19 noviembre 2000

La nueva presidenta de Unió será Nuria de Gispert, aunque el control real de la formación política seguirá en las manos de Durán Lleida

Corrupción en Unió: el ‘caso Pallerols’ derriba al presidente del partido Ignasi Farreres, de confianza de Durán Lleida

Hechos

  • D. Ignasi Farreres, presidente del consejo nacional de Unió Democrática de Catalunya presentó su dimisión el 18.11.2000. Dña. Dolores Llorens dimitió igualmente como directora general de Cooperativas y renunció a su cargo en el comité de gobierno de Unió Democràtica, donde ocupaba la secretaría de Acción Social.

Lecturas

En Unió Democrática de Catalunya, partido aliado de Convergencia en la coalición CiU, el puesto de líder es el de ‘Presidente del Comité de Gobierno de Unió’, que ocupa D. Josep Antoni Duran Lleida. Por ello el cargo de ‘Presidente de Unió’ es más bien honorífico.

El Presidente de Unió en noviembre de 2000 tuvo que dimitir tras salir su nombre implicado en un caso de corrupción.

19 Noviembre 2000

Un fiel escudero

Xavier Horcajo

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Ignasi Farreres Bochaca dimitió ayer como presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en pleno escándalo por las irregularidades en la gestión de los fondos ocupacionales de los que fue responsable durante 11 años, hasta noviembre de 1999.Farreres (La Pobla de Segur, 1936) es hijo de un funcionario de Correos y comenzó a trabajar a los 16 años en La Caixa, hasta llegar a ocupar responsabilidades en el área de personal de la entidad, a la que se reincorporó como asesor del director general tras dejar el Gobierno de Pujol.

Farreres milita en Unió desde 1977, año en el que se incorporó al partido en el llamado «grupo de La Caixa», junto a Josep Maria Samaranch Kirner y Domènec Sesmilo. Fue uno de los primeros hombres que Josep Antoni Duran Lleida propuso a Jordi Pujol para que formase parte del Gobierno catalán. La fidelidad personal y política establecida entre Farreres y Duran así lo demandaba. Fue un hombre clave en la lucha que enfrentaba a este último con los antiguos poderes del partido, y concretamente con Joan Rigol.

Su trayectoria en consejos nacionales y comités de gobierno se caracterizó por un alineamiento al cien por cien con Duran. Ello le llevó a la vicepresidencia del partido en 1992 y al cargo de secretario general en 1996, con Duran en el liderazgo de Unió.

Farreres no tiene vinculaciones personales o familiares con centros receptores de ayudas, aunque fue patrono de uno de ellos: CEEFT, junto a Sesmilo, Josep Sánchez Llibre, Manuel Silva y el propio Duran Lleida.

Estudioso de los temas laborales y apreciado por el mundo sindical por su talante dialogante, Farreres se caracterizó por defender el contrato estable e impulsó una fórmula de contrato fijo con indemnizaciones de despido limitadas a 20 días.

19 Noviembre 2000

La dimisión que llega tarde para Unió

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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La dimisión irrevocable de Ignasi Farreres como presidente de Unió llega tarde para el partido de Duran Lleida. Esta tendría que haber sido aceptada desde el primer momento. Unió se habría evitado forzar la situación y no tener que reaccionar ahora presionada por el cese esta semana del director general de Planificación de la Conselleria de Trabajo y por la creciente indignación de la opinión pública. La única manera de que Unió y Duran puedan salir airosos de la crisis en la que se ha sumido el partido por el caso Pallerols, pasa por que en el congreso, que los democristianos deben celebrar el próximo fin de semana, se reconozcan los hechos con toda su gravedad. Que se tomen las medidas oportunas para depurar todas las responsabilidades políticas y que Unió pida públicamente perdón a la sociedad catalana por el error cometido.

21 Noviembre 2000

Clientelismo

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La dimisión de Ignasi Farreres como presidente de Unió Democràtica de Catalunya, por las irregularidades cometidas en el Departamento de Trabajo de la Generalitat en el reparto de los fondos de la Unión Europea para la formación de parados, pone de relieve que el llamado caso Pallerols tiene mucho más calado que el de un asunto limitado a un desaprensivo empresario. Farreres, que fue consejero de Trabajo durante 11 años, hasta noviembre de 1999, renuncia a la presidencia del partido una vez que se han aireado serios indicios de que algunos de sus militantes se han beneficiado de los fondos comunitarios.La aparición de más de un centenar de centros de enseñanza gestionados por militantes de Unió -casi el 10% de los existentes en Cataluña- como receptores de estas ayudas significa que los afiliados a este partido tenían 30 veces más posibilidades de obtener subvenciones públicas que el resto de los ciudadanos, un evidente indicador de clientelismo que alimenta la sospecha de que esos recursos pueden haber constituido un difuso sistema de financiación del partido.

El gesto de Farreres, aunque tardío, supone un paso en la asunción de responsabilidades por parte de Unió, partido que, junto con Convergència, gobierna Cataluña. Pero el Ejecutivo de Jordi Pujol, administrador de esas subvenciones -más de 20.000 millones de pesetas anuales-, no ha dado todavía ninguna explicación convincente sobre lo ocurrido ni ha rendido cuentas sobre un asunto tan sensible como es el desvío y mal uso de dinero público previsto para la formación profesional de los más necesitados. Con independencia de los resultados de la investigación judicial, cuya lentitud neutraliza muchas veces sus resultados, el Gobierno de Pujol no puede limitarse a admitir que el asunto ha sido «una mancha para Cataluña» o a suscribir la resolución parlamentaria propuesta por el PP en la que «constata y lamenta las irregularidades detectadas».

La rendición de cuentas por parte del Gobierno de la Generalitat tiene la máxima vigencia en la medida en que Bruselas mantiene indisponibles todavía 6.000 millones de pesetas de estos fondos correspondientes a los últimos ejercicios y el Instituto Nacional de Empleo (Inem), dependiente del Ministerio de Trabajo, bloquea otros 3.500 millones de pesetas del Plan de Formación e Inserción Profesional. A la vista de estos hechos, no parece del todo apropiado seguir hablando del caso Pallerols, sino de la presunta desviación de los fondos de formación o del uso clientelar de las subvenciones por parte del Gobierno de Pujol.

La incapacidad para reconocer y corregir a tiempo estas irregularidades, negadas sistemáticamente hasta que Bruselas ha tomado cartas en el asunto, es un claro indicador del agotamiento del Ejecutivo catalán y de su falta de cintura para enderezar el rumbo ante las adversidades. Es un Gobierno sin margen de maniobra, sometido al toma y daca del PP, que un día lo salva de la reprobación parlamentaria, pero al siguiente le bloquea los fondos del Inem. Un Gobierno que ve también cómo sus tropiezos se amplifican por la pugna entre sus socios por la herencia de Pujol. Con la confusión añadida de que el examen de la actuación del Departamento de Trabajo -gestionado tradicionalmente por Unió, cuyo líder es Josep Antoni Duran, uno de los aspirantes a encabezar CiU- lo ha realizado la Intervención de la Generalitat, dependiente del Departamento de Economía, que dirige otro candidato a la sucesión, el consejero Artur Mas.

El suspenso que representa para el Gobierno de Pujol la deficiente administración de estos recursos sitúa al presidente catalán en una posición muy precaria con vistas a la nueva negociación sobre la financiación autonómica y explica la falta de convicción en sus demandas de infraestructuras estratégicas para Cataluña, cuya bandera ha pasado a manos de otras instituciones.

04 Noviembre 2002

La sombra Pallerols

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La juez ha levantado el secreto de sumario sobre el caso Pallerols, relativo al presunto desvío de fondos europeos destinados a la formación de parados hacia la arcas de Unió Democràtica, el socio democristiano de Convergència. La tesis de la fiscalía, asumida por la juez, es que un 10% de las subvenciones distribuidas entre 1995 y 2000 por el Departamento de Trabajo -en manos democristianas- a los centros de formación de Fidel Pallerols fueron a parar bien a personas vinculadas a Unió, bien a la compra de locales o mobiliario para el citado partido. La oposición calcula que esas comisiones sumaron 839.152 euros.

Las reiteradas negativas de CiU y PP a la creación de una comisión de investigación parlamentaria y el impresentable informe redactado al respecto por el síndico mayor -jefe del Tribunal de Cuentas autonómico- han avivado la sospecha. Los delitos que según el fiscal cometieron los imputados serían los de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude de subvenciones.

Es sabido que, en lo tocante a financiación irregular de partidos, lo que suele aflorar no son los ingresos más fuertes, generalmente enmascarados en artificios contables realizados por auténticos artistas en la búsqueda de fórmulas todavía no tipificadas como delito o en borrar huellas cuando caen más alla de la frontera de lo legal. Los socialistas tuvieron su calvario con el caso Filesa -de características distintas: era mucho más dinero y no procedía de fondos públicos- y ahora le ha tocado el turno a Unió Democràtica.

La trayectoria de su líder, Josep Antoni Duran Lleida, se ha visto muy afectada por este escándalo, que le ha apartado de la carrera por la sucesión de Jordi Pujol. Algo que fue celebrado desde el partido hermano de federación, que tenía puestas las esperanzas en el actual conseller en cap, Artur Mas. Las revelaciones y fases sumariales del escándalo parecen ideadas por un hábil guionista especializado en intrigas políticas.

Sería de desear una pronta sentencia judicial que elimine suspicacias, pero también una mayor transparencia por parte de Unió, que debería ser la primera interesada en evitarlas. Vetar las comisiones parlamentarias y pretender que todo se ha explicado tras los trabajos de un grupo de expertos nombrados por el propio partido suena a broma.