Crisis en TVE: dimiten todos los directores de telediarios, Miguel Ángel Gozalo, Ladislao Azcona, Eduardo Sotillos y Pedro Macías

Aunque con toda evidencia no es Dinamarca, algo huele a podrido en Prado del Rey. El escándalo de las nóminas, la financiación publicitaria de nuestra TVE, que así como suena está poniendo en peligro la libertad de prensa en España; el eterno nepotismo; la progresiva degradación de las programaciones; la creciente situación de callejón sin salida en que se encuentra el flamante Consejo Rector, con sólo muestras de una situación de deterioro en la que ya todo cabe, incluso la picaresca más tradicional.

EL asunto viene, por supuesto, de muy atrás, cosa comprensible, viniendo de donde venimos. Pero lo grave es que, al no existir capacidad ni mecanismo de corrección y de reacción frente a dicho deterioro, éste amenaza con proyectarse hacia adelante, aislando a una institución, que debiera ser diáfana y estar al servicio de todos los españoles, de las entendederas del ciudadano normal y sufrido telespectador.

En efecto, hay cosas que pasan en Prado del Rey y que, para descifrar su significado, hay que emplear secretos códigos y diccionarios, pues de otra manera no se entenderían. Por ejemplo, el caso de la dimisión de los directores de los cuatro telediarios. Hay que pensar y repensar en ocultos intríngulis para orientarse bien en un gesto como éste, prototipo de lo que podría considerarse como un caso flagrante de dignidad tardía. En efecto, ¿cómo se entiende esta fulminante dimisión tras tan largos años de acatamiento?

El efecto desencadenante ha sido el nombramiento en RTVE para las áreas de informativos, gerencia y programación, respectivamente, de los señores Bofill, Carcasona y Gelices. Tal ha sido la gota que, al parecer, ha colmado el vaso de la paciencia de los hasta ayer tan pacientes directores de los telediarios. Muy lejos de nuestra intención está el asumir la defensa de tales nombramientos, de los que prometemos ocuparnos por separado, pero lo cierto es que se inscriben en la ‘continuidad del medio’. Denunciar a estas alturas incompetencias o razones de vinculación personal, en la política de nombramientos que sigue RTVE de manera crónica, sólo cuando no favorece a los denunciantes nos parece poco serio. Para profesionales como los recién dimisionarios Sotillos, Macía, Azcona y Gozalo, las biografías de los nuevamente nombrados no son un descubrimiento reciente y, en su caso, la coexistencia profesional fue hasta el momento posible dentro de unos tipos de subordinación jerárquica muy similar a ésta por la que ahora dimiten.

Es muy característico de los días que corren, que cada hijo de vecino se apresure a buscarse el enemigo propicio, el que más le conviene, de acuerdo con sorprendentes acusaciones y cábalas políticas, pensando dejar así a salvo su posición de modo irrefutable.

Querido director:

Tener a Juan Tomás de Salas, presidente del Consejo de Administración de su empresa, en el Consejo Rector de RTVE, como miembro designado por el Gobierno, no debería obligarle a tanto como a admitir la publicación del editorial del pasado 28 de enero. No es tampoco como para dimitir, claro, pero a lo mejor unos cuantos ‘goles’ más de este estilo te fuerzan un día a presentar tu renuncia, aunque entonces sera un caso de ‘dignidad tardía’.

Ya ves: al igual que Macía, Gozalo y Azcona, había hecho el firme propósito de no dar más explicaciones sobre mi dimisión que las contenidas en una nota que distribuyeron las agencias y que algunos diarios – no el tuyo – se molestaron en recoger. Pero no voy a tener más remedio que salir al paso de algunas fintas poco limpias.

En esa nota – te ruego que la leas y se la leas al editorialista – no existía ninguna denuncia de incompetencias, ni siquiera la más leve alusión a la cualificación profesional de las personas en las que han recaído los recientes nombramientos. Nuestra carta de dimisión – a la que no opuso ningún reparo de forma y fondo el propio director general de RTVE al entregársela personalmente – no encierra otro ‘oscuro intríngulis’ que el de renunciar a un puesto bien remunerado, brillante a pesar de todo y codiciado por demasiados intereses. Y se debe sólo a que las competencias de estos puestos quedan sensiblemente reducidas por el nuevo organigrama de los Servicios Informativos de RTVE. Y esto es tan cierto que ya se está publicando que no hará falta nombrar nuevos directores de los telediarios.

Nosotros podríamos haber seguido, haber continuado disfrutando de un rótulo sobreimpresionado donde dijera ‘director’ y pasar por caja a finales de mes. RTVE conserva siempre los sueldos e incluso pueden ascender en el organigrama a los que cesan, pero no a los que dimiten. Inisto, pues, no es esencialmente con las personas ascendidas, sino con la función que se les asigna, concretamente en el ámbito de los servicios informativos.

Yo conozco, pese a la ‘paciencia’ que el editorialista de DIARIO16 nos adjudica, las tensiones con los mandos de RTVE para elevar los techos informativos, tensiones que han provocado hasta situaciones de violencia. Los trabajadores de la segunda edición de Telediario – cuya nota de solidarida con mi postura también habéis ignorado – son testigos de fortísimas discusiones con los escalones superiores e incluso de negativas rotundas mías a acatar ciertas órdenes. Podía hacerlo en función de esa autonomía informativa que ahora se me quita. Por tanto, no ha habido paciencia. Ha habido esperanza de que el trabajo diario, codo con codo con un equipo al que desde aquí quiero dar las gracias por su exigencia y su presión, en una postura de búsqueda de la objetividad, daría su fruto. Pero las cosas, a mí exclusivo juicio, no parecen caminar por esa dirección. El hecho mismo de que el Consejo Rector de RTVE sea ya denunciado por los partidos políticos de la oposición, la opinión pública e incluso por el presidente del Consejo de Administración de DIARIO16 como un organismo inoperante en razón del control que sobre él ejerce un sólo grupo, me ha hecho perder todavía más la esperanza y me ha obligado a decir adiós.

Como esta carta es ya demasiado larga, acabo. Estoy de acuerdo con la última frase de vuestro editorial: ‘Es muy característico de los días que corren, que cad ahijo de vecino se apresure a buscarse el enemigo propicio, el que más le conviene…’. No hay duda: cuatro profesionales dimitidos, sin más fuerza detrás que su trabajo, pueden ser un enemigo propicio y convincente.

Sin ira y con libertad, esperando que recojas esta carta mía en tu diario, un abrazo’

Eduardo Sotillos

Radio Televisión Española no es ya un simple problema administrativo, ni tampoco un asunto de gobierno algo complicado y engorroso. Su evidente y escandalosa crisis, que se viene larvando desde la recuperación de las libertades públicas por los españoles, y que ha estallado a plena luz en las últimas semanas, constituye unacuestión de Estado.En la prensa diaria y semanal han aparecido numerosas informaciones y reportajes sobre la corrupción, la incompetencia y la instrumentalización por el Poder Ejecutivo del medio de comunicación de masas que financian los ciudadanos con sus impuestos (y con la parte de los costos de los productos que adquieren destinada a amortizar los gastos publicitarios) y que se vuelve contra ellos, lesionando sus derechos a recibir una informaciónponderada y fiable, a aumentar su bagaje cultural y a disfrutar digna y divertidamente de tiempo de ocio. El informe Los hombres de las sombras que hoy publica EL PAÍS SEMANAL recoge los datos más significativos conocidos hasta el momento y revela otros nuevos. Su lectura deja un regusto amargo y suscita sentimientos a medio camino entre la indignación y la vergüenza. Porque, además de condenable, resulta casi inconcebible que los enormes avances registrados en nuestro país en el camino de la normalización democrática y de la recuperación de la dignidad nacional hayan siempre dejado a un lado esa casamata en la que han hallado cobijo las mañas, abusos, corrupciones y prepotencias del antiguo régimen.

Las esperanzas puestas en que el Gobierno iba, por fin, a jugar limpio después de los pactos de la Moncloa se han desvanecido tan pronto como la Administración ha comenzado a ejecutarlos. El carácter paritario del Consejo Provisional ha sido transformado, con una burda argucia interpretativa, en una simple dependencia de UCD, dentro de la cual los parlamentarios de la Oposición parecen destinados a desempeñar el papel de testigos falsos o de coartada. Los créditos extraordinarios a RTVE han sido momentáneamente bloqueados por el Senado, tras su apurado paso por el tamiz del Congreso; porque incluso algunos diputados y senadores del partido del Gobierno, mayoritario en las Cortes, se resisten a dar por buenas estas cuentas del nuevo Gran Capitán, entre cuyos méritos no figuran victorias militares, pero sí victorias electorales.

Durante lustros la televisión ha sido el paradigma nacional de la desinformación y la corrupción, el instrumento por excelencia para la alienación del pueblo español. Su actual gigantismo, que va desde sus enormes presupuestos hasta su inflada nómina, marcha en paralelo con su total falta de transparencia interna y con los rumores acerca de su financiación oscura y misteriosa. Este monopolio presuntamente estatalpero realmente gubernamental funciona en la práctica como una empresa privada que sufragan, a fondo perdido, todos los españoles, como contribuyentes o como consumidores. No satisfecha con succionar ávidamente de las ubres presupuestarias, hace la competencia desleal en el mercado publicitario a la prensa periódica editada por empresas privadas o partidos políticos. Sus prácticas dedumping, con precios irrisorios en proporción a la eficacia de su mensaje, le permiten absorber más de una tercera parte de la cifra de negocios de la actividad publicitaria. Y esteservicio público, financiado de tan irregular manera, carente de control y convertido en escaparate del despilfarro -y ello cuando se recomienda a todos los ciudadanos apretarse el cinturón- lanza a las ondas mensajes informativamente parciales, políticamente sesgados, culturalmente mediocres y artísticamente provincianos. Y ni siquiera logra divertir a los espectadores, sometidos a un enloquecedor carrusel de películas de programa doble de cine de barrio y de espectáculos de variedades en los que la publicidad clandestina compite con la estética hortera.

Por lo demás, los últimos revuelos y dimisiones en Prado del Rey hacen temer seriamente que se trate de repetir, en este nivel de la vida colectiva, la misma operación que, en otros más significativos y elevados, permitió seguir mandando y gobernando a los antiguos hombres del Régimen. Pero mientras los reformistas políticos terminaron por lograr la ruptura con el pasado y justificaron su permanencia en el poder con un proyecto distinto de convivencia democrática, mucho nos maliciamos que la reforma de RTVE desde dentro sea tan imposible como la hazaña de aquel inolvidable barón de Münchhaussen, que se levantaba un palmo sobre el suelo mediante el procedimiento de tirarse de los pelos.

Decíamos que televisión es una cuestión de Estado. Necesita, por tanto, soluciones y remedios adecuados a su naturaleza. El Gobierno ha tenido ya su oportunidad para resolverlo. No ha podido o no ha querido. La ejemplar manera en que el señor Hernández Gil, un hombre sin compromisos partidistas, de acrisolada moral y de reconocida solvencia en su campo profesional, supo afrontar la difícil tarea de presidir las primeras Cortes democráticas puede servir de iluminador precedente. En tanto la Constitución no se apruebe y las Cámaras no arbitren el Estatuto de RTVE, un comisario regio nombrado por el Jefe del Estado, con el consenso de los principales grupos parlamentarios, podría recibir el incómodo y peliagudo encargo de poner en orden y limpiar la casa de RTVE. Se necesita un hombre de carácter, independiente por encima de toda sospecha, y cuya envergadura ética merezca la confianza no sólo del Gobierno, sino también de la Oposición. Un hombre designado con el consenso del Parlamento y responsable ante las Cámaras y no ante el Gobierno. Con un plazo fijo para una misión concreta: gobernar limpiamente la televisión hasta que las Cortes aprueben su definitivo estatuto jurídico.