Carlos Menem indulta a los responsables de la dictadura condenados en el juicio a las Juntas Militares y también al líder de la guerrilla montonera

El Gobierno argentino, desde la recuperación democrática de 1982, ha sido en general timorato a la hora de enfrentarse con el estamento militar. Esta afirmación es válida tanto respecto de la dictadura disuelta en el absurdo de la guerra de las Malvinas como en relación con los diferentes intentos golpista s que se sucedieron después contra los sucesivos Gobiernos de los presidentes Alfonsín y Menem, hasta la última asonada de principios del presente mes de diciembre.Dicho en otras palabras, mientras el lenguaje de las autoridades civiles siempre era firme, su actuación pecaba de pusilanimidad. No se explica de otra manera la decisión de sentar en el banquillo a los responsables de los siete años de dictadura para luego dejar la justicia en manos castrenses; asegurar que todos pagarían por sus crímenes para luego promulgar la ley de obediencia debida; enviar a los criminales a la cárcel para luego indultarlos sin motivo verdadero.

En los últimos tiempos, cada vez que los militares argentinos han decidido levantarse contra su Gobierno legítimamente constituido, sus rebeliones han sido de corta duración. Es posible que ello sea menos significativo de la permanente disposición de sectores del Ejército a traicionar a su nación que de su innata debilidad e incapacidad para establecer sus reales. Lo que difícilmente les hace merecedores de un pragmático tratamiento de paños calientes que el Gobierno de Menem está dispuesto a darles en evitación de una temida revancha. Dicho sea sin invocar el desprecio que una medida de perdón generalizado implica para la más evidente justicia. En cualquier caso, ni los decretos de perdón ni las justificaciones legalistas de la medida podrán borrar la memoria histórica y reciente de las sociedades demócratas. El Informe Sábato, por ejemplo, permanecerá en la conciencia de todos los seres humanos.

Aun así, éste es el momento que ha escogido el presidente Menem para aplicar una misericordia que se entiende mal. El presidente argentino ha firmado un decreto de perdón del que se beneficiarán los mandos militares que sojuzgaron Argentina entre 1976 y 1983, llenándola de sangre y terror. Escandalosamente, la medida incluye el perdón para Martínez de Hoz, que, como superministro de Economía de la Junta Militar, llevó a Argentina a la quiebra total.Esta magnanimidad se aplica también a Mario Firménich, que, como líder de la guerrilla urbana de los Montoneros, fue comparsa e instrumento de la terrible historia. En esta ocasión, la medida de gracia favorece a nombres tan unidos al horror de los siete años de represión como los de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas y ex presidentes de la Junta Militar ex generales Jorge Videla y Roberto Viola; el ex almirante Emilio Massera -célebre porque arrojaba a sus enemigos al Río de la Plata desde helicópteros-; los ex generales Suárez Mazo, Camps y Ricchieri, conocidos asesinos y torturadores, y el ex brigadier Agosti, condenado por tortura. Todos estos personajes cumplían o habían cumplido condena por sus actos.

Resulta absurdo que, habiendo sido traumático sentarlos a todos en el banquillo e imponerles fuertes condenas en su momento, se acuda ahora a indultarles cuando han dejado de tener importancia su trayectoria personal, sus reivindicaciones y la justificación que pretendieron oponer a la condena de que eran objeto. Este segundo indulto generalizado se otorga a quienes fueron los protagonistas de la represión o de la depredación financiera nacional. Con el primero de ellos, en octubre de 1989, fueron perdonados 280 civiles y militares por sus miles de tropelías, y sólo porque las habían cometido obedeciendo órdenes.Debe reseñarse, en honor de la sociedad argentina, que existe una sólida oposición a la medida de gracia que quiere aplicar Menem. Sindicalistas, diputados, ciudadanos, se han opuesto a lo que una declaración ha denominado la «irreparable claudicación moral» del presidente. No existe razón para perdonar lo imperdonable, el sufrimiento estéril de un pueblo, con un acto que, como asegura el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, «lejos de pacificar y reconciliar, no hará más que culminar una cadena de concesiones» inútiles al poder militar. Peor aún, concediendo el perdón por siete años de tropelías, dará razón a lo irrazonable: justificará la antigua falacia castrense de que los desmanes de la dictadura obedecieroa, a una verdadera guerra librada con honor contra los enemigos de la patria.

La coincidencia, en la pintoresca fecha del 28 de diciembre, de dos propuestas de indulto para protagonistas de otras tantas dictaduras militares, la griega del 67-74 y la argentina del 76-83, no debe ocultar la honda diferencia que media entre ambas. Discutible, sin duda, la medida de gracia que Caramanlis ha decidido firmar -rompiendo bruscamente sus promesas anteriores- no carece totalmente de lógica. Frente a los diputados derechistas, que reclamaban la amnistía para los «coroneles», el Presidente ha optado por medidas de gracia que no suponen, en modo alguno, una revocación de su condena. No habrá amnistía. Las protestas -moralmente más que comprensibles- de la izquierda parecen sobre todo justificarse en la no existencia de una petición explícita de clemencia por parte de los indultados y en su no reconocimiento recíproco de la legitimidad democrática. En cuanto a la conveniencia, sin embargo, de dejar en la calle a esos cadáveres políticos que son hoy -después de quince años de cárcel, conviene no olvidarlo- los ancianos que, hace 23 años, masacraron al pueblo griego, baste con recordar que Gyorgos Papadopoulos y Nikolaos Makarezos tienen ahora 71 años, Stylianos Patakos 78, y que la situación del ejército griego parece normalizada en esta última década, bajo el control del ejecutivo civil. Y un último detalle muy importante: del indulto quedará excluido el jefe de la policía militar, responsable directa de la represión y la tortura masivas: Dimitris Ioannides, quizás el hombre más odiado de la Grecia contemporánea. Frente a esa ambigüedad calculada de los gobernantes griegos, el indulto de Carlos Menem para los ejecutores de la dictadura militar argentina no puede sino aparecer como una farsa sin atenuantes. Ni morales, ni políticos. El poder civil en Argentina sigue siendo poco más que un títere sometido al permanente pim-pam-pum de unos militares empeñados, aún hoy, en presentar la carnicería de los años de Videla, Massera y Viola, como una «heróica victoria contra la subversión comunista». Videla se ha permitido incluso el lujo de imponer al Presidente que su nombre no aparezca junto al del guerrillero peronista Firmenich, forzando así a que los decretos de indulto se redacten por separado. Y, en una última y salvaje ironía, el único militar rechazado por sus camaradas de armas, Suárez Masón, no lo ha sido, en modo alguno, por su carácter odioso de torturador atroz, sino por romper las normas del «honor militar» al huir a USA para eludir la acción de la justicia. Los máximos diligentes de una dictadura militar que practicó el asesinato y la tortura como norma, saldrán a la calle, tras unos breves años de cárcel livianísima, para ser acogidos por «carapintadas» y demás colegas como incomprendidos héroes. Y la democracia argentina seguirá siendo una ilusión permanentemente expuesta al capricho de los hombres de los tanques.

El indulto -al contrario de una amnistía- no borra los delitos ni la condena, y, en este caso en particular, extingue sólo la acción penal principal, pero no las accesorias ni la civil. Videla, Massera, Viola y Firmenich no podrán votar, ser elegidos, designados para cargos públicos ni actuar en política o negocios de cualquier tipo. El indulto no borra el proceso judicial ni sus conclusiones. La justicia argentina, en todas sus instancias, condenó a los tres militares por haber cometido «delitos graves y aberrantes» contra la condición humana, y al montonero, por «actos de terrorismo y secuestro con extorsión».El indulto tampoco borrará de la historia la decisión del presidente Raúl Alfonsín de ordenar el procesamiento de los máximos responsables de la dictadura. Argentina se convirtió, merced a esa decisión, en un ejemplo para el mundo al ventilar ante la opinión pública uno de los periodos más trágicos de su historia y llevar al banquillo de los acusados a sus máximos responsables. Estos, que cometieron sus crímenes con alevosía, amparados en la impunidad de la noche y con la suma del poder público, fueron juzgados con las máximas garantías jurídicas y humanas, las que ellos negaron a sus víctimas. En el accionar de los dictadores y de sus secuaces no hubo excesos ni obediencia debida: apresaron, torturaron, asesinaron e hicierondesaparecer a niños, embarazadas, ancianos, jóvenes y adultos, una minoría de estos últimos involucrados en acciones armadas.

Esos juicios sirvieron, además, para que cualquier persona o grupo que en el futuro sufriera la tentación de ir tras los pasos de Videla, Massera y compañía sepa que podrá ser llevado ante el tribunal y sufrir el escarnio público por sus crímenes. Videla y sus socios podrán salir en libertad, pero jamás podrán caminar con la frente alta por la calle.

Una situación diferente es la de Firmenich, quien lideró uno de los movimientos guerrilleros que lucharon contra las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse (1966-1973). Por eso, en mayo de 1 973, al asumir el Gobierno el peronista Héctor J. Cámpora, se aprobó una amplia ley de amnistía para todos los condenados, procesados o acusados por delitos políticos y conexos, incluidos los que involucrasen algún tipo de acción armada.

Firmenich, uno de los amnistiados, continuó ordenando esas acciones, con atentados, secuestros y homicidios a pesar de que se restauró el régimen constitucional. Es más, para justificar el pase de su movimiento a la clandestinidad, ordenó autoatentados contra sus locales públicos. Dirimió diferencias dentro de montoneros con el secuestro y la muerte de disidentes y, una vez en el exilio, llegó a pactar con Massera y, sin la menor garantía, mandó de regreso para la contraofensiva a decenas de jóvenes exiliados, la mayoría de ellos esperados y muertos al pasar la frontera, mientras él daba conferencias en Roma.

Diferencias

Por eso, desde el punto de vista de la moral y la ética, es difícil decidir quién es peor de los cuatro indultados. Pero, aun cuando el indulto los unifique y Firmenich acepte y apoye alborozado la libertad de los tres ex militares para lograr la suya, en una muestra más de desprecio por los centenares de jóvenes que dieron la vida siguiéndolo, los casos son diferentes.

Los militares que usurparon el poder y sus cómplices civiles eran funcionarios públicos, tenían el monopolio de las armas confiado por las leyes, y autojustificaron el golpe de Estado bajo el argumento de que su objetivo era preservar la constitucionalidad republicana, la democracia y los derechos humanos. Exactamente todo lo que violaron con reiteración y premeditación. Los oficiales, sobre todo los de alta graduación, conocían las leyes, sabían que las estaban violando y renunciaron al derecho de no cumplir órdenes ilegales. Sabían también que los grupos de tareas especiales además de torturar, matar y hacerdesaparecer, extorsionaban, cobraban rescates y tenían redes para comercializar los bienes robados a sus víctimas.

Los jóvenes que siguieron a los montoneros y a otras organizaciones guerrilleras lo hicieron guiados por fines altruistas, querían la liberación de su patria y justicia social para su pueblo. Firmenich y otros como él ensuciaron las banderas más puras, se sumaron a la guerra sucia y desvirtuaron aquellos fines. Sin embargo, tratar igual a los dos bandos es un insulto a la memoria de una juventud maravillosa incinerada en el altar del idealismo.

Menem asumió la responsabilidad individual de firmar el indulto y de pagar la cuota de impopularidad que conlleva. Lo justificó recordando que bajo el Gobierno de Alfonsín se dictó una amnistía encubierta bajo las leyes de obediencia debida, sin resolver las cuestiones internas de las Fuerzas Armadas y afirmando que el país debía cicatrizar las heridas para mirar hacia el futuro con confianza. La mayoría de los argentinos, según las encuestas, no es partidaria del indulto, pero tampoco manifiesta una oposición activa, por desencanto, resignación y porque otras cuestiones, como la subsistencia diaria y la reconstrucción del país, reclaman su atención urgente,

La represión rápida, eficaz y contundente del último motín de loscarapintadas permitió Menem sumar un punto a su afirmación de que el indulto le permitiría cerrar una etapa con las Fuerzas Armadas, para establecer la disciplina, y con ella la primacía de la sociedad civil sobre el poder militar. Le queda por delante consolidar un gran frente nacional que permita superar la crisis económica y social. Si tuviera éxito podría justificar su apelación al cierre de las heridas y al mirar para adelante, como requisito para que el país progrese.

Mientras, sigue presente el reclamo de las madres y abuelas de la plaza de Mayo por sus desaparecidos, y quedan las cicatrices, los archivos judiciales y las hemerotecas como mudos recuerdos de una pesadilla que, para muchos, fue una horrible realidad y testimonios de que ni la más feroz dictadura asegura la impunidad para los violadores de los derechos humanos.

Porque el indulto podrá sacarlos a la calle, pero no borrará sus crímenes condenados por la justicia y por la opinión pública, argentina y mundial.

LA DEMOSTRACIÓN de que en Argentina la palabra justicia no ha perdido toda razón de ser la han dado los miles y miles de personas que se han manifestado, profundamente indignadas, contra el vergonzoso decreto del presidente Menem en virtud del cual han quedado en libertad los militares que tienen la máxima responsabilidad en la espantosa oleada de crímenes que asoló el país entre 1975 y 198.3. En la protesta contra ese perdón, ignominioso por lo que supone de violación de las normas más elementales del derecho, toman parte las fuerzas políticas de la oposición, un sector incluso del peronismo y las figuras más prestigiosas de la intelectualidad. La decisión del fiscal Julio Strassera de dimitir como representante de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa una actitud de vergüenza compartida por los sectores más valiosos de la sociedad argentina.Hay que recordar que la llamada guerra sucia desbordó de manera brutal los ya de por sí crueles parámetros en los que se desenvuelve la represión de una dictadura militar contra sus enemigos. Fue el empleo de los métodos criminales más horribles, el robo, la tortura, el asesinato por grupos organizados por las propias Fuerzas Armadas con el pretexto de defender la seguridad del Estado. La justicia ha obtenido pruebas fehacientes de delitos espantosos, de los que son culpables, entre otros, los ex

generales que acaban de salir a la calle y que ahora festejan, con sus amigos y sus cómplices, su recuperada libertad. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el decreto sobre obediencia debida puso en libertad a los responsables de inferior grado militar, por entender que habían actuado cumpliendo órdenes. Ahora, Menem otorga el perdón a los máximos culpables, los que dieron las órdenes, los que organizaron y realizaron las torturas y los crímenes. Unas 30.000 personas han muerto en esa operación de asesinatos masivos. Esa cifra explica la sacudida de indignación que recorre a la sociedad argentina. En realidad, con criminales como Massera o Camps en libertad no es lógico que permanezca un solo delincuente común en las cárceles de Argentina.El presidente Menem, parco en explicaciones, se ha limitado ha decir que este indulto será, una ayuda para la pacificación del país. Si tal es realmente su propósito ha cometido un grave error político. Nada más salir de la cárcel, el ex general Videla, en una carta al jefe: del Ejército, lejos de manifestar el más mínimo remordimiento por sus crímenes, declara que fueron «actos de servicio» y, que «la sociedad argentina les debe un desagravio a las Fuerzas Armadas». Es más, el actual jefe del Ejército, general Martín Bonet, asumiendo que los, perdones, «valientemente concedidos por el presidente», son «una aspiración de las Fuerzas Armadas», ha apoyado la demanda de Videla de un «desagravio moral». Se anuncia, pues, una nueva campaña de los militares no ya por el indulto, sino para que el Estado haga suya la versión militar de la guerra sucia, o sea, la autolegitimación del crimen. No puede abrirse así un camino de reconciliación.

El indulto puede acarrear consecuencias políticas serias. Los golpes militares fueron la pesadilla de Argentina con Alfonsín, y hace pocas semanas Menem tuvo que hacer frente a un nuevo intento. Sus palabras de extrema severidad frente a los sublevados entran en una contradicción flagrante con la concesión del indulto a los Videla, Viola y compañía. Es obvio que ahora se van a sentir reforzados los sectores de las Fuerzas Armadas que se niegan a aceptar la supremacía del poder civil y las normas de la democracia. No en vano consideran el indulto como un signo de debilidad del poder civil ante la institución castrense. Todo ello puede agravar la inestabilidad, a menos que Menem acepte una mediatización del Ejército en la vida política, que ha sido la permanente aspiración de los militares argentinos. En esta coyuntura, la reacción ciudadana contra el indulto tiene un valor que desborda el plano político. Es un grito ético contra la vergüenza que, no debería apagarse.

ble martirio. es escritor uruguayo.