Un comando de ETA asesina a Fernando Buesa, líder del PSOE en Álava y a su escolta, Jorge Díez

Fernando Buesa hizo de la libertad un ejercicio permanente y público. Sabía que estaba en la diana de ETA, y asumió las cautelas de seguridad que le exigía el cargo, pero nunca se sometió a las amenazas. Sostenía que la mejor pedagogía frente al terror era defender abiertamente las ideas propias. Lo hizo sin concesiones como portavoz socialista en el Parlamento vasco, donde consiguió sacar adelante el viernes una moción contra la violencia, y también en las calles. Coherente hasta el fin, el sábado estuvo al frente de la manifestación que recorrió San Sebastián para exigir la disolución de ETA. Su asesinato -y el de su escolta- es sólo la última prueba de que el País Vasco es un territorio cuyos ciudadanos viven bajo un estado de excepción. Pero la única forma de rescatar la libertad es ejercerla, como Buesa, a plenitud. No hace falta esperar a leer hoy el boletín externo de los terroristas para saber que al que fuera vicepresidente del Gobierno vasco y portavoz en ejercicio de los socialistas en la Cámara de Vitoria lo han asesinado por no plegarse a las imposiciones de la organización terrorista y de sus amigos.

ETA ha asesinado a ese político y a su escolta, un agente de la policía autonómica vasca, dos días después de que el portavoz de EH, Arnaldo Otegi, compañero de Buesa en los bancos del Parlamento de Vitoria, se refiriese a los participantes en la manifestación del sábado en San Sebastián como «la gusanada». Entre esos manifestantes gusanos estaba el que es hoy el último nombre en la lista negra de ETA. «Que no vayan de víctimas», les había dicho Arzalluz.

Acaban de cumplirse cinco años del asesinato del concejal y diputado autonómico del PP Gregorio Ordóñez. El periódico que entonces hacía de boletín invocaba «la lógica que mueve a la organización armada» para interpretar que el atentado era «una respuesta» al PP, como «posible vencedor de las próximas elecciones», por su negativa a «buscar soluciones al conflicto». Días después, ETA confirmaba que había matado a Ordóñez por pertenecer a un partido que ha dicho que, «en caso de asumir la responsabilidad de gobierno, las vías de las conversaciones no estarían más abiertas que ahora».

En 1999 fue el PP el objetivo preferente de las acciones de sabotaje y amedrentamiento. En lo que va de año se han registrado 12 ataques contra sedes y militantes socialistas, y uno, el pasado fin de semana, contra un concejal del PNV. La fijación sobre los socialistas tiene el significado inequívoco de un aviso por si ganan las elecciones. Más concretamente: que si ganan y ETA decreta una nueva tregua deberán ceder a sus exigencias.

Pero es también un desafío frontal al nacionalismo. La tregua de ETA hizo posible una alianza entre el nacionalismo violento y el democrático, que se adaptó a las exigencias del otro. Durante el año y medio que duró el alto el fuego, el PNV y EA fueron deslizándose hacia concesiones cada vez mayores bajo la amenaza de que si no se mostraban diligentes en la construcción nacional volverían los atentados. En esos meses, la Ertzaintza redujo al mínimo su actividad contra el mundo violento por temor a que una actuación más enérgica fuera utilizada como pretexto para el regreso de ETA. Lo mismo ocurrió en Irlanda del Norte entre agosto de 1994 y febrero de 1996, un tiempo en el que no hubo atentados, pero en el que se intensificaron los ataques que aquí llamamos kale borroka. Se suponía que si había ruptura de la tregua se romperían de inmediato las relaciones entre los dos nacionalismos. Sin embargo, se mantuvieron tras el anuncio del fin del alto el fuego e incluso después del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, el 21 de enero. Ibarretxe dejó en suspenso el pacto con EH que sostenía a su Gobierno, pero su política siguió siendo la del acuerdo de Lizarra, que siguió vigente.

Ésa era la situación hasta ayer: un Gobierno vasco, incluyendo a su policía, maniatado por el temor a agraviar a ETA y a su brazo político, y unos partidos nacionalistas sometidos a chantaje y cortándose la retirada con una política suicida de superación del estatuto, único marco que hubiera permitido articular una política alternativa de consenso. Un chantaje siniestro: puesto que la paz -antes, el mantenimiento de la tregua; ahora, su restablecimiento- depende de la actitud de los partidos nacionalistas, éstos deben mostrarse fieles a Lizarra, pase lo que pase; aunque vuelvan a matar. Un planteamiento perverso porque la amenaza no es tanto la de atacarles a ellos, sino a los otros, a los no nacionalistas. Lo que ETA dice al PNV y EA es que si no hacen lo que deben matarán a socialistas y populares; que les convertirán en sus cómplices; que harán recaer sobre ellos la sangre que derramen.

Por ello, el momento es de enorme gravedad. El lehendakari dio ayer por roto el pacto de gobernabilidad con EH. Era imposible que siguiera gobernando apoyado en el brazo político de la organización que ha asesinado a un ex vicelehendakari y a un ertzaina. Pero está por ver la actitud de los partidos nacionalistas. Su rechazo a admitir la evidencia de que ETA no buscaba la paz, sino otra cosa, revela un voluntarismo irresponsable. De la actitud que adopten ahora los que dieron a sus partidos la embarcada de Lizarra dependen muchas cosas. La primera, que pueda recomponerse la unidad de los demócratas o que obliguen a los no nacionalistas a defender en solitario, y bajo grave riesgo, sus libertades individuales; entre ellas, la de no ser nacionalista.

El asesinato ayer de Fernando Buesa, un hombre cordial e inteligente a quien tuve la satisfacción de conocer, vuelve a plantear con toda su crudeza el tema del significado político de ETA. Los meses de tregua trajeron consigo una considerable dosis de confusión, con muchas gentes afectadas de una nueva versión del síndrome de Estocolmo, insistiendo en que la banda tenía un real deseo de paz que «el inmovilismo» del Gobierno vino a arruinar. Los partidos del Pacto de Lizarra compitieron a la hora de repetir este lugar común, al que añadían un planteamiento del tema de la paz cuyo contenido político, en forma de objetivo soberanista o de independencia, venía sin decirlo a reforzar los objetivos políticos de la organización terrorista. Pero no fueron los únicos en repetir la idea de que la exigencia de autodeterminación era en las circunstancias actuales una propuesta democrática, que la territorialidad de Euskal Herria del Ebro a Bayona constituía un objetivo razonable y que la negociación para alcanzar los anterior «superando» (sic) la Constitución y el Estatuto representaba una salida del «contencioso» tan plausible que sólo podían negarse a ella los afectados de una intransigencia incurable o, lo que es peor, de un anacrónico sentimiento nacionalista español.No hubo otro remedio que releer cuidadosamente los documentos del periodo para comprobar contra tales falsas evidencias que había sido ETA la que había formulado primero unas bases para la negociación que eran simples cláusulas de rendición, luego quien rompió los contactos con el Gobierno como premisa para la vuelta al terror, y que los textos políticos adoptados tanto por EH como por el PNV no configuraban los supuestos de un debate democrático sobre Euskadi, sino las premisas de una independencia a alcanzar por encima de la voluntad de los ciudadanos vascos. A partir de tales planteamientos, el regreso de la muerte estaba servido.

Tal y como plantea ETA el futuro de Euskadi, el terror y la violencia son instrumentos imprescindibles al servicio de la acción política independentista. ¿Cómo va a conquistar por los votos en situación de normalidad a Navarra, Álava o el País Vasco francés?, ¿cómo va a imponer la propia idea de independencia en lo que es hoy Comunidad Autónoma Vasca si tal objetivo sólo logra las preferencias de un tercio escaso de la población?, ¿cómo va a imponer una sociedad euskaldún depurada al modo sabiniano de todo componente español? El asesinato de un representante de la democracia como Fernando Buesa, al igual que sucediera antes con Francisco Tomás y Valiente, adquiere así pleno sentido. Es la misma lógica que exhiben otros nacionalismos parafascistas en la Europa de hoy, el de Le Pen en Francia o el de Haider en Austria, una búsqueda de la nación depurada de todas las contaminaciones extrañas, liberada por la acción del «pueblo» -la masa violenta dirigida por una minoría de reaccionarios- de la conjura de unas fuerzas del mal cuya existencia ampara y promueve la democracia. Sólo que ETA y sus seguidores, además de sostener tales ideas, las apoyan con el ejercicio del crimen político y de la intimidación a todos los niveles. No es cuestión de nacionalismo vasco o de antinacionalismo, sino de antidemocracia.

En la fórmula sabiniana, que hoy ETA protagoniza, y que insensatamente respaldan los partidos nacionalistas democráticos, el nacionalismo se convierte en una religión política de la violencia. Cosa lógica si pensamos en que el fundador de la doctrina, Sabino Arana, ocupa un lugar de privilegio entre los pensadores europeos que anuncian la venida del nacionalsocialismo. Hablan de «construcción nacional», pero más allá de la imposición del euskera nada hay de eso en unos planteamientos cuyo único soporte firme es el odio visceral a España, en nombre de una Euskal Herria imaginada cuyos rasgos han sido tomados de unas imágenes ruralizantes de cartón piedra, al son del txistu y de la txalaparta. ¡Todavía en el último proyecto de Euskal Herritarrok se invoca la victoria de Roncesvalles/ Orreaga sobre Carlomagno! Siempre la lucha de unos guerreros heroicos, aunque ahora los medios empleados sean tan viles como el coche-bomba o el tiro en la nuca.

El hecho de que disfruten de un soporte social, ahora puesto relativamente en sordina por Euskal Herritarrok, no debe alterar el juicio. Una mayoría de nazis es una mayoría de nazis, no una mayoría democrática. En contra de lo que declaran Ibarretxe o Arzalluz, cabe afirmar que no existen hoy condiciones para una vida democrática en Euskadi. El terror, las agresiones y la extorsión desmienten trágicamente los planteamientos de un PNV y de un Gobierno vasco atrapados por una equivocación que nadie les va a reprochar si rectifican, pero que merece la más rotunda de las condenas de insistir en la delirante actitud de condenar a las víctimas y seguir aliados de quienes son el brazo político de los verdugos. Otegi tuvo la virtud de dejar las cosas claras con su «gora» a ETA en la manifestación de diciembre o con la calificación, finamente castrista, de «gusanos» a los defensores de la paz que piden el fin de ETA. No sólo él y EH se niegan a solicitar el fin del terror de ETA, sino que descalifican a quienes proponen tal cosa. A los partidarios de la paz va dedicada la manifestación del sábado «contra el fascismo español y por la democracia vasca». Por no citar la inscripción de Auschwitz, estamos ante un remake de Los asesinos acusan. La grandeza de la democracia consiste en permitir que las libertades de asociación, expresión y manifestación sean aprovechadas como lo hace la constelación ETA. Pero esa misma democracia exige una rotunda oposición a quienes de forma tan explícita respaldan el terror.

Y a quienes bajo una etiqueta democrática hacen prevalecer una concepción estrecha y miserable del nacionalismo sobre el respeto que merecen los derechos humanos. Surgen entonces preguntas bien claras a formular a los señores Arzalluz e Ibarretxe: ¿quién hace victimismo?, ¿quién se lanza contra los que se oponen al terror?, ¿quién organiza las contramanifestaciones?, ¿a quién obedecen los jóvenes que queman casas y automóviles? Es evidente que ni el Gobierno vasco ni la dirección del PNV son fascistas, pero en la historia del siglo XX resulta de sobra conocido el papel desempeñado por aquellos que tuvieron poder para frenar la violencia fascista y contribuyeron pasivamente al imperio de sus crímenes. Desde el asalto protegido a la librería Lagun, que tanto les irritó por su propia mala conciencia, hasta el blindaje de la alianza con EH, la bola de nieve de la complicidad no ha hecho más que crecer.

El infame asesinato de Fernando Buesa y de su escolta debería servir como punto de inflexión para que las cosas cambiasen. Para ello Arzalluz tendría que reconocer que no hay una divisoria real entre nacionalistas y no nacionalistas, sino entre quienes adoptan el grito de ¡viva la muerte! y los que lo rechazan desde la democracia. Lo he escrito alguna vez: se puede ser alemán como lo fue Willy Brandt, o como lo fue Goebbels, o como lo fue Von Papen. La elección racional para un vasco no ha de ser difícil.

Antonio Elorza

El lehendakari Juan José Ibarretxe anunció ayer, horas después del asesinato por ETA del portavoz socialista en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, la ruptura formal del acuerdo de apoyo parlamentario suscrito por su Gobierno con Euskal Herritarrok, un pacto que había quedado «en suspenso» tras el anterior asesinato de la banda terrorista, el del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Es un gesto significativo, pero no basta.

No basta si no se concreta en una ruptura material y definitiva con quienes, reiteradamente, apoyan y alientan la violencia, y que sólo la lamentan, como se desprende del comunicado hecho público ayer por HB, porque viene a significar que la sociedad vasca no se ha plegado a su chantaje. No basta si no tiene un sentido radicalmente dispar del que ha tenido la «suspensión» vigente hasta ayer, puesto que, con una paradójica dosis de cinismo, el lehendakari investido por el voto de los cómplices del terrorismo y el Gobierno que administra un Presupuesto aprobado con idénticos apoyos, se limitaban a buscar respaldos puntuales sin romper en absoluto los pactos partidistas con los que querían construir una nación que margina a quienes no son nacionalistas.

No basta, por lo tanto, si no supone un cambio radical en los fundamentos de la política del Gobierno de Ibarretxe. No en vano, y con el acuerdo suspendido, el Ejecutivo de Ibarretxe se negó el pasado sábado a asistir a la manifestación convocada por la Iniciativa Ciudadana ¡Basta ya! pidiendo el fin de ETA. Y el día anterior no quiso apoyar la moción que el propio Fernando Buesa presentó y defendió en la Cámara contra la violencia callejera al pretender dulcificarla evitando el término «condena» para conseguir, precisamente, el apoyo de EH, que finalmente no asistió.

Y no basta porque Ibarretxe no puede soslayar la tremenda responsabilidad política de que uno de los dos principales líderes de la oposición parlamentaria a su Gobierno haya sido asesinado, a 300 metros de la sede de la presidencia del Gobierno vasco, por los pistoleros de sus socios políticos.

El único modo de eludir la de otra manera ineludible dimisión lo tiene Ibarretxe en el artículo 150 del Reglamento del Parlamento vasco que regula la «cuestión de confianza» que el lehendakari puede plantear a la Cámara «sobre su programa o sobre una declaración de política general». No es sino lo que le pidió el pasado viernes Fernando Buesa y a lo que Ibarretxe se negó. Ahora, si quiere de verdad demostrar a la ciudadanía que el giro de timón en su política es sincero y eficaz, no podrá negarse. De otro modo, estaremos ante una nueva dosis de retórica destinada, tan sólo, a capear el temporal de las emociones que tan vil asesinato desata.

La cuestión de confianza tendría que implicar, para conseguir el apoyo de todos o de algunos de los partidos democráticos que constituyen la oposición, la ruptura por parte del PNV del Pacto de Lizarra y, en consecuencia, el final de otros acuerdos con EH en el entramado institucional de la comunidad autónoma. No se puede, ni ética ni políticamente, colaborar con quienes tienen o admiten como estrategia la muerte y el chantaje.

Tras negociar en secreto con ETA, tras la vuelta de la banda a la acciones terroristas reprochando al PNV que no había cumplido sus compromisos como ETA quería, la perversión de este proceso de entendimiento era evidente antes de estos últimos asesinatos. Ahora, ante la vileza con la que se quiere construir ese utópico País Vasco abertzale, no se comprende que el PNV, en su comunicado de condena de ayer, no saque ninguna consecuencia política. No es sólo, como dice el documento de su Ejecutiva, que este asesinato «desprecia a cuantos alaveses le han constituido en su representante por el voto». Desprecia también a todos los demás ciudadanos y a las más elementales normas del comportamiento político, a las que el PNV no debería ser ajeno.

Es hora ya de que el PNV vuelva de la sinrazón de su estrategia reciente. El alcalde de Bilbao, el nacionalista Iñaki Azkuna, escribe hoy en las páginas de EL MUNDO algo que resulta incontrovertible. «Me rebelo y quisiera gritar que no es posible seguir así, con estos insensatos, que no hay estrategia política que merezca una muerte». El PNV no puede conformarse, ante la gravedad de lo que está ocurriendo, con una condena sin efectos políticos. Y Arzalluz no puede seguir en la vida pública cuando los asesinos que comparten fines y tácticas con sus compañeros de viaje, terminan con la vida de sus adversarios políticos. Sus últimas palabras, acusando al PP y al PSOE de ser los que enrarecen la vida en Euskadi, son una losa que descalifica su política y su dignidad personal.

ETA ha abierto la campaña electoral, al estilo propio de los asesinos. Dos cuerpos despedazados, la desolación, la muerte, la sangre sin fin que se derrama. Ante el espectáculo, recogido casi en directo por televisión, sólo cabe la serenidad y la fortaleza. La serenidad de los dirigentes políticos. La fortaleza del Estado de Derecho. Ante la atrocidad de ayer, hay que reaccionar con la ley en la mano, sin sobrepasarla, pero también sin concesiones. Mayor Oreja ha dicho que es una nueva lección macabra. Una lección que algunos no han sabido aprender todavía y que otros, como Arzallus, aprendieron demasiado bien para rendirse sin condiciones.

ETA ha entrado en campaña con un asesinato atroz. Algunos dirán que ha tratado de obtener rendimientos políticos porque, al elegir a un dirigente destacado del PSOE ha buscado también la natural reacción popular a favor de la víctima y lo que representa. Pero se equivoca ETA. Se equivocan quienes especulan sobre reacciones políticas. Buesa representaba mucho más que al PSOE. Representaba a la democracia, la libertad, la paz. Todos estamos hoy con las víctimas, todos con sus familiares. No hay política ni campaña electoral, ni historias. Hay repulsa, hay dolor, hay tribulación. ETA encontró ayer, una vez más, le respuesta del pueblo vasco, del resto del pueblo español, de los hombres todos de buena voluntad.

Mi primera impresión al conocer ayer tarde los asesinatos de Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza, fue que nos encontrábamos ante una demostración palpable de la impotencia de ETA. Aniquilar físicamente al adversario político brillante, incisivo, develador de los argumentos propios es un ejercicio revelador de impotencia política. Matan a quien no convencen y tratan, fútilmente, de acabar con su simbología y representación.

El asesinato de Fernando Buesa, no es a mi juicio un test interno que ETA propone a su propia base social, como lo fue el de Gregorio Ordoñez cuando, al inicio de lo que se dio en llamar socialización del sufrimiento y desarrollo de la ponencia Oldartzen, ETA pretendía conocer, trazando una línea de sangre en el suelo, el número de efectivos propios que estaban dispuestos a acometer el nuevo salto cualitativo que suponía el enfrentamiento directo con sus adversarios políticos. Bien al contrario, antes del atentado de ayer, el test político ya estaba efectuado.

El debate de ETA durante el segundo semestre del pasado año les hubo de llevar a la conclusión de que junto al inmovilismo del Gobierno español, tampoco fue entusiástico el apoyo del pueblo a un proceso en el que la paz se entremezclaba con objetivos políticos concretos. A ETA le faltó paciencia democratica, esto es, asumir que los cambios políticos en democracia exigen cesiones, tiempo, frustraciones y sobre todo, el reconocimiento general de lo auténtico de las intenciones de quien los propone.

ETA, haciendo uso de su particular balanza, pesó al pueblo vasco, lo encontró liviano y se dispuso a cargar, nuevamente, en su particular imaginario político, con la cruz de la responsabilidad de sustituir la falta de entusiasmo con el accionar armado. Comenzó por acusar al PNV y a EA de inactividad; siguió con la constitución del grupo EKIN, el cual, a la manera de comisariado político, ejercería el control sobre una cada vez más evanescente Euskal Herritarrok; decretó la abstención de ésta última ante las próximas elecciones generales, movilizó a los presos para generar la sensibilidad de los colectivos afines a éstos y, por último, declaró la ruptura de la tregua. No estamos ante una fuga hacia delante que pretende, con atentados cualificados, que el proceso de paz se desatasque, sino ante una concentración hacia atrás, auténtica involución que lleva a ETA a las posiciones anteriores a Lizarra.

Estamos por tanto ante una guerra contra el resto del pueblo y ante un más que serio aviso al PNV y a Eusko Alkartasuna para que, si en algún momento habían pensado que si después del 12 de marzo, se diera una alternancia en el gobierno en Madrid con la llegada del PSOE al poder, (del PP no se espera nada), un eventual entendimiento con aquél quedase cortocircuitado por el asesinato de un líder socialista como Fernando Buesa. Lo más trágico que está sucediendo en nuestro país es que el proceso de paz iniciado con la tregua haya quedado en la cuneta por razones ideológicas. Nada más incierto que el tantas veces reiterado dicho de que sin la violencia todo era posible.

El inicio de la tregua dio lugar a la más enconada polarización ideológica a la que asistimos los vascos en las últimas décadas.

Se pasó a criminalizar, no ya los métodos, sino los objetivos políticos y las ideologías que fundamentaban aquéllos. Ser nacionalista se identificó con ser violento in pectore o in fine; ser estatalista se equiparó a no querer la paz, sino pretender el sojuzgamiento de las ideas del otro. Así pues, asistimos a una confrontación de esencias y de ideologías; las guerras de religión que asolaron Europa hasta el Siglo XVII actualizadas como guerra ideológica, donde la verdad es un bien que cada uno cree ostentar de forma única y es por ello infraccionable e innegociable, dándose la paradoja de resultar más facil llegar a acuerdos en aquellos lugares (Palestina, Centroamérica, Irlanda) donde los problemas se plantean en su vertiente material (subsistencia económica, redimensión territorial, redistribución de poder), que cuando lo que está en discusión es el ser y la identidad.

El proceso de paz que desde un inicio adoleció de la confusión entre paz en sí misma y los objetivos políticos a conseguir a través de la paz, debe reencauzarse y esto no es asunto de una simple conformación de un nuevo Gobierno mediante travase de alianzas partidarias. Es el hecho de la paz, de su consecución, del proceso para alcanzarla lo que está en entredicho. Un Gobierno nacido desde Lizarra no ha podido alcanzarla, un nuevo Gobierno que nazca de unas elecciones donde se debatan ante el electorado las propuestas para una paz justa y duradera se hace imperativo. El actual Gobierno vasco debe convocarlas.

La violencia, el dolor y el sufrimiento, que nunca han dejado de estar presentes en este conflicto ni siquiera durante el tiempo que duró el alto el fuego, han vuelto a erigirse en los lamentables protagonistas del momento. ETA ha matado al parlamentario Fernando Buesa Blanco y al ertzaina Jorge Díez Elorza. Antes de cualquier otra consideración se impone en primer lugar la necesidad vital de mostrar la solidaridad con los familiares y allegados de ambos fallecidos.

Es cierto que todas las muertes causan el mismo dolor, pero tan cierto como eso es que – como puede comprobarse desde que en la tarde de ayer se identificara a Fernando Buesa como uno de los fallecidos – la repercusión pública de este atentado, la conmoción que ha generado en la ciudadanía vasca y su cualificación política son terriblemente importantes. Los análisis del mismo, por tanto, tampoco pueden escaparse a esta realidad. La responsabilidad directa de estas dos muertes corresponde a ETA. Y la organización armada vasca no es ajena a la sacudida que ambas van a producir en el escenario político, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Tampoco puede sustraerse, como no lo estaba haciendo nadie en el día de ayer, a largo currículum de cargos públicos, tanto a nivel municipal y foral como autonómico de Fernando Buesa y a su condición de representante parlamentario de una parte de la sociedad vasca. Este atentado se produce, además, a pocas semanas de que el Parlamento de Gasteiz y el Plenario de Lizarra-Garazi hicieran públicos dos textos coincidentes en grandes aspectos y que daban a conocer el pensamiento de la mayoría política y social de Euskal Herria. En ellos se expresa que ‘ninguna idea, ningún proyecto político tiene legitimidad para imponerse con violencia a los demás y que la sociedad vasca exige poder construir su futuro sin violencia, en paz y libertad, respetando la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca libre y democráticamente expresada’.

Todos los partidos coincidieron en reiterar su apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas, todas las partes con capacidad de determinar el curso de este proceso, cada cual, desde su propia y diferente responsabilidad, a revisar sus actitudes y decisiones’.

Hoy, los próximos días y las próximas semanas estarán cargados de emotividad y de declaraciones. Pero, desgraciadamente, la historia de Euskal Herría está llena de periodos de este tipo. Como está llena de conculcaciones de derechos humanos, algunas tan terribles como las que estos días se están juzgando en la Audiencia Nacional, otras de repercusión social menor por acallada como la que a diario sufren los presos vascos y sus familiares. Este es un conflicto viejo, que hace tiempo que dura demasiados años. Y en este devenir no podemos olvidar que durante 14 meses la propia ETA, con su alto el fuego, propició un escenario político esperanzador, cuyo desperdicio también tiene responsabilidades política concretas.

Pero como manifestamos el 28 de noviembre, fecha en la que se anunció la ruptura de la tregua, no es ya momento de buscar culpables y lanzamos a una guerra de acusaciones, que podrán servir desahogo, que quizá tengan valor para obtener algún rédito político, pero que poco contribuirán a encontrar soluciones. Es preciso, de una vez por todas, que todas las partes implicadas adopten con seriedad con voluntad, con responsabilidad, con valor y como auténtica prioridad la búsqueda de una salida democrática a este conflicto. Esa es la responsabilidad que han adquirido los representantes políticos ante los ciudadanos y por ello hay que exigirles su estricto cumplimiento.

El atentado de Gasteiz, con el conocido balance de dos muertos y una gran conmoción social centró la atención de todos absolutamente todos, los comentaristas de la prensa. Desde el sentimiento personal, unos, el análisis político, otros, y con la más torticera de las intenciones, varios.

Desde el sentimiento que genera la amistad escribía, por ejemplo Santiago González en EL CORREO ESPAÑOL. “Han asesinado a un hombre de bien, a un padre y marido, a un amigo y compañero de los suyos, a un socialista, a un buen hombre”.

Desde el análisis, interesado cómo no, escribía Luis María Anson en LA RAZÓN. Se refiere al periodo electoral que ayer mismo se abría para constatar que ‘algunos dirán que ETA ha tratado de obtener rendimiento político porque al elegir a un dirigente destacado del PSOE ha buscado también la natural reacción popular a favor de la víctima y lo que presenta. Pero se equivoca ETA. Buena representaba mucho más que al PSOE”.

El editorialista del mismo medio abundaba en este análisis (temor electora, quizás) y apuntaba que ‘dentro de su enloquecida estrategia, sin duda ha evaluado las posibles repercusiones de asesinar a un dirigente socialista. Pero sólo considerar esa hipótesis es rendirnos a la bajeza añadida que ETA incorpora el dolor que de por sí causa’. En EL MUNDO, Javier Elorrieta, compañero de filas de Buesa, escribía con una sinceridad heladora: “No es cierto que todas las ideas sean aceptables, y que lo condenable sean sólo determinados métodos hay ideas perversas en las que se fundamentan quienes han asesinado a Fernando Buesa, y con ellas no hay diálogo posible si lo que realmente pretendemos es la paz’.

Con las tripas también, pero con muy mala leche, en la sección de Opinión se emplazaba a los parlamentarios de EH a “rebelarse contra los bárbaros” porque “si no lo hacen, los ciudadanos tendrán derecho a pensar que EH vota en el País Vasco accionando el dispositivo de un coche bomba”.

Sentimientos al margen, el editorialista de este medio aprovechaba para ridiculizar “ese utópico País Vasco aberzale y zumbarle, pero de lo lindo además, a Xabier Arzalluz. Tras aseverar que el presidente del EBB “No puede seguir en la vida pública”, le señalaban con el dedo acusador porque “sus últimos palabras, acusando al PP y al PSOE de ser los que enrarecen la vida en Euskadi son una losa que descalifica su política y su dignidad personal.

ETA hacía peligrar la transición democrática. Por sus atentados y por los problemas de orden público que suscitaba. El PNV mostró fuerza en las urnas. Se le vio como al partido valladar, capaz de neutralizar al ultranacionalismo. Un Arzalluz moderado, brillante, muy distinto al actual, inspiraba confianza. El Madrid político respiró. En el País Vasco, para asentar el cambio, se contaba con un partido nacionalista y con el hombre capaz de conducirlo. El partido imprescindible. Empezó la historia. El PNV fue el único partido que en la transición no hizo ninguna concesión. Pacta el Estatuto con la UCD. Entre los años 1980 y 1986 obtiene sus mejores resultados electorales. Es el artífice del Estatuto. Gana la batalla de la LOAPA. Las agresiones de ETA han arrinconado al centro-derecha vasco. Impone su santa voluntad, sus símbolos y su lenguaje. Por el terror, había periódicos vascos que no editorializaban. Criticar la ideología nacionalista era cosa de osados. Se produce su disparatada ruptura. Aun perdiendo, la formación jeltzale sigue siendo el partido imprescindible. Entre 1986 y 1992, los gobiernos de coalición atemperan las cosas. Nace el Pacto de Ajuria Enea. 1992 es un año clave. La autovía de Leizarán. Claudicación. Conversaciones de calado del PNV con HB. Sufrí inconvenientes por criticar lo sucedido y por sostener que esas conversaciones, con el tiempo, llevarían a la plasmación de una plataforma nacionalista inasumible. Mentes cegadas por lo inmediato no lo comprendían. Se impuso el criterio interesado de la gobernabilidad. Del 92 aquí no hace falta recordar nada. La influencia política del PNV no ha guardado relación con su peso electoral.

¿Es el PNV un partido imprescindible para la normalización de la vida democrática vasca? Sí. Como lo son el PP y el PSE, o cualquier otro, para que el sistema de libertades, en el autogobierno, discurra sobre la base de un consenso básico. Se le ha otorgado el plus de imprescindibilidad para el objetivo de poner fin al terrorismo, para contrarrestar proyectos concebidos al margen del Estatuto y de la Constitución. Para ello se le han hecho muchas concesiones. También de orden ideológico. La proclamas etnicistas han gozado de dispensa. ¿Para qué han servido? No hay duda, el PNV, hoy, ha ligado su suerte a la del conjunto del nacionalismo, que se concreta en el empeño de arrumbar el marco estatutario y construir la gran Euskal Herria. Ni siquiera el fin de la tregua le ha hecho recular. Ha roto con el bloque democrático. Cambiará de rumbo si choca con su electorado, si se le rebelan los intereses a los que quiere cobijar.

Se ha convocado una manifestación para el próximo sábado en San Sebastián. En el llamamiento se denuncia la pretensión de ETA de erradicar la desidencia. Una manifestación, entre otras cosas, por el derecho de los vascos que no son nacionalistas a defender ideas distintas a las abertzales, por condiciones iguales de libertad para todos. Es el requisito previo de la paz. Una democracia sin alternancia se agota, se muere. No necesita de imprescindibles per se.