Asesinado Juan Ignacio González Ramírez, Secretario General del Frente de Juventudes, la rama Juvenil de Fuerza Nueva

Los entierros en el mismo día y en Madrid del inspector del Cuerpo General de Policía José Javier Moreno Castro, casi en la lividez de la amanecida, y del secretario general del Frente de la Juventud, Juan Ignacio González Ramírez, dos jóvenes españoles ambos, han vuelto a poner de manifiesto los enojosos que resultan para el Gobierno y los partidos del consenso los entierros de quienes mueren por amar y servir a España. La autoridad gubernativa ha demostrado en ambos casos, mediante la confiscación del duelo, un miedo inequívoco a la verdad.

En el caso de José Javier Moreno Castro no caben dudas sobre la autoría ni sobre el significado político del crimen. Es la primera víctima de una nueva escalada terrorista, la cual sigue a la confusa e impúdica tregua registrada en torno al viaje presidencial a Vascongadas. Menos claro es la titularidad del crimen de que ha sido víctima Juan Ignacio González Martínez. Los responsables de la política policial no saben nada. Pero se cuidan de deslizar la posibilidad de que se trate de un delito común, en tanto ciertos circuitos de intoxicación un ajuste de cuentas. Nosotros, igual que el padre de Juan Ignacio, estamos persuadidos de que se trata de un crimen político. El instinto profesional nos dice lo mismo que la intuición a la gente de la calle. ¿Pero un crimen político de qué naturaleza y con qué fines?

En muy diversos espacios de la política, la abogacía, el periodismo y la sociedad se aducen hipótesis tan atendibles o más que las antes señaladas del delito común y el ajuste de cuentas. ¿Un crimen políticos encaminado a provocar una reacción emocional exasperada de los camaradas de Juan Ignacio González Ramírez? ¿Un crimen político cuyo único objetivo pudiera ser que con Juan Ignacio González Ramírez muriera un importante secreto cuyo conocimiento todavía le deslumbraba cuando le pegaron tres tiros en la cabeza en el portal de su casa? Ambos supuestos, los dos a los que presta mayor verosimilitud en diversos ambientes, plantean de inmediato otra cuestión: ¿Y a quién o quiénes podían convenir que se iniciara en el espacio del patriotismo la cadena acción-reacción-acción, precisamente en la peculiar coyuntura política que atraviesa el sistema? ¿A quién o a quiénes podría resultarles tan esencial el silencio de Juan Ignacio González Ramírez?

En todo crimen se propone como primera y elemental indagatoria deducir a quién o a quiénes beneficia. Y esto es lo que exigimos desde EL ALCÁZAR: saber en qué misteriosos espacios se decidió la muerte del secretario general del Frente de la Juventud. En los crímenes políticos es siempre más importante descubrir a los instigadores que a los ejecutores materiales.

Por sí de una instigación política se tratara, y dada, además, la crítica situación porque atraviesa España, convendrá a todos una alerta especial que permita desenmascarar a los provocadores disfrazados de vanguardia vindicativa y eludir las sucias trampas de una posible conspiración encaminada a levantar ante la opinión pública el tantas veces desinflado fantasma del llamado ‘terrorismo de ultraderecha’. Cualquier cautela es poca, en tanto se descubre la verdadera entidad política del crimen, si es que alguna vez se llega a descifrarlo.

TODAVIA Es demasiado pronto para saber si el asesinato de Juan Ignacio González Ramírez, secretario general del ultraderechista Frente de la Juventud, debe ser inscrito en la ya larga lista de los crímenes de motivación política que han ensombrecido nuestra convivencia en los últimos años. Pero aun admitida esa hipótesis, quedaría un largo trecho para descubrir, en la maraña de organizaciones violentas y en la jungla donde se ocultan los servicios paralelos y las tramas internacionales, la identidad personal de los culpables y su adscripción concreta a una banda determinada.La dolorosa experiencia de los años de transición sirve para invalidar cualquier actitud ingenua o simplista a la hora de analizar la violencia política. Sin duda, la función que pueda desempeñar un crimen político en un contexto determinado constituye un dato que debe ser tomado en consideración, no como indicio seguro de la suplantación total de la organización que la reivindica por otra instalada en la sombra, sino como base para sospechar de una manipulación parcial y a distancia de esas siglas. Ahora bien, ni es fácil de establecer de manera inequívoca la hipotética función singular que cumplan esos atentados ni tampoco la eventual existencia de interferencias convierte en pura fantasmagoría a la banda que se jacta de haberlos llevado a cabo. La ingenuidad ante las apariencias puede ser tan infructuosa para el análisis de la violencia como el aferramiento a los esquemas paranoicos de la concepción conspirativa de la historia.

De otro lado, la complejidad de esos arrabales donde habitan los profesionales de la violencia política, que en muchos casos han convertido en oficio lo que antaño pudo ser un compromiso ideológico, puede llegar al paroxismo cuando las organizaciones armadas, aisladas del medio social y acosadas por los cuerpos de seguridad, aplican el fanatismo y la crueldad para resolver sus litigios. También la historia nos enseña que los ajustes de cuentas dentro de las bandas armadas, sometidas anternamente al imperio de la intolerancia y el recelo, pueden acabar en crímenes. Las diligencias sumariales, y no las declaraciones a bote pronto de los correligionarios de la víctima o de algún funcionario de la policía, son las encargadas de esclarecer, en última instancia, la identidad de los asesinos de Juan Ignacio González Ramírez y los móviles del crimen. En estos momentos, las acusaciones contra la extrema izquierda tienen tan escasas bases, como la atribución del crimen a un ajuste de cuentas o a motivos de índole privada. En espera de que el sumario judicial avance, sólo cabe condenar el crimen, recordar que el derecho a la vida es un principio sagrado y expresar el temor de que el asesinato de Juan Ignacio González- Ramírez pueda ser esgrimido como pretexto para desencadenar una nueva espiral sangrienta.

Porque la lucha contra violencia, contra cualquier violencia, sea cual sea su color, su retórica y su justificación, debe ser el objetivo prioritario de todos aquellos que aspiran a que la convivencia pacífica y democrática sea una realidad en nuestro país. No sólo es rechazable la fatua pretensión de que el fin justifique los medios, sino que cada vez resulta más evidente que la violencia como medio destruye toda posibilidad de alcanzar cualquier fin que no sea la institucionalización perpetua de la violencia. Quienes aman la violencia pueden o no perecer en ella, pero, en cualquier caso, deben ser rechazados en nombre de los valores y de las ideas que sólo pueden alcanzarse y mantenerse a través del respeto a la vida humana como un principio inviolable.