Alonso Puerta expulsado del PSOE después de denunciar un caso de Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid de Tierno Galván

La existencia de posibles ofertas de comisiones ilegales en las concesiones del servicio de limpiezas de Fuencarral, Hortaleza y San Blas ha llevado al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, el socialista Alonso Puerta, a solicitar la destitución de los delegados municipales de Hacienda, Baltasar Aymerich, y de Saneamiento y Medio Ambiente, Jesús Espelosin, pertenecientes también al partido socialista. Una reunión de la comisión mixta informativa de dichas delegaciones, prevista para ayer para dictaminar las concesiones citadas -que habrían de hacerse en el pleno municipal del viernes 25-, fue suspendida, y una investigación mas amplia sobre el caso tendrá lugar en los próximos dias.

El valor de las concesiones a determinar es de seiscientos millones de pesetas anuales, y la duración, de cinco años; se ha convocado un concurso al efecto entre las empresas del sector. Algunas de estas empresas licitadoras avisaron a concejales de UCD de la existencia de dichas ofertas de comisiones Ilegales, que deberían recibir intermediarios que aseguraban actuar a favor del partido socialista.Aunque no se ha podido establecer el valor de las comisiones ofrecidas, éstas ascienden, al parecer, a varias decenas de millones de pesetas.

Ayer, en la reunión que cada lunes mantiene el equipo de gobierno municipal, Alonso Puerta, segundo teniente de alcalde y coordinador, entre otras áreas, de la de Saneamiento y Medio Ambiente, pidió del alcalde Tierno la destitución de los delegados de Hacienda, Baltasar Aymerich, y de Saneamiento y Medio Ambiente, Jesús Espelosín, después de un amplio debate a propósito de la forma en que se ha planteado el concurso para la concesión del servicio de limpiezas en la zona norte.

Puerta no duda de la honorabilidad personal de los inculpados

«He pensado, que el proceso de concesión de los referidos servicios podía tener irregularidades y que la postura del equipo de gobierno, sin dudar de la honorabilidad de todos nuestros compañeros, podía quedar en entredicho, y he solicitado que se paralizara el trámite y que fueran cesados los responsables políticos y técnicos de la situación planteada», declaró Alonso Puerta, quien reconoció que había sido informado por algún concejal de UCD de la posible existencia de ofertas de comisiones ilegales a propósito del concurso convocado para adjudicar el servicio de limpiezas en la referida zona.

José Barrionuevo, tercer teniente de alcalde y socialista identificado con el sector leguinista en la Federación Socialista Madrileña -contraria a la tendencia de izquierda socialista, que cuenta entre sus filas con Alonso Puerta-, confirmó su negativa en la reunión del equipo municipal de gobierno a que fueran cesados los delegados implicados en el asunto, y reconoció que el problema que ha llevado a la situación actual estriba en «la mala elaboración de las normas por las que se rige el concurso de concesión del servicio, ya que en el pliego de condiciones no hay unos baremos claros y definidos que eviten la subjetividad en la adjudicación, lo que justificaría presiones de todo tipo por parte de las empresas que concurren para prestar el servicio».

Agregó Barrionuevo que cualquier versión que trate de sacar de quicio el auténtico problema que supone un mal planteamiento administrativo de un concurso municipal «es una insidia que todos sabemos de dónde puede venir». A este propósito, Joaquín Leguina, concejal responsable de Hacienda, fue más concreto, al justificar «el problema planteado en base a una intoxicación de UCD, que parece haber encontrado eco en algún sector de nuestro partido, de cara al 29º Congreso».

Esta acusación fue rechazada por Alonso Puerta, al asegurar que «poco beneficio político podría yo sacar de una situación como la planteada», al tiempo que insistia en que ha sido UCD quien asegura que se están ofreciendo comisiones ilegales, «por lo que ni como dirigente municipal, primero, ni como socialista, después, puedo tolerar la más mínima sombra de duda sobre nuestro comportamiento».

Por su parte, Baltasar Aymerich, delegado de Hacienda, se negó a hacer declaraciones en tanto el delegado de Saneamiento, Jesús Espelosín, informó que desconocía el asunto. «Estoy sorprendido y no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Pienso que se trata de una maniobra precongresual aunque me extraña que me afecte a mí ya que no estoy significado politicamente. Es la primera noticia de que piden mi destitución y de que la solicitud ha sido hecha por la misma persona que me nombró para el puesto, sin siquiera decirme una palabra sobre el terna- manifestó Espelosín.

Alonso Puerta ha sido desalojado del Partido Socialista, de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid y, casi materialmente, de su despacho de teniente de alcalde. Tierno Galván, el atemperador alcalde de Madrid, ha abandonado la capital de España para representarla en unos festejos que se van a celebrar dentro de unos días en Nueva York y Boston. Viaje sin retorno de Alonso Puerta y de ida y vuelta – suponemos – del profesor.

La doble partida se flefa sobre el cadáver de un auténtico y oscuro contubernio. El Partido Socialista con más de cien años de autoatribuida honradez a sus espaldas, acaba de perpetrar una chapuza documental en su propia historia que los falsificadores de documentos considerarían, sin duda, descalificadora. Sencillamente, el partido, atribuyéndose competencia que no posee, ha decidido matar al mensajero de la mala noticia, con lo cual, la mala noticia deja de existir. Alonso Puerta ha denunciado un supuesto caso de corrupción, una comisión formada por cargos municipales de la coalición en el Gobierno del ayuntamiento ha tomado puntual nota de las declaraciones de los supuestos implicados. El resultado de tal indagación se hace público y confirma que esos intentos de cohecho son ciertos, que si no se han llegado a consumar ha sido por la honradez personal de los tentados, que los denunciados por Puerta, al menos, han cometido la incorrección de no hacer público el intento y, finalmente, se expulsa del partido y del Ayuntamiento al mensajero que se ha atrevido a denunciar la mala noticia, que incluía al PSOE como único favorecido por el intento del soborno.

Las posibles dimisiones por solidaridad con Puerta las trena – lo intenta – el alcalde con un pie en la escalerilla del avión. Esperen ustedes a que vuelva, viene a decir Tierno, y ya hablaremos del tema. Es decir, ya hablaré del tema.

El tratamiento del affaire ha sido de tal frivolidad que espanta ver en qué manos está el gobierno municipal. Un tema que afecta claramente a todos los madrileños se trata en el pequeño comité del partido, se sanciona por una denuncia que se reconoce como fundada – aunque el denunciado no pueda aportar las pruebas, ¿qué mejores pruebas que las declaraciones de los afectados? – y se da por zanjado el problema sin que los ciudadanos tengan acceso a las actas en que se formula una denuncia que tanto les afecta.

Ya dijimos en su día que no es el partido el que tiene que resolver una acusación tan grave; por lo menos, no es sólo el partido. Si Puerta lleva la denuncia a los jueces habremos entrado, por fin, en la vía normal de resolución de la misma. Y no piense el PSOE que eliminando a Puerta ha eliminado el problema, puede que la línea política que sustenta Felipe González y el grupo de Leguina en el Ayuntamiento tengan un enemigo menos dentro del partido, pero los cien años de honradez tal vez no sean ya ciento uno, ni ciento dos.

NO SE puede decir que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid haya salido por la puerta grande tras lidiar el primer desafío serio al que le ha obligado a enfrentarse la denuncia del segundo teniente de alcalde, posteriormente expulsado del PSOE, sobre posibles irregularidades en la tramitación de una concesión de servicios a la iniciativa privada. Las contradicciones entre algunos testimonios, la superposición de diferentes interpretaciones sobre unos mismos hechos, a medida que las sucesivas versiones resultaban insuficientes, los cabos sueltos en el relato y la arrogante pretensión de zanjar el asunto silenciando a los informadores han terminado por crear tal confusión y opacidad en torno al asunto que los medicamentos de caballo utilizados para cicatrizar las heridas dentro de la Federación Socialista Madrileña y dentro de la coalición que rige el Ayuntamiento de la capital han ulcerado gravemente las relaciones entre el gobierno municipal y la opinión pública.Para nadie es un secreto el trasfondo de luchas intrapartidistas, previas al inminente congreso socialista, sobre el que se ha desarrollado la trama de los acontecimientos. Es cierto que no resulta demasiado plausible la imagen de Alonso Puerta como un albo cordero que súbitamente descubre la existencia, dentro del rebaño, de ovejas descarriadas o de pastores sospechosos de connivencias con los lobos.El ex teniente de alcalde golpeó, con todas sus ganas y en el lugar que más duele, a sus adversarios políticos dentro del PSOE por motivos cuya explicación exigiría un buen conocimiento de las luchas por el poder, los juegos de alianzas y las intrigas dentro del aparato burocrático socialista. Pero el instrumento que Alonso Puerta manejó para dar el bastonazo no puede hacerse desaparecer del atestado con el pretexto de las malas intenciones o retorcidos propósitos de la mano que lo empuñó.

La consigna de honestidad en la gestión pública ocupó en la campaña electoral del PSOE de 1979 un lugar todavía más importante que el lema dé eficacia. Resulta lógico así que los vecinos madrileños tomen la palabra de los concejales socialistas al pie de la letra y les exijan el cumplimiento escrupuloso de sus promesas. La reciente doctrina del PSOE es que los administradores de la cosa pública no tienen que demostrar su honestidad, supuesta en los concejales como el valor en lo! soldados, sino que corresponde a los denunciantes la carga de la prueba sobre su deshonestidad. La postura es, desde luego, defendible desde un pinto de vista político, e impecable desde un enfoque estrictamente juridico. Pero, en tal caso, la presunción de inocencia y el beneficio de la duda deberán hacerse extensivos a todos los gestores públicos de nuestra vida democrática, con el corolario de que el vicesecretario general del PSOE y algunos de sus colegas tendrán que refrenar su frívola facundia para calificar de chorizos a sus adversarios políticos o personales.

Por lo demás, la comisión de investigación resolvió, por unanimidad de sus miembros, todos ellos pertenecientes a la mayoría que controla el Ayuntamiento, eximir de responsabilidad a los dos delegados de servicio acusados por Alonso Puerta y declarar responsables al concejal centrista Florentino Pérez «por haber dado trascendencia a un rumor» y al ex teniente de alcalde socialista y al delegado de Obras Públicas «por dar crédito a tales rumores sin comprobar su certeza y veracidad». Sin embargo, la comisión de investigación, a la vez que libera de responsabilidad a Espelosín y Aymerich, les regaña suavemente por su ligereza, categoría de difícil localización en la descripción de las conductas. Digamos, de pasada, que esa ligereza es bastante pesada, pues signfica, según el texto del dictamen, que Espelosín, en un almuerzo, y Aymerich, en su despacho, recibieron insinuaciones de soborno en fervor del PSOE sin levantarse de la mesa o poner en la puerta al sobornante y sin denunciar de inmediato a los órganos colegiados del Ayuntamiento y a la opinión pública esa tentativa de cohecho.

Pero lo más lamentable de este incidente ha sido la paranoica e intemperante reacción del gobierno municipal frente a los trabajos de información de la Prensa. Despreciar sarcásticamente a los periodistas como vengadores justicieros es una manera de enlazar con las doctrinas del franquismo sobre la Prensa canallesca, y una forma de exteriorizar la incapacidad de algunos políticos, una vez que ocupan puestos de poder, para entender el papel que debe desempeñar la libertad de información y de opinión en una sociedad que aspire al calificativo de democrática. Ese desagradable paralelismo entre el ayer y el presente también se aplica, desgraciadamente, al intento d6-atribuir a oscuros intereses o designios el esfuerzo de los medios de comunicación para suministrar a sus lectores información sobre los conflictos en el Ayuntamiento, sin aceptar -¡faltaría más!- que el asunto quede cerrado por decisión unilateral de quienes figuran a la vez como juez y como parte de las investigaciones. Porque la conspiración judeo-masónica es el directo antecedente, en términos formales, de la pretensión de imputar a una siniestra maniobra contra el PSOE, contra los partidos o contra las instituciones democráticas algo tan sencillo como que los periodistas traten de esclarecer los hechos, publiquen documentos secuestrados por el gobierno municipal, recojan los puntos de vista de los derrotados y se esfuercen, con mayor o menor acierto, por sacar sus propias conclusiones y formular sus propias valoraciones sobre este embrollo.

Le ruego la publicación de esta carta en la seguridad de no tener que apelar al derecho de réplica.En las páginas de política local del periódico de su dirección se atribuyen, entrecomilladas, a Joaquín Leguina, compañero de corporación y secretario general de la FSM, ciertas calificaciones sobre mi persona. La frase más significativa, aludiendo a supuestas analogías con posturas del señor Martín Villa, es de este tenor:

«Tal vez haya seuistas no sólo en UCD y ese tipo de personas no debían estar en un partido socialista » [por el SEU, la organización juvenil del Movimiento franquista].

Mi primera reacción fue pensar que, aun contando con el buen hacer del periodista firmante, se había deslizado alguna errata o mal entendimiento. Pero al no recibir ninguna excusa ni explicación por parte de Joaquín Leguina, me veo precisado a manifestar ante la opinión pública que, sin duda, confunde mis compromisos políticos con los de otras personas que tienen con Joaquín Leguina mayor amistad o trato en su mismo entorno político. Y esto lo digo con el mayor respeto a las personas que desde otra postura política, aunque sea el seuismo, hoy han llegado a una posición política socialista. Pero no es este mi caso, pues nunca he sido ni seuista ni colaborador cercano o lejano del señor Martín Villa.

Joaquín Leguina no dejará de recordar que nos conocimos cuando siendo yo secretario general de la ejecutiva regional del PSOE negocié con el minúsculo grupo político al que él pertenecía y que se reclamaba del socialismo, su incorporación al PSOE en unas condiciones de generosidad política que hicieron a varios de sus miembros candidatos a diputados, y luego diputados, así como integrantes de la dirección del PSOE a la vez que militantes del partido.

Finalmente, quiero pensar que no será el criterio personal de Joaquín Leguina el que determine qué tipo de personas deban estar o no en el Partido Socialista, aunque sólo fuera por el respeto que la historia de nuestro partido y el ejemplo de muchos militantes antiguos nos merece a los actuales afiliados.

Alonso Puerta, siendo teniente de alcalde de Madrid con Tierno, se equivocó por una vez en su vida y denunció por corrupto a Joaquín Leguina, que lo había sustituido en la secretaría general de la federación madrileña y con el que estaba enfrentado.

A la vista de la mucha corrupción que el tiempo ha desvelado en el PSOE, parece que Puerta pudo tener razón. Sin embargo, mi mujer, María Gómez Mendoza, concejala entonces del Ayuntamiento de Madrid, formó parte del a comisión que investigó el caso y no encontró prueba de lo que aducía Puerta. Pudo equivocarse Gómez Mendoza y con ella los demás miembros de la comisión, pero conociendo de primera mano su rectitud, afán perfeccionista y capacidad jurídica, lo dudo.

Alonso Puerta fue expulsado del PSOE y se pasó al histórico, convertido después en el PASOC donde sus muchas cualidades políticas le llegaron pronto a la secretaría general.