Baltasar Garzón rompe con el PSOE después de que Felipe González nombrara ministro de Interior a Belloch en vez de a él

Las diferencias con Felipe González sobre el enfoque de la lucha contra la corrupción han motivado la dimisión de Baltasar Garzón al frente de la Delegación del Gobierno sobre Drogas, según informaron ayer fuentes de su gabinete. «Las razones de la dimisión no tienen nada que ver con el nombramiento del nuevo ministro, si bien las formas de éste tras su toma de posesión han precipitado la decisión», aseguraba a media tarde de ayer una persona próxima a Garzón.Los motivos de la renuncia habían sido expuestos por escrito al presidente del Gobierno antes del debate del estado de la Nación, según se precisó, y estaban relacionados con el enfoque de los asuntos de corrupción y el mal funcionamiento de algunas instituciones. Tras el debate, en el que Garzón y Ventura Pérez Mariño amenazaron con votar con el PP y en contra del PSOE si no se aprobaba una comisión de investigación sobre Filesa, el ex secretario de Estado se reunió con González. En aquel momento se especuló con que el presidente había llamado a Garzón para darle un tirón de orejas por poner al partido contra las cuerdas.

Sin embargo, Garzón aseguró el mismo día que no sólo no había recibido reprimenda alguna por su actitud, sino que él había expuesto a González la necesidad de atajar la corrupción de raíz y de adoptar medidas contundentes y ejemplarizantes, asumiendo responsabilidades políticas con dimisiones en el partido socialista y en el Gobierno.

Personas del entorno de Garzón insisten en que en aquella conversación ya se habló de dimisión, y que todavía era ministro Antoni Asunción y no se sabía que éste iba a dimitir, pues no se había producido todavía la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

Lo que ocurre, indican las citadas fuentes, es que el nombramiento de Juan Alberto Belloch como ministro del Interior ha sido la confirmación para Garzón de qué Felipe González no tiene previsto adoptar la política de «bisturí hasta el fondo» que le había recomendado el magistrado excedente. Belloch y Garzón mantienen desde hace tiempo posiciones encontradas, y, tras el nombramiento del primero, se han producido un par de desencuentros.

Para el lunes está prevista una conferencia de prensa de Garzón en el Congreso, donde previsiblemente anunciará su renuncia al acta de diputado -como independiente en las listas del PSOE- y su vuelta al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Baltasar Garzón, de 38 años, natural de Torres (Jaén) ha permanecido nueve meses en el Gobierno y era delegado del Plan Nacional sobre Drogas desde el 30 de julio del año pasado.

Irrumpió en la política como un seguro valor político para el PSOE y revolucionó la escena electoral. Diez meses después, es un capital agotado que el partido socialista no quiere. Cuando decidió pasarse a la política Garzón recibió el apoyo de un grupo de estudiantes que abarrotaban un aula de la facultad de Filosofía de Madrid. Hace una semana los jóvenes que esperaban la celebración de un concierto en la plaza de toros de Valencia le abuchearon y le llamaron «hijo de puta» mientras hacía la ola.

Garzón había dejado de ser un lujo para el Gobierno. Es más, se había convertido casi en un problema. No tanto por hechos que hubiera protagonizado, sino por tantos como quería protagonizar.

Hay una imagen, una última imagen, que lo resume: Garzón se presentó en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, de la que no es miembro, el día en que Asunción acudió a explicar la fuga de Luis Roldán.

Para el Gobierno, Baltasar Garzón tenía una irrefrenable ambición de intervenir en todas las salsas contra la corrupción. Ya no era sólo el papel de jefe máximo de lucha contra la droga. Era el deseo de aparecer como látigo de corruptores allá donde aparecieran. Algo que no gustaba en absoluto al Gobierno.

José Yoldi

Al fichar el presidente, del Gobierno a Baltasar Garzón para su campaña, ambos asumían riesgos. El de Felipe González era que pasase lo que ha ocurrido: que el famoso juez se sintiera defraudado en sus expectativas y se fuera dando un portazo, acusando al presidente de haberle utilizado. Esas expectativas eran proporcionales a los halagos utilizados para atraerle, incluyendo su presencia como número dos de la lista por Madrid, inmediatamente detrás de Felipe González. Un año después, Garzón dice haberse sentido desautorizado por el presidente al comprobar que no se contaba con él para combatir la corrupción.En el primero de los dos debates. televisivos con Aznar, González anunció hace un año que pensaba ofrecer a Garzón la presidencia de una comisión parlamentaria sobre financiación irregular de los partidos. Según trascendió entonces, el primer sorprendido fue el propio Garzón, que no había sido consultado. En cualquier caso, la oferta fue luego olvidada, lo que permite al ex juez deducir, retrospectivamente, que la oferta era un mero «ardid electoral» de González. Si lo fue, ahora paga el presidente el precio de la desafección de alguien que conserva una popularidad considerable.

Garzón combinó las razones políticas y de desengaño personal para explicar su salida. Aseguró haber comunicado a Felipe González, en vísperas del debate sobre el estado de la nación, su intención de dimitir si no apreciaba un cambio respecto a lo que consideraba pasividad del Gobierno frente a la corrupción. Al actuar así, Garzón era consecuente con los motivos por los que fue reclutado -su trayectoria anterior-, y en función de los cuales muchos ciudadanos dieron su voto al PSOE el 6 de junio. Siendo miembro del Gobierno, y no sólo un diputado del Grupo Socialista, si la política del Ejecutivo le planteaba un conflicto de conciencia, estaba obligado a dimitir.

Se puede entender que aplazase la formalización de la dimisión, a la espera de una rectificación; pero no resulta lógico que identifique la falta de voluntad de rectificación del Gobierno con su escaso protagonismo en la resolución dada a la crisis del Ministerio del Interior. Que nadie le consultase sobre la fusión de ese departamento con el de Justicia, o sobre la persona indicada para convertirse en secretario de Estado de Interior, puede ser lamentable para él, pero no prueba la falta de voluntad de luchar contra la corrupción. Su argumentación es aquí muy subjetiva.

Motivos para desengancharse del Gobierno por su actitud frente a la corrupción no le han faltado a Garzón -ni a nadie- durante este año. Que éste elija para irse el momento en que el Gobierno parece reaccionar es una contradicción que no supo explicar en su rueda de prensa. Tampoco se entiende su justificación de la renuncia al escaño: defraudar a sus votantes por «apoyar a un Gobierno que no ha demostrado confianza en mí». En todo caso se trata de decisiones respetables, muy distintas de las de los tránsfugas que se van con el escaño puesto o de los que tragan lo que haga falta con tal de seguir en el puesto.

Por ello, lo más lamentable de este viaje de ida y vuelta es el fracaso de un intento que fue visto como una oportunidad de renovación del personal político: un ensayo de incorporar al Parlamento personas que habían acreditado sus capacidades en actividades ajenas a la política profesional, y cuya independencia se consideraba una garantía para la entrada de ideas nuevas y comportamientos menos rígidos en los grupos parlamentarios. Era condición para ello que los independientes pudieran actuar como tales sin que nadie se lo reprochara. Si no en el Gobierno, en la medida en que accedieran a puestos de relieve en el mismo, sí en cuanto diputados. Seguramente es cierto que la bisoñez de Garzón le hizo tomarse demasiado al pie de la letra los halagos al juez Garzón, y luego al diputado Garzón. Es probable, por ello, que haya un componente de despecho en su renuncia al cargo. Pero que nadie en el PSOE haya sido capaz de convencerle de que siguiera como diputado supone un fracaso político considerable.

Supuestamente, Baltasar Garzón era el gallardete del cambio sobre el cambio. Supuestamente Garzón era el encargado de escrutar la financiación de los partidos políticos desde 1977 hasta aquí. Supuestamente, Garzón era el avalista de la sinceridad de la contrición de corazó y el propósito de enmienda de González en la lucha contra la corrupción, por él amparada, consentida y propiciada a lo largo de más de diez años.

En realidad, Garzón fue el conejo que Bono metió en la manga del prestidigitador González para deslumbrar a la afición. Fue el guiño que González hacía al electorado – ¡colocando a un independiente como número dos de la lista de Madrid, a la inmediata vera del dios padre – para manifestar oblicuamente el despego hacia su propio partido, su lejanía de Filesa, su invencible desagrado a aparecer mezclado con la mugre guerrista. Garzón fue el detergente de los lamparones de Juan Guerra, Guillermo Galeote, Carlos Navarro y José María Sala. Garzón proporcionó también la pintiparada coartada para que la poderosa flota informativa polanquista [por Jesús Polanco, presidente del Grupo PRISA], a la sazón puesta al pairo de los vientos de un desenlace electoral incierto, girase y se pusiera a navegar a toda máquina, hasta el riesgo de reventar las calderas, hacia el probado y confortable rumbo felipista.

Todo eso significó el fichaje de Baltasar Garzón. Ciertamente, no para ABC. A diferencia de otros colegas que sufrieron un sobresalto casi paulino, nosotros sin ninguna animosidad, habíamos denunciado el excesivo afán de notoriedad del magistrado-estrella, la supeditación del rigor instructor de sus sumarios a la telegénica espectacularidad de sus redadas, la dudosa pulcritud y manifiesta temeridad de su actuación en el caso UCIFA, en el que Garzón obtuvo la cooperación ominosa del rufián Roldán.

Partiendo de ese juicio, encontramos natural, en su momento, la desembocadura en la política que parecía deparar más idóneas oportunidades que la magistratura para el despliegue de sus gustos y presuntas capacidades. Y, en todo caso, nos pareció una muestra de calculado oportunismo que el desembargo de Garzón se produjera en las prometedoras palayas del PSOE y no en las más arriscadas costas de IU, al as que, fundadamente, se le suponía más próximo.

De suerte que, ahora, no nos toca jugar ni a la canonización ni a la crucifixión de Garzón. Tiene pleno valor su denuncia de la pasividad cómplice de González en la lucha contra la corrupción, su juicio sobre el papel de ‘muñeco’ que le ha tocado representar; su autorizado criterio sobre la carencia de cualquier atisbo de independencia en las asombrosas actuaciones de Eligio Hernández.

Pero Hernández ya era fiscal cuando Garzón aceptó ser candidato y González llevaba años y años en el poder, privatizando ‘rumasas’ de forma sospechosa, maquinando ‘filesas’, obsturyendo comisiones de investigación, confiando en ‘rubios’, sosteniendo ‘roldanes’. Nada de esto podía ser ignorado por Garzón. En el más benévolo de los casos, su enrolamiento tardío y efímero bajo las banderas del caudillo González fue un acto de culpable ingenuidad.

En la conferencia de Prensa que celebró ayer, Baltasar Garzón hizo una cosa que es insólita en la vida política española: se autocriticó. Acusó a González de haberle mentido y reconoció que se dejó engañar. Afirmó que González se sirvió de él como «un ardid electoral», que las promesas que le hizo en relación a la lucha contra la corrupción no las ha cumplido y que acertamos «en gran medida» quienes predijimos este desenlace.

Reconoce que se equivocó. Eso le honra. Y, a los ojos de muchos, lo rehabilita. Es indudable que su breve paso por la política no ha sido un prodigio de lucidez. Pero no ha querido finalmente ser otro más en el coro de los corruptos o los complacientes. Lo que le faltó de perspicacia, lo ha suplido al final con decencia, demostrándonos a sus críticos que no se dejaba comprar.

Se discute si su renuncia ha sido realmente fruto de la decepción y el desengaño, como él afirma, o más bien el resultado del despecho sufrido por haber sido relegado. La disyuntiva es absurda. Ambos sentimientos son compatibles, e incluso complementarios. González lo situó como número dos en la lista madrileña del PSOE para el 6-J, por delante incluso de Javier Solana, y le prometió -dejó constancia de ello ante las propias cámaras de televisión- que lo pondría al frente de una comisión parlamentaria encargada de investigar la corrupción política. ¿Tiene algo de especial que su orgullo se sintiera herido cuando, después de todo eso, el cargo que se le dio fue, en la práctica, el de un mero Relegado Nacional contra la Droga, aparcado en la periferia del Poder real?

Lo que su dimisión no ha sido, en todo caso -hay pruebas de ello-, es una rabieta provocada por no haber sido nombrado tal o cual cosa en esta última «remodelación» del Gobierno. Hay constancia de que su deseo de abandonar la política era anterior. Si lo pospuso, fue porque González lo engañó por última vez, prometiéndole no se sabe qué novedades, las cuales -claro está- no se han producido. Es también obvio que la acusación de lo contrario es interesada: el propio Belloch anunció a Garzón que no toleraría que capitalizara su dimisión, y a ese objetivo ha apuntado en las últimas horas, difundiendo insistentemente la idea de que no es sino un ambicioso despechado.

Garzón ha hecho, en conjunto, un muy mal negocio. Era un juez de prestigio. Se lo ha dejado por el camino. Ahora, haga lo que haga en su vuelta a la judicatura, siempre será interpetado torcidamente: si hinca el diente contra el Poder, se afirmará que es por resentimiento; y si no lo hace, se dirá que está hipotecado por su mala conciencia. Quedará, en todo caso, el hecho de que ha sido el primero en admitir que González lo engañó, en renunciar a todas sus prebendas -podía haberse quedado con su alto cargo o como otro diputado mudo más- y en dimitir no porque haya sido cogido con las manos en la masa, sino porque no le han permitido investigar a los que sí las tenían. Algo es algo.

LA INTEGRACIÓN de los ministerios de Interior y Justicia ha sido una idea cultivada durante estos años en los predios de la derecha. Martín Villa, ministro de la Gobernación y de Interior en el primer Gobierno de UCD, fue el primero que la puso en circulación. Alianza Popular la convirtió en la punta de lanza de su campaña contra la política penitenciaria y de seguridad ciudadana del primer Gobierno socialista, y posteriormente, el refundado Partido Popular la retomó desde la perspectiva del ahorro de gasto público. La propuesta de los populares fue trocear el Ministerio de Justicia y repartirlo entre área! institucionales y administrativas próximas: Asuntos Penitenciarios, a Interior; competencias de política judicial, al Consejo General del Poder Judicial; Registros y Notariado, a Administraciones Públicas.El que los socialistas se mostraran siempre reticentes a esa idea no ha sido obstáculo para que finalmente la hayan puesto en práctica, a su manera, con la designación del hasta ahora ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, como titular del nuevo superministerio de Justicia e Interior. La decisión ha sorprendido no porque sea rechazable en sí misma, sino por la perceptible precipitación con que se ha tomado. Justicia e Interior son dos departamentos con solera histórica que ocupan zonas político-institucionales básicas para el funcionamiento del Estado y que, en consonancia con ellas, realizan misiones diferenciadas en el marco de la acción del Gobierno.

En los sistemas democráticos es común que el titular de Justicia sea el valedor de las garantías jurídicas, el desarrollo de los derechos y libertades y la tutela judicial de los ciudadanos. Del mismo modo es normal que el titular de Interior tenga entre sus preocupaciones prioritarias la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y la eficacia antiterrorista.

Introducir cambios en esas áreas, con riesgo de romper el equilibrio interno del Gobierno en relación al binomio libertad-seguridad, exigía un cuidadoso estudio previo y motivaciones de mayor calado que las «necesidades políticas del momento» aducidas en el real decreto de la Presidencia del Gobierno que crea el nuevo superministerio. Que se ha empezado la casa por el tejado y que no se dispone de los planos de lo que han de ser los cimientos lo da a entender el propio real decreto cuando deja a su eventual y no especificado desarrollo la forma en que debe culminarse su reestructuración.

Recién designado para el cargo, Belloch ha justificado el nuevo modelo por su mayor coherencia con la transferencia de competencias de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas. No son nuevos estos argumentos. Pero hasta ahora sólo se oían en sectores de la derecha. Los socialistas se oponían o hacían oídos sordos a los mismos. Que ahora procedan también del Gobierno socialista y aparezcan en una tribuna como el Boletín Oficial del Estado supone un giro que hubiera merecido, sin duda, una explicación mucho más detallada que la que se busca inútilmente en el escueto real decreto de la Presidencia del Gobierno.

Un compromiso ineludible del ministro Belloch debe ser llevar a buen término este giro y demostrar que la simbiosis de Justicia e Interior no supone ningún paso atrás en la protección de las garantías y derechos fundamentales. ¿Está realmente dispuesto el Gobierno a ceder sus competencias sobre política judicial, de las que tan celoso ha sido hasta ahora, al CGPJ? ¿Está dispuesto igualmente a transferir a las comunidades autónomas la gestión de los medios materiales y personales destinados a la Administración de justicia? Ios hechos demostrarán si es así realmente. Se verá si los argumentos esgrimidos han sido algo más que una forma de salir del paso. En definitiva, pronto se verá si se trata de que Belloch se haga cargo de dos ministerios o si hay un proyecto coherente para remodelar bajo una única dirección política dos de los símbolos básicos del Estado: el orden público y la Administración de justicia.