Antonio Hernández Gil elegido nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la reforma del PSOE para politizar la composición del organismo

Dos cualidades destacan por encima de las muchas que adornan a uno de los hombres más importantes de la joven democracia española. Antonio Hernández Gil es un demócrata convencido y un hombre de inteligencia destacada.

Nacido hace setenta años en un pueblecito de la provincia de Badajoz, Puebla de Alcocer, Antonio Hernández Gil está casado y tiene dos hijos. Estudió derecho en la Universidad de Salamanca, consiguiendo después la cátedra de Derecho Civil en la de Oviedo. Edicado especialmente al estudio y la enseñanza, dio clases de Metodología del Derecho en la Escuela Judicial de Madrid y realizó algunas obras especializadas sobre temas jurídicos.

Jruista católico desde planteamientos teológicos, erudito y humanista, se trata, sin embargo, de un hombre extremadamente educado y tímido, calido y sereno, amante de la lietratura. Su prestigio personal le ha situado siempre al margen de la política.

Durante el franquismo no ocupó ningún cargo netamente  político. Fue presidente de la Comisión General de Codificación y de la Real Academia de las Jurisprudencias. Después de las elecciones del 15 de junio de 1977, Hernández Gil fue designado senador por el Rey y días después sustituyó a Torcuato Fernández Miranda en la presidencia de las Cortes, en la que permaneció hasta la aprobación de la Constitución de 1978. El suyo ue el primer juramento de un alto cargo político que omitió fidelidad a los principios del Movimiento y demás leyes fundamentales de la citaadura.

Aceptado por todos, derecha, centro e izquierda, Hernández Gil fue nombrado por Felipe González el 7 de diciembre de 1982 como presidente del Consejo de Estado.

Ahora, Hernández Gil, con setenta años  de edad, se enfrenta al reto de encabezar la reforma de la Administración de Justicia después de una elección polémica. Ya con la elección del anterior Consejo General se quedó a las puertas de la presidencia, pero los votos de Fernando Ledesma, Plácido Fernandez VIagas y Eduardo Jauralde no fueron suficientes.

EL CONSENSO alcanzado por los grupos parlamentarios en la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial constituye una importante base de legitimación política para su funcionamiento. La estrategia de repicar y andar en la procesión adoptada por Alianza Popular, que ha impugnado ante el Tribunal Constitucional el procedimiento de elección parlamentaria de todos los miembros del Consejo General, pero que ha negociado al tiempo con el PSOE la lista unitaria de candidatos, le permitirá ganar en los dos paños, tanto si su recurso de inconstitucionalidad es aceptado como si no. Sin embargo, el hecho de que los 12 vocales elegibles entre jueces y magistrados sean votados también por los diputados y los senadores de la oposición congervadora muestra hasta qué punto la polémica desatada en torno a la supuesta inconstitucionalidad de ese mecanismo de designación descansaba sobre bases artificiales, se proponía una operación de desprestigio contra el Gobierno y trataba de adular los sentimientos corporativistas de la carrera judicial. Paradójicamente, los frutos más discutibles de ese con senso -dejando a un lado el chentefismo, inevitable en este tipo de combinaciones- no se registran tanto entre los 12 candidatos forzosamente elegibles entre jueces y magistrados como en la lista de los ocho vocales designables entre «abogados y otros juristas» de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Con independencia de la calidad personal y de los saberes legales de los candidatos, no demasiado edificante que el Congreso, en un gesto corporativo de pésimo gusto, haya designado a dos de sus miembros -el diputado socialista Pablo Castellano y el diputado conservador Beltrán de Heredia- para formar parte del Consejo. También es no table que los magistrados Vacas y Celaya hayan sido incluidos en el cupo de los juristas y no dentro de la Esta de la carrera judicial. Dado que otros dos vocales -Martínez Zato y González Cuéllar- encajados en esa cuota de ocho abogados y juristas de reconocida competencia per tenecen a la carrera fiscal, resulta que sólo el catedrático Ignacio de Otto y la abogada Cristina Alberdi pueden aportar al nuevo Consejo la independencia de criterios de quienes no forman parte de la clase política y la sensibilidad social de quienes no provienen de los escalafones de la carrera judicial o fiscal.

Tampoco resulta especialmente delicado que, reforzando así a los dos diputados -cuyas lealtades partidarias resultan obvias-, los socialistas hayan propuesto para el nuevo Consejo a dos directores generales del Ministerio de Justicia. Entre los 12 magistrados nombrados por el Parlamento, tres de los elegidos no podrán concluir su mandato por alcanzarles la jubilación antes de que concluyan los cinco años de duración del Consejo General. Entre ellos figura Cesáreo Rodríguez Aguilera, presidente hasta ahora de la Audiencia Territorial de Barcelona y propuesto, al parecer -cosa más bien sorprendente si se recuerda que el sumario de Banca Catalana, en el que se halla implicado Jordi Pujol, está siendo instruido por ese tribunal- a iniciativa de Convergéncia i Unió.

El órgano de gobierno del poder judicial deberá elegir a su presidente, que lo es, a su vez, del Tribunal Supremo. Una vez constituido, el carácter continuista o renovador del nuevo Consejo tendrá oportunidad inmediata de manifestarse. En efecto, dos disposiciones transitorias de la ley orgánica del Poder Judicial encomiendan al Consejo la tarea de ratificar o de sustituir en el plazo de tres meses a los presidentes de sala del Tribunal Supremo y a los presidentes de las audiencias territoriales y provinciales. Más adelante, los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de justicia en las comunidades autónomas ayudarán a mostrar la orientación del nuevo Consejo. Y si el sorteo para la renovación del Tribunal Constitucional atribuye al Consejo General la elección de dos magistrados, esa designación servirá de piedra de toque para comprobar la independencia y neutralidad de sus miembros.

La sociedad española espera del nuevo Consejo General una acción eficaz dirigida a la modernización de la Administración de la justicia. El ex diputado Pablo Castellano, condenado a finales de 1984 a consecuencia de una demanda de la Asociación Profesional de la Magistratura por sus declaraciones sobre la corrupción de la justicia en España, tendrá ahora ocasión para poner en práctica, y desde dentro, sus ideas renovadoras, hasta ahora formuladas en un nivel sólo programático. Si Izquierda Socialista pierde a uno de sus más enérgicos portavoces precisamente en vísperas del referéndum sobre la OTAN, los reformadores del aparato judicial ganan un aliado. La política de designaciones del nuevo Consejo puede hacer más funcional nuestra Administración de justicia, a condición de que no incurra en prácticas clientelistas o en componendas arbitrales. Pero es sobre todo la lucha contra las corruptelas en las oficinas judiciales, denunciadas en la Prensa con pruebas indiscutibles, y el esfuerzo para conseguir superiores rendimientos en la Administración de justicia, tanto en lo que se refiere a la tramitación de los sumarios como en lo que concierne a la celebración de los juicios orales, el objetivo prioritario.