Tras varias impugnaciones se confirma que el juez Gómez Bermúdez presidirá el juicio del 11-M frente a las aspiraciones de Garzón

Por segunda vez en apenas seis meses, la Sala Tercera del Supremo decidió ayer dejar sin efecto el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los magistrados han tomado esta decisión en respuesta al incidente de ejecución presentado por Baltasar Garzón, miembro de la terna de candidatos a ocupar el puesto. Garzón -que había permanecido agazapado durante todo el proceso- se decidió a presentar este escrito sólo cuando el pasado mes de mayo prosperó el recurso de su colega José Ricardo de Prada.

El Alto Tribunal -que ha adoptado la resolución por una holgada mayoría de 24 a seis- estima que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido la sentencia que invalidaba el nombramiento. En vez de motivar la designación sobre los méritos que los candidatos al puesto habían alegado en julio de 2004, el informe del Consejo refleja diversos aspectos del currículum de Gómez Bermúdez posteriores a ese momento.

La decisión de ayer es un serio tirón de orejas al CGPJ, que por tercera vez tendrá que elaborar su informe antes de volver a dictar el nombramiento. Si el máximo órgano de gobierno judicial hubiera sido más cuidadoso al aplicar la sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal no habría sido descabalgado de nuevo, pero no es menos cierto que ninguno de los propios jueces del Supremo se sometieron en su día al duro escrutinio que hoy padece Gómez Bermúdez y que sus nombramientos fueron tan inmotivados como el suyo. De todas formas, el descuido del Consejo ha dado argumentos a la minoría progresista, que intenta emborronar el buen nombre de un juez incómodo para el Gobierno en pleno proceso de negociación con ETA.

Porque al margen de la opinión que merezca la actuación del CGPJ, la ciudadanía tiene derecho a sentir una cierta perplejidad al ver que el primer nombramiento que el Supremo anula en su larga historia es precisamente el del magistrado que va a presidir el tribunal del 11-M, el mismo que favoreció en su día un cambio doctrinal del Alto Tribunal para que etarras como el sanguinario Henri Parot no pudieran salir a la calle gracias a la redención de penas, el mismo que dejó en evidencia la falta de competencia del propio Garzón en el caso de los peritos. Es evidente que ni al Ejecutivo ni a la minoría progresista les interesa que Gómez Bermúdez esté en ese puesto clave en un momento tan decisivo. Ésa es la verdadera razón por la que se aferran a cualquier aspecto formal para cuestionar que ejerza en un puesto para el que nadie ha cuestionado sus méritos.

No era fácil imaginar una situación en la que el Consejo General del Poder Judicial tuviera que ser llamado al orden por el Tribunal Supremo por el manifiesto incumplimiento de una sentencia. O peor todavía: por hacer el paripé de cumplirla, buscándole las vueltas para eludir hacer lo ordenado por el mandato judicial. Constituye, así, todo un escándalo que el Consejo -controlado por la mayoría de vocales afines al PP- haya pretendido saltarse a la torera lo estipulado expresamente por el Supremo en el caso del nombramiento del magistrado Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El primer nombramiento de Gómez Bermúdez al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que fue promovido en julio de 2004, fue anulado por la Sala Tercera del Supremo hace apenas seis meses por falta de motivación. Y ahora acaba de serlo el segundo si cabe por una razón más grave: haberse llevado a efecto con una motivación ficticia y discriminatoria para con el resto de los candidatos, mediante el subterfugio de inflar hasta seis folios el historial profesional de Gómez Bermúdez y minusvalorar hasta el ridículo el de los otros, como el del juez Garzón, o el de magistrado con larga experiencia Félix Alfonso Guevara. No es extraño que los ocho vocales de la minoría se desmarcaran de la propuesta de nombramiento por «estar viciada de origen».

El portavoz del CGPJ ha pretendido quitar hierro al correctivo atribuyéndolo a meros «vicios de procedimiento». No son cuestiones de forma, muy al contrario. Son de fondo, y el Supremo ordena respetarlas e indica que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación en la valoración de los méritos de los candidatos. El sector conservador del Consejo tiene que poner en claro sin trampa alguna, si es que insiste en proponer a Gómez Bermúdez, cuáles son los méritos que le hacen acreedor del puesto frente a candidatos que están muy por delante en el escalafón y que acreditan una larga experiencia en ese tribunal instruyendo o enjuiciando causas por terrorismo. Es de esperar que a la tercera ocasión lo haga.

Las decisiones anunciadas ayer por el tribunal en el auto que prologa el juicio del 11-M son una muy buena noticia para la salud de nuestro sistema democrático. A sólo 20 días del inicio de la vista oral y como adelantábamos ayer, los magistrados han ordenado a la Policía que entregue en 24 horas los restos de explosivos de la masacre para realizar un completo peritaje con luz y taquígrafos, y han admitido la declaración de testigos polémicos cuya presencia reclamaba alguna de las partes y a quienes Del Olmo nunca quiso interrogar.

Los magistrados -Gómez Bermúdez, García Nicolás y Guevara Marcos- han demostrado una voluntad por esclarecer los hechos que se ha echado de menos durante toda la fase de instrucción del proceso. Esta actitud avala además el trabajo que EL MUNDO ha venido desarrollando en los últimos tres años y pone en evidencia a quienes, desde el periodismo y desde la política, han intentado siempre acallar o distorsionar nuestros planteamientos.

Unos trataron de retratarnos como una patrulla de cazafantasmas en busca de conspiraciones imaginarias. Otros incluso echaron mano del viejo argumento de que tratábamos de desestabilizar el sistema. Ni una cosa ni la otra. Nuestra intención desde el primer momento no ha sido corroborar ninguna hipótesis previa sino aportar informaciones relevantes que contribuyeran a aclarar el atentado. Casi tres años después, podemos decir que tres magistrados -tres presidentes de sección, con una larga experiencia procesal a sus espaldas- comparten con nosotros y nuestros lectores el afán por desentrañar la verdad de los hechos y dan muestras de que intentarán obtenerla por todos los medios a su alcance en el marco de la vista oral.

Varapalo a Del Olmo

Ahora bien, el auto no debería avergonzar sólo a quienes han ridiculizado nuestro empeño por investigar el 11-M sino también a quienes tenían el mandato constitucional de llegar hasta el fondo de la trama y no lo han hecho. Porque a la luz de lo que plantea el tribunal, queda en evidencia que ni el instructor ni la fiscal ni los jefes policiales han estado a la altura del envite.

La orden de repetir los análisis de los restos de los explosivos pasa por encima del criterio expresado por Del Olmo, de la malencarada actitud de Olga Sánchez y su célebre «vale ya» y de la sospechosa conducta del comisario Sánchez Manzano, que llegó a confesar al juez que los análisis de los Tedax -los únicos practicados a los restos de los trenes- no eran «científicos».

El tribunal establece que se lleve a cabo una nueva prueba pericial sobre las sustancias halladas en los distintos focos de los trenes, incluidas aquéllas que fueron explosionadas por la Policía, las de la bolsa encontrada en la comisaría de Vallecas y las halladas en la Kangoo de Alcalá de Henares. Para ello, la Policía deberá decirle a la Audiencia antes de 24 horas qué muestras tiene en su poder. Si esos restos ya no existen, deberá clarificar -dice el auto- por qué «no se recogieron o consumieron o no se realizó pericia sobre ellos». Las pruebas se efectuarán -esta vez sí- en los laboratorios de la Policía Científica y serán supervisadas por un grupo de peritos, en el que junto a policías y guardias civiles habrá profesionales propuestos por las partes. Para evitar suspicacias, los análisis se registrarán en una grabación de vídeo y audio, lo que introduce un saludable criterio de transparencia ausente durante toda la instrucción del sumario. De haberse actuado así antes, la percepción que una buena parte de la ciudadanía tiene de este proceso sería bien diferente.

ETA ya no es un tabú

Especial atención merece el hecho de que el tribunal haya aceptado incluir en la vista oral la declaración como testigos de tres miembros de ETA. Se trata de Henri Parot y de los dos terroristas detenidos en Cañaveras con 500 kilos de Titadine poco antes de la masacre. El nombre y el teléfono del primero se encontraron entre las pertenencias de Benesmail, lugarteniente de Allekema Lamari, presunto jefe militar de la célula del 11-M. En cuanto a los otros dos, conviene recordar que Trashorras dijo en estas mismas páginas que El Chino le había dicho que les conocía. Todos ellos tendrán ahora la oportunidad de explicar el alcance de esas supuestas amistades gracias al criterio de un tribunal que no sigue la consigna oficial de silenciar cualquier vínculo de ETA con los atentados.

Los magistrados llaman también a declarar a Mohamed Haddad, el marroquí al que un testigo reconoce como uno de los autores materiales del atentado y que sin embargo continúa viviendo en Tetuán sin que Del Olmo lo haya procesado por la masacre. Si acude a la vista podrá aclarar si tiene relación, como se ha dicho, con los servicios secretos de su país de origen.

Sería ingenuo creer que todas estas decisiones garantizan per se el esclarecimiento completo de los hechos. Ni siquiera certifican que sabremos qué fue lo que explotó en los trenes. El hecho de que haya sido precisamente Manzano quien ha custodiado durante casi tres años los restos incrementa nuestra cautela ante los resultados de estos nuevos análisis. Ahora bien, no cabe duda de que el auto de ayer es el mayor esfuerzo que hasta ahora ha llevado a cabo el Estado para conocer la verdad de los atentados del 11-M.

Nuestra opinión sigue y seguirá siendo la misma: la versión oficial -plasmada en las conclusiones apresuradas y tramposas de la comisión del Congreso y en los escritos del juez y la fiscal- está plagada de errores, contradicciones e incógnitas que nadie hasta ahora ha podido despejar. EL MUNDO no tiene una teoría alternativa. Sólo quiere que se agoten todas las posibilidades para aclarar la masacre. Precisamente por ello, el auto del tribunal refuerza nuestra fe en el Estado de Derecho y demuestra que al menos hay una instancia judicial empeñada en intentar averiguar -dentro del limitado margen de una vista oral con unos acusados muy concretos- qué ocurrió aquel 11 de marzo de 2004 en el que fueron asesinadas casi 200 personas con el obvio propósito de condicionar nuestro proceso democrático. Veremos si estos tres jueces han llegado o no demasiado tarde.