19 septiembre 2002

Críticas al Presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Francisco José Hernando Santiago por proponer tasas judiciales durante su discurso de apertura del año judicial ante el Rey

Hechos

El 17 de septiembre D. Francisco José Hernando Santiago dio el discurso de apertura del siguiente año judicial.

19 Septiembre 2002

Fuera de lugar

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El discurso de apertura del año judicial por parte del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, el pasado lunes, ha llenado de estupor a buena parte de la carrera. Entre los discursos corporativistas tradicionales, con acento en la falta de medios materiales y bajos sueldos, y la disertación filosófica divulgativa debería existir un punto intermedio. Y también entre la crítica política al Gobierno y la obsequiosidad, no menos política, hacia el poder.

Según el presidente del Supremo, estamos ante expectativas de ‘reforma y modernización’ de la justicia sin ‘término de comparación en la historia’; en una etapa en la que ‘la ilusión y las expectativas caminan de la mano en busca de cumplida satisfacción’ y en la que ya es visible, entre otros ‘felices frutos’ del Pacto por la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos, que muestra el ‘nuevo talante que impregna las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’, la prueba de cuyo acierto es ‘el interés mayúsculo que ha despertado en los poderes judiciales extranjeros’. Pues que sea enhorabuena, aunque tanta complacencia resulte impropia del lugar y la ocasión.

La propuesta de que los usuarios de la justicia contribuyan a sufragarla mediante tasas sólo se entiende como factor disuasorio del recurso excesivo a los tribunales. Pero entonces haría falta justificar la conveniencia de limitar esa tendencia de los ciudadanos a acudir a los tribunales. Si se trata simplemente de recortar el Estado de bienestar con el argumento de que los servicios los pague quien los usa, la cosa suena fatal. No es lo mismo una autopista que la justicia.

La parte más sobresaliente del discurso fue una larga perorata sobre inmigración. A pesar del buen gusto de citar a Sartori, para no ser acusado de plagio, Hernando deslizó algunas ideas que deben ser de su cosecha y que, en cualquier caso, no venían a cuento.

Empezar la reflexión sobre la inmigración partiendo del fanatismo de los que atentaron contra las Torres Gemelas está fuera de lugar. Y aunque sea cierto que ninguna diferencia cultural puede justificar los ataques a derechos individuales, resulta extemporánea la referencia a la necesidad de medidas de protección de las culturas españolas frente a las foráneas, o la necesidad de ‘no malbaratar’ la bonanza económica ‘acuñada por el esfuerzo de generaciones pasadas’. En fin, el énfasis puesto en alertar contra los riesgos de ceder a la presión de los inmigrantes sin papeles sólo se explica, en el contexto del momento, como un deseo (excesivo) de agradar a algún ministro.

17 Septiembre 2002

La Reforma De La Justicia No Se Debe Financiar Con Tasas

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Pleitos tengas y los ganes, afirma un viejo refrán castellano.Pleitos tengas y los pagues, habría que decir a partir de ahora si prosperase la propuesta de Francisco José Hernando, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Hernando defendió ayer que los ciudadanos que acuden a los tribunales paguen tasas para financiar la reforma de la Justicia, que exigirá un importante esfuerzo presupuestario. Exceptuó, sin embargo, a las personas sin recursos, que, según sus palabras, deben beneficiarse de una gratuidad tanto en el proceso como en la representación por parte de los abogados.

«No atisbo razón alguna por la cual la Justicia deba ser sufragada por la sociedad en su conjunto», aseveró el presidente del Supremo.La razón es muy sencilla: que la Justicia es un servicio esencial del Estado, como lo son el órden público, la sanidad o la enseñanza básica.

Hay dos pilares que sostienen la convivencia en un Estado de Derecho: las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. Si falla uno de los dos, no puede haber libertad ni seguridad personal.Por tanto, tiene sentido que el Estado garantice a todos los ciudadanos, pobres o ricos, el acceso a la Policía o a los jueces cuando son víctimas de un delito o son lesionados sus legítimos derechos.

Y ello no tiene nada que ver con la gratuidad de la Justicia, que no existe porque los tribunales y los jueces son costeados por todos los ciudadanos a través de los impuestos. Así es y así debe seguir siendo.

La introducción de tasas, como propone Hernando, no haría más que encarecer la Justicia y favorecer a quienes más recursos económicos poseen. Por otro lado, la extrema lentitud de los procedimientos judiciales en España ya implica un fuerte aumento de los costes para los ciudadanos, que, aunque no tengan que desembolsar un solo euro por las diligencias judiciales, deben pagar la minuta de abogados y procuradores.

Tiene razón Hernando cuando sostiene que la reforma pactada por PP y PSOE es muy cara. Eso ya lo sabían los dos partidos, que se mostraron dispuestos a hacer el esfuerzo presupuestario para sacarla adelante. Nada dijeron sobre el desembolso de tasas.

Sería muy conveniente que el ministro de Justicia aclarara hoy mismo la posición del Gobierno sobre un asunto que podría crear una justificada alarma en la opinión pública.