Detenido el coronel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, Máximo Blanco López, dentro de una investigación sobre narcotráfico

La detención e ingreso en prisión del teniente coronel de la Guardia Civil Máximo Blanco, al que se relaciona con una red de narcotráfico, no podría ser despachada como un suceso más. Primero, por el hecho en sí: aunque después de Roldán ya nada resulta increíble, debería serlo que un alto mando de la Guardia Civil sea un (presunto) delincuente; segundo, por los antecedentes de esa persona: alguien que ya había sido investigado por supuestas relaciones con el mundo del narcotráfico; tercero, por tratarse del oficial que denunció la supuesta implicación del entonces coronel Rodríguez Galindo, cuando estaba al frente del cuartel de Intxaurrondo, en actividades de contrabando destinadas a financiar la lucha antiterrorista. Investigar no es probar, pero no puede dejar de llamar la atención que un mando de la Guardia Civil del que se sabía, por ejemplo, que solicitó la entrega de dos millones de pesetas a un conocido narcotraficante -que más tarde sería asesinado por ETA- haya podido seguir su carrera en el cuerpo. También sorprende que un teniente coronel con destino en la Agrupación de Tráfico tenga negocios en sociedad con quien ha resultado propietario del yate en que fueron aprehendidas cinco toneladas de hachís. Roldán llegó a quejarse, en una famosa entrevista publicada cuando ya estaba huido, de que sus ocupaciones al mando del instituto armado le impedían dedicar el tiempo que hubiera deseado a sus negocios. Pronto se supo en qué consistían esos negocios: cobrar comisiones ilegales y embolsarse los fondos reservados. Pero aunque se trate de actividades legales, ¿es normal que altos mandos de la Guardia Civil puedan dedicar parte de su jornada a sus negocios particulares? ¿Es esto algo habitual? Por supuesto que corresponde a los jueces establecer las responsabilidades penales. Pero el asunto es lo suficientemente grave como para que la Dirección de la Guardia Civil y el ministro del Interior aporten explicaciones rápidas y convincentes.

No hay peor delito que el cometido por los responsables de hacer cumplir la ley. Delincuentes de esa laya abundaban en el cuartel de Intxaurrondo: el teniente coronel Máximo Blanco, número dos del general Rodríguez Galindo en los años de plomo de los GAL, ha sido detenido por su vinculación con el narcotráfico. La juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional en el marco de una operación antidroga en la que se han decomisado 5.400 kilos de hachís. No es ésta la primera vez que Blanco López aparece ligado al comercio ilegal de estupefacientes. Estando destinado en el cuartel donostiarra, se le acusó de recibir dos millones de pesetas de un narcotraficante, Antonio Olarte, posteriormente asesinado por ETA. Fue precisamente Blanco el primer oficial que vinculó a Galindo con el narcotráfico en la investigación interna que la Guardia Civil ordenó para contrarrestar la que realizaba el fiscal Navajas. Pero ese informe no sirvió para esclarecer, sino más bien para ocultar las gravísimas acusaciones y se cerró sin consecuencias para Galindo, aunque sí para Máximo Blanco, que fue trasladado a Extremadura. El correctivo, como se ve, no lo apartó del negocio del narcotráfico. Blanco ha salido indemne de las investigaciones de los casos Zabalza, Oñederra y Lasa y Zabala, pero su trayectoria es el exponente de la huella que Galindo imprimió a la lucha antiterrorista en los años que estuvo al frente del cuartel de Intxaurrondo: la actuación ilegal como método, aplicable tanto a la hora de torturar a los detenidos y acabar enterrándolos en cal viva, como a la hora de buscar un lucrativo negocio personal profundamente repudiado por la sociedad: el tráfico de drogas.