Crisis en la Guardia Civil: El ministro Grande Marlaska destituye a Diego Pérez de los Cobos por la investigación sobre la influencia de la manifestación del 8-M en la crisis del Coronavirus

La investigación penal sobre la autorización de la marcha del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón. Las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana, como un congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre con 9.000 cargos y afiliados y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno autonómico madrileño y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. Como adelantó este diario, en esa reunión participaron el propio ministro Salvador Illa y Simón, y ambos coincidieron en que el encuentro religioso debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Al día siguiente, 6 de marzo, se produjo una segunda reunión en el ministerio para abordar otra vez la necesidad de cancelar el evento. En esa segunda cita, no estuvo Illa pero repitió Simón, que facilitó datos precisos sobre el avance del SARS-Cov-2 en territorio nacional y convenció a los líderes evangélicos de que su convocatoria entrañaba una seria amenaza para la salud pública. Así lo ha acreditado Juan Carlos Escobar, pastor evangélico y máximo responsable del congreso, que participó en la reunión. Finalmente, el día 7, se anunció la suspensión del congreso por motivos sanitarios.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones. La Guardia Civil reclamó hace semanas al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Simón que aporte toda la documentación sobre el covid-19 de la que disponía antes del 8-M, pero el organismo no ha contestado al requerimiento.

Las últimas averiguaciones efectuadas por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, también comprometen a José Manuel Franco, primer y único imputado en el procedimiento. La Delegación del Gobierno alegó, tras admitirse a trámite la querella contra su responsable por haber autorizado los actos de los primeros días de marzo, que no los suspendió porque no recibió ninguna alerta hasta después de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Sin embargo, las pesquisas han revelado que, en al menos dos ocasiones, ese organismo suspendió dos concentraciones por razones sanitarias antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretara la alarma, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación.

Una de ellas, como informó este diario, fue una protesta convocada por los sindicatos de Amazon el viernes 13 de marzo en San Fernando de Henares (Madrid). Los técnicos de la Delegación del Gobierno les contactaron por teléfono entre los días 10 y 11 para pedirles que la suspendieran porque podía provocar un aumento de los contagios. El organismo no dejó constancia de esas gestiones por escrito. Lo único que figura es la solicitud de cancelación de los organizadores, como si la hubieran tomado por su cuenta. Un representante de los trabajadores de Amazon ha declarado que así fue como se produjeron los hechos.

Lo mismo ocurrió un día antes. La Asociación para Personas Aptas sin Ayudas al Alquiler (Apasaa) tenía previsto concentrarse frente a la Asamblea de Madrid el día 12 de marzo para reclamar un aumento de las subvenciones al arrendamiento. Pero, unos días antes, su portavoz, Diana Chnaiker, recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para trasladarle que debía anular la protesta por el riesgo que suponía para la salud pública. Chnaiker aceptó la petición y la desconvocó.

La acumulación de pruebas de que la delegación no esperó al 14 de marzo para suspender concentraciones por motivos sanitarios provocó que el organismo cambiara de estrategia. Admitió que el sábado 7 de marzo recibió dos avisos de la Comunidad de Madrid sobre el covid-19, pero sostiene que no los leyó hasta el lunes 9 de marzo por la mañana. Por lo pronto, el Gobierno ya ha utilizado la Abogacía del Estado para solicitar el archivo del procedimiento con el argumento de que no hay ningún indicio de delito en la actuación de Franco ni de ningún otro representante de la Administración central.

EL GOBIERNO pretende levantar un dique de contención político y judicial ante la avalancha de denuncias que se avecinan. En democracia es obligada la depuración de responsabilidades por la negligente gestión de la crisis sanitaria, que ha colocado a nuestro país a la cabeza de muertos por habitante en todo el mundo, por más que pretendan ahora maquillar las estadísticas. Sánchez busca blindarse a través del castigo y el escarmiento públicos, como aviso para todos aquellos que se atrevan a cuestionar la versión oficial de los hechos: un relato parcial y manipulado que pretende justificar la acción del Gobierno y ocultar que priorizó en sus decisiones los intereses políticos a los de salud pública, ignorando de manera premeditada las advertencias de la OMS sobre el riesgo letal que suponía la Covid-19.

El primer damnificado ha sido el coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido ayer de manera fulminante de su puesto de máximo responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el inesperado cese aduciendo «pérdida de confianza», pero a nadie se le escapa el trasfondo político del relevo. Resulta triste asistir a la renuncia de Grande-Marlaska a todos los principios éticos que guiaron su trayectoria como magistrado de la Audiencia Nacional. Si durante su ejemplar instrucción del caso Faisán se enfrentó a quienes pretendían politizar una causa judicial para exculpar a los responsables de Interior de haber ayudado a escapar a colaboradores de ETA, con la destitución de Pérez de los Cobos para intentar salvar a Fernando Simón y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de prevaricación, ha cruzado una línea roja: interferir en una investigación judicial en marcha que exigía de Pérez de los Cobos lealtad únicamente al juez, nunca al ministro.

Para entender la cacicada de esta destitución hay que detenerse en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, ayer citó en calidad de investigado a Franco por autorizar, incurriendo en posible prevaricación, reuniones multitudinarias –entre ellas la manifestación del 8-M– cuando la OMS había recomendado ya su prohibición para prevenir el contagio masivo por coronavirus. Para su investigación, la magistrada encargó a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes de Pérez de los Cobos las diligencias necesarias para determinar si cuando el Gobierno autorizó esos actos tenía ya conocimiento, a través de las alertas sanitarias, del riesgo que suponían para la salud pública. Entre la documentación enviada al juzgado, hay datos que cuestionarían el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis, Fernando Simón; entre ellos, un documento firmado por él mismo días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de una iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus, tras una reunión mantenida junto al ministro Salvador Illa y los representantes de dicha congregación. Y otro informe posterior, también firmado por él, en el que no pondría pegas para la manifestación feminista. Es más, en sus comparecencias públicas, Simón alentó a la gente –incluido su propio hijo– a que acudiera masivamente al acto, de cuya celebración el Gobierno había hecho previamente una causa programática, además de una bandera en disputa entre Carmen Calvo e Irene Montero.

Con la destitución de Pérez de los Cobos, que atesora una ejemplar hoja de servicios –incluida su participación en la lucha contra ETA y contra el golpe separatista del 1-O–, Marlaska termina de enterrar su antiguo crédito supeditándolo a la protección de Sánchez, y envía una turbia advertencia sobre el destino que espera a quienes colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de la nefasta actuación gubernamental. Un hito más en la degeneración institucional del sanchismo.

Es el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia.

 El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para cargo público.

La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez-Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción, Rodríguez-Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos al presidente, que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.

Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el Caso Máster, que acabó con su carrera política. Lo que se dirime en ese juzgado no es si el Gobierno fue más o menos previsor, sino si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran y sobre todo: si pese a conocer los riesgos de los contagios autorizó por razones políticas la concentración del 8M en Madrid, que reunió a 120.000 personas. La tesis del Ejecutivo es que fue precisamente tras ese fin de semana y no antes cuando se tuvo constancia de que se habían disparado los contagios en la capital.

El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es, consta de 81 páginas y está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío.

El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. «El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento».

De la anterior declaración, el atestado policial concluye: «Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus». Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: «Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020».

Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción Médica.

Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había «transmisión comunitaria». Según el atestado, «este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos».

En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: «Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora ‘trasmisión comunitaria’ (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel ‘muy bajo'».

No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del Centro de Coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de «hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad». Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: «Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero, ‘el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'». Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: «Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad» (sic).

Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: «el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: ‘El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa’ en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir ‘no se besa, no se besa’ a las personas que encabezan la manifestación».

El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en la capital. Y se detiene sobre «la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas». «Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social».

El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.

En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico «acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 ‘Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19’, significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAZAMIENTO».

El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a «eventos multitudinarios de cualquier tipo» las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): «con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2».

Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.

Sin embargo, en sus conclusiones el atestado lo refleja así: «Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangélico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas». Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente.

La última frase del informe señala: «Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo».

Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días «se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información». Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica.

También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, «la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran».

Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza de la COVID-19 desde finales de diciembre, cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción, la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.

También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.

El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.

El informe da munición a las derechas, que desde el principio han tratado de situar las marchas del 8M en el origen de los contagios de la capital de España, la más castigada por la pandemia que acumula un mayor número de muertes. Y ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.

La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.

El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo «dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus», y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.

«Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo» fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por «los motivos por los que la reunión» prevista para el 10 de marzo «no se celebró». Así consta en el acta de declaración, firmada por el agente y el testigo, que la Guardia Civil le entregó cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.

Así figura también en la relación de «reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]» que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un «cambio de fecha» el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.

A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.

«Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión prevista, manifiesta que no», describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: «La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros». Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que «dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus” [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación».

El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: «Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email».

Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar «recomendaciones concretas» relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue «consciente de la grave situación sanitaria que padecía España». A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando «un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización».

Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno «algún tipo de llamada telefónica previa» o si «recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión». El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.

La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.

Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.

Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: «La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran», concluye.

Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. El 9 de marzo fue cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.

La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es superior.

LA ÚNICA comparecencia que esperamos ya de Marlaska es esa en la que anuncia su dimisión. De un Gobierno abonado a la mentira como estrategia de supervivencia a cortísimo plazo no cabe esperar autocrítica ni veracidad en una rueda de prensa de preguntas filtradas y argumentarios retorcidos hasta el bochorno, como llamar «nuevo impulso» a una purga. Es difícil concebir un ministro del Interior que haya hecho tanto en tan poco tiempo por destruir su propio prestigio como juez a medida que erosiona el principio axial de la separación de poderes. Para definir el desprecio al decoro democrático de Marlaska solo se nos ocurre el ejemplo de Baltasar Garzón, y eso que Felipe González finalmente tuvo el buen sentido de no nombrarle ministro.

De la ambición política de Marlaska habla su ofrecimiento al PP de Rajoy para ser su fiscal general y su final acomodo en el Gobierno de Sánchez, donde tardó muy poco tiempo en convertirse en el más solícito cancerbero. Pronto chocó con las asociaciones policiales que reclamaban la equiparación salarial –la misma que ahora esgrime para comprar la paz interna– y con las de funcionarios de prisiones que exigían mejores condiciones de seguridad. Debutó destituyendo a Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO e icono de la lucha contra ETA, alegando pérdida de confianza. Protagonizó su primer descenso a la indignidad cuando en vísperas de la manifestación del Orgullo Gay del año pasado no solo no desautorizó las amenazas a la delegación de Cs, sino que las amparó y excusó; y consumadas las agresiones, ordenó a toda prisa fabricar un informe ad hoc para desacreditar las denuncias de las diputadas agredidas, informe plagado de irregularidades y filtrado a un medio afín que ningún policía quiso avalar con su firma y que hoy se encuentra bajo investigación judicial. Su gestión durante los disturbios violentos en Barcelona le acarreó críticas unánimes de falta de previsión y de medios por parte de las distintas fuerzas policiales, cuyos efectivos arriesgaron la vida en la defensa de la comisaría de Vía Laietana o en la plaza de Urquinaona. Cuando llegó la pandemia ordenó la monitorización de las redes para vigilar la desafección al Gobierno. Y cuando un coronel de intachable hoja de servicios –salvo para ERC, PNV y Bildu– cumple con su deber y con la ley negándose a traicionar el encargo de la juez a la que sirven sus hombres en una investigación sujeta a secreto, lo fulmina como escarmiento. Lo que a su vez motiva la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, incapaz de aguantar más las groseras injerencias del ministro. Desde Luis Roldán no se caía tan bajo.

Con su arbitrariedad, su sectarismo y su doblez, Marlaska ha degradado el cargo de ministro del Interior. Es un hombre inhabilitado para la política. Y seguramente también lo está para la Justicia. Marlaska debe irse ya.

La cúpula de la Guardia Civil en la actualidad es la resultante de la construcción nacionalista de un cuerpo militar surgido de la desconfianza de Franco y la depuración sistemática de sus miembros no afines. Tras el final de la Guerra Civil el dictador se propuso disolver la Guardia Civil y el cuerpo de Carabineros debido a la lealtad a la República de muchos de sus miembros, que imposibilitaron el rápido triunfo de la asonada en muchas ciudades importantes. A pesar de que la idea de la disolución del cuerpo fue apartada, la depuración fue radical mediante la Causa General, denuncias de compañeros o vecinos, la Ley de Responsabilidades Políticas o los Tribunales de Honor.

Una purga que acabó con hombres de honor leales a la legalidad democrática como José Aranguren Roldán, Antonio Escobar Huerta o Pedro Garrido Martínez. Esa depuración radical del cuerpo y la construcción de una institución represora no se democratizó con la muerte del dictador a la misma velocidad con la que se pervirtió. Los usos y costumbres antidemocráticos están todavía instaurados en lo más profundo de la cultura política de la cúpula militar de la Benemérita que es necesario afrontar con firmeza y sin temor.

La podredumbre democrática en la actitud de muchos de los miembros de la Guardia Civil estos días ha quedado en evidencia. El informe de la Guardia Civil elaborado por un capitán y un teniente del cuerpo mandado a la juez Carmen Rodríguez Medel es más propio de un juicio sumarísimo que busca inculpar a un enemigo político basándose en prejuicios que lo que se pediría a un cuerpo policial de un país democrático. El primero no fue un error, como ha confirmado el segundo informe que añade unas declaraciones obvias de Irene Montero el día 9M, fue un libelo de acusación propio de una justicia medieval sin ningún respeto a la libertad y a la democracia.

Lo que está haciendo la cúpula de la Guardia Civil se parece más a un golpe blando que a una investigación judicial de un Estado de derecho. Recuerden a Lula. Es obligación del Gobierno tomar cartas en el asunto y actuar con precisión quirúrgica y mano de hierro para acabar con los desmanes de muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que manchan el nombre de las instituciones.

El cese de Diego Pérez de los Cobos está plenamente justificado solo por su actitud desastrosa en octubre de 2017 en Cataluña. Algo que el Gobierno tuvo que haber hecho nada más llegar al poder. La conveniencia de su destitución quedó patente cuando mandó a custodiar la casa del vicepresidente por el hostigamiento de individuos de extrema derecha a miembros del cuerpo cercanos a organizaciones sindicales próximas a VOX. Además de mandar a agentes de la Guardia Civil a recoger unas imágenes a un supermercado donde se había visto comprar a Pablo Iglesias sin que mediara ninguna intervención judicial. Hechos, por sí solos, suficientes para justificar su despido inmediato. Si no algo más.

La oposición ha recordado en el Congreso el cese de Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil al mando de la UCO, como un ejemplo antidemocrático de la limpia sistemática de Fernando Grande-Marlaska. Cuando el debate tendría que ser cómo un miembro de la Benemérita condenado por torturar al miembro de ETA Kepa Urra en 1997 pudo rehacer su carrera hasta llegar a cargos importantes de responsabilidad. Un juicio por torturas donde también estuvo encausado Diego Pérez de los Cobos y quedó absuelto por falta de pruebas.

La torpeza del ministro del Interior y, sobre todo, de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, dejando por escrito los motivos del cese de Pérez de los Cobos al dar vía libre a la interpretación de la ilegalidad de la petición de información que motiva el cese son razones más que suficientes para que dimita toda la cúpula del ministerio del Interior. Pero antes, antes de irse a casa, tienen que hacer tabula rasa en la cúpula de la Benemérita. Purgar la Guardia Civil es una urgencia democrática.

La Guardia Civil entrega el primer informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. Y, enseguida, el 22 de mayo de 2020, extractos del mismo aparecen en el diario digital El Confidencial. El capitán que ha elaborado el dossier va a por Fernando Simón, cosa que queda meridianamente clara en la información publicada.

«La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por el 8M», titula el diario citado.

La juez dictará dos resoluciones sucesivas. No va a imputar a Simón.

«Los únicos hechos investigados en este procedimiento –señala– hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020».

Está claro: la juez está interesada exclusivamente en saber si el delegado del Gobierno pudo haber cometido o no una prevaricación administrativa. Es su obsesión.

La filtración instantánea de la información descerraja la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hasta entonces el ministro seguía con asombro las diligencias abiertas el 23 de marzo por la juez.

La relación de Grande-Marlaska con Carmen Rodríguez-Medel había sido excelente en el Consejo General del Poder Judicial. Tras ser nombrado ministro por primera vez en 2018, se había llevado para cubrir el puesto de director de gabinete a Rafael Pérez Ruiz, hasta entonces letrado en el CGPJ a cargo de la Oficina Judicial. Pérez Ruiz y Rodríguez-Medel, por tanto, habían coincidido allí como letrados y también mantenían buenas relaciones.

A mediados de enero de 2020, cuando Grande-Marlaska volvió a ser nombrado ministro, elevó a Pérez Ruiz de director de gabinete al puesto de secretario de Estado de Seguridad. Y pensó en Rodríguez-Medel para el cargo de directora general de la Guardia Civil. Durante la experiencia conjunta en el Consejo General del Poder Judicial, ambos habían hablado extensamente sobre los vínculos familiares de la juez con la Guardia Civil, sobre la historia de su abuelo.

Y Grande-Marlaska pensó en ella, precisamente, para el puesto de directora general de la Guardia Civil. Se dice que intercambiaron mensajes por WhatsApp durante los días en los que se estaba por adoptar la decisión. La información de que Rodríguez-Medel era la posible candidata del ministro saltó a los medios de comunicación. En el CGPJ, se le dio credibilidad a la información. «Grande-Marlaska también se lleva ahora a Carmen, después de fichar a Rafael», comentaron algunos vocales en referencia al nombramiento de Pérez Ruiz como secretario de Estado de Seguridad. Todo cuadraba. En la familia de Carmen se tuvo conocimiento de que, si bien no estaba hecha, su candidatura podía prosperar, aunque ella llevó el asunto con la máxima discreción. Y en ámbitos de la Guardia Civil se le concedió credibilidad a dicha opción, tanto que se llegó a analizar la trayectoria de la juez. Pero Grande-Marlaska no tenía el monopolio de la decisión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también podía decir algo, dado que el puesto que ocuparía Carmen tiene doble dependencia, de Interior y de Defensa. La ministra, que había coincidido con Félix Azón en el CGPJ entre 2008 y 2013, donde ambos fueron vocales, expresó su oposición al cese de Azón cuando Grande-Marlaska formó su nuevo equipo y prescindió del director general de la Guardia Civil. También habían coincidido Margarita Robles y Rodríguez-Medel en el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2013.

La ministra Robles tenía su candidata para ocupar la dirección general de la Guardia Civil. Era Gloria Rojas, la secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera y consejera de la ciudad.

Grande-Marlaska tuvo finalmente que abandonar su deseo de nombrar a Rodríguez-Medel ante la falta de consenso y optó por María Gámez, subdelegada del Gobierno de Málaga. El 22 de enero, la ministra de Defensa, cuya presencia en la ceremonia de toma de posesión de Gámez estaba anunciada, no acudió al acto. Al día siguiente, Gloria Rojas confirmó en Melilla que, en efecto, Robles le había ofrecido el puesto.

El jueves 22 de mayo, sorprendido por el informe de la Guardia Civil, el ministro analiza con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, la situación creada. Ambos recelaban del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

Al parecer, el coronel había dado cuenta, en el marco de una norma vigente desde abril de 2012, de que la elaboración del informe sobre las manifestaciones de marzo encargado por la juez se había interrumpido.

La citada norma fue establecida a iniciativa del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien, ante las continuas diligencias sobre actividades de corrupción del Partido Popular por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pidió que se remitiera a la cúpula «antes de las 11:00 de cada miércoles una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente». Se debía informar, entre otros extremos, sobre «posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales».

Grande-Marlaska decide que va a cesar a Pérez de los Cobos porque no ha notificado a Interior que el informe se había elaborado y entregado a la juez. Y, para más inri, se había filtrado inmediatamente a la prensa.

No obstante, Grande-Marlaska quiere evitar desvelar los motivos del cese. Está dispuesto a contar una parte de lo ocurrido. A saber, que ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos. Sin aclarar por qué razón. Tampoco quiere echar leña al fuego de los medios de comunicación. Se dirá, pues, que el cese estaba previsto como parte de una reestructuración de la cúpula.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, prepara el oficio dirigido al secretario de Estado de Seguridad el domingo 24 de mayo. Allí dice que propone «el cese del destino del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

El coronel recibe, el domingo 25 por la tarde, según él mismo ha dejado saber a los medios de comunicación, llamadas de su superior directo, el general José Antonio Berrocal, y del mando de operación, general Fernando Santafé. El ambiente se caldea. Más tarde, sobre las 22:30, la directora general le comunica por teléfono su cese.

El 26 de mayo, tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, presentó su dimisión al Ministerio del Interior. Con todo, el mandato de Ceña, que había postergado su jubilación hacía algunos meses, expiraba a primeros de julio.

Grande-Marlaska, fiel a su propio guion, explica en el Congreso y a los medios que ha cesado a Pérez de los Cobos por pérdida de confianza en el marco de una remodelación. Pérez de los Cobos se mueve en los medios de comunicación y en otros medios. Dice que le han cesado por negarse a revelar a Interior el informe. Se convierte así en el paladín de la Policía Judicial.

Rodríguez-Medel, cree, en efecto, la versión que le llega desde la Guardia Civil. Y el lunes 26 hace causa común con ella.

La juez envía un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte de que ha dado «orden expresa» a la Policía Judicial de la Guardia Civil de mantener «rigurosa reserva» sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones.

La juez advierte de que la ley prevé que la «infracción de dicho deber» se castigue disciplinariamente, «sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran ser penales». Rodríguez-Medel es directa: de incumplirse su orden el juzgado podría abrir la «correspondiente investigación».

No se ha percatado el ministro Grande-Marlaska de que su ministerio es un queso gruyer y que la trampa está servida. Para desvelar que ha mentido, aquellos interesados en avivar el fuego filtran el 2 de junio a El Confidencial el oficio del 25 de mayo.

Ante esta realidad, el ministro Grande-Marlaska explica los hechos a riesgo de admitir que hasta ese momento ha vendido gato por liebre. Es decir, la circunstancia de que Pérez de los Cobos dio cuenta de que el informe encargado por la juez se había suspendido pero no de que había sido elaborado, entregado y filtrado inmediatamente.

Una fuente conocedora de la secuencia de lo sucedido relata, cual garganta profunda, la historia que se desarrolla detrás de los bastidores, lo que le pasa a la juez Medel con el 8M y el resto de manifestaciones:

La juez ve que el delegado del Gobierno podía haber hecho algo que no hizo. Y está íntimamente convencida, como lo estaba de que a Pablo Casado le regalaron el máster. Pensó en un primer momento en archivar la denuncia. Pero optó por practicar diligencias. Y cuando más tarde le llega la información de que el delegado del Gobierno adoptó el 28 de febrero medidas de protección para sus funcionarios públicos, se dice: «¿Por qué si adoptas medidas para proteger a tus funcionarios no has cuidado al resto de los ciudadanos? ¿No se podían ordenar medidas en las manifestaciones como la distancia personal, o que los asistentes se pusieran mascarillas?», Carmen empieza a encelarse. Y luego ha sabido que, desde la Delegación del Gobierno, llaman a algunos de los manifestantes para sugerirles que desconvoquen cuando es el delegado del Gobierno el que tenía que prohibirlas. Hay una serie de cosas que no le cuadran. Reflexiona sobre cómo los poderes públicos tienen que actuar en beneficio de los ciudadanos y cuáles son sus responsabilidades.

La Guardia Civil se la ha jugado a Carmen porque ella ha dado una orden muy específica y ellos hacen informes por encima de las órdenes que ella ha dado y atacan a gente que no está en la investigación que ella se propone. Se ha tenido que pronunciar hasta dos veces en el sentido de que no va contra Fernando Simón, se lo ha dicho por activa y por pasiva a la Guardia Civil. Y se lo han pasado por el arco de triunfo. Lo normal es que el coronel Diego Pérez de los Cobos supiera qué decía el primer informe. Porque se entera. Carmen da instrucciones muy concretas para conocer el grado de conocimiento del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, si conocía los documentos o circulares que entraron en la delegación del Gobierno. Da la impresión de que Pérez de los Cobos se entera y aprovecha para hacer un informe alineado para joder al Gobierno. Los intereses que tiene son claros: atacar al Gobierno. El punto de vista de Carmen es que, como delegado del Gobierno, este señor debe tener ciertas informaciones, todas las comunicaciones oficiales remitidas a la Delegación del Gobierno y todo lo que se haya publicado en el BOE. Ella quiere analizar la actuación administrativa.

Carmen tiene en cuenta 170 manifestaciones. A ella no le llama la atención el 8M. Le llama la atención, incluso más, el hecho de que el 9 de marzo se cierran los colegios de Madrid y ese día se celebran 12 manifestaciones. Carmen dice «yo, que vivo en Madrid, que tengo hijos, que se cierran todos los colegios y nos pusimos todos de los nervios con los niños, y que nos alteran las vidas, cómo es que este señor que es delegado del Gobierno permite 12 manifestaciones sin decir nada».

Otra cosa es que Pérez de los Cobos meta la cuchara, y parece que el capitán de la Policía Judicial actúa más a las órdenes de Pérez de los Cobos que de Carmen. Y el informe que hace el capitán es nefasto, lleno de noticias falsas. Y aunque Carmen no puede decir nada contra el informe se va a ver qué concepto tiene del mismo. Porque no lo va a tener en cuenta.

La filtración del informe le ha preocupado. A mí me dicen que ha sido el capitán el que lo ha filtrado. Y luego se filtra otra vez cuando llega a la Abogacía del Estado. Carmen, en principio, sospecha que la filtración vino de la Abogacía del Estado. Hay un informe que está foliado, pero hay otras copias que no lo están. La conclusión es que quienes redactaron el informe son quienes lo filtran. Y yo creo que Carmen se da cuenta de que se la están jugando y está cabreada. Creo que ella sabe que quienes filtraron son los de la Guardia Civil.