‘Caso cesiones de crédito en el Banco Santander’: Primera investigación a Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos

El escándalo de las cesiones de crédito que afecta al Banco Santander de Emilio Botín, sin duda el envite más importante jamás habido entre la Justicia y el dinero, ha conocido un nuevo episodio que acerca el caso a las lindes de la vista oral: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar el archivo de las actuaciones Es el hombre más rico de España y uno de los mayores del mundo, pero un sumario con implicaciones penales lo mantiene, como los grilletes del esclavo que trataba de huir de la plantación de algodón a través de los manglares, en perpetuo y sufrido sobresalto. Ni el presidente del Gobierno, a quien de cuando en cuando da algunos consejos; ni el vicepresidente, amigo y deudor; ni los más caros abogados de Madrid; ni todas las influencias del país, incluidas las del periódico del mismo nombre, logran acabar de una vez con la pesadilla que lo aflige.

Las «cesiones de crédito de nuda propiedad», que así se llama exactamente el fantasma que persigue a Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, fueron un producto financiero comercializado mayoritariamente por el Banco Santander entre 1987 y 1991, que permitía a los clientes eludir el pago de las retenciones a Hacienda equivalentes al 25% del capital invertido. Algunas cifras ayudan a comprender la dimensión del problema: 45.000 operaciones fraudulentas, 3.000 titulares falsos (muchos de ellos, personas fallecidas o reclutadas entre indigentes y analfabetos), 500.000 millones captados en el mercado financiero mediante competencia desleal y más de 100.000 millones de pesetas de defraudación tributaria.

Como es fácil imaginar, se trata del pulso más importante jamás registrado en la reciente Historia de España entre la Justicia y don Dinero, entre una ley supuestamente igual para todos y el banquero más poderoso del país. Con el respaldo de todo tipo de influencias, Botín ha ido paulatinamente rebajando los perfiles penales del proceso pero, por extraño que parezca, y con el Ministerio Fiscal y la propia abogacía del Estado a su favor, no ha logrado aún el archivo del caso. Milagro. Y todo por una mujer, una juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que ha sido capaz de resistir hasta el momento, junco de ribera sometido a todos los embates, las presiones del poderoso.

Incluso de la gran prensa, dispuesta a desinformar si de echar una mano al millonario se trata. El diario El País titulaba el martes, 30 de abril, a cuatro columnas de esta guisa: «La Audiencia excluye al Santander de responsabilidad por las cesiones de crédito». En realidad, lo que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) hace en el auto de fecha 22 de abril es desestimar el recurso de queja interpuesto por el Santander en marzo del pasado año, «no entrando a resolver si procede el archivo de las actuaciones, cuestión que debe ser resuelta por la Ilma. Sra. Juez de Instrucción». ¿Hasta cuándo resistirá la Ilma. Sra.? El episodio entero, con material suficiente para un best seller, exige remitirse a los más recientes avatares. En la primavera de 2001, y cuando la juez Palacios estaba a punto de acabar la instrucción, el fiscal jefe de la AN, Eduardo Fungairiño, presentó un extraño escrito urgiendo a la magistrado a que precisara la situación del sumario. A esas alturas, el fiscal Jesús Santos, que intervenía en la instrucción, había sido apartado del caso tras negarse a secundar el llamativo cambio de criterio de don Eduardo, quien, sin explicación alguna, entendió que el Ministerio Fiscal debía pasar de acusador a defensor, y convenía pedir el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a la cúpula del Santander, mientras los juzgados de instrucción respectivos debían perseguir a los clientes del banco que habían defraudado a Hacienda.

En otras palabras, Fungairiño, gran amigo de Rodrigo Echenique, número dos del Santander, pedía que se dejaran sin efecto las imputaciones contra la comisión ejecutiva de la entidad, mientras exigía mano dura contra quienes habían sido inducidos a la defraudación por el propio banco. El fiscal Santos se negó a la maniobra y lo mismo hicieron sus compañeros, por lo que el propio Fungairiño tuvo que arremangarse y asumir la actuación fiscal en el sumario.

Como era previsible, Teresa Palacios rechazó la pretensión del fiscal, a la que sorprendentemente se sumó el abogado del Estado, siguiendo adelante con la instrucción. Pero Fungairiño recurrió la resolución ante la Sala de lo Penal, lo que motivó un extenso informe de Palacios en el que destrozaba la argumentación del Ministerio Público en orden al sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

La vista del recurso planteado por el fiscal jefe tuvo lugar a primeros del pasado septiembre y, prueba del interés que el trámite revestía para el Santander, resultó de una inusitada solemnidad. Al lado del fiscal Fungairiño y del abogado del Estado, lo más granado -y lo más caro- de la abogacía española: los profesores Horacio Oliva, Rodríguez Mourullo y Matías Cortés. En frente, los letrados de las acusaciones: Iván Hernández, por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, y Vladimir Blanes, por Iniciativa per Catalunya. Mientras Cortés trababa de mantenerse despierto en una lucha titánica que devino en plácido sueño, Mourullo, con el buen estilo jurídico que lo caracteriza, desgranaba las razones a favor del sobreseimiento, basadas, a su juicio, en el tiempo transcurrido, la buena fe del Santander y la ausencia de pruebas incriminatorias. Las acusaciones, sin embargo, pusieron de nuevo en evidencia lo que es un secreto a voces desde que estallara el escándalo: que el mecanismo defraudatorio fue preparado por el banco a través de su extensa red de sucursales; que su ejecutiva estuvo plenamente informada, según consta en las actas levantadas por el secretario Ignacio Benjumea y que el propio Botín, en multitudinaria reunión celebrada en el hotel sevillano Puerta de Jerez, arengó a sus hombres a redoblar esfuerzos captando más y más clientes mediante las cesiones de crédito.

Y es que así de fácil y de complejo es el drama que aflige al banquero: que las pruebas incriminatorias que obran en las actuaciones sumariales son tantas y tan contundentes, que, en mi opinión, sólo una monumental prevaricación permitiría el archivo liso y llano del caso. La actuación del Ministerio Fiscal y de la propia abogacía del Estado (para quien un fraude cercano a los 100.000 millones de pesetas parece carecer de importancia) va, sin embargo, dando sus frutos, al haber convertido, mediante una compleja metamorfosis, una simple demanda de información a la juez en una petición de sobreseimiento. Como parece demostrar el hecho de que la Sala haya tardado más de siete meses en dictar la resolución a que venía obligada. Lo hizo, por fin, el pasado 22 de abril, en un auto uno de cuyos párrafos señala textualmente que «es patente que si se atribuyen a los imputados en las diligencias previas 53/92 determinadas conductas que pudieran en su caso constituir delitos de defraudación fiscal, y falsedades mediales o no, aquellos no pueden versar sobre actuaciones genéricas, inconcretas o generales, sino guardar íntima relación con las conductas presuntamente defraudatorias investigadas en las piezas, a título de autoría, complicidad o encubrimiento en su caso».

De este párrafo el profesor Cortés infiere que «la Audiencia excluye al Santander de responsabilidad». Pero nadie ha acusado genéricamente a la cúpula del banco como tal, sino a personas concretas con cargos de la máxima responsabilidad. Es decir, no se trata de arrestar al palo mayor como responsable de un mal abordaje, como parece haber entendido El País, sino al oficial de cubierta que ordenó la maniobra. El Banco Santander está exento de responsabilidad penal, que no económica, como responsable civil subsidiario que es.

Concluida la instrucción sumarial, y a la vista de la resolución de la Sala, a la juez Palacios le corresponderá dictar auto de transformación, que deberá incluir la imputación específica del delito correspondiente a cada uno de los miembros de la comisión ejecutiva, incluido su presidente. Todo lo demás es confundir deseos con realidad.

¿Logrará Teresa Palacios cerrar la instrucción y forzar la apertura de la vista oral?

La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha decidido mantener las diligencias previas en el proceso abierto contra el Banco Santander por el caso de las cesiones de crédito, un producto fiscalmente opaco que el banco ofreció a sus clientes a finales de los 80 con el atractivo del anonimato y exento de retenciones tributarias. El auto de la juez, que constituye una petición inequívoca a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral, determina que hay indicios de 138 delitos fiscales y uno de falsedad continuada en documento público imputables al presidente del banco, Emilio Botín, al consejero delegado, Rodrigo Echenique, y a otros tres altos cargos de la entidad. La juez podía haber optado por archivar definitivamente el asunto de las cesiones de crédito, puestas en el mercado en 1988 y recurridas ante los tribunales desde 1992 a instancias del ministerio de Hacienda; pero ha preferido mantener vivo el procedimiento judicial, quizá desde el convencimiento de que las conductas fiscales supuestamente irregulares no han sido suficientemente aclaradas. Sorprende que la juez mantenga la imputación del banco después de que la Sala de lo Penal dictara una resolución que limitaba las responsabilidades a los titulares de las cuentas.

Para el SCH el auto de la juez llega en un momento particularmente delicado. Todavía no han acabado de olvidarse las incertidumbres provocadas por las luchas internas para desplazar a los consejeros y ejecutivos heredados del Central Hispano en la fusión de ambos bancos ni se han apagado los ecos de la constitución del nuevo consejo con una mayoría de consejeros independientes cuando debe afrontar una situación procesal que probablemente introducirá elevadas dosis de inquietud en la gestión. Aunque se trate de un asunto que no afecta al balance de la sociedad, se produce con el telón de fondo de un auténtico rosario de escándalos financieros que llegan desde Estados Unidos y que han generado una profunda desconfianza en los mercados financieros.

Por otra parte, resulta altamente desmoralizador para los ciudadanos el ejemplo de ineficacia judicial que se desprende de este caso. Durante más de diez años los tribunales no han sido capaces de cerrar un asunto que compromete tanto al banco como a sus clientes y a la propia administración tributaria. Como la credibilidad de la justicia no depende sólo de la equidad con que se administran las leyes sino también de la rapidez con que se aplican, este interminable sumario se ha convertido en un innecesario factor de desestabilización que podría haber sido conjurado si los tribunales lo hubieran sentenciado en el tiempo debido. Que el abogado del Estado, la Agencia Tributaria y el fiscal vengan pidiendo el sobreseimiento desde hace seis años contribuye a aumentar la confusión general.

La decisión de la juez Palacios abre ahora una nueva incógnita en el agitado mercado bancario español. Sólo cabe desear que se resuelva con prontitud y limpieza. Sería el escenario óptimo para el banco, para los tribunales… y para todos.

El mundo financiero experimentó ayer por la tarde un sobresalto con el rumor de que la juez Teresa Palacios había decidido abrir juicio oral contra Emilio Botín y la cúpula del antiguo Banco Santander por el asunto de las llamadas cesiones de crédito.

No hay tal resolución de la juez de la Audiencia Nacional, que hizo público un auto en el que pregunta a las partes si debe archivar el caso abierto hace diez años, realizar nuevas diligencias o proceder a la celebración de juicio oral.

La juez recuerda en su escrito que Botín, Rodrigo Echenique y un grupo de directivos del banco están acusados de cooperación o inducción al delito fiscal y de falsedad documental por haber captado más de 400.000 millones de pesetas a finales de los años 80 mediante las cesiones de crédito, una fórmula de ahorro opaca a Hacienda.

El caso provocó un enorme escándalo social cuando EL MUNDO publicó en 1992 la lista de las personas que habían colocado su dinero en este producto del Santander, entre las que figuraban varios dirigentes políticos.

El abogado del Estado y el fiscal piden, sin embargo, la absolución de Botín y el resto de los inculpados, ya que consideran que el fraude fiscal fue cometido por los clientes del Santander que no declararon a Hacienda las sumas depositadas en el banco.Pero la acusación particular considera que la evasión fiscal de los miles de ciudadanos que invirtieron en las cesiones de crédito no hubiera sido posible sin la activa colaboración de la entidad, en cuyo balance no figuraban esos recursos.

La Hacienda Pública evaluó en su día el perjuicio causado a las arcas del Estado en 141.000 millones de pesetas, pero la mayoría de los defraudadores ha ido regularizando su situación a lo largo de estos años de suerte que sólo quedan siete u ocho casos pendientes de reclamación.

Las partes tienen ahora cinco días para responder a la juez Palacios, que decidirá si archiva el caso o sienta en el banquillo a la cúpula de la entidad bancaria. Da la sensación en su escrito de que la juez se inclina más por esta segunda alternativa que por la primera, aunque habrá que esperar a las alegaciones, especialmente, a la del fiscal.

Sea cual sea el fallo de Teresa Palacios, va siendo hora de resolver judicialmente -ya sea en un sentido u otro- este caso que reaparece tras un largo paréntesis de olvido.