÓN DE ABC POR NO SUMARSE AL EDITORIAL
La decisión del diario ABC de ser, junto a EL ALCÁZAR, el único diario de ámbito nacional que no se sumó al editorial conjunto de toda la prensa apoyando la legalización del PCE fue muy mal recibida por la redacción del periódico de Prensa Española, según aseguró la revista POSIBLE. Según esta publicación el 80% de la redacción estaba en contra de la línea derechista mantenida por el periódico dirigido por D. José Luis Cebrián, sometido a la influencia de D. Torcuato Luca de Tena y Brunet y D. José María Ruiz Gallardón, ambos vinculados a Alianza Popular – el partido franquista de D. Manuel Fraga Iribarne – y ambos contrarios a la legalización del comunismo.
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CEBRIÁN HABLA AÑOS DESPUÉS SOBRE LOS EDITORIALES CONJUNTOS
En una conferencia D. Juan Luis Cebrián es preguntado sobre los editoriales conjuntos. Y él asegura que sólo se dio uno cuando la legalización del PCE que firmaron todos ‘menos EL ALCÁZAR’. El Sr. Cebrián comente una pequeña confusión. Hubo dos editoriales conjuntos. Uno tras la matanza de Atocha, que firmaron todos, incluyendo EL ALCÁZAR y otro tras legalización del PCE, que no firmó ni EL ALCÁZAR ni el ABC.
12 Abril 1977
Lo que se ha legalizado
Hoy, sí, hoy, con el permiso de ustedes, me voy a ocupar del tema de la legalización del PCE, desde su perspectiva política. Mis consideraciones parten de los propios y más recientes textos del comunismo español.
Acaba de aparecer en las librerías editado por CAMBIO16, un libro titulado: El PC español italiano y francés car al poder. En su página 50 puede leerse dentro del epígrafe relativo a las tareas que se ha autoimpuesto el PCE español lo siguiente: “Respetando el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente sus destinos, la democracia política y social reconocerá el carácter multinacional del Estado español y el derecho de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia, garantizando el ejercicio efectivo de este derecho por todos los pueblos. Los comunistas españoles propugnamos la libre unión de todos los pueblos de España en una República Federal.
Más adelante encontramos otro botón de muestra: el PCE (página 52) señala como uno de los objetivos del partido la adopción de medidas efectivas contra todas las formas de discriminación de que es víticma la mujer en nuestra sociedad”. Entre éstas : la ‘abolición de las leyes que castigan el aborto como un delito” y el “derecho al divorcio”. Y luego (página 57) sostienen el ‘mantenimiento de unas Fuerzas de Orden Público orientadas exclusivamente contra la actividades antisociales y nunca contra las justas luchas de las masas por sus derechos. Derecho de sindicalización libre de las Fuerzas de Orden Público”.
Entresacaré también de la misma página, y en lo tocante a la política exterior española, los siguientes objetivos del PCE: Devolución a Marruecos de Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Velez de la Gomera y Alhucemas’. Todo ello dentro del marco de ‘solidaridad con los pueblos que luchan contra el imperalismo.
Como una de las vivencias modélicas del PCE (página 65) considera que en las experiencia pluripartidista y democrática del Frente Popular, que formó en la zona republicana un régimen democrático nuevo, ya no capitalista, orientado hacia el socialismo, hay un antecedente que no podría copiarse mecánicamente, puesto que los tiempos y las fuerzas en presencia han cambiado pero que pueden ofrecer materia de experiencia y reflexión valiosa para el futuro.
Termino. En la página 79 del mismo libro se lee: ‘El Partido Comunista considera que en determinadas condiciones históricas es necesario e inevitable apelar a la violencia para derrocar los poderes reaccionarios que obstaculizan dictatorialmente el avance de la sociedad y para replicar a la violencia reaccionaria. Tampoco descartamos que la vía democrática hacia el socialismo pueda conocer momentos de violencia. Pero, en tal caso, la violencia será utilizada en defensa de la democracia, en defensa del derecho de la mayoría, en defensa del sistema plural de libres contrastes, del derecho del pueblo a extender la democracia política al terreno social, del derecho a edificar libremente una sociedad sin explotados ni explotadores. El Partido Comunista es, esencialmente, un partido de combate y se estructura para cumplir su misión tanto en las condiciones de legalidad democrática como en las de la ilegalidad impuesta por regímenes tiránicos”.
Visto lo anterior, es lícito preguntarse si políticamente es aceptable que el Gobierno Suárez legalice un partido que se proclama republicano, federalista, que quiere desmembrar el territorio nacional, legalizar el aborto y que no renuncie en su caso, a la violencia. Como no puedo pensar que el Gobierno no se haya enterado de que va esto del Partido Comunista, he de concluir que lo ha legalizado a sabiendas. Eso sí: atendiendo sólo a lo que dicen sus Estatutos.
José María Ruiz Gallardón.
16 Abril 1977
Gobierno, comunismo y legalidad
Los textos del Partido Comunista seleccionados por José María Ruiz Gallardón en su Apunte Político del martes 12 de abril, no corresponden a la prehistoria política del marxismo leninismo; no están extraídos de soflamas oratorios improvisadas, en las que el ardor del momento puede inducir al que habla a decir lo que no quiere o a decir más de lo que quiere; no pertenecen a etapas históricas especialmente críticas de exarcerbación revolucionaria; no se refieren, en fin, al comunismo chino, angoleño o albanés.
Muy por el contrario son actuales; están impresos; han sido fríamente redactados en momentos de congelación pasional, y se refieren al programa, a los ideales y a los propósitos del Comunismo español. Insisto: al de hoy y al de aquí.
Pues bien, al contrastar la vigente legislación española con las afirmaciones contenidas en el libro del que Ruiz Gallardón las extrajo, se deduce que el Gobierno no sólo ha actuado al margen de la Ley, sino en contra de la misma.
Soy consciente de la gravedad de esta afirmación, pero lo verdaderamente grave no es que yo lo diga, sino que el Gobierno lo haya hecho. Veamos esto despacio:
- El Partido Comunista – dice el citado texto, en su página 79 – considera que, en determinadas convicciones es necesario aplicar a la violencia para derrocar los poderes reaccionarios….’. Y el artículo 172 del Código Penal, en su párrafo 3º especifica que son Asociaciones ilícitas… las que tengan por objeto la Subversión violenta del orden jurídico, político, social o económico. Siendo así que la Ley declarara la ilicitud de las Asociaciones que apelen a la violencia para la subversión del orden establecido; siendo así que el Partido Comunista considera que en determinadas condiciones es necesario apelar a ella para conseguirlo; siendo así que el Gobierno ha legalizado lo que el Código Penal prohíbe, la consecuencia es clara: el Gobierno ha actuado contra la legalidad.
- El Partido Comunista – declara el citado texto en su página 50 – reconocerá el derecho de autodeterminación para Cataluña, Euzkadi y Galicia, garantizando el ejercicio efectivo de este derecho por todos los pueblos. Y el artículo 172 del Código, en su párrafo 3º, especifica que ‘son Asociaciones ilícitas las que ataquen por cualquier medio a la soberanía, a la unidad, a la independencia de la patria o a la unidad de su territorio’. Siendo así que la Ley declara que la ilicitud de las Asociaciones que ataquen a la unidad e integridad del territorio nacional; siendo así que el Partido Comunista reconoce y garantiza la ruptura de esa unidad y de esa integridad; siendo así que el Gobierno ha legalizado lo que el Código Penal prohíbe, el Gobierno ha actuado contra la legalidad.
- El Partido Comunista incluye entre sus objetivos – en la página 52 del mencionado texto – la devolución a Marruecos de Ceuta, Melilla, Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas’. Y en su artículo 172 del Código Penal en su tantas veces citado párrafo 3º especifica que son Asociaciones ilícitas las que ataquen no sólo a la integridad del territorio, a la que ya hemos aludido antes, sino a la seguridad nacional’.
Siendo así que la Ley declara la ilicitud, las Asociaciones que ataquen, por cualquier medio, a la integridad del territorio y a la seguridad nacional: siendo así que el Partido Comunista expone como uno de sus objetivos el resquebrajamiento de dicha integridad a favor de una potencia extranjera, atentado con ello contra la seguridad nacional; siendo así que el Gobierno ha legalizado lo que el Código Penal prohíbe, el Gobierno ha actuado contra la legalidad.
Torcuato Luca de Tena
El Análisis
Una decisión cara para el ABC
No cabe duda de que el editorial conjunto suponía un espaldarazo para el Gobierno Suárez. No porque los dos periódicos públicos, controlados directamente por el Gobierno como eran ARRIBA y PUEBLO lo respaldaran, sino por que periódicos de la influencia de EL PAÍS, YA o LA VANGUARDIA dieran su apoyo al Gobierno en un momento en que era sensible de críticas.
El diario EL ALCÁZAR había demostrado su oposición a la violencia respaldando el editorial conjunto tras la matanza de Atocha, pero nadie podía esperar de él un editorial conjunto a favor del PCE, puesto que EL ALCÁZAR justificaba su existencia en la defensa de los principios de la dictadura franquista, sus propios lectores no hubieran aceptado un respaldo a esa legalización.
Distinto era el caso del diario ABC, que – en teoría – sí apoyaba la apertura democrática, una apertura inspirada por el Rey, un Rey que – aunque el diario de Prensa Española tratara de obviar ese detalle cargando toda la culpa en el Sr. Suárez – tenía que haber dado el visto bueno a la legalización del PCE. Muchos lectores de ABC contagiados con la ‘ilusión del consenso’, de la reconciliación y de la democracia, no entendieron una postura contraria la legalización comunista. No se culpó al director D. José Luis Cebrián Boné, sino más bien a la influencia de D. Torcuato Luca de Tena y Brunet y D. José María Ruiz Gallardón. La caída en ventas de ABC en favor de EL PAÍS y el YA (y los malos resultados electorales de AP, que eso siempre influye) causaron pronto que aquel duo Torcuato-Gallardón perdiera el control del ABC, que pasaría a las manos del ‘suarista’ D. Guillermo Luca de Tena.
J. F. Lamata