11 enero 2006

El juez es un destacado detractor del proyecto en nuevo Estatuto de Catalunya

Críticas al presidente del TS y el CGPJ, Francisco José Hernando, por comparar el aprendizaje del catalán con el del baile de sevillanas dentro de una crítica al Estatut

Hechos

El juez Francisco José Hernando, presidente del TS y el CGPJ estrenó el 10.01.2006 un ciclo de conferencias sobre justicia organizado por EUROPA PRESS en el que habló del aprendizaje del catalán.

Lecturas

Interpelado sobre la negociación del Estatuto de Cataluña, el juez Hernando se mostró contrario a que el conocimiento del catalán sea «un requisito» para ejercer de juez en Cataluña:

«En este momento, el conocimiento de la lengua autonómica está considerado un mérito y así está reconocido, pero no debe ser una condición. «No creo que se deba imponer a nadie el conocimiento de una lengua que luego no tiene una proyección positiva en otros aspectos de la vida. No obstante, si yo ejerciera en Cataluña aprendería el catalán, pero como un enriquecimiento personal, igual que si estuviera en Andalucía me gustaría aprender a bailar sevillanas».

12 Enero 2006

Lo último de Hernando

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, comparando su interés como juez por la lengua catalana con el que tiene en aprender a bailar sevillanas, según su destino sea Cataluña o Andalucía, no desmerecen del personaje. Hernando se ha caracterizado por sus tomas de posición estridentes, impropias del cargo institucional que desempeña y generalmente alineadas con el Partido Popular. De ahí que su fijación obsesiva por el proyecto de Estatuto catalán no sólo le lleve a decir inconveniencias insultantes como que el catalán «no tiene una proyección positiva en otros aspectos de la vida», sino a interferir con el mayor descaro en el debate político haciendo el juego al PP; a inventarse riesgos inexistentes como el de que un mismo hecho pueda ser delito en una comunidad autónoma y no serlo en otra -patraña recogida en el pronunciamiento del sancionado teniente general Mena durante la Pascua Militar- y a utilizar el Consejo General que preside para hacer informes contrarios al Estatuto que nadie le ha pedido.

Pero quizá lo más grave de la actuación pública de Hernando es haber abandonado la función mediadora que siempre se ha atribuido a la presidencia de este Consejo, incluso en sus momentos más conflictivos, alineándose con su actual mayoría conservadora y actuando de hecho como su jefe de filas. Por ello, no ha dudado en amparar con su voto decisiones que dividían gravemente el órgano que preside y en impulsar iniciativas que no le corresponden, como hacer informes por su cuenta, ahora sobre el proyecto de Estatuto catalán o antes sobre el proyecto de matrimonio homosexual, diciendo cosas tremendas de las que no tenía más remedio que desdecirse después.

Hernando dejará poco antes de un año un Consejo General del Poder Judicial más desacreditado que nunca en sus 25 años de existencia. Y a ello han contribuido de manera especial actuaciones verdaderamente asombrosas en el presidente del máximo órgano jurisdiccional del país, como dar su apoyo a la orden de «disparar a matar» a los sospechosos de terrorismo dictada por el Gobierno de Blair y que se llevó por delante en Londres a un ciudadano inocente, el brasileño Jean Charles de Menezes. Declaración que se vio obligado a matizar después. Con su más reciente reflexión Hernando ignora algo tan elemental como que el conocimiento de las lenguas del lugar donde ejerce su función tiene para el juez un valor instrumental que excede del mero enriquecimiento personal: aporta calidad a su trabajo y le acerca al justiciable, una exigencia básica de la justicia. Puede que el conocimiento voluntario de algunas de ellas tenga para Hernando una escasa «proyección positiva en otros aspectos de la vida», pero no hay duda de que la tiene para todos en el aspecto más fundamental, que es la convivencia.

26 Enero 2006

Consejo provocador

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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A menos de un año de concluir su mandato -en noviembre próximo-, el quinto Consejo General del Poder Judicial de la democracia, elegido bajo mayoría absoluta del Partido Popular, parece dispuesto a no desaprovechar el tiempo para subrayar su radical disidencia de la mayoría gobernante emanada de las urnas el 14 de marzo de 2004. No cabe interpretar de otra manera su obstinación en sacar adelante un informe contra el proyecto de Estatuto catalán que supone un desafío en toda regla al Congreso, que hace un mes le requirió expresamente para que se abstuviera de emitir cualquier dictamen al respecto.

Nunca el Consejo había llegado a un grado tal de sectarismo en sus 25 años de historia, por otra parte no demasiado modélicos en cuanto a su funcionamiento. Se comprende el escaso aprecio que tienen los españoles de la actividad del CGPJ, según los sucesivos barómetros demoscópicos de la propia institución. Pero nunca la institución había estado dominada por una mayoría de vocales tan ideologizada y parcial y por un presidente tan alejado de su función institucional de mediación como predispuesto a enarbolar él mismo la bandera de la confrontación. Hernando se comportó ayer más como el jefe de una facción que como presidente de un órgano constitucional, aportando su voto decisivo a una iniciativa que supone un claro desplante y una provocación al Parlamento. El presidente del Consejo rompía así su propia palabra comprometida en público, en el sentido de que El CGPJ no abordaría el informe sobre el Estatuto catalán para no interferir en las negociaciones políticas en curso.

Hernando negó recientemente legitimidad al Parlamento para controlar la gestión del CGPJ, porque, a su juicio, representa más a las mayorías partidarias que a la voluntad popular. Es posible que ese pintoresco argumento, impropio de alguien que está obligado a conocer el funcionamiento de la democracia parlamentaria, refleje una cierta añoranza por el sistema de representación corporativa de antaño. Pero expresa, sin duda, el interés de Hernando para que el órgano que preside funcione sin control democrático alguno y pueda hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo: hacer los informes que juzgue convenientes y al margen de las instancias legitimadas para pedírselos, que son el Gobierno y el Parlamento. La actuación de Hernando y de los nueve vocales que aprobaron ayer el informe sobre el Estatuto catalán desborda sus competencias, constituye una provocación al Parlamento y no va a ninguna parte. ¿Para qué podría servir un informe sin destinatario institucional y que, además, versa sobre un texto ya superado, si no es para tensar aún más el debate político sobre el Estatuto?