13 enero 2010

Analistas aseguran que es el miedo de los partidos catalanistas al ascenso en esa ciudad de Plataforma per Catalunya (PxC), el partido de Josep Anglada

El ayuntamiento de Vic aprueba no empadronar a los inmigrantes ilegales con los votos de PSC, ERC y CiU; el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta culpa al cristianismo

Hechos

Fue noticia el 13 de enero de 2010.

Lecturas

El ayuntamiento de Vic retira el empadronamiento a inmigrantes ilegales con los votos de CiU y ERC y en La Sexta culpan al cristianismo.

El 12 de enero de 2010 el ayuntamiento catalán de Vic con los votos de CiU y ERC aprueba no empadronar a los inmigrantes ilegales. Esa decisión se traduce en el malestar ciudadanos de esa localidad con el aumento de presencia inmigrante que se ha traducido en el incremento de la formación política Plataforma per Catalunya (PxC) de D. Josep Anglada Rius.

Desde el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta que dirige D. Miguel Sánchez Romero, en el guión interpretado por D. José Miguel Monzón Navarro ‘Gran Wyoming’ responsabilizan al hecho de que uno de los partidos que respaldaron la medida, CiU, sea cristiano. “Ellos consideran que en la Iglesia no hay lugar para las mujeres y en Vic no hay lugar para los inmigrantes”.

13 Enero 2010

'Efecto Le Pen' en Vic

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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El temor a candidaturas xenófobas no justifica, sino agrava, la discriminación de los 'sin papeles'

Los daños colaterales de la recesión económica, como la competencia entre los más menesterosos por unas prestaciones públicas siempre insuficientes, pueden agudizarse en las localidades con más población inmigrante, sector social doblemente golpeado por la destrucción de empleo precario y la carencia de las redes familiares de las que sí gozan muchos de los nacionales. Desde hace años, el reto de preservar la convivencia entre la población autóctona y la foránea se somete a prueba casi a diario en la ciudad de Vic (Barcelona), con un 24% de habitantes extranjeros de casi 90 nacionalidades distintas. Un verdadero polvorín étnico que, con la espoleta de la crisis, lo último que necesita es que sus gobernantes enciendan la mecha del estallido social. Justo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vic al anunciar, primero sin tapujos y luego mediante subterfugios de falsa apariencia jurídica, que negará el empadronamiento a los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla.

A falta de permisos de trabajo o residencia, el padrón es el único registro que garantiza a todos los habitantes de un municipio, extranjeros incluidos, el acceso a servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o la atención social. Impedir el empadronamiento de un inmigrante sin papeles, o ponerle trabas disuasorias como la amenaza de delatarle ante la policía, equivale, por tanto, a negarle unos derechos fundamentales sólidamente amparados por el Tribunal Constitucional. La iniciativa de este Consistorio catalán, como ha denunciado con firmeza el Gobierno, simplemente no cabe en la legislación en vigor. Otra cosa es que, en caso de sufrir este atropello, algún extranjero se atreva a denunciar al Ayuntamiento ante la justicia. Si el objetivo de los gobernantes locales era transmitir a los inmigrantes que no son bien recibidos en Vic, el daño ya está hecho.

Pero todo indica que al equipo de gobierno, con un alcalde de CiU coaligado con el PSC y ERC, le interesa más conquistar el voto racista que controlar los flujos migratorios. No en vano esta población es el cuartel general del ultraderechista Josep Anglada, concejal de Vic y líder del partido abiertamente xenófobo Plataforma per Catalunya, que en las últimas elecciones obtuvo 17 ediles en toda Cataluña. Como le sucedió a una parte de la derecha francesa tras el ascenso del ultra Jean-Marie Le Pen, los partidos que gobiernan en Vic pretenden frenar el auge de las listas xenófobas al precio de abrazar sus postulados. Lo que, lejos de justificarla, agrava su conducta. Y, aunque críticas con esta medida, las cúpulas de estos partidos tampoco han forzado su retirada, acaso para no irritar al electorado receptivo a tales mensajes.

El filósofo vigitano Jaume Balmes definió la razón como «un monarca condenado a luchar de continuo con las pasiones sublevadas». Si quien debe domeñar las pasiones se empeña en azuzarlas, la convivencia estará en un serio peligro.

14 Enero 2010

Ideologías de azúcar

Álex Sàlmon

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LO QUE ESTÁ OCURRIENDO en Vic sorprende. No era nuevo como la inmigración estaba cambiando el rostro de esta ciudad. Existen ejemplos muy evidentes. La representación municipal del partido Plataforma per Catalunya explicaba como los intereses de los vecinos de Vic habían girado sus prioridades a formulaciones muy contundentes con la gente de fuera. Pero una cosa es que un partido dé respuesta a problemas concretos y otra que otros partidos que han hecho gala de mantenerse muy alejados de propuestas xenófobas trastoquen su ideología y la acomoden a ideas radicalmente opuestas. Esa utilización de las ideologías, como si se trataran de azúcar, despistan al votante y son irrespetuosas con la inteligencia. Una cosa es madurar la idea y la otra manosearla como si fuera pastelina. La decisión del Ayuntamiento de Vic de aprobar el veto al padrón a los ‘sin papeles’ sitúa al PSC, CiU y ERC al mismo nivel de PxC, a pesar de sus críticas constantes. Las ideas no se amoldan a la urna electoral.

14 Enero 2010

Vic: el problema no resuelto de los 'sin papeles'

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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LA DETERMINACIÓN del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de negarse a empadronar a inmigrantes en situación irregular destapa un problema acuciante ante el cual la Administración ha cerrado los ojos hasta ahora: el de qué hacer con los sin papeles. Aunque el equipo de gobierno del consistorio de Vic -formado por CiU, PSC y ERC- mantiene que la propuesta es «legal», la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Extranjería son claras, y ordenan que hay que incorporar al padrón «a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio», sin especificar su situación administrativa.

Es verdad, sin embargo, que hay una contradicción de fondo, por cuanto la Ley de Extranjería también prevé la expulsión de todo inmigrante que esté en España de forma irregular. Por lo tanto, mientras por un lado se ordena a Interior que repatríe a los ilegales, por el otro se obliga a los ayuntamientos a garantizar su permanencia, y hay que tener presente que demostrar arraigo es una de las vías que contempla la ley para legalizar a los sin papeles, y la que la mayoría utiliza como coladero.

El alcalde de Vic aduce para justificar su posición que la ley dispone que el extranjero que entra en España deberá estar en posesión del «pasaporte visado» que acredite su identidad, y que él debe por tanto exigir esa documentación. Se trata de un argumento falaz, porque lo que se pide a los ayuntamientos es que se ocupen no de los que pretenden «entrar» en España, sino de los que ya están dentro. Ahora bien, la paradoja está ahí: ¿Puede la Administración proteger y tapar con una mano a quien persigue con la otra?

No es casual, de cualquier forma, que el equipo de Gobierno municipal de Vic se haya percatado repentinamente de este problema y haya decidido implantar de la noche a la mañana estos «nuevos criterios de empadronamiento». Sin duda hay motivos económicos, ya que la Administración local carga con los gastos que la ineficiente política de repatriación de ilegales por parte del Gobierno le acaba ocasionando. Pero dado que la medida afecta en Vic a sólo al 2% de los inmigrantes, según los datos del propio Ayuntamiento, la respuesta hay que buscarla también en la política. Y sucede que en Vic, donde la población extranjera supera ya el 14%, la principal fuerza en la oposición es un partido xenófobo, Plataforma per Catalunya. Así se entiende que el alcalde, Vila d’Abadal, de CiU, haya manifestado que con su nueva política pretende «poner orden» en el municipio.

Esta decisión de impedir el empadronamiento de los inmigrantes le crea un problema al Ejecutivo. Primero, porque revela que la legislación en materia de inmigración está obsoleta. El empadronamiento debería ser el primero de los derechos de quien llega a España de forma legal, y no la trampilla por la que puedan colarse quienes no tienen papeles. Tal y como está la legislación, se incita el efecto llamada. Pero dado que la iniciativa está avalada por los socialistas catalanes, Zapatero aparece vinculado además a un discurso retrógrado. ¿Qué no se diría si cargos políticos del PP impulsaran una medida así?

Se da la circunstancia añadida de que la vicepresidenta De la Vega y el ministro Corbacho alertaron hace días de la ilegalidad de esta normativa municipal, por lo que hay también un caso de indisciplina. Con todo, lo que revela esta polémica es que un problema tan sensible y de tanto calado como el de la inmigración sigue lejos de estar resuelto en España, lo que permite que haya políticos dispuestos a sacar rédito al peligroso caldo de cultivo que éste genera. Zapatero debería ser el primer interesado en propiciar un gran pacto para resolver, desde el realismo, esta situación. Desde luego, la solución nunca podrá salir de Vic ni de ningún otro ayuntamiento.

15 Enero 2010

Hipocresía con la inmigración

ABC (Director: Ángel Expósito Mora)

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LA iniciativa del Ayuntamiento de Vic de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes ilegales ha desatado algunas reacciones contrarias que llaman la atención por su hipocresía. Por lo pronto, el apoyo de todos los grupos municipales a esta medida, propuesta por una formación ultraderechista también con electos en el Consistorio, demuestra que la realidad de la inmigración empieza a preocupar social y electoralmente a muchos que hasta ahora adornaban el problema con retóricas seráficas. Vic cuenta con 40.000 habitantes y la población inmigrante alcanza el 25 por ciento. Sociológicamente es un dato que no debe ser ignorado porque afecta directamente a la cohesión y la integración de la comunidad. Por otro lado, las protestas del Gobierno central y del PSOE, calificando como disparate el veto al empadronamiento de inmigrantes ilegales, se producen meses después de que apoyaran en Bruselas una dura directiva de retorno contra la inmigración ilegal y, en el Parlamento español, un aumento del plazo de internamiento -materialmente una detención administrativa- de los inmigrantes sin papeles de 40 a 60 días. Es cierto que el empadronamiento de los inmigrantes ilegales permite saber cuántos son, pero el reverso de este beneficio es que conlleva una apariencia de legalización de situaciones ilegales, debilitando las políticas de disuasión que hay que aplicar en esta materia. Hay que recordar que el empadronamiento fue una fuente de fraudes consentidos por el Gobierno para tramitar la regularización masiva de 2005, origen de muchas de las agravaciones que ha sufrido el fenómeno de la inmigración en España.

Como ayer recogía ABC, el Anuario de Inmigración en España correspondiente a 2009 cifraba en el 28 por ciento la tasa de paro entre los inmigrantes. Otras fuentes calculaban que 180.000 familias iberoamericanas podrían perder su vivienda en España por no poder pagar la hipoteca. Además, la escasa cualificación de la mano de obra y el desincentivo para retornar a sus países hacen probable una tasa de paro alta y constante entre la población inmigrante. Ambas -la iniciativa de Vic, por un lado, el desempleo inmigrante, por otro- son situaciones distintas y en medio siempre debe estar presente la dignidad de las personas, sea cual sea su situación jurídica. Pero la incompetencia de partidos y administraciones abona el terreno a formaciones ultras siempre prestas a abanderar legítimas preocupaciones sociales, desatendidas por quienes, tarde y mal, se abrazan a ellas para no perder votos.

19 Enero 2010

Morir de éxito

Marçal Sintes

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VAMOS A olvidarnos por un momento de los intelectuales y opinadores que viven en los barrios elegantes y sin roce problemático con la inmigración. Olvidémonos también por ahora del embrollo causado por la flagrante contradicción legal existente en torno al empadronamiento de inmigrantes. Por supuesto, descartemos que las gentes de Vic o sus políticos sean distintos al resto de catalanes, o que estos últimos seamos menos tolerantes que el resto de ciudadanos del Estado español. Vayamos al fondo del asunto.

Y al fondo, curiosamente, es sencillo llegar: Vic supera el 25% de inmigración. La capital de Osona ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de exitosas políticas de integración. Todos recuerdan allí como el alcalde Francesc Codina, también de CiU como Josep Maria Vila d’Abadal, convenció a los vecinos, casi familia por familia, para que la entrada de la inmigración en los colegios se produjera con normalidad. El «modelo Vic» ha sido un modelo de éxito. No es por ello descabellado pensar que ese mismo éxito haya contribuido a hacer más atractiva la ciudad como destino para los inmigrantes. La otra cara de la moneda de este proceso lo encarna el fenómeno Josep Anglada y su Plataforma per Catalunya. En el Ayuntamiento lo han aislado en la oposición, pero la Plataforma no puede ser ignorada. No ella, sino sus votos, más de 2.800, más del 18%. Sólo CiU quedó por delante.

Propuestas como la de Anglada no florecen en cualquier sitio. Florecen en lugares donde la gente está inquieta porque percibe, con razón o sin ella, que los inmigrantes se han convertido en un serio problema. Una inquietud que, cabe suponer, también está viva en muchos de los que no votaron a Anglada, en muchos de los que no pasaron la frontera que separa a los partidos convencionales de la Plataforma, pero que podrían hacerlo, como ya ha ocurrido: en 2007 la Plataforma per Catalunya logró más del doble de sus votos de 2003.

El éxito de Anglada, sin embargo, no hay que perderlo de vista, es el síntoma de una inquietud, de un malestar. CiU, PSC y ERC no han querido que la situación se les fuera definitivamente de las manos. Han concluido que Vic no puede acoger más inmigrantes sin papeles. Que no cuentan ni con los recursos ni las herramientas suficientes, y que aun disponiendo de ellos resultaría igualmente muy complicado hacerlo. Que superar el 25% es mucho. Que la barca está llena.