Caso Fondos Reservados: La Sentencia absuelve a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera pero machaca a Rafael Vera

La justicia ha dictado sentencia -recurrible en casación ante el Supremo- tras el largo proceso sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, abierto en 1994 tras la denuncia presentada ante el juzgado de guardia por el diputado popular Federico Trillo, hoy ministro de Defensa. La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros socialistas de Interior Barrionuevo y Corcuera, sobre quienes no hay rastro alguno de enriquecimiento personal, y condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y a otros antiguos altos cargos de Interior. Algunos de los condenados han anunciado su intención de recurrir y no es descartable que el fiscal Luzón impugne, por su parte, la absolución de los máximos responsables de la antigua cúpula de Interior.

La sentencia establece varios hechosprobados no susceptibles de modificación: el uso de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 derivó en prácticas delictivas de malversación de caudales públicos y sirvió de medio para el enriquecimiento personal en algunos casos. No es el caso de Barrionuevo y Corcuera, a los que absuelve por no haber certeza de que ‘conocían y consentían las sustracciones’. Una posibilidad avalada por la experiencia de Manuel Fraga al frente de Interior en el Gobierno de Arias Navarro durante 1976 y cuyo testimonio en el juicio -‘de los fondos reservados ya se ocupaban dos generales del Ejército de toda confianza’- ha servido de referencia al tribunal para concluir que los ex ministros socialistas no tenían por qué estar enterados de lo que hacían quienes se ocupaban de gestionar los fondos. El tribunal también parte del testimonio del denunciante, Federico Trillo, sobre los regalos navideños que hizo él mismo durante su posterior etapa de presidente del Congerso, para concluir que los obsequios hechos por Corcuera a las esposas de sus subordinados respondían a una larga tradición, asumida por todos, a pesar de las diferencias entre unos y otros.

Sobre Rafael Vera, administrador de hecho de los fondos reservados, recae la mayor condena por haberlos usado en beneficio propio y en el de los otros ex altos cargos de Interior condenados, en forma de sobresueldos e indemnizaciones: los directores generales Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán (éste ya condenado en otra sentencia por los mismos hechos); el gobernador Iñaki López y el jefe policial Francisco Álvarez, antiguo responsable del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Al antiguo secretario de Estado para la Seguridad se le condena a 7 años de cárcel por sustraer para sí 141 millones de pesetas, haciéndole también responsable solidario de la restitución al Estado de la mayor parte del dinero sustraído: 3,5 millones de euros aproximadamente (unos 650 millones de pesetas). Dos fincas, a cuya adquisición destinó Vera parte del dinero, según declara probado el tribunal, servirán de garantía de ese pago. A esta cantidad se añaden unos 800.000 euros (130 millones de pesetas) de los que Sancristóbal se apropió directamente desde su puesto de director de la Seguridad del Estado. El tribunal concluye que el volumen total sustraído asciende a 4,8 millones de euros (unos 800 millones de pesetas), aproximadamente el 5% de lo presupuestado para gastos reservados de Interior en la década 1983-93, cantidad que queda lejos de la inicialmente denunciada.

El tribunal pasa por alto, por no tener relevancia penal, el ‘maquillaje presupuestario’ al que fueron sometidos los fondos reservados de Interior en aquellos años para poder hacer frente a los crecientes gastos de seguridad derivados de la ofensiva terrorista -en parte, para protección de jueces y fiscales-, pero no deja de señalar que esa falta de control posibilitó su uso delictivo con fines particulares. Ese maquillaje no sería posible hoy: desde abril de 1995, una ley establece el control parlamentario sobre el uso de los fondos reservados. Fue una contribución de los socialistas, poco antes de abandonar el poder, a la superación del vacío legal existente en la materia y que desde la absoluta discrecionalidad alimentó la corrupción; los socialistas pagaron por ella un alto precio político.

Pero ese coste no podía cerrar el capítulo de las responsabilidades por lo sucedido en Interior en esa década. Quedaban las penales. El Partido Popular, enfrascado entonces en una feroz batalla de desgaste contra el Gobierno socialista, no desaprovechó la ocasión de judicializar el asunto y de rentabilizarlo políticamente a su favor. Esas responsablidades penales, atribuibles a personas concretas, han quedado establecidas por quien debía hacerlo: los jueces.

Cualquier persona que leyera la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sin conocer los antecedentes del caso ni la identidad de los condenados podría pensar que la descripción que hacen los jueces corresponde a la cueva de ladrones de Alí Babá, empeñados en robar y repartirse todo lo que se halla a su alcance. Pero los 121 folios de la resolución no son el producto de una fértil imaginación literaria sino el vívido relato judicial del comportamiento de los altos cargos de Interior que, siendo presidente de Gobierno Felipe González, se dedicaron a saquear las arcas del Estado en provecho propio.

Hay, sin embargo, un protagonista en esta historia real que, por su maldad y su falta de escrúpulos morales, se asemeja más a un personaje de ficción: Rafael Vera. La sentencia le condena a siete años de cárcel por malversación continuada, a 18 años de inhabilitación absoluta y a la restitución de los 141 millones de pesetas robados en el ejercicio de su cargo, además de confiscarle sus fincas de La Berzosilla y El Relumbrar, con un valor de mercado superior a los 500 millones de pesetas.

Vera, según la resolución, no sólo se llevó ingentes sumas de dinero imposibles de cuantificar sino que pagó sobresueldos generalizados en el Ministerio del Interior, tal y como reveló este periódico a partir de 1994. El fallo de la Audiencia de Madrid es una brillante y minuciosa reconstrucción de este latrocinio, con fechas, números de cheques y de cuentas, que corroboran lo denunciado por EL MUNDO hace ya más de siete años: que Sancristóbal, Roldán, Rodríguez Colorado, Alvarez y otros ex altos responsables de Interior recibían pagos periódicos con cargo a los fondos reservados. Esos pagos llegaban a los diez millones de pesetas mensuales, como acredita la sentencia.

Algunos dirigentes socialistas tuvieron ayer la cara dura de defender a Vera, fingiendo ignorar el contenido de este fallo que desmonta meticulosamente todas sus coartadas. La sentencia, fruto de la pulcra capacidad analítica, no exenta de vigor cívico y fina ironía, del ponente Arturo Beltrán, demuestra que era absolutamente imposible que la notable fortuna del número dos de Interior proviniera de la ferretería de su suegro, que por aquel entonces era un negocio en declive y con modestos rendimientos.

Si Vera se dedicó a robar con la coartada de la lucha contra ETA, sus subordinados no dudaron en aprovecharse igualmente de las circunstancias. La sentencia condena a José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía, a seis años de cárcel; a Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, a cuatro años; a Francisco Alvarez, ex jefe del mando único de la lucha antiterrorista, a 11 meses; y a Iñaki López, ex gobernador de Vizcaya, a 10 meses de prisión, amén de otras penas de inhabilitación para todos ellos. Mención especial merece el caso de Rodríguez Colorado, cuya condena se dicta al quedar probado que, como reveló en su día EL MUNDO, cobraba talones correlativos del mismo importe mensual y de la misma cuenta que Roldán. El fallo establece que el fallecido Mariano Jaquotot era un simple testaferro de Colorado para ocultar el origen delictivo de los fondos.

La catadura moral de todos estos personajes queda reflejada en el relato que hace el ponente de su comportamiento el 24 de junio de 1987 cuando, cinco días después del atentado de Hipercor, acordaron repartirse 75 millones para seguir en sus puestos, mucho antes de que las familias de las víctimas recibieran una sola peseta.

La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera por falta de pruebas, argumentando que no queda acreditado que estuvieran enterados del comportamiento de Vera y sus subordinados pese a que admite que hay serios indicios de que otros altos cargos de la Administración socialista que no estaban en el banquillo se lucraron también de los fondos reservados. Los jueces consideran que el regalo de joyas a las esposas de sus colaboradores era ilegal, pero exculpan a Corcuera por ignorancia.

Ambos hubieran sido condenados de no ser por la reforma del Código Penal en 1995, en la que el ministro Belloch logró hábilmente suprimir la malversación por imprudencia, que es aquélla en la que no existe dolo. Barrionuevo y Corcuera pueden estar satisfechos por no ir a la cárcel, pero, como la propia sentencia subraya, la absolución no les exime de sus tremendas responsabilidades políticas por haber permitido el saqueo de las arcas de Interior.La conclusión que se desprende del fallo sobre ambos es inequívoca: puede que no robaran, pero los dos ministros eran entonces unos incompetentes que no se enteraban de nada de lo que sucedía a dos metros de su despacho.

El PSOE se precipitó ayer a saludar su absolución como si fuera un gran triunfo cuando la sentencia es, en realidad, un retrato devastador de la corrupción durante la época del felipismo. Vera pidió ayer su baja en el partido para evitar una ignominiosa expulsión. ¿Asumirá la condición de chivo expiatorio o dirá algún día la verdad? Ese es su dilema.

A nosotros nos queda la satisfacción de que esta sentencia avala la exhaustiva investigación realizada por este periódico, que, a pesar de las intimidaciones del felipismo y como tantas veces antes y después en solitario, logró acceder a la cueva de los ladrones y descubrir sus secretos.