Caso Sogecable: El juez Gómez de Liaño somete a Jesús Polanco a una fianza de 200 millones para evitar la cárcel y le retira el pasaporte

González-Conde-Polanco. Tríptico de una transición intransitiva. Icono trino de política-economía-cultura; poder-dinero-fama; dominación-codicia-vanidad; crimen-apropiación-imagen. Claras alusiones a tres oscuras ilusiones: felipismo popular; condismo financiero; polanquismo intelectual. Tres delusiones de tres típicas colusiones. Tres oclusiones de tres preclusiones. Tres conclusiones. Tres reclusiones de la timocracia mendaz y desleal; del egocentrismo narcisista; de la impudicia del transformismo de la razón; del disparate de la voluntad de poder; de la gloria mundana del fracaso espiritual; del apogeo astral de la miseria humana; de la luminaria de la sordidez; de la consagración de la impostura; del prestigio de la fatuidad otoñal; de la apoteosis de la truhanería profesional, portento honoris causa de la vulgaridad; del coloso de enanismo; del prócer buceador en las procelas de la turbia oportunidad; del magnate de la apostasía general; del agente de la corrupción directorial. Apariencias de delito continuado de terrorismo económico y cultural que, junto al de terrorismo político, producen alarma social y requieren crucifixión preventiva.

Pero hay dificultades técnicas para aplicar tan sana medida. Sólo Dios o la Revolución pueden decretar, en el Juicio Final, la pena a perpetuidad de los reos de felipismo, condismo o polanquismo. Y no hay espacio carcelario, salvo en los infiernos de Dante o en los estadios de futbol, para albergar a tamaña delincuencia. Por eso, los jueces ordinarios sólo crucifican preventivamente a los símbolos personales de esos delitos. Es una injusticia que tres hombres injustos paguen por todos los pecadores. Lo adecuado sería que, además y sobre todo, el Tribunal de la opinión metiera en la cárcel de la represión interior a la propia idea felipista-condista-polanquista, como ha hecho con la fascista. Lo cual no será posible mientras ese Tribunal piense al dictado del factor polanquista de la ideología de la impunidad del poder. Conde fue encarcelado, para asegurar la instrucción, cuando dejó de ser componente de la idea felipista-polanquista que lo encarcelaba. No porque produjera alarma social o pudiera eludir la Justicia. San Felipe no será martirizado si Don Jesús no es simbólicamente crucificado: para asegurar la libertad de la instrucción ante el agobiante acoso de sus poderosos medios de coacción al juez.

Lo que desmitificó a Mario Conde fue su prisión preventiva. Su posterior condena por presunciones más bien le ha dado una nueva aura de martirio. Pero la desmitificación de Don J. Polanco es harina de otro costal más negro. Incluso la crucifixión de Jesús necesitó el previo lavatorio de Poncio Pilatos. Y nuestro sistema judicial no es independiente del Gobierno. Sin aquel higiénico trámite, sin que la Fiscalía General se moje, lavándose las manos, el buen fiscal del sumario sólo podrá dejar testimonio de su probada dignidad apartándose del caso. Pero la ministra de Justicia parece tener una firmeza de carácter y una sanidad de ideas, sobre Justicia y Gobierno, que hacen presagiar, esta vez, libertad de acción para el acusador público. Aunque la palabra decisiva será en todo caso la del juez instructor. Sólo él tiene el dominio del juicio sobre la adopción de medidas cautelares. Cualquier otra opinión sobre la prisión preventiva de Polanco carece de autoridad técnica o moral. Incluso, de estética. Los que laboramos por la independencia y dignidad de la Justicia no tenemos otra opción que la de no interferir en la libre formación del prejuicio judicial, y apoyar luego a Gómez de Liaño, sea cual sea su decisión.

LOS enemigos de Cebrián dentro del polanquismo han acuñado una expresión terrible para referirse a la empresa que ha puesto en marcha el sector duro del antiguo régimen felipista. Han dado en llamar «Sogacable» a Sogecable, porque están convencidos de que la estrategia numantina y desafiante lleva, de forma inevitable, al desolladero económico y a la horca política. Dicen que Cebrián le ha puesto a don Jesús una sogacable al cuello que acabará con él antes de un año, salvo que los añoveros consigan un pacto a la baja con el Gobierno para salvar los muebles, que son de caoba. Yo no sé a quién se le ha ocurrido lo de «Sogacable», aunque si Pradera no se hubiera alineado con Cebrián repartiría la paternidad entre Javier, Miguel Angel Aguilar y Clemente Auger cenando en «La Ancha» a las dos de la mañana. A lo mejor ha sido así, porque a algunos no les falta el sentido del humor ni en las derrotas.

Y la de Polanco, por primera vez, se ve venir. Antes del debate sobre el estado de la Nación, estaban los cebrianistas eufóricos, porque, según decían, habían acabado con la Audiencia Nacional. Después del Debate, todo ha cambiado. Felipe, que es tan listo como malo, ha percibido que lo de Polanco puede irse a pique y ha decidido salvarse, así que ha hecho el paripé con Aznar y le ha brindado una victoria arrasadora. Yo no recuerdo ningún debate en el que el presidente haya salido tan reforzado en las encuestas como el de la semana pasada. Lo importante, sin embargo, es que Cebrián se apresuró a censurar a González al día siguiente, publicando la encuesta devastadora de Demowert. Vamos, que ha tomado nota de la defección. Y es ahí donde toma sentido lo de Sogacable. El árbol en que querían ahorcar a Aznar este invierno en unas elecciones anticipadas puede servir para el balanceo de Polanco o de Cebrián, o de los dos, si se empeña don Jesús en seguir creyendo que él manda en España más que Aznar. Lo que pasa es que son muchos en ese cable los que no quieren acabar colgando de esa soga.

Parece que no hay forma de justificar los números de Canal Plus atribuidos a Sogacable o los de Sogacable a Canal Plus, y que los que saben de números -el primero en avisar fue Añoveros y no le hicieron caso- están convencidos de que Felipe tiene razón y que, hoy por hoy, no cabe sino plegarse a Aznar para sobrevivir. Mañana, quién sabe. Pero, de momento, reconocer la derrota y acabar con esas campañas de degradación personal contra Pedro Jota, Campmany o Antonio Herrero, que, si bien apuntan a enemigos reales, no resuelven la batalla. Al contrario: la ponen más difícil. No digamos nada de la que han hecho contra Liaño y Márquez de Prado, sin que ni los jueces ni las feministas dijeran ni pío. Pero Fungairiño está ahí. Y Alvarez Cascos. Y Aznar.

Porque, detrás de todo, está Aznar. Lo han despreciado, lo han ridiculizado, lo han dado por muerto, pero este muerto está más vivo que el de Peret. Y no tiene una sogacable al cuello.

Abrirá el cortejo la guardia pretoriana de Prisa para que el tumulto periodístico, que acampa en puertas de la Audiencia (como si fueran las del infierno), no atropelle a los abogados -«¡Tengo más abogados que periodistas!», dijo el Ciudadano Kane español- que preside, tez rosa solomillo poco hecho, el orondo y astuto Matías Cortés, cuello blanco, camisa azul, corbata de Hermès y el paso decidido, como rodando o botando, hacia la escalinata estelar.

Por detrás seguirá la guardia mora del señor del Gran Poder, rodeando a don Jesús Polanco, por la calle de la amargura, con la mirada picassiana (ojo aquí y ojo allá), y acompañado por sus íntimos del Prisa. Los 400 intelectuales firmantes del manifiesto de la libertad no serán necesarios. Polanco Kane lleva en el bolsillo dos papeles de interés; la chequera, por si hay fianza (no hará falta la furgoneta de Botín) y la fotocopia de la orden que el ex fiscal general del Estado, Ortiz Urculo, dio al fiscal de Canal Plus, Ignacio Gordillo, para que se oponga a toda medida cautelar que se pida al ilustre imputado.

Una orden que llegó a la Audiencia semanas atrás cuando, a la vista de una primera convocatoria del juez Gómez de Liaño, los polancos, desesperados, llamaban a La Moncloa clamando al cielo de Aznar: «¡Quieren meter en la cárcel a Cebrián!» No pasó nada, pero, por si acaso, la orden llegó al fiscal y allí está, y ha sido ratificada por el Gobierno -como no podía ser de otra manera- al nuevo fiscal general, don Jesús Cardenal.

Mientras tanto, y para preparar el ambiente en torno a esta orden política, que pone patas arriba el Estado de Derecho y prueba que todos no somos iguales ante la ley, y mucho menos don Jesús del Gran Poder, se fue creando ambiente, un runrun de que lo de Canal Plus no es para tanto. Aunque el informe e interrogatorio de los peritos, más pruebas y la derivación fiscal del caso parecen haber empeorado la situación procesal de los consejeros de Canal Plus. Sin embargo, todo indica que no habrá máxima medida cautelar, el trullo de Alcalá, ni se la deseamos para tan poderoso caballero, don monopolio y don dinero, y menos aún al honorable Académico de la Real, por el tercio genital (¡por cojones!, que diría don Jesús), Juan Luis Cebrián.

No obstante, Polanquete para el viernes se sentará en la sillita donde la diñó el gitano, del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional y tendrá que responder, como imputado y camino de procesado, a lo que diga y le pregunte el juez. El buen y paciente juez al que los medios de Polanco, por orden del amo, insultaron y agredieron hasta límites poco sospechables y rondando lo soez. Y luego hablará el fiscal, maniatado por el Gobierno, de las órdenes recibidas aunque podrá decir públicamente su parecer (caso Dreyfus al revés), para que quede claro lo que hay y lo que pudo ser.

El mismo fiscal al que obligan a recurrir la sentencia absolutoria de Ruiz-Mateos, también por una orden política (o confesional) a través del fiscal del Estado, el Cardenal, lo que obligará a don José María a reiniciar su nuevo calvario y sus piruetas, para que le hagan justicia en el Supremo, le restituyan lo que le deben y lo dejen en paz.

¿A qué juega Aznar? Aznar regresa al gran espíritu de la razón de Estado, al del 2 de agosto sobre los papeles del Cesid, poniendo en cuarentena, otra vez, la democracia y escondido tras las anchas espaldas del fiscal general.

El presidente tira la piedra y esconde la mano. Es, a la vez, duro con Ruiz-Mateos y generoso con Polanco y, quizás, piensa que todo esto le da pátina de estadista y experto en la razón de Estado, sabedor de que muy poca prensa le va a exigir el coste político de estas decisiones y convencido de que el viento y el tiempo están, completamente, a su favor. El lucro cesante de Prisa -dicen sus adversarios que Polanco está a punto de tirar la toalla en la batalla digital- es inmenso; González se le ha rendido en el debate de la Nación; Guerra está armando la bronca en el PSOE; la economía va sobre ruedas, y en el Congreso suena bucólica la canción del Cola-Cao. ¿Y la democracia, el Estado de Derecho y la libertad? Esa es harina de otro costal.

La mañanita del viernes 20 de junio, vísperas del solsticio de verano, se presentaba movida. A las nueve y media e la mañana, Jesús Polanco llegaba a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Javier Gómez de Liaño. “Quitadme como sea a ese juez de encima. Si es preciso, quemad la Audiencia”, había dicho Jesús del Gran Poder. Pero ni la legión de abogados de Polanco (“Tengo más abogados que periodistas”) ni la Sala de la Audiencia habían logrado quitarle de encima al juez tan temido. El empresario de PRISA y Sogecable había llegado a la Audiencia rodeado de veintidós abogados, como si no acudiera a declarar ante un juez, sino a ocupar la casa de la Justicia. Pocos días antes habíamos visto a Bill Clinton, que pasa por ser el hombre más poderoso de la Tierra, llegar a un tribunal acompañado de su abogado, de un abogado. Polanco llegaba con veintidós, y además, veinte o treinta de los suyos, directores, administradores, empleados, sátrapas menores de su imperio, más del doble de los caballeros que el Cid Campeador se llevó al destierro.

Polanco llegaba a la sala de justicia protegido por una coraza jurídica insólita, la orden del anterior Fiscal General del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Urculo, por la cual Ignacio Gordillo, fiscal del caso, se hallaba maniatado para pedir o aprobar medida cautelar alguna contra el empresario. Era una orden dada por un Fiscal ya cesado, cuando el Gobierno ya había procedido al nombramiento del nuevo. Pero contra toda previsión razonable, Jesús Cardenal había refrendado tan insólita orden. Con ningún otro español se había tenido antes esa consideración. Mariano Rubio, Manuel de la Concha, Mario Conde, Rafael Vera, Alonso Manglano, Ramón Mendoza, Gregorio Marañón o José Barrionuevo., por no agotar una lista espectacular de españoles notorios en la política, la banca, la administración pública, la abogacía, la empresa y el Ejército, había acudido ante los tribunales sin estar protegidos y blindados por una orden tan descaradamente protectora para el imputado y tan humillante para un irreprochable servidor de la Justicia. La orden de Ortiz Urculo, mantenida en vigor por Jesús Cardenal es un atentado muy grave contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, piedra angular de la Constitución. Después de un interrogatorio que duró toda la mañana, el juez suspendió la sesión hasta la semana siguiente. Esta abracadabrante historia, como los folletones por entregas, continuará.

En otra sala de la justicia, el juez Baltasar Garzón tomaba declaración a otros dos personajes de larga permanencia en la crónica escandalosa de los últimos tiempos. Juan Alberto Perote y Emilio Alonso Manglano están envueltos en el ojo del huracán, el siniestro caso GAL, en la sustracción de la sfichas del CESID y en las famosas escuchas ilegales. Las responsabilidades penales de una tropa de personajes cuya última pirámide es el propio Felipe González nos traen cada día nuevos acontecimientos y nuevas noticias de escándalo. Y los jueces no dan abasto.

Y por si era poco meneo para la mañanita, había comenzado el Congreso del Partido Socialista, el que hace el número treinta y cuatro, con el fantasma de la defenestración de Alfonso Guerra flotando sobre los casi mil compromisarios. Se preveía una lucha feroz entre renovadores y guerristas, o sea, entre Felipe y Guerra. Durante los días anteriores al Congreso ese había sido el caballo de batalla: acabar con Alfonso Guerra. Pero Guerra se hacía fuerte en medio de un grupo de partidarios, quizá escasos más fervorosos y tercos. De pronto, todo se vino abajo. Los acontecimientos de la mañana perdieron fuerza y la atención de los periodistas y del país corrió hacia la tribuna desde que hablaba Felipe González. El secretario general del PSOE anunciaba con voz tranquila y sospechosamente poco emocionada que no se presentaría a reelección. Felipe ha anunciado tantas veces su retirada del partido, del gobierno o del cartel electoral, que sus palabras parecían una nueva finta dialéctica, por no decir una nueva filfa o una nueva petición de aplauso y aclamación. Sin embargo, esta vez iba en serio. Quizá de forma provisional, o quizá de manera definitiva, el caso es que la sucesión, tantas veces frustrada, de Felipe González, estaba abierta.

La presidencia de Luis Yañez Barnuevo, el terrible gafe de Despeñaperros, el temido jetattore del Guadalquivir, el catastrófico volcán aojador de la Penibética, había entrado en erupción. Quizá cuando Felipe González le nombró para presidir el XXXIV Congreso del Partido quería decirnos que este sería un Congreso de grandes, inesperados y luctuosos acontecimientos. Era una manera de avisar, como el humo que se alza de los cráteres antes de empezar a arrojar fuego y lava. Felipe González, caído. Alfonso Guerra, kaputt. Cipriano Ciscar, deshecho en lágrimas. Josep Borrell, cuidado con él, diciendo que ha muerto el padre. Javier Solana, que llega en avión a toda leche desde la OTAN. Los barones, los notables, los pretendientes socialistas vigilándose a navajazos. Lo único que le falta a Jesús Polanco es toparse por la Castellana, de la Audiencia al Palacio de Congresos, con Luis Yañez.

Jaime Campmany

EL PRESIDENTE de este periódico vio ayer restringida su libertad personal, mancillada su honorabilidad y denigrada su trayectoria profesional en un auto judicial que quedará en la historia del derecho como ejemplo memorable de ignorancia técnica. Tampoco debería extrañarnos demasiado. El banquillo de los acusados ha sido dignificado en muchas ocasiones por quienes se han atrevido a disentir: a decirle no al poder y a no humillas su independencia de criterio frente al capricho del que manda.El llamado caso Sogecable no es sino una manipulación, no por burda menos condenable, que se inscribe en las prácticas de acoso del Gobierno de Aznar contra los medios de comunicación que no le halagan. No es por eso el único, aunque resulta el más evidente y simbólico. Las protestas del portavoz Rodríguez en el sentido de que el Gobierno no tiene nada que ver con el procedimiento judicial están fuera de lugar. Fue a partir de un informe solicitado por el Gobierno a personas que trabajan para los promotores de la querella como ésta se inició. Fue el director de una revista de la derecha silvestre, colaborador y socio de la nonata plataforma digital del Gobierno, quien presentó la denuncia. La televisión del Gobierno, la radio de los obispos, los periódicos que jalean al Gobierno, los columnistas que se embelesan con el Gobierno, funcionan como soporte mediático de esta maniobra de linchamiento moral. Es el Gobierno, y el Ministerio de Fomento, el que, a pesar de no haber hecho nunca ninguna objeción a las cuentas de Canal +, depositadas reglamentariamente en su ventanilla cada año, guarda silencio respecto a la claridad de las mismas. La Moncloa, tiene en su poder desde el mes de marzo un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en el que se pone de manifiesto que no existe delito en la contabilidad de Sogecable. De modo que en todo eso tiene que ver el Gobierno con el caso, al tiempo que contempla impávido cómo el fiscal encargado del mismo se permite desobedecer órdenes y cómo el fiscal jefe de la Audiencia ampara el despropósito.

La transparencia y normalidad de las operaciones de Sogecable han sido puestas de relieve por numerosos peritos independientes e incluso por los que han trabajado para el propio juez instructor. Convertir una discusión técnica sobre prácticas contables en una acusación penal -cuando los balances y memorias de la sociedad han sido auditados, con todos los pronunciamientos favorables, por una empresa de la solvencia de Arthur Andersen- sería un hecho ridículo si no hubiera devenido en cosas tan graves como las que comentamos. Pero si es lícito pensar que los auditores saben más de estas materias que el resto de los mortales -y por eso ejercen las funciones que la ley les tiene encomendadas al respecto-, la lectura del auto pone de relieve lo poquísimo que sabe y todo lo que ignora, el juez Gómez de Liaño. Es más que preocupante el hecho de que un juzgado de la Audiencia Nacional que tiene que entender de delitos económicos esté en manos de quien afirma cosas como que la rebaja del IVA determina «una disminución considerable de los ingresos» de la compañía, que decidió «compensar las pérdidas a base de incrementar las cuotas de abono». Hasta el propietario de un pequeño comercio sabe que el IVA no es un ingreso de su empresa y que ésta no pierde ni gana más o menos en función de la cuantía de ese impuesto.

Inexistencia de delito

No vamos a insistir en las irregularidades cometidas por el juez instructor, amigo del denunciante, con el que no tiene empacho en comer, cenar o desayunar, al que le ligan lazos familiares, y que admitió la denuncia en 24 horas y convocó a los denunciados en tres días, para luego tardar más de cuatro meses en tomarles declaración -y no a todos todavía- Su intento de acusar de prevaricación a los magistrados de la sala que ha revocado ya cinco de sus decisiones contrasta con la suntuosa adulación que les dedica en el auto cuando reconoce que se ha equivocado, pero ya ha sido «enmendado el desatino» por quienes tienen «preeminencia de número y criterio». No hay que olvidar, por otra parte, que su actuación también está sometida a investigación por el Consejo General del Poder Judicial. Fervientes defensores del Estado de derecho, acatamos todas las decisiones judiciales, incluso las arbitrarias, infundadas y fuera de lugar. Pero estas últimas deben ser corregidas con urgencia y sancionados sus responsables.Por lo demás, es tan palmaria la inexistencia de delitos en lo que se refiere al fondo de la cuestión que sonroja tener que volver a repetir los argumentos. De 1,4 millones de abonados a Canal +, sólo ocho parecen sentirse concernidos por los supuestos perjuicios causados por la compañía, mientras ésta ha devuelto ya más de 400.000 fianzas, por valor de 7.000 millones de pesetas a aquellos que han decidido borrarse del servicio. Ni e fisco ni los particulares han sido dañados en forma alguna. Y el uso de las fianzas -como el de los descodificadores digitales que el Gobierno trata de prohibir- es el mismo que se practica en Francia, en Italia y en el resto de los países europeos. Resulta completamente absurda la suposición de que Canal +, que es la primera televisión de pago en Europa, con más de ocho millones de abonados en cinco países diferentes, se dedica a apropiarse del dinero de sus suscriptores en España. Y es bochornoso que el juez haga suya la acusación de que los depósitos de garantía han sido repartidos como dividendos.

Claro que, en realidad, nada de esto es fundamental en este juicio. Lo verdaderamente importante es comprender que nos encontramos ante un proceso político, arropado por el silencio del Gobierno, instigado por sus corifeos mediáticos y cocido a la lumbre de lo que se conoce como el «entorno de Mario Conde».

No es necesario imaginar una improbable operación combinada entre el «entorno de Conde» y el «entorno de Aznar» para comprender la convergencia objetiva de sus intereses en esta maniobra de acoso al Grupo PRISA. Ahora habrá que esperar a ver dónde nos conduce la historia. Lo sucedido ayer en Bruselas puede intentar ser minimizado, hasta obligarle a mentir al portavoz del Gobierno, pero nos tememos que tendremos que asistir al triste espectáculo de ver cómo una ley aprobada por el Parlamento -gracias a la alianza entre la derecha y los comunistas- tiene que ser revocada y reemplazada por otra acorde con las normas europeas.

La situación política se viene caldeando hasta extremos insoportables, a pesar de la buena marcha de la economía. No es para menos. Todavía hay unos cuantos millones de ciudadanos de este país que conceden a las reglas del juego y al disfrute de la libertad más valor que al índice de inflación. Las medidas contra el presidente de Sogecable y de PRISA son medidas contra todos nosotros: contra cuantos hacemos este periódico, pero también, conviene saberlo, contra los ciudadanos que nos leen, estén de acuerdo o no con nuestras opiniones. Como lo son contra quienes se expresan a diario en la SER -y no importa que su ideología sea de derechas o de izquierdas- y contra los que libremente se abonan a los servicios de televisión de pago que PRISA gestiona. Son medidas contra la ciudadanía, las leyes del mercado, la dignidad de la prensa independiente y la honorabilidad de quienes demuestran que se pueden hacer negocios sin apearse de la ética, enriquecerse sin robar, criticar sin difamar e informar sin manipular ni mentir.

Son miles los jueces y fiscales de este país que cumplen a diario, calladamente y con honor, su función. No son los errores judiciales -inevitables a veces- ni las conductas individuales lo que nos preocupa. Nos preocupa ver el espíritu de diálogo triturado en manos del poder, dispuesto a todo con tal de asegurar su permanencia, en la convicción palpable de que el fin justifica los medios. EL PAÍS se fundó precisamente para defender todo lo contrario.

EL DIRECTOR-fundador y actual consejero delegado de este periódico presentó ayer formalmente su recusación contra el magistrado Javier Gómez de Liaño en la causa que instruye sobre la empresa de televisión Sogecable, gestionada por el Grupo PRISA. Muchos pensarán que ya era hora, y no faltará quien se pregunte por qué han soportado los querellados en este caso el cúmulo de irregularidades que presiden la instrucción sin ejercer antes su legítimo derecho a reclamar un juez imparcial. A la vista del escrito de recusación y de los acontecimientos de las últimas semanas, la respuesta no es difícil de encontrar: la animadversión del juez Gómez de Liaño -y aun de su familia- hacia EL PAÍS y hacia su primer director vienen de lejos, Pero el auto dictado después de la declaración de nuestro presidente, Jesús de Polanco, es la prueba evidente de que es imposible recabar imparcialidad a quien tanto se ha distinguido en su aversión a este periódico y a quienes lo realizan.La recusación ejercida por Juan Luis Cebrián se hace, inevitablemente, a título Personal, pero conviene no engañarse: tiene el apoyo solidario del resto de los encausados y representa, a mayor abundamiento, la recusación mucho más contundente y amplia que el colectivo de esta empresa y del grupo de medios de comunicación que nació del desarrollo de EL PAÍS vienen expresando desde hace tiempo. Después de lo sucedido con nuestro presidente, que lo es también de Sogecable, la dignidad es la mejor y más evidente de las razones para que se haya dado el paso que comentamos.

Pero no es la única. El incidente de recusación permitirá al instructor del mismo comprobar hasta qué punto todo este asunto es un puro amaño, un verdadero montaje -como los afectados han repetido en varias ocasiones- emanado de la conspiración activa de algunos individuos que no paran mientes a la hora de presumir de sus relaciones personales y familiares con el juez encargado del mismo. ¿Cómo es posible que el primer, denunciante, que pone en marcha la instrucción, presuma de su relación con el magistrado encargado de la misma? ¿Cómo aceptar, sin reacción alguna, la chulería de mostrarse repetidas veces en público y en privado en compañía del Juez al que jalea y presiona de continuo desde las tribunas a su alcance? ¿Cómo imaginar que, tras las numerosas irregularidades en la instrucción, el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial, la renovada desobediencia de los fiscales indomables de la Audiencia, el desprecio a los dictámenes de los peritos del Ministerio de Hacienda y de los expertos juristas que insisten en la inexistencia de delito, los imputados iban a permanecer pasivos sin ejercer todas las armas que el Estado de derecho pone en sus manos a la hora de defender no sólo su inocencia -tan evidente como incontestada por quienes se han acercado con limpia objetividad al caso-, sino el honor y la imagen de sus nombres, de sus empresas, de su trayectoria profesional? Honor e imagen hoy ya indisolublemente unidos a la devolución de ambas cosas a una Audiencia Nacional, cuyo prestigio. viene siendo zarandeado por un juez como el que nos ocupa. ¿Y cómo nadie podría creer que ante los intereses de quienes se empeñan en utilizar a la Administración de justicia con desfachatez para obtener sus turbios fines, nuestro periódico, situado desde, el principio en el centro del objetivo de esta campaña infame, iba a permanecer callado? Decíamos hace ocho días, y repetirnos ahora, que el llamado caso Sogecable es en realidad un juicio político, instrumentado al hilo de las medidas gubernamentales sobre la televisión digital, iniciado mediante los informes. que encargó un, secretario de Estado, y que ha conseguido dividir a la sociedad española ante el espectáculo de desviación de poder que estamos viviendo. Es una, auténtica causa general contra un grupo independiente de medios de comunicación, contra quienes Id fundaron, lo dirigen y lo inspiran, pero también contra los trabajadores, los accionistas y quienes respaldan su quehacer diario como lectores, oyentes, o televidentes. Es el intento de criminalizar la actividad de la prensa libre y de mancillar la fama de algunos de sus exponentes más conocidos. Para que sirva de ejemplo a los tibios y de escarmiento a los rebeldes.

Las grandes maniobras se cuecen a veces en los pequeños rincones. La aparición de individuos como Rafael Pérez Escolar, Jesús Cacho o García Trevijano entre los bastidores de la trama, el abuso de la figura de la acción popular, utilizada con demasiada frecuencia por estafadores, grandes delincuentes de cuello blanco y oportunistas, pone, de relieve. que muy pocas personas con algo de dinero y tiempo se bastan para sacudir la estabilidad de nuestra frágil convivencia democrática, sobre todo si cuentan con complicidades o aplausos en sectores de la Administración del Estado.

Ya, sólo los ciegos ponen en duda que el caso Sogecable se inscribe en una acción del poder para tratar de doblegar a los medios de comunicación. del Grupo PRISA. La convocatoria a Jorge Semprún para que acuda ante el juez, saltándose todo orden lógico en la instrucción de la querella, pone igualmente de relieve las auténticas intenciones del procedimiento. Es tan diáfano que no ha existido ni apropiación ni desvío de fondos, ni ocultación de pasivos, ni ningún tipo de irregularidad, que es preciso buscar ahora responsabilidades en la ad judicación de la licencia de Canal +, cuya limpieza y legalidad han sido empero refrendadas recientemente por el Tribunal Supremo. El caso es buscar y rebuscar, encontrar algo aparentemente punible que permita es conder las. crecientes y graves responsabilidades en las que querellantes, juez y fiscal pueden incurrir tras el despropósito de sus actuaciones.

La recusación del juez Gómez de Liaño, si es acepta da, como esperamos dados los diáfanos motivos que la inspiran’ alentará la esperanza de que se acelere la instrucción y se resuelva cuanto antes el contencioso. Los .únicos perjudicados visibles en este caso son la empresa y sus, administradores, por lo que es preciso no prolongar las diligencias innecesariamente. Pero estamos también ante una oportunidad de oro para empezar a poner orden en la Audiencia Nacional, descubrir las manipulaciones de quienes administran justicia con total irresponsabilidad y devolver a los tribunales la buena imagen que necesitan y, salvo excepciones, merecen.

El aparato mediático de Prisa montó ayer en cólera: ¡el juez Gómez de Liaño ha osado imponer una fianza a Jesús Polanco! Los empleados de postín del gran patrón rivalizaron en la búsqueda del adjetivo más descalificador para el aventurado y desventurado magistrado.

Pero lo de menos es la fianza. Lo más importante es el relato de los hechos que hace en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Es una descripción sólida y coherente, que no tiene nada de caprichosa. Podrá tener razón; podrá no tenerla. Pero está claro que en la actuación de Canal Plus y Sogecable, tal como la describe y documenta el juez, hay extremos que se ajustan dificultosamente a la legalidad. Habrá quien considere que son ejercicios de eso que ahora se llama, con la poética de los tiempos que discurren, «ingeniería financiera», pero tampoco cabe descartar el criterio de quien prefiere hablar, sin duda más prosaicamente, de falsedad en documento mercantil, delito societario, apropiación indebida, defraudación, distracción de depósitos y estafa.

Hemos dicho y repetido que no estamos seguros de que, por muy irregular que fuera su actuación, los máximos responsables de Canal Plus y Sogecable cometieran delitos castigables por la vía penal. No compartimos la certeza que a ese respecto exhiben algunos de nuestros colaboradores. Pero pensar tal cosa no tiene nada de disparatado. Conviene que sea un Tribunal el que lo dictamine. Y eso -y sólo eso- es lo que está procurando el juez Gómez de Liaño. Algo por lo que merece reconocimiento, tanto más si se tiene en cuenta el alto precio moral que le están haciendo pagar por ello.

Otra cosa es que haya acertado al fijar una fianza de 200 millones para el gran patrón de Prisa. El juez invoca el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un artículo justamente discutido: es difícil saber en qué se distingue una libertad con fianza de una prisión eludible con fianza. El resultado, en la práctica, es el mismo: o se paga o se va a la cárcel. Pero para todos -incluyendo el propio juez- está claro que Polanco no va a intentar eludir la acción de la Justicia. Y no porque los 200 millones de la fianza le disuadan de huir.

En todo caso, el asunto de la fianza es secundario. También para Polanco. No es una cantidad que pueda inquietarle.

Lo venimos diciendo: Jesús de Polanco está siendo víctima de una persecución por parte de un juez injusto. En palabras de un diputado (López Garrido) que también está en la cuerda floja por su herejía política, existe ‘una cruzada’ contra el presidente de Sogecable. Ayer, el peculiar juez Gómez de Liaño, cuyas decisiones en este caso han sido revocadas ya en cinco ocasiones por la instancia superior, actuaba de nuevo de una forma peculiar. El juez recurrió a la terminología médica para asegurar en su resolución que encontraba ‘síntomas’ de que los hechos investigados en el llamado ‘caso Sogecable’ pueden ser constitutivos de varios delitos.

La imposición de una fianza de 200 millones a Polanco es una medida que no tiene base y que va en contra de los dictámenes técnicos. Lo más lógico es que esta decisión de Liaño sea revocada una vez más, pero el daño ya está hecho. Polanco ha sido paseado por la Audiencia, se le ha prohibido viajar al extranjero y ahora se le impone una fianza y la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 cada mes. Dañar su imagen: ese era el objetivo. ¿Nadie va a parar los pies a este juez que se equivoca con tanta mala fe?

Hay uno, quizá entre muchos, un punto concreto en el cual se cruzan los cables de la política y la justicia. El informe que fabricó las bases del caso Sogecable fue realizado por encargo de «un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar», según declaró literalmente el pasado 14 de abril uno de sus autores, el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, ante el juez Javier Gómez de Liaño.»Un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar». Este reconocimiento tuvo lugar después de dos hechos: primero, los datos del informe trascendieron en la revista ÉPOCA; y segundo, su autor identificó en sede judicial a Gerardo Ortega y al abogado Rafael Pérez Escolar como dos de sus autores. El tercero es posible que sea, dijo, el economista Ramón Tamames.

El informe mató dos pájaros de un tiro. El primero de esos pájaros: contribuir a formar la opinión del Gobierno en relación con sus proyectos en el campo de la plataforma digital. Y last but not least,el segundo: formar la base de la actuación penal contra Sogecable, la rama de donde agarrarse para lanzarse a la piscina, quizá con la ilusión de hallar algunos huesos por el camino.

La coalición de profesionales que prestó su energía intelectual para estos objetivos no se improvisó ad hoc, sino que ha trabajado ya en otros asuntos. En octubre y noviembre de 1994, antes de estallar elcaso Banesto, Ramón Tamames y el periodista Raúl Heras recibieron el mandato de Mario Conde para relanzar su imagen en la opinión pública. Para ello los dos citados utilizaron su sociedad Edicsa 92. Ésta encargó a diversas personas dictámenes y estudios. Algunas de ellas jugarían un papel estelar en la vida del ex banquero. Uno de ellos: Jesús Santaella. El abogado realizó un informe sobre el acuerdo de intervención de Banesto por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993. Otro de ellos: Gerardo Ortega. El decano del Colegio de Economistas de Madrid elaboró un informe sobre la normativa contable bancaria comparativa de diversos países.

Gerardo Ortega desarrolló algunas actividades de interés. El 28 de noviembre de 1994, él y Tamames hicieron un informe para Rafael Pérez Escolar sobre la empresa Oil-Dor, una de las operaciones en las que el ex consejero de Banesto está acusado, junto con Conde y Arturo Romaní, de estafa. El informe era exculpatorio. Ni la sombra de una duda.

Ambos, a iniciativa de Pérez Escolar, elaboraron otro informe sobre una segunda operación de presunta estafa, en la que también está acusado Pérez Escolar, con Conde, Romaní y Fernando Garro: el centro comercial La Esquina del Bernabéu. Como no deseaba presentar los dos informes, éste segundo lo realizaron Ortega y Tamames para un testigo del caso Banesto, Carlos García Pardo, quien pagó la factura. Fueron 2,9 millones, incluyendo el IVA, lo que facturó la sociedad Castellana 100 por el citado dictamen.

Pero Ortega, por su posición de decano del Colegio de Economistas de Madrid, tenía otro interés. El 13 de julio de 1995, Miguel Angel Gómez de Liaño, hermano de Mariano y de Javier, elevó un escrito al juez Manuel García-Castellón en el cual solicitaba, entre otras diligencias, que el juzgado se dirigiera al decano del Colegio de Economistas de Madrid para que éste designase a tres peritos para que se pronunciasen sobre toda la información aportada por el Banco de España en el caso Banesto y sobre las operaciones.

El juez García-Castellón no pudo resolver la petición porque marchaba de vacaciones. El 2 de agosto, el juez Miguel Moreiras admitió la petición, más tarde aceptada por el propio García Castellón, con alguna modificación. Ortega eligió a tres economistas y el 30 de agosto de 1995 comunicó sus nombres al juez. Al presentar su informe, los economistas seleccionados por Ortega, como por otra parte éste ya lo había hecho antes en relación con Pérez Escolar, consideraron que no había operaciones delictivas en el caso Banesto.

Ortega y Tamames cobraron de Pérez Escolar y de García Pardo por sus informes. Y los tres peritos cobraron del grupo de ex administradores encabezados por Mario Conde, tras fracasar los intentos de Mariano Gómez de Liaño por allegar el dinero al juzgado para que éste, a su vez, pagara a los tres peritos «por razones de credibilidad ante la opinión pública».

Enemistad con EL PAÍS

Estos hechos y algunas de las actuaciones de exculpación practicadas por los economistas designados por Gerardo Ortega, a petición de la defensa de los querellados, fueron narrados por éste periódico puntualmente, lo que le valió demandas por parte de los economistas que actuaron en el caso Banesto. No es extraño que el decano del Colegio de Economistas acumulara una enemistad manifiesta con EL PAÍS; lo que merece ser subrayado es que precisamente por ella actuó ilustrando a «un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar».A la luz de los servicios personales de Ortega informe para ser utilizado por Mario Conde dictámenes sobre operaciones presuntamente fraudulentas para Pérez Escolar, selección de tres peritos para informar sobre la operaciones del caso Banesto- es obvio que el decano estaba predispuesto a encontrar en el sumario contra Sogecable todos aquellos delitos que ni él ni sus perito hallaron en el caso Banesto.