DIARIO16 dirigido por Miguel Ángel Aguilar Tremoya, desvela que el Gobierno de Arias Navarro practicó el espionaje telefónico pinchando conversaciones de Areilza y Senillosa

«He solicitado a parlamentarios catalanes que interpelen al Gobierno sobre el tema de las escuchas telefónicas, existentes bajo el franquismo y que, en mi opinión, continúan perdurando», manifestó ayer a EL PAIS Antonio de Senillosa, principal dirigente del Partido Popular de Cataluña.Senillosa manifestó también que él oye a menudo, a través del auricular de su teléfono particular, ruidos que cree identificar como procedentes de una cinta magnetofónica. Manifestó también que Diario 16 tiene en su poder casettes con grabaciones de conversaciones telefónicas privadas entre él y José María de Areilza.

«He reconocido las voces y recordado el contenido de aquellas conversaciones, la mayoría de las cuales tuvieron efecto durante la agonía del general Franco y las semanas siguientes a su muerte», agregó Senillosa.

La fuente informante señaló a EL PAIS que el mencionado diario piensa publicar en breve el contenido de aquellas grabaciones, en las que, sospechando una escucha, ambos interlocutores utilizaban frases que correspondían a una clave previamente concertada.

Así, la expresión operación Kubala aludía a la posibilidad de que José María de Areilza fuese llamado para formar Gobierno, mientras que Santiago Carrillo era designado como Frère Jacques, si bien los autores de la escucha traducían impropiamente esta última expresión Santiago Francés.

Se da la curiosa circunstancia de que algunas de las grabaciones fueron efectuadas cuando José María de Areilza ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la Monarquía.

En las grabaciones magnetofónicas también aparecen repetidas veces los nombres del teniente general Gutiérrez Mellado, Pío Cabanillas, Manuel Fraga y otras importantes figuras de la vida política.

Nada más anunciarse la posibilidad de un retorno político del Conde de Motrico, nada más asomarse el gran político, con un par de artículos magistrales, a las ventanas informativas, alguien ha sacado a la luz ese asqueroso asunto de las escuchas telefónicas y algún pudibundo rotativo, de esos que identifican la pornografía nefanda con ese colosal experimento de higiene espiritual y cachonda en que andan metidos los señores Asensio, Álvarez Solís, Martín Ferrand, Julián Lago y otros colegas [INTERVIÚ y el Grupo Zeta], insinúa con la peor leche condensada del mundo, que el señor Areilza no queda muy bien parado del trance.

Muy al contrario, el señor Areilza y el Sr. Senillosa han dado con este motivo un inmenso ejemplo de valor cívico, que les acredita como lo que es: unos caballeros de la política.

Estoy seguro de que, con este motivo, el señor Areilza estará recibiendo calladas adhesiones particulares. Desde estas crónicas, que antes de las elecciones, antes de su absurda defenestración, en las elecciones y después de las elecciones siempre jugaron limpio con él, vaya un expreso testimonio de solidaridad pública: que es, a la vez, un reconocimiento público de las amplísimas adhesiones y expectativas que su nombre suscita por toda la franja mediterránea, en la que estee cronista tiene plantada su tienda desde la primavera electoral.

Ricardo de la Cierva

DESPUÉS DE cuarenta años de dictadura no hay lejía capaz de lavar la ropa del país. A pesar de las numerosas y dignas excepciones que han padecido persecución por la justicia, hay que tener conciencia que en su conjunto la colectividad hubo de aceptar, de grado o por fuerza -y quien no se opuso a la fuerza por la fuerza, en última instancia aceptó la dictadura-, estos ocho lustros de autoritarismo. En el terreno de la moral colectiva, por tanto, la comunidad no tiene más que una solución: hacer tabla rasa, optar por el olvido y la indulgencia, mirar hacia el futuro para construir una democracia un poco más auténtica y menos enteca que la que estamos estrenando. No hay que mirar hacia atrás, o al menos, mirar hacia atrás sin ira.Estas reflexiones vienen a cuento por la frecuencia inquietante con la que están surgiendo de los medios más podridos de nuestro pasado una serie de documentos, de secretos, de denuncias, que pretenden todos -con una intencionalidad política clara y ejercida en un sólo sentido-, el de desprestigiar a la democracia. El procedimiento consiste en sacar supuestos trapos sucios a la luz pública, atentar al prestigio de personas o de instituciones que están comprometidas en el necesario proceso de cambio político que exige hoy la comunidad.

A estos exhumadores nostálgicos del fascismo, a estos cazadores de brujas pretéritas, hay que decirles que la amnistía es para todos. Que lo que necesita el país es el perdón, la tolerancia y la coexistencia pacífica. Que encontrar un enorme porcentaje de colaboradores con el franquismo entre los que hoy protagonizan el cambio democrático es algo perfectamente normal, teniendo en cuenta que el 70% de la sociedad española ha nacido y vivido bajo el régimen implacable de una dictadura que no permitía más que la integración o la marginación -si no la autoeliminación de una sociedad integrada a pesar suyo-, porque en política quien calla no otorga: lo más probable es que calle porque no le han dejado hablar. No podemos empezar ahora a rememorar la infancia de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Defendemos la claridad informativa, la transparencia, pero siempre que no se desvirtúe, que no sea utilizada como golpes bajos contra todos aquellos que hoy están empeñados en conseguir la democracia. Como se dice en las Escrituras, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Pues lo que está sucediendo es precisamente que quienes tiran estas primeras piedras son precisamente aquellos que disponen todavía a su antojo de los archivos de la podredumbre. Quienes han acaparado la información de los setenta y tantos servicios secretos carentes de credibilidad, acumulados por la dictadura durante estos ocho lustros. Esto se llama reavivar la discordia, enturbiar deliberadamente el camino hacia adelante, sembrar la confusión, la calumnia y hasta la injuria en el resbaladizo terreno de las relaciones políticas. Esto es una gigantesca manipulación del pasado, que se hace, para colmo, con el material acumulado por unos servicios que, en muchos casos, no aspiraban a informar, ni a proteger la seguridad del Estado, sino a justificar un sueldo con la ocultación de abusos o la adulación a los jefes.

Como, por casualidad, toda esta información reservada -que repetimos carece de toda contrastación judicial- va en un sólo sentido, y aparece en los círculos de la ultraderecha que alimentó el franquismo. Todos estos documentos elaborados con el dinero de los contribuyentes y contra su propia sangre, son la memoria histórica de la parte más vergonzosa de nuestro pasado. Que no se oculte nada, que la verdad se abra camino, pero que la historia autentificada no se confunda con injustas descalificaciones personales.

LA INFRACCIÓN de normas penales por funcionarios públicos, obligados a respetarlas por compromisos de honor y también por las remuneraciones que reciben con cargo a los presupuestos, adquiere una connotación todavía más grave cuando quienes violan las leyes pertenecen, además, a cuerpos especiales encargados de perseguir a los ciudadanos que atentan contra ellas. Las escuchas telefónicas realizadas por funcionarios públicos sin previo mandato judicial constituyen una alteración del orden jurídico idéntica a cualquier otro delito que viole los derechos a la intimidad de las personas. Un acontecimiento, relativamente reciente, mostró hasta qué punto sociedades de vieja tradición democrática interna consideran una cuestión de principios la protección de las libertades ciudadanas frente a las crecientes invasiones del Estado. Porque el asunto Watergate no finalizó hasta que el encadenamiento de responsabilidades y complicidades llegó hasta la propia presidencia de la República norteamericana. y forzó a Richard Nixon a dimitir de su cargo.La reivindicación -en declaraciones a Diario 16- por algunos miembros del Cuerpo General de Policía de la inaudita hazaña de haber registrado las conversaciones telefónicas del ministro del Interior abre un nuevo capítulo en, la historia de los abusos del poder y de la arrogancia de quienes utilizan para fines particulares las atribuciones de la función pública que desempeñan. Asombra, ante todo, el descaro y la jactancia con que varios funcionarios, a quienes se han confiado competencias y medios materiales para hacer respetar la ley, proclaman haberla quebrantado. Si la tristemente célebre nota de la Asociación General de la Policía, fechada el pasado 30 de agosto, bordeaba ya las fronteras de lo tolerable, resulta, difícil excluir la hipótesis de que ahora se trata de una provocación, ideada para someter al Gobierno a una prueba de fuerza. Porque nos hallamos, de confirmarse los hechos, ante una insubordinación en toda regla, protagonizada por un grupo de funcionarios de un cuerpo básico de la seguridad estatal que se esfuerza por arrastrar tras de sí, invocando la solidaridad profesional, a todos sus compañeros. Una insubordinación que, de añadidura, no deja al Gobierno salida alguna para la negociación con quienes la han protagonizado. Si a los custodios de la ley se les permite infringirla, a ningún ciudadano se le podrá exigir que la cumpla.

Se pone, así, espectacularmente de manifiesto el fondo de la cuestión que está latiendo en todo el conflicto entre un sector del Cuerpo General de Policía, por un lado, y el resto de la Administración y la sociedad española, por otro. Los absurdos intentos de transformar a los partidos políticos, a las instituciones democráticas y a las más altas jerarquías del Estado en culpables de la impunidad de los atentados terroristas no se reducen al deseo de proyectar en los demás las propias responsabilidades. También implican una protesta porque la nueva legalidad democrática somete a control parlamentario y judicial las actuaciones policiales, excluyendo de su campo de atribuciones y competencias lo que no se halla conforme a derecho o lo que abiertamente lesiona o viola los derechos humanos de la persona. Con la reivindicación de su acción ilegal, el grupo de funcionarios que la ha perpetrado decide tomarse la injusticia por su mano; es decir, hacer patente que aspira a que entre sus derechos figure el de no respetar los derechos de los demás y no hallarse sujetos a la ley que obliga al resto de los españoles. Pero no puede existir Estado de Derecho si los miembros del aparato estatal no se someten a las mismas normas que vinculan a la sociedad entera. De otra forma, estarían abiertas de para en par las puertas para que los custodios de la ley se transformaran en propietarios del poder y los ciudadanos en súbditos. Los españoles protestan porqué los servidores del orden público son asesinados a mansalva por cobardes criminales que ocultan sus delirios tras supuestas motivaciones políticas. Pero ahora están absortos ante el hecho de que algunos guardianes de la sociedad quierán descargar sobre la propia sociedad sus responsabilidades.

La gravedad de las revelaciones hechas a propósito de las escuchas telefónicas alcanzan casi el techo del absurdo cuando se repara en que es el titular de la cartera del Interior, a cuyas órdenes se halla el Cuerpo General de Policía, la víctima de esa tropelía. Hay que recurrir a las novelas de Le Carré, o a la inversión especular de la paradoja de Chesterton en El hombre que fue jueves, para familiarizar a la imaginación con este despropósito: el ministro de la policía espiado por la propia policía, que en su loco proyecto de conseguir la autonomía total dentro del Estado rompe incluso el vínculo que le une con la Administración. ¿De verdad cree ese sector de funcionarios que el sueldo que reciben les llueve mágicamente del cielo y no de los bolsillos de los contribuyentes, o que la placa y la pistola de que disponen les pertenecen como propiedad privada y no como simple delegación del cuerpo social?

Digamos además que el intento de implicar a los medios de comunicación -entre ellos, este periódico- en esta rocambolesca insubordinación de miembros de un Cuerpo del Estado contra el Estado se halla, simplemente, fuera de lugar. En principio, porque la única conversación telefónica que ha tenido recientemente el director de este periódico con el ministro del Interior duró un minuto escaso y fue para concertar una cita. Si lo que se ha grabado -según los arrogantes funcionarios- es una conversación directa y personal el tema nos parece más preocupante todavía. Por lo demás, hay que esperar a oír. las cintas o leer su transcripción para dar fe de si efectivamente nos encontramos ante un estúpido caso de espionaje o ante una falsificación.

En cualquier caso, la prensa independiente lo es no porque esté siempre en contra de todas las posturas, sino porque no embandera por presión o necesidad ninguna. En el conflicto entre el señor Martín Villa y los sectores insubordinados del Cuerpo General de Policía, la autoridad del Estado y la dignidad de la sociedad están siendo defendidas por el ministro del Interior; ese mismo ministro cuyo cese o dimisión irrevocable se pidió en un editorial del que todavía no hemos dicho nada en contra, a raíz de los lamentables y sangrientos sucesos de Pamplona y Rentería. Si el Gobierno hubiera hecho valer su autoridad a tiempo, no se encontraría ahora en posición tan desairada.

Por último, es cierto que no debe juzgarse una institución por los hombres -o por parte de los hombres- que en ella trabajan. España necesita una policía democrática, y estamos convencidos de que en su gran parte esa policía está ya encuadrada en la existente. Nos parecen explicables y comprensibles las reacciones humanas, de compañerismo o de espíritu de cuerpo. Pero ni el país puede prescindir de los muchos y competentes policías que ya posee, ni permitir que los restos autoritaristás puedan echar a perderla institución entera.

AQUI NO ha pasado nada: las aguas vuelven a su cauce; se reanuda el diálogo entre el Ministerio del Interior y los sectores descontentos de la policía; los titulares de los periódicos anuncian que la situación se «normaliza». ¿Y las hipotéticas cintas con grabaciones de diálogos mantenidos por el ministro del Interior? «Nunca han existido», señalan unos. «No sabemos nada del tema», alegan ante el director general de Seguridad los responsables regionales de la Asociación Profesional de Policías. «Quemarán las cintas», anuncia en su primera página Diario 16, el mismo periódico que recibió la denuncia y que esperó en vano durante 48 horas bien las mismas cintas, bien la transcripción de las conversaciones. Como se ve con toda claridad, aquí no ha pasado nada. No vamos a seguir revolviendo la basura.Las escuchas telefónicas serían un delito: pueden ser un delito de espionaje o de violación de la intimidad y de la vida privada, derecho elemental de los ciudadanos en todo país libre. Su utilización sólo se le permite al poder en temas muy concretos -como la lucha contra el espionaje, contra la droga o contra la gran delincuencia y el terrorismo- y siempre con los debidos controles. Si alguien se declara poseedor de cintas provenientes de escuchas telefónicas realizadas al margen de estas normas se está confesando autor de un delito. Si además se enarbola como amenaza la eventual publicación de las mismas, el,delito se cualifica en chantaje. Si eso se publica en un periódico, la, policía debe actuar y buscar al delincuente. Si luego el mismo periódico anuncia que los poseedores de las cintas las quemarán y eso es cierto, se está cometiendo un delito más; la ocultación o destrucción de pruebas. Si todo empezó porque un funcionario dijo en una reunión de la Asociación Profesional de Policías que él tenía las cintas, todos los presentes tienen la obligación, corno policías y como simples ciudadanos, de identificar y detener a quien confiesa haber cometido un delito, so pena de convertirse en cómplices.

Todo esto es muy rocambolesco. Según la sucesión de acontecimientos relatados por Diario 16, aquí hay una banda de espías. La obligación de la policía es entonces descubrirla y detenerla. Al fin y a la postre éste no parece un caso de difícil resolución.

¿Pero en realidad existen esas cintas? Sinceramente es muy de dudar. Claro que si ha sido un bluff no obstante, permanece el intento de chantaje. Debe descubrirse quién lo ha lanzado, en nombre de quién y exigirle responsabilidad es ante los tribunales.

¿Las cintas no aparecen? Hay que buscarlas. ¿Han sido quemadas «para no perjudicar a compañeros»? El tema no puede quedar impune. Esto ya no es sólo un tema de responsabilidades políticas, sino algo para los tribunales. El ministerio fiscal debe actuar. El prestigio del Gobierno, de la policía y de la propia administración de justicia anda por medio.