Argentina supera un nuevo intento de Golpe de Estado contra el presidente Carlos Menem

DE VEZ en cuando, unos cuantos militares argentinos deciden pintarse la cara y salir a la calle para dar un nuevo golpe de Estado. Es la señal de que ha empezado un nuevo acto de la interminable opereta de las reivindicaciones de las Fuerzas Armadas ofendidas.Ayer, una vez más, un reducido grupo de soldados con uniforme de campaña y maquillaje de guerra tomó el edificio Libertador (sede de la Jefatura del Ejército argentino), el Regimiento 1 de Palermo y la Fábrica del Tanque Argentino Mediano. El presidente de la República, Carlos Menem, decretó el estado de sitio; el jefe del Ejército estableció su puesto de mando en las inmediaciones de] principal edificio tomado por los sublevados; las autoridades recomendaron a la ciudadanía que no se lo tomara en serio, y a las pocas horas la sublevación fue sofocada. Detrás de la rebeldía se escondía, como es habitual, la mano del conocido coronel golpista Mohamed Alí Seineldín. Lo de costumbre.

Lo que hace de estas insubordinaciones algo totalmente ridículo es su carácter explícita, manifiestamente gremial, ya sin tan siquiera aquella retórica patriótica que otras veces fue la coartada. Algunos oficiales quieren ser indultados por sus actos durante la guerra sucia contra el terrorismo (e incluso ser condecorados por ello), otros están en desacuerdo con la cúpula militar, otros más se encuentran insatisfechos con la política de ascensos o de provisión de destinos o de salarlos. Y para llamar la atención sobre tan abigarrado revoltillo de causas, a ese sector de la milicia educado en el intervencionismo permanente no se le ocurre otra cosa que dar un golpe de Estado. Con riesgo, pues se trata de hombres armados, para las personas y las instituciones: lo ridículo no excluye necesariamente lo dramático.

En esta oportunidad, el movimiento de rebeldía ha tenido lugar dos días antes de la visita a Buenos Aires del presidente Bush. Ni por un momento la delegación de Estados Unidos ha pensado en renunciar al viaje, lo que subraya la escasa credibilidad que a la payasada se le da en el exterior. Pero lo terrible es que el Gobierno y la sociedad argentina deberán de nuevo dedicar a solventar el caso las energías que necesitan para enderezar una situación económica y social extremadamente delicada.

Los problemas que padece Argentina son mucho más profundos que los del cacareo de unos cuantos oficiales rebeldes. Tienen más que ver con el lastre social tremendo de la política de indultos por crímenes durante la dictadura, rechazada con creciente decisión por amplios sectores de la población; con la imposible situación en que los sindicatos quieren colocar al Gobierno de Menem por oponerse a su política de privatizaciones y de reforma del Estado; con la poca firmeza en la conducción de tal política; con el incremento espectacular del paro; con la inmoralidad en la gestión de la cosa pública. Nada de ello tiene ya nada que ver con las quejas caprichosas de parte de un Ejército que .debería volver definitivamente a los cuarteles y no salir de ellos en una buena temporada. Otra cosa constituye una permanente injuria a los argentinos.

LA cuarta asonada que vive Argentina des de el 87 ha sido bautizada con el mismo nombre que las anteriores, Operación Dignidad, la encabezan los mismos que en los tres casos anteriores y se propone los mismos objetivos que proclamaron Seineldín, Aldo Rico y sus «carapintadas» en los levantamientos contra Raúl Alfonsín: sanear la cúpula militar, dignificar el Ejército y «hacer justicia» a los militares perseguidos por sus acciones en los años de guerra sucia. Para el ex presidente Alfonsín, a quien la rebelión de ayer sorprendió en Madrid, «no se trata de un golpe de Estado sino de una manifestación de incomodidad expresada con gran irresponsabilidad». Que el autor principal del acuerdo de Villa Marteli, con el que en 1988 parecía ponerse fin a la tragicomedia de los fundamentalistas, nacionalistas y conservadores, quite toda importancia al nuevo levantamiento es la mejor prueba del grado de deterioro al que ha llegado la sociedad argentina, que permite considerar normales actos tan graves como los ocurridos ayer. La ocupación de la sede del Estado Mayor, en la que murieron al menos dos oficiales y un suboficial y resultaron heridas. seis personas, no se produce en un vacío. Su caldo de cultivo es un Ejército golpeado económicamente por la reducción drástica del poder adquisitivo, una profunda división interna y una presidencia como la de Carlos Menem que, desde su llegada al poder, les prometió borrón y cuenta nueva, y no acaba de cumplir lo prometido. Menem había anunciado para este mismo mes un indulto a los condenados por crímenes cometidos en los años negros de la guerra sucia. El 17 de septiembre del 89 hacía pública la primera amnistía oficial, de la que se beneficiaron veinte de los condenados por delitos cometidos en los años 70. Veinte días más tarde anunciaba una amnistía para los militares que dirigieron la guerra de las Malvinas en el 82. Meses después se ve obligado a utilizar la fuerza para doblegar a esos mismos militares. Por aquellas acciones fue duramente criticado, pero su objetivo era cerrar cuanto antes la herida militar y concentrar todos sus esfuerzos en la batalla contra la crisis económica. Los primeros resultados de esa batalla son contradictorios. Mejora la posición financiera internacional del país. Sin embargo el coste de su política «thatcheriana» está siendo muy alto, hasta el punto de que según las últimas encuestas, uno de cada tres argentinos se iría hoy de su país a la menor oportunidad. En esta situación, los mensajes mesiánicos del que habrá que empezar a llamar abiertamente «partido militar» argentino encuentran un eco comprensible, aunque todavía no represente una amenaza para la democracia recuperada en diciembre del 83. Sin embargo, su cuarta rebelión, ya sofocada, es una advertencia seria de la fragilidad del nuevo sistema y obliga a adoptar las respuestas más firmes. La acción del presidente Menem parece haber sido enérgica desde un comienzo. El presidente argentino ha indicado al Ejército que sólo hay un camino a seguir: la Constitución. Y cualquier medida que deba aplicarse ha de seguir la vía constitucional. Menem parece dispuesto a extremar la dureza.