27 abril 1998

Asesinado el obispo de Guatemala, José Juan Gerardi, conocido por su defensa de los derechos humanos frente a las Fuerzas Armadas

Hechos

El 27 de abril de 1998 murió D: José Juan Gerardi.

Lecturas

LOS PROCESADOS POR EL CRIMEN:

El Coronel Lima Estrada, su hijo el capitán Byron Lima Oliva y el guardaespaldas presidencial D. José Obdulio Villanueva.

El obispo católico guatemalteco D. Juan José Gerardi, brutalmente asesinado, había esquivado la muerte en 1980. Aquel año -en el momento más duro de la guerra civil de Guatemala- un comando de origen desconocido le tendió una emboscada en un poblado del departamento de Quiché, donde oficiaba como obispo, pero los catequistas que le precedían le avisaron en el último minuto.

El obispo parecía sentenciado. El 20 de julio de 1980 tuvo que abandonar Guatemala, y no pudo regresar hasta 1984.

Ya en esa fecha se había ganado el apelativo de obispo rojo con el que le denostaban los mandos militares de aquellos años.

Gerardi nació hace 75 años en la capital guatemalteca y se ordenó sacerdote en la catedral -la misma donde ahora se vela su cadáver- el 21 de diciembre de 1946. Hasta 1974 no se incorporó como obispo a la diócesis de Quiché. Allí se labró su reconocida fama como defensor de los derechos humanos frente a los excesos de los milicos a lo largo de una atroz guerra civil que, oficialmente, duró 36 años, pero que de hecho se prolonga a través de hechos como el asesinato del obispo.

En numerosas ocasiones fue citado por los comandantes de la zona para que explicara sus ácidas críticas. Gerardi no se arrugó. «Atacando tanto a la población civil lo que ustedes están haciendo es incrementar la guerrilla», le reprochó en una ocasión al general que dirigía las tropas de Quiché.

Varios sacerdotes pertenecientes a su diócesis fueron, durante aquellos últimos años 70, asesinados por las bandas paramilitares.

Tras el atentado, Gerardi viajó al Vaticano, pero cuando decidió regresar al país, el régimen militar le prohibió la entrada. El obispo permaneció exiliado en Costa Rica hasta 1984.

Su última tarea como adalid de la causa de los olvidados fue coordinar el proyecto eclesial Recuperación de la Memoria Histórica, dirigido a recoger los testimonios de las víctimas y verdugos de la terrorífica guerra civil guatemalteca.

Durante tres años, un grupo numeroso de religiosos y seglares que participó en el proyecto realizó varios millares de entrevistas para confeccionar el estudio.

El viernes 25, monseñor Gerardi presentó el documento final. Ese mismo día cenó con su familia y les comentó: «Ya puedo morir en paz».

Dos días más tarde, en el aparcamiento del obispado, le destrozaban la cabeza con un bloque de cemento.

Javier Espinosa

28 Abril 1998

Matar la memoria

EL PAÍS (Jesús Ceberio)

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A LOS asesinos del obispo Juan Gerardi no les debió gustar el informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica que presentó el pasado viernes el coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Obispado en Guatemala. En 1.400 páginas bien documentadas, el obispo establecía una cifra de 150.000 muertos en 36 años de atroz guerra civil, 50.000 de ellos en una guerra sucia que Gerardi atribuye en un 90% al Ejército y a sus grupos paramilitares. A sus 75 años, este obispo, perseguido durante años, y en especial a comienzos de la década de los ochenta, no cejaba en su ardiente defensa de los derechos humanos y del establecimiento de una verdad que sirviera al menos para no volver a caer en los errores y atrocidades del pasado. Es de esperar que, a diferencia de lo ocurrido en 1980 en El Salvador tras el asesinato de monseñor Romero, la muerte de Gerardi no haga descarrilar el proceso de paz encauzado desde el acuerdo que firmaron el Gobierno y la guerrilla en diciembre de 1996.

Significativamente titulado Guatemala: nunca más, el informe no se limitaba a exponer el pasado, sino que hacía recomendaciones para que no se repita en el futuro tamaña crueldad en masa. Para ello sugería la puesta en marcha de un proceso de «desmilitarización social» y de mecanismos efectivos para resolver los problemas de la propiedad de la tierra. Los asesinos de Juan Gerardi han acabado con su vida. Más difícil es que logren con ello borrar su memoria y la de las atrocidades que denunció.

11 Octubre 2002

Guatemala, ¿nunca más?

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Un tribunal de apelación guatemalteco ha anulado la condena impuesta hace más de un año a tres militares y a un sacerdote por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi. Alega vicios de forma y ordena repetir un juicio que llevó más de dos años, en el que comparecieron un centenar largo de testigos y que concluyó con una sentencia de 30 años para un coronel, un capitán y un sargento pertenecientes a los infamantes escuadrones de la muerte camuflados como unidad de seguridad presidencial. Gerardi murió a golpes dos días después de presentar un informe de la Iglesia sobre la guerra sucia, Guatemala, nunca más, en el que se concluía que el 90% de las matanzas durante 36 años de guerra civil -más de 200.000 cadáveres- fueron obra de los militares.

La decisión del tribunal podría tomarse por una encomiable muestra de celo e independencia judicial si Guatemala, que puso fin en 1996 al enfrentamiento más largo y sangriento de Centroamérica, fuese una sociedad democrática. Pero no es así. Pese a haber dejado atrás sucesivas dictaduras castrenses y mantener una fachada civil, el país centroamericano que preside Alfonso Portillo vive en una atmósfera de violación de los derechos humanos, intimidación y protagonismo militar -y paramilitar- similar a la de sus años más sombríos. Muchos de los más comprometidos, jueces incluidos, han huido para proteger sus vidas. Una de las previsiones del acuerdo nacional que puso fin a la guerra era el desmantelamiento de la división de seguridad presidencial, reiteramente prometido y nunca cumplido por Portillo, que, por el contrario, ha aumentado sus presupuestos y los de organismos conexos.

La razón última de este estado de cosas es que el Ejército, un ejército impune, sigue siendo la más poderosa fuerza política del país. Y que sus hilos los sigue moviendo el jefe del partido gobernante y presidente del Parlamento, el ex general Efraín Ríos Montt, el más despiadado dictador de su historia reciente y a quien las organizaciones de derechos humanos intentar procesar por genocidio.

Estos días está a punto de conocerse en Guatemala el desenlace de un proceso histórico -el primero por delitos cometidos durante la guerra sucia- contra tres jefes retirados, un general y dos coroneles, acusados de ordenar en 1990 el asesinato de una activista pro derechos humanos. Su condena podría abrir la puerta al enjuiciamiento de Ríos Montt y altos mandos anteriores como arquitectos de una política de atrocidades masivas. Pero la reciente decisión sobre el caso Gerardi recuerda a quienes quieran entender quién sigue mandando en Guatemala.