Caso Nicolay: Las redes del comisario Villarejo acusan al comisario Martín Blas de fabricar pruebas contra ‘El Pequeño Nicolás’

Lo que parecía una historia agotada, retoma ahora con bríos, gracias a la entrevista que ha publicado este sábado El Mundo al ‘Pequeño Nicolás’, realizada por los periodistas de investigación Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, que sin duda descubre una interesante versión aportada por el propio afectado, hasta ahora totalmente missing.

Ya ha transcurrido más de un mes desde la detención del joven y desde que Información Sensible destapara en exclusiva el caso el pasado 15 de octubre.

Ahora, Francisco Nicolás por fín se ha decidido salir de su escondite para ofrecer su versión de los hechos. Además, la misma noche del sábado 22 de noviembre Telecinco también emitió una entrevista con el joven, quien ya ha asegurado que realizaba encargos y trabajaba para Vicepresidencia del Gobierno, la Casa Real y el CNI y que todo se aclarará en los tribunales.

Fuentes próximas al entorno de Francisco Nicolás han asegurado a Información Sensible que el joven, acusado de varios delitos, está preparando una denuncia contra el Comisario Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martin-Blas Aranda, y contra responsables del CNI por fabricar pruebas para conseguir base judicial a «tan hiperbólica actuación contra él».

Detrás de esta denuncia, siempre según la versión de las fuentes citadas, existen pruebas en poder de Nicolás donde «se evidencian los chanchullos del máximo responsable de Asuntos Internos de la Policía Nacional para justificar judicialmente las razones de esta insólita historia».

La denominación hiperbólica no es gratuita. Con estos mismo términos definió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otra investigación del comisario Martín-Blas y del departamento de Asuntos Internos.

Las pruebas

Según ha podido saber Información Sensible, un miembro del CNI, que desde el principio se opuso a la intervención telefónica de los móviles de Nicolás, ha hecho llegar de manera anónima al entorno del joven un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín-Blas y unos espías.

En dicha conversación quedarían «retratados los chanchullos de unos y otros para tratar de confundir al Juez, solicitando el comisario la intervención telefónica y así poder incluir todo lo conseguido con el pinchazo telefónico, ilegal o alegal -o en el limbo- que actualmente sufre Nicolás».

Porque, aunque el CNI ya cuenta con «la patente de corso» que le otorga el que un Juez afín les autorice intervenciones secretas, siempre en interés de la seguridad del Estado, parece ser que en el caso del pequeño Nicolás, siempre según la versión de las fuentes citadas, o le mintieron al Juez o exageraron el relato de sus actividades.

Según estos testimonios, ahora lo que sucede es que «no saben cómo hacer oficiales los datos que han conseguido con el pinchazo, puesto que nadie quiere reconocer que existe».

El problema se ha acrecentado al poner al comisario Marcelino Blas-Aranda al frente de la delicada misión de convencer al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado nº 2 y encargado de la instrucción del caso, de la necesidad de intervenir, esto es, pinchar unos teléfonos que ya lo estarían por el CNI y así presentar las conversaciones de hace meses como ocurridas estos días. El juez ha denegado esa posibilidad y parece ser que también se ha molestado por el intento de conseguirlo.

Las incógnitas y un secreto de sumario ampliado

Fuentes cercanas al caso indican a ester portal que el juez Arturo Zamarriego, aparte de no creerse los argumentos del comisario de Asuntos Internos, le ha ordenado que empiece ya a darle pruebas de la supuesta gravedad de la conducta de Nicolás.

El secreto de sumario se ha renovado esta misma semana por 30 días, y «se podría plantear derivar el tanto de culpa por denuncia falsa al Comisario», según indican fuentes jurídicas. Una circunstancia que se acelerará cuando los abogados del pequeño Nicolás presenten la denuncia anunciada sobre el amaño de pruebas, aportando las pruebas de las que aseguran disponer.

Queda por tanto mucho que explicar. Además del pinchazo que supuestamente nunca existió, se une la duda de por qué el conductor que llevó al pequeño Nicolás a Barcelona para ver a Oriol Pujol disponía del exclusivo pase cipol – que permite acceso sin restricciones en todo el complejo de La Moncloa -, así como las llamadas y whatsapps que han intentado borrarse en los móviles del Francisco Nicolás mientras estaba detenido en sede policial, siempre según su versión.

Por supuesto, también queda por aclarar la presencia de miembros del CNI en el momento de su detención. Esto último explicaría el por qué estuvieron quince minutos perdidos y dando vueltas sin encontrar la Comisaría donde debían llevar al pequeño Nicolás el día de su detención.

Coincidiendo con el desmentido realizado este 22 de noviembre de 2014 desde La Moncloa, el pequeño Nicolás volverá a aparecer ante las cámaras la noche del sábado en Telecinco.

Según ha podido saber este medio, en estos momentos sus abogados negocian el momento de hacer públicas el sinfín de grabaciones con imágenes y sonido que su defendido guarda a buen recaudo. «Nadie me va callar esté donde esté», ha declarado desafiante el joven en la citada cadena.

El sindicato Manos Limpias ya se frota las manos, nunca mejor dicho, esperando el momento de que se levante el secreto del Sumario para que todo el mundo conozca esas «hiperbólicas peripecias» del comisario Marcelino Martín-Blas y la Unidad de Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás. Como el mismo joven advirtió en la entrevista concedida a El Mundo, «las mentiras tienen las patas muy cortas»

Lo más engorroso que le puede pasar a alguien cuyo oficio consiste en escuchar a otros es ser escuchado mientras escucha. Y si el que escucha y a la vez es escuchado pertenece al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), peor que peor. Pues justamente eso les ha sucedido a dos agentes del CNI, un hombre y una mujer, que compartían el contenido de las escuchas que hacían al Pequeño Nicolás con un alto cargo de la Policía que, por su lado, también se dedica a escudriñar lo que hacen sus colegas/subordinados, por si alguno de ellos se aparta de la ley.

La grabación clandestina (a la que ha tenido acceso EL PAÍS) ha sido incorporada al sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid sobre las andanzas del Pequeño Nicolás. Porque de él hablan estos tres empleados públicos a lo largo de los seis minutos y 52 segundos que dura la grabación. Hay pasajes de muy mala audición, pero otros muchos son de gran nitidez. Sobre todo, cuando los dos espías del CNI y el alto cargo policial rompen a carcajadas con una de las hazañas de Francisco Nicolás Gómez, que así se llama el Pequeño Nicolás. Lo que cuenta el agente del CNI a sus interlocutores (y lo sabe porque le tiene el teléfono móvil intervenido) es que el Pequeño Nicolás está de tratos con un banco de Guinea Ecuatorial para conseguir un crédito de 20 millones de dólares, y que tiene casi convencido a un empresario para que le avale ese préstamo con un viejo caserón semiderruido.

La risa de los tres se recrudece cuando el agente, desternillado, relata el día, era viernes, en que él mismo le llevó al juzgado, tras ser detenido el pequeño Nicolás por seis agentes de Asuntos Internos de la Policía. Fuentes judiciales de la plaza de Castilla no entienden porque tuvo que implicarse este departamento en un asunto de un muchacho que a lo más ha podido cometer delitos de suplantación, falsedad y alguna estafa. El agente del CNI cuenta, casi sin poder hablar, que, el día en que llevó al pequeño Nicolás al juzgado, el chico le habló de la contrariedad de la situación en que se hallaba, detenido, en un momento en que debía viajar a Guinea para cerrar un negocio. Y que, tratando de engatusarle, el Pequeño Nicolás le dijo que iba a hablar con Obiang [se refiere al presidente de Guinea Ecuatorial], y que se fuera con él “que lo iba a hacer ministro…”.

El alto mando policial, en el minuto 4.26 de la cinta, pide a sus interlocutores del CNI que aguanten un tiempo más la intervención (pinchazo) del móvil de Nicolás, que ya tienen localizado en un piso de Madrid y que está soltando joyas para la investigación. Pero los tres se muestran preocupados porque se han reducido drásticamente las llamadas desde ese teléfono. Por eso, el mando policial insta a que indaguen si Nicolás está usando otro teléfono. Los tres coinciden en que es raro que esté haciendo tan pocas llamadas alguien como el pequeño Nicolás, “que no puede estar sin llamar”. Y además, uno de los agentes del CNI casi da por hecho que, con las pruebas ya recogidas, puede terminar en la cárcel.

Francisco Nicolás se negó a declarar el pasado viernes ante el juez de Madrid Arturo Zamarriego. La Constitución se lo permite, y alegó para ello que ignora el contenido de la parte que aun permanece secreta en el sumario, y que, según fuentes de la investigación, consiste básicamente en un extenso informe del CNI sobre sus correrías en relación con un ministro y Guinea Ecuatorial, pero todo se ha revelado falso y fruto únicamente de lo que el forense de la plaza de Castilla definió, tras examinarle, como la “florida ideación y megalomanía” del Pequeño Nicolás. Pero aunque Nicolás hubiera declarado, muy previsiblemente no habría ido a la cárcel.

La Fiscalía de Madrid, al menos de momento, entiende que el de Nicolás (al margen del estruendo mediático originado) no es más que el caso de un pequeño delincuente, y que en ningún caso cabe ingresarle provisionalmente en la cárcel. Los agentes del CNI, en la grabación, se muestran convencidos de que hay material para que acabe en prisión. Este periódico se puso en contacto con un portavoz del CNI, que expresó el malestar que ha causado en la Casa el hecho de que alguien haya podido grabar a dos de sus agentes y a un alto mando policial. Y advirtió, también lo hizo el alto mando, con querellarse si se publicaba el contenido de la grabación, aduciendo que se trata de una conversación privada y que ello sería constitutivo de delito. Fuentes policiales señalan que en el momento de la grabación, efectuada en una sede policial, había cuatro  agentes, dos del CNI y dos de la policía. Estas fuentes aseguran que la intervención del móvil del pequeño Nicolás en ningún caso partió de la policía.

Fuentes judiciales de la Sección Penal de la Audiencia de Madrid discrepan de esa interpretación. “No estamos ante una grabación de unos agentes con sus esposas, en casa; se trata de tres funcionarios públicos que hablan de un asunto que se está investigando en un juzgado y que, además, versa sobre un escandaloso asunto que ha generado alarma social, por lo que nada impide a un periódico su difusión. Otra cosa es el autor de la grabación, que puede incurrir en revelación de secretos, entre otros delitos, si se trata de un funcionario público”. Fuentes policiales señalan que este asunto le ha costado el cargo a otro jefe policial que se cree pudo grabar subrepticiamente el diálogo entre estos dos espías y el alto mando policial. Del diálogo llama la atención los reparos sobre cobertura, se supone que legal, que opone uno de los agentes para continuar con el pinchazo telefónico al pequeño Nicolás, aunque el mando policial le anima a mantener algunos días más la intervención e incluso a indagar si Nicolás se ha podido hacer con otro teléfono, lo que explicaría la llamativa reducción de llamadas del móvil intervenido. Y eso que el teléfono no se ha movido de la casa en la que le tienen localizado, según confiesa el agente del CNI.

Otra cuestión, advierten los citados medios judiciales, es la legalidad de esa intervención. El alto mando policial explicó a EL PAÍS su convencimiento de que, para pinchar el móvil de Nicolás, el CNI había pedido permiso “a su juez”. En el mismo sentido se pronunció el citado portavoz del CNI. El servicio secreto está obligado a pedir permiso al juez del Tribunal Supremo Pablo de Lucas, y en su ausencia, al también magistrado del alto tribunal Julián Sánchez Mergal, para intervenir un teléfono. Y suele pinchar conversaciones privadas cuando se trata de asuntos que afectan a la seguridad nacional. “Y no parece que, en principio, que lo que ha hecho este chico, por muy pillo que haya sido, y muy ingenuos otros, afecte a la seguridad nacional, salvo que por seguridad nacional queramos entender el intento del pequeño Nicolás de suplantar a un alto cargo del gobierno para sus chanchullos lucrativos”, zanjan las citadas fuentes judiciales. El director del CNI declaró recientemente que el tema del Pequeño Nicolás no afectaba a la seguridad del Estado. Aun así, su teléfono ha estado intervenido.

El caso del pequeño Nicolás ha hecho estallar la guerra en el corazón de la Policía. El comisario José Villarejo, que ha sido vinculado con el célebre imputado por estafa en un informe policial de la Unidad de Asuntos Internos, ha denunciado al responsable de este departamento, el comisario Marcelino Martín-Blas. Le acusa de «fabricar pruebas falsas» al confundirle a propósito con un peatón para situarlo en un parque madrileño junto al pequeño Nicolás y de implicarle falsamente en otros sumarios abiertos.

Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa y dedicado a trabajos de Inteligencia, explica que su inclusión en éste y otros sumarios tiene como objetivo «coaccionarle» para que, según asegura, no desvele la existencia de «gestiones de máximo secreto para la dirección del PP». Fuentes policiales solventes aseguran que este comisario se refiere a la existencia de un dispositivo policial para investigar qué pruebas tiene en su poder el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En el escrito de Villarejo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, este comisario no sólo niega haber estado en el madrileño Parque Santander con el célebre imputado por estafa, tal y como denunció Asuntos Internos, sino que revela un hecho hasta ahora desconocido.

Según Villarejo, Martín-Blas habría llevado a cabo «gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular» y completamente «ajenas a sus funciones policiales».

Villarejo pone este elemento encima de la mesa porque, a su juicio, su «falsa» inclusión en sumarios abiertos tiene como única finalidad «coaccionarle» para que «cese las denuncias» que lleva haciendo «por actuaciones ilegales y uso privado de fondos reservados, bajo la excusa de operaciones secretas de carácter político, ajenas totalmente a las funciones policiales».

Según aseguran a este periódico fuentes policiales solventes, Villarejo se refiere en este caso concreto a la supuesta creación de un dispositivo de seguimiento de la familia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas para conocer sus movimientos y averiguar el material probatorio que tiene en su poder y que todavía no ha aportado al juez Pablo Ruz. Un operativo en el que habría participado, siempre según la versión de este alto mando policial, Asuntos Internos con Martín-Blas a la cabeza.

Villarejo, enclavado durante los últimos años en algunas de las más importantes operaciones de inteligencia en calidad de «agente encubierto», denuncia asimismo «la conducta encubridora por parte de la dirección política del Cuerpo Nacional de Policía», señalando al director, Ignacio Cosidó, como máximo responsable.

El elemento que ha abierto de par en par la caja de los truenos en el seno de la Policía ha sido el informe que confeccionó Asuntos Internos sobre la supuesta reunión mantenida por Francisco Nicolás con el comisario Villarejo el pasado 17 de noviembre.

Asuntos Internos presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid en el que identificaba al comisario Villarejo, adscrito a la «Dirección Adjunta Operativa», como un hombre que se encontraba en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II «a las 19.25 horas».

«Se presume que pueda tratarse de la misma persona», recalcaba la unidad policial, «puesto que presenta rasgos fisionómicos tales como la altura, complexión y apariencia física coincidentes, pudiendo apreciar además cómo camina con dificultad debido a los problemas de espalda que efectivamente tiene este comisario».

Pese a la contundencia de esta afirmación, fuentes de la dirección de la Policía descartan ya que el viandante que se identifica con el comisario sea Villarejo y considera errónea la conclusión del informe.

Por ello, este comisario precisa en su denuncia que «no acierta a comprender cómo desde hace aproximadamente un año al comisario Martín-Blas se le está permitiendo que use todos los medios de Asuntos Internos en una gratuita persecución, manipulando y/o fabricando pruebas, con el fin de alterar la verdad procesal de distintos sumarios». «Engañando con ello al juez instructor», añade.

«Son diversos los sumarios donde el referido comisario Marcelino ha fabricado pruebas falsas y/o alterado datos e indicios para presionar al ahora denunciante», agrega el escrito, que obra ya en poder de los investigadores del caso Nicolay.

Eso ha ocurrido, apunta Villarejo, «en el sumario de los chinos contra Gao Ping –el denominado caso Emperador–; en otro referido a unos indios, y el más reciente, el último caso de fabricación de pruebas falsas, que afecta al sumario del conocido como Pequeño Nicolás». Abunda la denuncia que, en este último procedimiento, «el comisario Marcelino ha dado instrucciones» a uno de sus inspectores «para inducir al entonces detenido Nicolás para que declarara, en el contexto de su relación con Javier de la Rosa, el nombre del denunciante, de manera forzada y sin sentido alguno».

El objetivo del jefe de Asuntos Internos pasa, según el testimonio de Villarejo, por «colocarlo ante el foco mediático de la opinión pública, tratando con ello de inutilizar de esta manera su cobertura profesional y forzarle incluso a solicitar la jubilación anticipada».

«La gravedad estriba en que nadie de la Unidad de Asuntos Internos conoce personalmente al denunciante salvo el comisario Marcelino, por lo que es el único que llega a esa conclusión», precisa la denuncia. «La inclusión del nombre del denunciante de manera falsa y torticera, en un anodino informe sin razón policial y/o judicial que lo justifique, evidencia un ánimo delictivo de falsear pruebas en causa penal que cobra extrema importancia, dado el cargo que el comisario Marcelino ostenta dentro de la Dirección Adjunta Operativa».

Pero el escrito va todavía más allá. «Dicha conducta se agrava aún más cuando el propio comisario Marcelino ha dado instrucciones personales» a uno de sus «inspectores» para que «filtre el sumario, cuando estaba secreto, a determinados periodistas a cambio de que publiquen la relación inexistente del denunciante con el Pequeño Nicolás».

«No corregir disciplinariamente tal conducta y, lo que es peor, ocultársela a la autoridad judicial, supone una clara conculcación de las obligaciones que todo mando policial tiene de perseguir conductas criminales, más aún cuando éstas las realicen miembros de dicho cuerpo».

Por lo que recuerda «la obligación que tiene la máxima autoridad policial de informar de ello a los distintos jueces instructores de los diversos sumarios donde el comisario Marcelino viene alterando y/o falsificando pruebas, para que la verdad procesal resplandezca en beneficio de las garantías jurídicas a las que todos los encartados tienen derecho».

Este periódico se puso ayer en contacto con el denunciante, que rehusó hacer declaraciones y remitió al departamento de Prensa de la Policía.

Por su parte, la Unidad de Asuntos Internos tampoco quiso realizar comentario alguno. Fuentes de esta unidad policial se ratificaron en los informes que ha venido realizando durante los últimos meses y a los que alude la denuncia. Remitieron a este diario tanto a su contenido como al de los informes que tiene previsto realizar en breve.

LA DENUNCIA que el comisario José Villarejo ha presentado en el juzgado contra el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, es de una enorme gravedad. Asegura en su escrito –cuyo contenido publicamos hoy– que agentes adscritos a ese departamento han estado manipulando pruebas en investigaciones relacionadas con casos de corrupción y que también habrían llevado a cabo operaciones sufragadas con fondos públicos para pasar información a dirigentes del PP. Esos trabajos, en concreto, tendrían que ver con seguimientos al ex tesorero de los populares, Luis Bárcenas, y también a su esposa, al objeto de saber con qué personas se reunían cuando estalló el caso por el que está a punto de ser juzgado.

Cabe suponer que Villarejo, un alto cargo policial de larga experiencia, podrá aportar más elementos de juicio que su palabra, porque en caso contrario habría sido una tremenda irresponsabilidad dar un paso como el que éste sólo con suposiciones. El comisario ha presentado la denuncia tanto en sede judicial como en dependencias policiales, por lo que, al margen del recorrido que ésta pudiera tener en los tribunales, Interior debería abrir de inmediato una investigación interna para llegar al fondo de lo ocurrido.

No parece casual que la denuncia contra Asuntos Internos se produzca sólo unos días después de que este departamento entregara un informe al juez que instruye el caso del pequeño Nicolás en el que se hacía constar que el comisario Villarejo era una de las personas que pudo reunirse con el joven, extremo que, a la postre, ha quedado descartado.

Hay elementos para pensar que la reacción de Villarejo es, precisamente, su respuesta al posible intento de otros agentes por involucrarlo en las peripecias de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, denunciado actualmente por suplantación de identidad, falsedad y estafa. Si así fuera, estaríamos asistiendo a un episodio que habría que inscribir en la guerra interna que mantienen algunos cuadros del Cuerpo Nacional de Policía. Villarejo está adscrito a uno de ellos, la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que se encarga de realizar labores de información.

Pero al margen de cuál sea el origen que da lugar a la denuncia, lo sustancial es determinar su verosimilitud. El caso se complica y adquiere una relevancia extraordinaria desde el momento en el que se establecen conexiones con la política. Dado que el escrito del comisario Villarejo salpica al partido que da sostén al Gobierno, éste debería ser el primer interesado en que se esclareciese todo cuanto antes. Hay que comprobar si se han hecho los seguimientos de personas que apunta Villarejo, si esas operaciones estaban justificadas y si la información obtenida se trasladaba –al margen de a los superiores policiales– a los dirigentes del PP. También habría que determinar, llegado el caso, si al actuar de esa manera los agentes lo hacían motu proprio o siguiendo directrices políticas.

La sociedad española está muy sensibilizada con los casos de corrupción. Motivos tiene de sobra. Ahora asoma lo que podría ser un escándalo dentro de la Policía. Para evitar que se le vaya de las manos y siga engordando, Interior debería actuar con la máxima diligencia y transparencia.

Son las 17.30 de la tarde del 20 de octubre de 2014. Tres agentes de la Unidad de Asuntos Internos se disponen a conversar por un canal seguro con dos agentes del CNI. Junto al comisario Marcelino Martín-Blas, entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, están en su despacho el instructor de la causa y dos agentes más, pero en diferentes momentos de la reunión. El encuentro se alarga hasta las 18.30, según el informe entregado al juzgado de instrucción número 2 y al que ha tenido acceso Público en exclusiva.

Esa conversación, en la que según la defensa de Nicolás se habla de “lavar” pruebas -“dar” las pruebas, según la Policía- fue grabada por “un participante de la misma colaborando en la grabación como mínimo otra persona”. Por este motivo, los investigadores piden al juzgado que solicite a las compañías telefónicas que “faciliten los listados del tráfico de llamadas, datos IP y datos asociados a ambas comunicaciones, que hayan sido registrados por las antenas (BTS) y que hayan dado cobertura” entre las 17.00 y las 19.00 del 20 de octubre, en las proximidades de la Unidad de Asuntos Internos.

Según explican, “la grabación se captura y transmite por canal telefónico desde el lugar de la reunión objeto de grabación a otro terminal receptor, siendo el registro definitivo por vía aérea (aproximando el dispositivo grabador a los altavoces del receptor)”. Añaden además que en la grabación participan como mínimo dos individuos; uno de ellos, presente en la reunión, realiza la llamada desde un terminal móvil, y por tanto es funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de la Policía Nacional. El segundo no participa en la reunión, pero es quien recibe la llamada y la graba”.

Adscrito a Interior

Esta grabación, argumentan en el informe, llegó a manos de Francisco Nicolás y a las de algunos periodistas mucho antes de que los investigadores se hicieran con ella. Asuntos Internos la obtuvo por el periodista de El Mundo Esteban Urrieiztieta, que “hace entrega física de la grabación en un pen-drive (USB)”. El periodista “manifiesta que quien le había hecho entrega de la citada grabación era una persona adscrita al Ministerio del Interior”, añade el documento.

Para los investigadores, “el objeto de la citada grabación y su publicación en diferentes medios de comunicación no puede ser otro que contaminar, desprestigiar y dificultar el buen fin de las investigaciones”. Aseguran que “si el propósito tanto de su autor», «como de sus colaboradores en la difusión, hubiese sido denunciar una práctica irregular o un ilícito penal en la práctica policial, la citada grabación la hubiesen entregado en sede judicial, principalmente por la especial condición de su autor”. Sin embargo, tuvieron que ser los agentes de Asuntos Internos quienes se la hicieron llegar al juez Arturo Zamarriego para que se investigara.

El pasado viernes, cuando el comisario Villarejo fue a declarar, el juez instructor le avisó de que si quería denunciar manipulación de pruebas en la causa lo hiciera “pero que no le fuera con imprecisiones y denuncias periodísticas». «El juez le solicitó testigos y pruebas y el comisario dijo que estaba mayor y tenía mala memoria”, aseguran fuentes presentes en la sala. Así que Francisco Nicolás no podrá contar con su testimonio para intentar archivar el caso.

Sin embargo, en el informe que obra en poder del juzgado de instrucción número 2 se hace una cronología de las exclusivas de Información Sensible, medio de comunicación propiedad de la mujer y del abogado del comisario Villarejo, sobre el pequeño Nicolás y cómo se iban desarrollando los hechos de la investigación: desde la publicación de la detención el 15 de octubre hasta las que aportaban información sobre el supuesto agente del CNI amigo de Nicolás y la grabación a Asuntos Internos y a los servicios de Inteligencia. También desvelan un mensaje que recibió el presunto estafador en diciembre de 2014 desde un teléfono de la empresa de la mujer del comisario, aunque Villarejo niega reiteradamente conocer a Nicolás.

Las amenazas de Nicolás

La grabación comenzó a difundirse en distintos medios el 19 de diciembre, el día después de que Nicolás pasara por primera vez por el juzgado para no declarar, y el mismo día que acudía a un plató de televisión para dar una entrevista. Sin embargo, Información Sensible fue “la primera agencia de comunicación que hace mención a ella de forma expresa en su publicación del 22/11/201”.

Dos días antes, el 17 de diciembre, el veinteañero se presentó “sobre las 22.05 horas en las dependencias de Asuntos Internos del CNP, exigiendo hablar con el instructor de su causa y la consiguiente amenaza si este no accedía, con la siguiente literalidad: “Me llame mañana [sic] que tengo que hablar personalmente con él o de lo contrario se va a enterar y eso se lo decís así” vertida ante los funcionarios policiales del servicios de seguridad”.

Al día siguiente el instructor “ante la gravedad de los hechos y sin acceder en ningún momento a las pretensiones de D. Francisco Nicolás denuncia lo ocurrido”, diligencias abiertas en las que también podría ser imputado el presunto estafador.

Para los investigadores, no ceder a las pretensiones del ‘pequeño Nicolás’ fue lo que provocó que determinados medios de comunicación, incluido aquel al que Nicolás concedió esta entrevista el sábado 20, difundieran la grabación de la conversación entre Asuntos Internos y el CNI.

Asuntos Internos acredita que Nicolás disponía de la grabación al menos desde el 11 de diciembre, fecha en la que se la ofreció a una periodista de este medio a cambio de que se eliminara la información sobre el intento de extorsión al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Evidentemente, no lo consiguió.

Otras fuentes han dado también información a los investigadores sobre que “Francisco Nicolás a mediados de noviembre ya poseía la grabación”. Ponen de ejemplo la primera noticia sobre el tema, del 22 de noviembre, en la que Información Sensible publicaba que “un miembro del CNI, que desde el principio se opuso a la intervención telefónica de los móviles de Nicolás, ha hecho llegar de manera anónima al entorno del joven un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín-Blas y unos espías”. Sin embargo, aclaran los investigadores, “hasta la fecha ningún miembro de esta Unidad de Asuntos Internos ha pedido en alguna ocasión la intervención telefónica de alguna de las líneas telefónicas de Francisco Nicolás a juez alguno”.

El informe señala que fueron los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urrieiztieta quienes quedaron con Francisco Nicolás el 17 de noviembre en el Canal de Isabel II, que algunas de sus fuentes apuntan a que el presunto estafador obtuvo la grabación a mediados de noviembre, y también que fue el medio de comunicación vinculado al comisario Villarejo quien dio la exclusiva de su existencia sólo cinco días después.

Exclusivas de Información Sensible

Los agentes desgranan como el 15 de octubre a las 14:26, un periodista de Información Sensible publica la exclusiva: “Detenido un joven que habría estafado a los Pujol simulando ser un agente del CNI enviado por la vicepresidenta”. Según reflejan en el informe, en la noticia se dan “detalles muy concretos de la investigación como las reuniones que habría mantenido Francisco Nicolás, cómo actuaba e incluso la cantidad exacta del dinero presuntamente estafado, cuando ni siquiera se le había empezado a tomar declaración y por tanto no se había empezado a redactar el atestado policial donde se hacía mención a esos detalles”.

Nicolás había sido detenido el día anterior a las 09.40 de la mañana. El 19 de diciembre, Información Sensible continúa dando información relativa a la investigación en exclusiva, como “detalles concretos de la visita de Francisco Nicolás a la Unidad de Asuntos Internos del CNP”. Los investigadores lo habían denunciado el día 18 en el juzgado de guardia.

Pero lo más curioso es que “el mismo día que se denuncian estos hechos Francisco Nicolás recibe ese mismo día un mensaje del número de teléfono XXX, cuyo titular es la sociedad Stuart &Mckenzie, con domicilio social en plaza de Pablo Ruiz Picasso 1-9º”. De esta sociedad ha sido “administrador único José Manuel Villarejo Pérez, cesando en el cargo el 18/09/1996 en Rafael Redondo Rodríguez, que continúa en el mismo hasta que el 22/11/2011 se nombra a Genma Alcalá (pareja sentimental de José Manuel Villarejo Pérez) y Rafael Redondo pasa a ser apoderado de la sociedad”.

La agenda de Nicolás

Los investigadores de Asuntos Internos incluyen en su informe las anotaciones que Francisco Nicolás tiene sobre el comisario Villarejo y las búsquedas de Google que también hace sobre el policía. Estos datos se obtuvieron en el registro del domicilio de la abuela del presunto estafador, el día de su detención.

En la agenda roja de la CNMV “aparecen diversas notas de interés destacándose las siguientes anotaciones en rojo”: “Bar José Luis- Manuel Pérez Villar (abogado)- Pepe Villarejo (comisario). Agencia Cenit. Stuart & Mckensy”; “Rafael Rodríguez Redondo UDEF. Informe bajar la tensión. Castellana bufete. 125-125 no ratificó la declaración”; “Jorge Fernández (secretario) colaborando comisario policía y PP”: “JPF 92/95 crisis Rosa Pujol: Ministro Corucuera toda info JP. Deuda Villarejo Policía Barcelona traiciono fue a Felip Puig”; “Villarejo-método 3 en contra”; “Rafael Rodríguez Redondo”.

Como confirman los investigadores, “las sociedades Cenyt y Stuart & Mckenzie que Francisco Nicolás asocia a “Pepe Villarejo (comisario)”, efectivamente están relacionadas con el comisario José Manuel Villarejo Pérez pues tienen el mismo administrador y apoderado vinculados al mismo comisario y están participadas por la misma sociedad Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L”.

Además, del análisis forense del ordenador de Francisco Nicolás incautado en el registro de la calle Maudes, se han detectado 20 búsquedas en Google con los conceptos “comisario Villarejo” o “empresa Zenit”.

La conclusión de los investigadores es que “Francisco Nicolás Gómez Iglesias tiene un interés especial por conocer datos relativos tanto del comisario Villarejo como de la sociedad de detectives relacionada con el citado comisario “Zenit”, consultando sus datos por internet dos días concretos:el 20 de septiembre de 2014 y el 1 de octubre de 2014″.

El abogado de Francisco Nicolás aportó una grabación en el marco del caso de la «Operación Nicolay» que provocó un vuelco en la investigación. Este audio fue captado mientras se reunían en secreto el comisario Marcelino Martín Blas, un inspector de la Policía y dos agentes del CNI, el 20 de octubre de 2014.

En dicha grabación emitida por Telecinco, se puede escuchar la conversación de Martín Blas con los agentes del CNI. En primer lugar, el comisario muestra su preocupación por el teléfono «pinchado» de Francisco Nicolás, ya que sospechan que podría haber comprado otro móvil para que no se escuchen sus conversaciones: «Aguantad unos días la intervención a ver si contrata otro teléfono», afirma Martín Blas.

Los agentes del CNI le confirman que el teléfono intervenido «no se ha movido» de la calle donde supuestamente vivía Francisco Nicolás: «No sé si él ha salido o no. Pero el teléfono no se ha movido de ningún modo» aseguran. Martín Blas muestra su intención de intentar intervenir otro teléfono: «Vamos a aguantar a ver si le localizamos otro teléfono. Vamos a intentar nosotros la intervención. Casi seguro que nos la niegan y nosotros, llegará un momento que ya no podamos más»