Caso Almirón: Secuestradas dos ediciones de CAMBIO16 por asegurar que el jefe de seguridad de Fraga es un terrorista argentino

El día, cada vez más próximo, en que acabe el enfermizo enamoramiento de la derecha española con el señor Fraga, este país habrá dado un paso de gigante en el camino hacia la normalidad libre. Con Fraga como líder único de la derecha nada es posible, porque su encarnadura personal repugna o inquieta a millones de ciudadanos moderados que antes prefieren al diablo que a don Manuel Fraga. Con el diablo, al menos, uno sabe a qué atenerse.

Con don Manuel Fraga es casi imposible saber dónde meterá la pata en el minuto siguiente. Se sabe que la meterá, y que la meterá hasta el fondo, pero no se sabe ni el área, ni el tema, ni el sector donde se hallará la metedura. Fraga sólo da seguridad en una cosa: seguro, seguro, que tropezará de bruces contra algo o contra alguien. Pero es totalmente imposible predecir contra qué.

Lo mismo declara la guerra a su amada Gran Bretaña – y vaya usted a saber por qué – que protege a un asesino como si carne de su carne se tratara. Y vaya usted de nuevo a saber por qué. Por imprevisibles reacciones de unas glándulas feroces, don Manuel ha decidido proteger y defender a su bien mado ex pistolero Almirón. Y no para barras, porque don Manuel jamás conoció los límites del sentido común. Todos juntos a la hoguera, y Almirón a los altares. Matar en Argentina no es malo.

Y un juez obstinado y pertinaz decreta nuestro secuestro tras secuestro de CAMBIO16 en defensa del honor más que dudoso del ex pistolero Almirón. Su señoría asegura que ‘la ley está para cumplirla’ y que por eso secuestra CAMBIO16 a instancias del despistolado Almirón. Lo que no menciona su señoría a decretarlo si así lo estima oportuno. Y su señoría ha decidido aplicarlo a discreción. Con un auto, dos autos o hasta dudosos papeles.

‘Vote a Almirón, vote Fraga’, parece el slogan más popular de esta campaña. Imagínese usted que el señor Fraga ganara finalmente el poder en España. ¿Pude usted imaginarse lo que harían los Almirones en el poder? No es difícil adivinarlo, porque una vez ya lo tuvieron y lo usaron y abusaron hasta sangrar a su pobre país. ¿Qué garantías hay de que Fraga no se rodeará de asesinos notorios, crápulas supinos o afamados piratas? Absolutamente ninguna. Don Manuel se equivoca siempre y no lo enmienda jamás. Ay de nosotros si hubiéramos descubierto a Almirón instalado ya de jefe de seguridad en la Moncloa. Y no lo duden, hoy por hoy, donde hay Fraga hay Almirón.

Ante la campaña ‘vote Fraga, vote Almirón’ conviene que la derecha razonable – que es la inmensa mayoría de la derecha – se libre del complejo de Electra que la llevó al enamoramiento enfermizo. La derecha española es infinitamente mejor que Fraga.

Por lo demás, con secuestro o sin secuestro, con pistola o sin pistola, Almirón es un criminal notorio y la justicia prevalecerá a pesar de los errados funcionarios encargados de aplicarla en este caso.

Juan Tomás de Salas

 ¡Cuánto hay de paranoico en la reacción de Manuel Fraga tras las revelaciones sobre su siniestro guardaespaldas! Cualquier otro habría aprovechado la oportunidad para dar una lección de racionalidad y civismo ordenando la apertura de una investigación interna que no habría podido por menos que corroborar las tesis de CAMBIO16 y desembarazándose inmediatamente de tan indeseable sujeto. La explicación a la opinión pública habría sido sencilla – “señores, yo no sabía que mi jefe de seguridad y aquel negramente célebre comisario Almirón eran una misma persona – y todo se habría quedado en una aleccionadora anécdota sin mayor repercusión política.

Pero en lugar de reconocer el yerro, Alianza Popular ha preferido poner en marcha un grotesco silogismo a la inversa, típico de los conglomerados donde el fanatismo alienta la dictadura: si Fraga confió en Almirón, Almirón tiene que ser una persona intachable, independientemente de lo que digan el Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Argentina de Derechos Humanos y “esa prensa amarilla con la que no vamos a entrar en polémica”. Lo que ocurre es que la perruna aplicación del dogma de la infabilidad de Fraga, alentada por su cuñado Carlos Robles Piquer y un reducido grupo de ciegos servidores de la voluntad del líder, está manchando de descrédito a toda la Coalición Popular y coloca en una embarazosísima posición a las personas con talante y pasado democrático que colaboran con AP.

El asunto Almirón les va a perseguir a todos como una pegajosa sombra durante la campaña. ¿Le parece bien, señor Alzaga, que el líder al que usted se somete conserve como coordinador de seguridad a un sujeto fundamental acusado de haber violado sistemáticamente y sangrientamente algunos de los más sagrados derechos del hombre? ¿Está de acuerdo, señor Rupérez, con que se otorgue tal protección a un individuo reputado como criminal en los círculos de la inteligencia occidental? ¿Desde cuándo son los liberal-conservadores partidarios de los secuestros preventivos de prensa, señor Schwartz? ¿Tiene algo que ver con Almirón la marcha que usted piensa meter en Madrid, don Jorge [Verstrynge]?

¿Por qué se callan?

Y como es un secreto a voces que los cuatro personajes aludidos y muchos otros miembros del grupo popular preferirían meterse debajo de la silla antes que tener que justificar el comportamiento de Fraga en este desdichado asunto, lo que cabe preguntarles es por qué se callan. ¿Por cobardía? ¿Por miedo a perjudicar sus expectativas políticas? ¿Pensando en proteger unos ingresos económicos que de otra manera no obtendrían? ¿Por la tozudez de no reconocer que se han equivocado mezclando su sangre con un partido vivencialmente totalitario?

El triste día que Pedro Schwartz me anunció que se iba con Fraga, le advertí que terminaría embozado en porquería. Él se empeññó en que tendría la oportunidad de defender las ideas liberales y de moderar a la derecha española. Pero ya lo estamos viendo: se calló como un muerto el día en que ante el cadáver del jefe de la División Acorazada, Fraga tuvo la temeridad de ‘comprender’ a los golpistas, se calló como un muerto el día que Fraga reiteró en el Congreso su biográficamente conocida disposición a “mancharse las manos de sangre” y se ha vuelto a callar ahora, cuando una revista tan importante para él y todos los antifranqusitas españoles como CAMBIO16 ha sido reiteradamente amordazada.

Y el baile no ha hecho más que empezar. Con Fraga queda garantizado un asunto almirón cada equis tiempo. El ex comisario argentino habría encajado perfectamente entre la banda de pistoleros fascistas a quienes en 1976 dio luz verde desde el Ministerio de la Gobernación para ‘ocupar’ la cumbre de Montejurra con el desenlace sangriento por todos conocido. Para Fraga el fin justifica los medios y punto.

Resulta paradójico que mientras los servicios jurídicos de Alianza Popular se esfuerzan en silenciar las probadas denuncias de que hay un peligroso asesino y camorrista entre sus filas, el candidato Verstrynge se anuncie – naturalmente no en el Grupo16 – rodeado de mensajes como el que sigue: “Tranquilo Madrid. Todos deseamos volver a sentirnos seguros en nuestras calles”. Todos queremos recuperar para Madrid la tranquilidad de sus noches”.

En la maliciosa carta que me dirigió hace unos días Robles Piquer, explicaba que su partido había renunciado a utilizar como soportes a la primera gran revista nacional y al segundo periódico de Madrid, porque dada nuestra línea crítica hacia Fraga, pensaban que ni uno sólo de nuestros lectores les iba a votar. Al margen de que aviados van a ir como el mercado responda a tales expectativas, el problema de Alianza Popular no es ese, es decir, no consiste en que sus mensajes vayan a chocar con la línea editorial de tal o cual grupo periodístico sino en que tal y como hemos visto, se contradicen demasiado evidentemente con el estilo de actuación que emana de Fraga y de su entorno.

Carlos Ferrer y la CEOE continúan, sin embargo, empecinados en volcar todo su apoyo económico en Alianza Popular en espera del milagro. Ni para Garrigues ni para Roca, ni por supuesto para Suárez hay un poco duro. La derecha española, perezosa y ciega – José Mario Armero la retrató perfectamente en su sincero alegato contra el abandono en que se ha dejado a Diego Prado y Colón de Carvajal – continúa apuntando así la perpetuación de los socialistas en el poder. Guerra sabía muy bien lo que se hacía cuando le dio a Fraga un título – jefe de la oposición – un coche y un sueldo. Don Manuel trabaja para el PSOE y l ohace a las mil maravillas.

Sobre algunos jueces

La actividad del juez que por dos veces ha accedido al secuestro de CAMBIO16 y en general la escalada de hostigamiento que un sector minoritario de la magistratura viene protagonizando en los últimos meses contra la prensa, merecerían un largo artículo por sí solas. Parece como si mientras la gran mayoría de los magistrados van revalorizando día a día – y a pesar de su enorme escasez de medios – la imagen de la justicia española, hubiera un pequeño grupo muy radicalizado y activo empeñado en tomar el relevo al sector involucionista del Ejército que hasta hace bien poco concentraba en periodistas y periódicos buena parte de su beligerancia contra el modelo de sociedad civil, abierta y permisiva felizmente instaurada entre nosotros

Acabo de estar en Londres con Javier Vinader, víctima inclemente de una de las sentencias más injustas e inconsistentes de los anales del derecho a la información. Nada me ha vinculado nunca a su trayectoria periodística, brillante y polémica, pero todos los profesionales deberíamos hacernos eco de su creciente desesperanza y romper, por todos los medios a nuestro alcance la abulia con que todas las instituciones enfocan el problema.

Y junto al caso Vinader, está el encarcelamiento de los directores del FARO DE CEUTA y PUNTO Y HORA DE EUSKALHERRIA. Y el procesamiento de Miguel Ángel Aguilar. Y también el de José Oneto. Y muy recientemente el de los cuatro articulistas – el arriba firmante incluido – de DIARIO16 perseguidos por ‘Don Cierva’. Y ahora doble secuestro de CAMBIO16. La prensa no pide impunidad, pero tampoco determinados jueces deben tenerla cuando llegan a violentar no sólo el espíritu de las leyes, sino también los más elementales usos jurídicos, para dar rienda suelta a sus fantasmas.

Pedro J. Ramírez

El secuestro la semana pasada del número 593 de CAMBIO16, donde se relataban los crímenes del jefe de la escolta del líder de la oposición Manuel Fraga, es sin lugar a dudas, uno de los escándalos más significativos de una democracia, como la española que aún tiene miedo a la libertad.

El comportamiento de Manuel Fraga, que va a costarle, con toda seguridad, más de un millón de votos, el comportamiento del poder que ha contemplado atónito como todo un fiscal (que al fin y al cabo es el representante del Gobierno en cualquier tipo de procedimiento procesal) se sumaba a las tesis del líder de la oposición, el comportamiento de la otra oposición (el Partido Comunista), que está dispuesto a interpelar al Gobierno para que se llegue al final del caso Almirón y se aclaren las circunstancias del secuestro de CAMBIO16, configura un escándalo de proporciones aún no definidas, pero que va a influir decisivamente en la campaña electoral para los comicios municipales.

Alianza Popular, que ha querido desviar el tema presentándolo primero como una venganza de esta revista por la retirada de la publicidad electoral (cuando la verdad, y Carlos Robles Piquer lo sabe, es que él anunció que estaba dispuesto a reconsiderar el tema a cambio de que no destapáramos la historia del dirigente de la Triple A, Rodolfo Almirón Cena, para intentar más tarde desvincularse de la petición de secuestro se ha metido, por obra y gracia y la ausencia de sentido común de Mnauel Fraga en un camino sin salida.

Tolere o no tolere preguntas, maltrate o no maltrate a los periodistas, intente o no desviar el tema, el escándalo Almirón perseguirá a Fraga al o largo y ancho de España durante toda la campaña electoral. Porque hasta ahora el líder de la oposición no ha sabido ni ha podido explicar cómo es posible que el jefe de su seguridad personal sea uno de los principales responsables del a siniestra Triple A argentina, que cuenta en su haber con cientos de asesinato.

No ha sabido ni ha podido explicar por qué compromete toda la imagen de la coalición liberal-conservadora acudiendo incluso al secuestro de una publicación, práctica que parecía ya imposible en la democracia española, para impedir que la opinión pública conozca los delitos de sangre en los que parece que está implicado de lleno Rodolfo Eduado Almirón Cena..

Manuel Fraga en sólo unos días ha conseguido destruir de un plumazo esa falsa imagen propagada por sus fieles de que, por fin, el líder se había moderado, se había vuelto razonable.

Fraga, lo ha vuelto a demostrar, no se puede moderar porque, ni conoce la moderación, ni en el fondo, cree en la democracia. Y no puede volverse razonable porque su temperamento autoritario le impide el raciocinio frío y sosegado con que tiene que reaccionar siempre un político.

El secuestro de CAMBIO16, que recuerda otra vez con amargura la dictadura, la clandestinidad y los últimos coletazos del franquismo moribundo, se ha producido y se trata de un dato puramente objetivo, con el Gobierno socialista de don Felipe González. Lo que parecía imposible que se produjera bajo la presidencia de don Adolfo Suárez y de don Leopoldo Calvo Sotelo se ha producido bajo la presidencia de don Felipe González Marquez, con Fernando Ledesma de ministro de Justicia y sin que el fiscal del Reino (nombrado por el Gobierno) tuviese la menor información previa de que uno de sus subordinados se había adherido a la petición de secuestro decretada por el juez José Antonio Jiménez Alfaro. También es un dato puramente objetivo que con este Gobierno (ya hay suficientes datos como para corroborarlo) la libertad de expresión se va a ver coartada. El secuestro de CAMBIO16 es un dato más de una cadena ya larga de atentados graves y estremecedores.

José Oneto

EL SEMANARIO Cambio 16 ha vuelto a ser secuestrado por orden judicial como consecuencia de la querella presentada por Rodolfo Eduardo Almirón, adscrito a la seguridad personal de Manuel Fraga, contra la revista por un reportaje en torno a sus actividades como presunto colaborador de la Triple A. Por su parte, el ministro del Interior ha ordenado la retirada de la licencia de armas expedida en favor de Almirón, a la vista de las informaciones disponibles sobre su pasado (véase EL PAÍS de ayer). La empresa editora de Cambio 16 señala graves irregularidades en el procedimiento de notificación del secuestro del número de la revista de la pasada semana, ordenado por el mismo juzgado que ha tomado otra vez idéntica decisión, lo que ha dificultado la interposición del recurso correspondiente contra la medida. Y sobre todo este oscuro asunto planea, como principal interrogante, la vía mediante la que Almirón consiguió, con sus: antecedentes, la nacionalidad española, la licencia de armas y un puesto de confianza en el entorno del líder de la oposición.El nuevo secuestro de Cambio 16 pone de relieve el largo camino que tendrá que recorrer todavía la sociedad española para conseguir que los hábitos de convivencia ciudadana y los poderes públicos respeten los derechos y libertades fundamentales reconocidos y amparados por la Constitución. El secuestro de un publicación por motivos políticos, práctica habitual durante la última etapa del anterior régimen a partir del momento en que los mecanismos coercitivos de la ley Fraga sustituyeron a los procedimientos de la censura previa, hasta entonces vigente, es incongruente con el sistema democrático y no puede tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Es obvio que la libertad de expresión tiene su límite en la protección de los restantes derechos fundamentales, tal y como el artículo 20 de la Constitución establece. En consecuencia, las personas que consideren que sus derechos han sido violados por la publicación de una información o de una opinión pueden acudir a los tribunales de justicia para exigir las reparaciones que consideren pertinentes. La Constitución y la ley garantizan la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y tipifican como delitos las injurias y las calumnias. La retirada de una publicación figura en la batería de las medidas que un juez puede adoptar para amparar derechos conculcados. Pero la letra de las leyes puede matar su espíritu cuando una aplicación abusiva de la norma traiciona objetivamente los principios básicos del ordenamiento jurídico. El artículo 20 de la Constitución, además de mencionar los límites existentes para la libertad de expresión, establece de forma contundente que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa». La generalización del secuestro judicial significaría una sesgada manera de prolongar, mediante esa vía, los procedimientos administrativos de la censura previa al suprimir -y no es otro el alcance de la medida cautelar- la información en litigio. El caso que ha motivado los dos secuestros merece una reflexión lateral sobre el doble rasero con que puede medirse la protección del honor de los ciudadanos de este país. Mientras un juez, aplicando con rígida literalidad los preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, puede ordenar el secuestro de un semanario -que, por lo demás, se sigue vendiendo públicamente en muchos puntos- por informar sobre el pasado de un guardaespaldas de Fraga, otros funcionarios del Estado formulan a veces acusaciones contra presos preventivos que son posteriormente absueltos por los tribunales o incluso son puestos en libertad sin proceso alguno. Pero seguramente el aspecto más importante del incidente sea el trasfondo político de un asunto que ninguna jeremiada sobre la vida privada de Almirón puede ocultar. La información de que el servicio de orden de Alianza Popular ha dado empleo a una persona acusada de haber pertenecido a la Triple A es altamente lesiva para la imagen de una derecha que pretende ser democrática y liberal-conservadora. El amparo que, de un modo u otro, se ha seguido prestando a Almirón frente a las informaciones de la Prensa -en lo profundo comprobadas y publicadas por muchos otros periódicos, al margen las expresiones más o menos duras o discutibles con las que se haya podido calificar los hechos en Cambio 16- desdice de un planteamiento ético. Fraga debe rendir cuentas ante la sociedad española y explicar las razones por las que Rodolfo Eduardo Almirón fue incorporado a su guardia personal y por las que no somete a investigación crítica los antecedentes de su inmediato colaborador. Los jueces, a su vez, deben cuidar de que la Prensa no injurie, pero mucho más de que una organización tan siniestra y criminal como la Triple A no se infiltre en forma alguna en la sociedad española.