El opositor Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela y es reconocido por Estados Unidos y sus países alados incluida España

El plazo exigido por la Unión Europea para que Nicolás Maduro convoque elecciones antes de reconocer al presidente interino, Juan Guaidó, parece estar cumpliendo los objetivos diplomáticos implícitos de la iniciativa: reducir los riesgos de una confrontación interna generalizada, dando ocasión a una salida política con o sin mediación de terceros, y evitar una irreparable división internacional que hubiera proyectado el conflicto más allá de las fronteras de Venezuela. Pero, por más que el tiempo haya comenzado a correr contra Maduro, ningún desenlace puede ser excluido. Su propuesta de convocar elecciones legislativas, no presidenciales como le reclama la UE, revela que ha tomado conciencia del callejón sin salida en el que se encuentra, pero no de la fuerza de la oposición ni de la determinación de la comunidad internacional.

La gestión de Nicolás Maduro al frente de Venezuela no puede ser calificada sino como lamentable desde prácticamente todos los puntos de vista. A la catástrofe económica que ha hundido a la población en una miseria material inimaginable hace pocos años en uno de los países con más potencial material y humano de América, se ha unido un retroceso inaceptable en el ámbito de las libertades individuales y colectivas con la instauración de facto de un régimen autoritario, aunque pretenda guardar una apariencia democrática. Bajo el mandato de Maduro se han hostigado y cerrado medios de comunicación, falseado elecciones, encarcelado a los líderes opositores y forzado al exilio a decenas de miles de venezolanos. Lo mejor para Venezuela es que Maduro hubiera abandonado el poder hace tiempo. Y esa opción sigue estando sobre la mesa y siendo necesaria.

El audaz movimiento de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de proclamarse presidente interino de la república debe obtener inmediatamente una legitimación democrática, siguiendo escrupulosamente los principios y procedimientos necesarios para ello. Es verdad que hace una semana la Asamblea declaró “usurpador” a Maduro, quien prácticamente acababa de jurar nuevamente como presidente del país tras unas elecciones rechazadas por la comunidad internacional por considerarlas amañadas, pero la Cámara no inició el proceso de nombramiento de un nuevo presidente. Precisamente porque Maduro se ha saltado la legalidad para alcanzar sus objetivos, es evidente que quienes reclaman con toda justicia que el imperio de la ley vuelva a su país deben dar los pasos necesarios para restaurarla. El objetivo es que la democracia vuelva a Venezuela, sin venganzas, con justicia y con respeto al Estado de derecho. Esa debe ser la exigencia de la comunidad internacional y la presión tiene que ser lo suficientemente fuerte y unánime para que otros estamentos del país, incluidas las Fuerzas Armadas, comprendan que hay un camino irreversible hacia la democracia, sin Nicolás Maduro.

En estas circunstancias, y tras el reconocimiento internacional de Guaidó por parte de EE UU y de los principales países de Latinoamérica —con la notable excepción de México, que se ha pronunciado con cierta ambigüedad—, le toca ahora a la Unión Europea dar su opinión. Con vistas al mundo, la UE es el fiel de la balanza de los procesos democráticos y lo deseable es que en este y otros conflictos de alcance global se pronuncie con un sola voz. España puede jugar un papel fundamental precisamente para conseguir unanimidad en la respuesta europea ante los sucesos de Venezuela y en el apoyo a un nuevo presidente, democráticamente respaldado. En unos momentos en que la UE sufre uno de los mayores desafíos de su historia con la crisis provocada por Reino Unido y su intención de abandonarla, la Unión tiene que demostrar que es capaz de adoptar una postura única y coherente ante algo tan propio de sus principios como es la instauración de la democracia. Y aunque es positivo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogue por la celebración de elecciones libres —una solución que la comunidad internacional lleva largo tiempo reclamando— lo suyo es que abogue con fuerza por esta postura en Bruselas y no solo en una conversación telefónica desde Davos con el autoproclamado presidente de Venezuela.

Es urgente encontrar una salida política inmediata a la situación en Venezuela. Los muertos en la última jornada deberían ser los últimos del conflicto, y la posibilidad de un enfrentamiento civil a gran escala debería desaparecer del horizonte. Este es el peligro que conviene conjurar con todos los esfuerzos. La Unión Europea debe colaborar en ello, con una sola voz. Y España, con una larguísima tradición de amistad con Venezuela y con fuertes intereses comerciales, no debería convertir el futuro del país en un arma de enfrentamiento electoral interno.

EL FRISO de generales que, como jamones ahumados pasados de siglo y desaconsejables para la salud, compareció ayer en Caracas para sostener a Maduro y mantener sus narcofortunas en el extranjero, dio al régimen de terror y miseria fundado por Chávez, patria y matria de Podemos, un toque estético definitivo. Los golpistas iberoamericanos a los que la izquierda ha llamado siempre «gorilas» son cisnes rubendarianos al lado de esta manada.

Decorados con chatarra en hileras al soviético modo y bajo una luz amarillenta, como de morgue de Timisoara, muy adecuada a su función de generales-funerales, el gorilato chavista exhibía el ceño típico de matasiete tercermundista que nunca ha tenido enfrente un verdadero ejército, como Galtieri cuando tomó las Malvinas pensando que Londres estaba muy lejos. Y acaso lo peor: una prosa con el plúmbeo estilo de la profesorera podemita. En su jefe, Vladimir Padrino, o Lenin Corleone, se confiaba para desatascar el chavismo y ahora se le cree atrapado en una cuenta suiza o en la infinita videoteca habanera a lo Elena Ceaucescu, que tenía 3.000 vídeos de los invitados a la Rumanía comunista, grabados en sus disfrutes más íntimos. Pero cualquier esperanza de salida pacífica quedó aventada a corto plazo con el comunicado del gorilato narcomunista, que parece extraído de la tesis de Errejón-tres-comidas-diarias. El villano en su rincón, mudito él.

Eso de que hay «una guerra híbrida contra Venezuela» es propio del Monedero de turno, como hablar de «una saturación significante cognitiva de inspiración plebeya pero vocación transversal». Un peñazo, vamos. Ante el ejército brasileño, les caducaban los lexemas y se rendían anteayer. Pero la apuesta gorilesca por mantener la ilegitimidad como única legalidad deja a los países del entorno –casi toda América– a enfrentarse a una especie de imperio soviético reconstituido como cártel, con Putin de capo y Cuba de checa madre. Frente a ello, hay que empezar por congelar todos los fondos del régimen, privados y públicos. Y presionar sin descanso.

Dejo aparte el cadáver de la Unión Europea y el papel decisivo en su indecisión de Falconetti, que llama a Guaidó para pedirle elecciones libres –como si estuviera en su mano–, pero no lo reconoce como presidente para convocarlas. Compararlo con las ratas sería insultarlas.

LA comparecencia del ministro de Defensa de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino, para apoyar al tirano Nicolás Maduro ante la cascada de pronunciamientos diplomáticos en su contra, solo ha servido para demostrar hasta qué punto la cúpula militar del régimen está adherida al aparato de la narco-corrupción, la única industria que aún funciona en Venezuela. Las advertencias sobre supuestas consecuencias violentas de la decisión de Juan Guaidó de asumir la presidencia provisional no son más que amenazas directas a la población que clama por el fin de la tiranía, porque en Venezuela los únicos que tienen armas además del Ejército son las bandas organizadas por el régimen para blindarse. Nada demasiado nuevo, por tanto, en el terreno castrense. Al menos de momento.

Pero lo que se dirime en Venezuela, además del fin de un régimen corrupto que martiriza a su pueblo, es la causa de la libertad y el regreso de la democracia. Por eso han llegado los reconocimientos internacionales al presidente Guaidó de Estados Unidos y Canadá, de todos los vecinos de Venezuela y de la mayoría de los países relevantes en la región, con la indecorosa excepción del populista López Obrador. En el otro lado, a Maduro solo le queda el apoyo de Cuba, Bolivia, Rusia, Guatemala, Turquía y China, todos ellos gobiernos alérgicos a la democracia. Por eso también se entiende mal la tibieza con la que la UE ha acogido a Guaidó, aunque varios países han expresado de modo cada vez más explícito su intención de considerarle el presidente legítimo, como por ejemplo hizo ayer el Reino Unido. También lo han hecho en el Parlamento Europeo los grupos popular y liberal, frente al escaso brío de la Alta Representante, Mogherini.

La posición de Pedro Sánchez abunda en este error, más grave en su caso al ser España un país con unos vínculos más estrechos con Venezuela que el resto de los socios europeos. No facilitar el reconocimiento de Guaidó se convierte en una actitud claramente inmoral. Sánchez sabe que si lo hace puede perder el favor de sus socios de Podemos, partidarios del dictador bolivariano y sus prácticas liberticidas, y por ello no se moja del todo, obviando que un paso al frente de España animaría a otras adhesiones a Guaidó y acercaría el fin de las pesadumbres que provoca una dictadura ilegal y usurpadora. Los venezolanos no solo van a tener que soportar los estertores del régimen sino la hipoteca de los injertos ideológicos que el chavismo sembró en España, lo que queda de Podemos, que es lo que condiciona la voluntad del presidente para mantenerse en una imposible neutralidad entre verdugos y víctimas.

EL TIEMPO corre y la UE se resiste a reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Todo lo que la diplomacia europea ha sido capaz de consensuar es un ultimátum de ocho días que exige a Maduro unas elecciones cuanto antes so pena de reconocer formalmente a Guaidó. Esto significa que su interlocutor sigue siendo Maduro. Lo cual es un disparate. Porque los dictadores ni celebran elecciones libres ni dejan el poder voluntariamente, y menos cuando cuentan todavía con aliados tan poderosos como China y Rusia para resistir aun a costa del padecimiento de millones de ciudadanos. La tibieza europea en la crisis venezolana resulta desesperante –además de opaca en sus relaciones e intereses– y contrasta violentamente con la contundencia de casi todo el continente americano: desde Estados Unidos y Canadá hasta Chile y Argentina.

No se nos escapan los riesgos dramáticos ni las implicaciones geopolíticas del caso. Pero la inacción que se escuda en la prudencia a menudo solo esconde cobardía. Ante la oportunidad histórica de liberar a Venezuela de una tiranía sanguinaria y ruinosa, causa de una miseria letal y de un éxodo trágico, Europa no puede ponerse de perfil. No hay equidistancia posible entre la libertad y la tiranía ni ilegitimidad alguna en el liderazgo de Guaidó, a quien acreditan los votos de la mayoría de la Asamblea nacional y a quien ampara el artículo 233 de la Constitución frente a la consumada reunión de los tres poderes del Estado en la única figura del dictador Maduro, sostenido únicamente por la fuerza militar, el aparato represivo y la financiación del narco.

Por eso defrauda Josep Borrell cuando, a la pregunta de quién es hoy el presidente de Venezuela –Maduro o Guaidó: no hay más opciones–, responde que esa no es la pregunta que hay que hacer. La lealtad del ministro a la decepcionante posición europea supone además el blanqueamiento de la vergonzosa inhibición de Sánchez, a quien como presidente español Europa le reconoce la iniciativa diplomática en relación con Latinoamérica. Pero Sánchez, tan proactivo en el abuso del decreto ley por motivos como el cadáver de Franco o el control de TVE, se encoge ante la única coyuntura que sí justifica la urgencia decisoria. ¿Cuántos días más han de pasar para que el Gobierno honre los lazos históricos de los españoles con los venezolanos reconociendo al único que puede liderar la transición democrática?

SOSTIENE Pablo Iglesias que la proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado» en Venezuela es un «golpe de Estado». Es extraño porque Iglesias no solo es Licenciado en Derecho sino que gusta de presumir de sus conocimientos de Derecho constitucional. Así lo hizo el 6 de diciembre de 2016 en una tribuna en eldiario.es en la que, bajo el título Mis padres de la Constitución, además de rememorar su paso por la Facultad de Derecho, citaba entre sus maestros en constitucionalismo americano a Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau.

El hecho es que ambos, que colaboraron estrechamente desde la Fundación CEPS en la redacción de la Constitución bolivariana de 1999, rompieron públicamente con Nicolás Maduro en una demoledora tribuna que tuve la oportunidad de publicar en El País el 26 de mayo de 2017 bajo el título Una Constituyente sin legitimidad. En ella afirmaban que el decreto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente firmado por Maduro el 1 de mayo de 2017 pasaría «a la historia negra de la política latinoamericana» por «atentar contra la voluntad democrática del pueblo de Venezuela» al violar los artículos 347 y 348 de la Constitución bolivariana que obligaba a hacer pasar por un referéndum popular la convocatoria de dicha Asamblea. El régimen de Maduro, concluían, no solo ha conformado una «aristocracia petrolera corrupta» sino «violado los derechos humanos, sumido al país en una ola de represión […] y evitado cualquier confrontación democrática en las urnas». Es notorio, señalaban que «buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998».

Tras unas elecciones fraudulentas no reconocidas por la comunidad internacional y una toma de posesión presidencial igualmente fraudulenta e ilegítima, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha activado el artículo 233 de la Constitución con el fin de conducir al país a unas verdaderas elecciones. ¿Dónde está el golpe de Estado? Si en España la extrema derecha actuara como lo ha hecho Maduro, seguro que Pablo Iglesias volvería a recordar tanto a su padre cantando la estrofa del himno de Riego que dice «no murió como infame traidor, murió con la espada en la mano defendiendo la Constitución» como aquel momento en el Instituto de Bachillerato en el que dice que reivindicó que las libertades consagradas en la Constitución estaban «por encima de cualquier decisión de la dirección». ¿Algún día madurarán los defensores de Maduro?

La autoproclamación de Guaidó en una manifestación callejera, casi simultánea a la declaración de Pence contra Maduro, nos devuelve a otro siglo, a otra época. Es evidente que no hay más salida posible para Venezuela que unas elecciones libres y justas, pero no es menos evidente que el único camino eficaz para que llegaran a convocarse sería la negociación. Un ultimátum cierra en sí mismo el camino a cualquier conversación, y aunque mucha gente no quiera saberlo, los manifestantes que apoyan a Maduro no son un montaje informático, sino personas de carne y hueso. Cabe preguntarse cómo puede haber tantas en el que se dice que es el país más rico del mundo, y qué les lleva a defender su causa con tanta desesperación. No me asombra menos que nadie se pregunte por qué los independentistas catalanes no han abierto la boca sobre Venezuela. En la actual coyuntura española, las autoproclamaciones me parecen un asunto delicado. A mí sola, por lo visto.

EL ERROR de conceder a Maduro ocho días de plazo para convocar elecciones, en vez de reconocer ipso facto a Juan Guaidó como presidente legítimo, está provocando los indeseables efectos que eran previsibles. EL MUNDO ha logrado entrevistar a Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, que «sabe que se enfrenta a la muerte». Se le está regalando un tiempo precioso a Maduro –que ha rechazado la propuesta común de la UE anunciada por Sánchez– para atrincherarse al amparo de sus aliados internacionales, singularmente Rusia. A la vez, el sátrapa ha recrudecido la represión, siguiendo el patrón histórico de los dictadores que se vuelven más crueles cuando se sienten más débiles. Ya ronda casi el millar el número de detenidos en los últimos días.

TIENE sentido que en la mentalidad de la izquierda operen todavía automatismos que remiten a anacrónicas convenciones del siglo XX. No es fácil renunciar a una hegemonía intelectual como la que la izquierda tuvo el siglo pasado. Es preferible construir un parque temático del intelecto en el que permanecer a salvo de la realidad y de la confrontación con la evolución de las cosas y con la caducidad inherente de las ideas. Ahí se entiende que, sin dejar de creerse lo nuevo y lo moderno, y el movimiento con el que todo ocurría por primera vez, Podemos cohesionara a las gentes de sus mítines con himnos revolucionarios iberoamericanos que ya sonaban anticuados cuando yo jugaba a la botella en los primeros guateques de la adolescencia –idólatras del Che había que los ponían–.

Buena parte de la izquierda española mantiene acerca de Venezuela una visión absolutamente siglo XX. Es decir, ligada a los voluntariados para cortar caña de azúcar en Cuba y a las peregrinaciones salvíficas a la selva Lacandona. Es un pretexto utópico para no romper del todo con aquel siglo en el que fueron jóvenes y dominantes y por el cual vale la pena hacer un ejercicio de abstracción para no ver los veinte muertos diarios baleados en las calles por bandas paramilitares que no te quiero contar cuánto desgarro intelectual habrían provocado de andar sueltas en la Iberoamérica de los espadones fascistas. Los muertos son tan invisibles que aún hay gente que se declara preocupada por la posibilidad de que en Venezuela haya un baño de sangre, como si la sangre no llevara ya meses chapoteando, como si no estuvieran matando a los que protestan, ya estén animados por un ideal de libertad o por una hartura de la miseria.

Observo estos días unas maniobras evasivas respecto del compromiso con Venezuela que no proceden de las sentinas de Podemos, sino del gauchismo divino, y que tratan de aprovechar la vigencia de la mentalidad siglo XX. Se trata de crear, ya que Trump debe repeler a la fuerza haga lo que haga, un relato de golpismo imperialista en el patio trasero que traslade la culpa a los opositores y a las víctimas –convertidos, pese a su tenaz resistencia de diez años, en meros títeres de la CIA– y permita a Maduro encajar anacrónicamente en los antiguos himnos de la hermosa lucha verdadera. Más allá de cuán ignominioso sea este intento de dejar Venezuela en la parte oscura de la conciencia, la elaboración intelectual explica por qué, en el siglo XXI, la izquierda ya no se entera de nada.

El plazo exigido por la Unión Europea para que Nicolás Maduro convoque elecciones antes de reconocer al presidente interino, Juan Guaidó, parece estar cumpliendo los objetivos diplomáticos implícitos de la iniciativa: reducir los riesgos de una confrontación interna generalizada, dando ocasión a una salida política con o sin mediación de terceros, y evitar una irreparable división internacional que hubiera proyectado el conflicto más allá de las fronteras de Venezuela. Pero, por más que el tiempo haya comenzado a correr contra Maduro, ningún desenlace puede ser excluido. Su propuesta de convocar elecciones legislativas, no presidenciales como le reclama la UE, revela que ha tomado conciencia del callejón sin salida en el que se encuentra, pero no de la fuerza de la oposición ni de la determinación de la comunidad internacional.

El compromiso de la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas con Maduro, mantenido formalmente desde el inicio de la crisis, no conserva el mismo significado antes y después de la elección de Guaidó como presidente interino: el papel que desempeñan hoy los ejércitos es solo el de contrapoder a una Asamblea en la que la oposición es mayoritaria, no el de árbitro absoluto de la situación, según había venido sucediendo en el pasado. Cualquier intervención a gran escala contra Guaidó o sus partidarios podría inclinar la balanza interna a favor de Maduro, pero al coste de aislar definitivamente al régimen y profundizar la bancarrota del país. Y por lo que respecta a la situación de los generales y altos mandos militares, la amnistía ofrecida por Guaidó los enfrenta a la alternativa de consolidar en la nueva etapa que puede abrirse en Venezuela los beneficios de los exorbitantes privilegios con los que el chavismo los ganó para su causa, o, por el contrario, seguir incrementándolos a sabiendas de que ligan su suerte a la de un presidente crecientemente debilitado.

Las recientes medidas del Tribunal Supremo contra Guaidó, impidiéndole salir del país y bloqueando sus cuentas, no pueden ocultar que el margen de maniobra del que dispone Maduro es sustancialmente más estrecho que en las crisis precedentes. En ese sentido, las detenciones de periodistas internacionales, como ha ocurrido con tres reporteros de la agencia Efe, son, además de un atentado intolerable contra la libertad de expresión, una muestra de la debilidad de su régimen. La legitimidad democrática que la revolución bolivariana solía invocar cuando sus partidarios ganaban en las urnas no se encuentra ahora en manos de Maduro, puesto que la argucia de inventar una cámara paralela para ser investido no ha privado de su representatividad a la Asamblea que ha elegido a Guaidó. Por otra parte, este no es uno más de los líderes de la oposición a los que Maduro detenía y llevaba ante una justicia sometida al Ejecutivo, sino un presidente interino respaldado por la mayoría de los representantes electos de los venezolanos.

No es posible descartar que Maduro se haya propuesto sobrepasar el plazo que le ha señalado la UE, imaginando vanamente que ese desafío estéril equivaldría a una victoria. En realidad, solo se trataría de la forma menos inteligente de encajar una derrota definitiva. El riesgo de que la situación política se agrave si la violencia irrumpe en las movilizaciones pacíficas convocadas por Guaidó es elevado, y puede multiplicarse a partir del momento en que, concluido el ultimátum europeo, el presidente interino sea reconocido y la Asamblea asuma la responsabilidad de convocar a los venezolanos a las urnas. El tiempo de Maduro ha quedado atrás, por más que siga disponiendo de resortes para prolongar la agonía de Venezuela. Si finalmente consiguiera sobreponerse a la crisis sería apoyándose en la represión. Es decir, forzando la voluntad de la mayoría de los venezolanos que, representados en la Asamblea que ostenta la legitimidad democrática, le han señalado el camino: dejar paso a un presidente elegido con garantías.