El abogado Emilio Rodríguez Menéndez (asesor del sindicato policial SPP) demanda al periodista de EL PAÍS Fernando Orgambides por desvelar que tiene historial criminal

El abogado madrileño José Emilio Rodríguez Menéndez, militante del Centro Democrático Social (CDS) y uno de los asesores jurídicos del Sindicato Profesional de Policía (SPP), consiguió recientemente de forma irregular, a través de tres funcionarios policiales, una cancelación de sus antecedentes delictivos que, en ningún modo, la Administración le podía conceder. Para ello, uno de estos funcionarios ocultó ciertos documentos de los archivos policiales. El Ministerio del interior ha ordenando una investigación sobre los hechos.

Fuentes próximas al departamento confirmaron ayer a este periódico que al menos tres policías están siendo objeto de una investigación sobre una supuesta irregularidad en la concesión de documentos, aunque prefirieron omitir sus nombres. Los policías podrían haber incurrido en un delito de infidelidad en la custodia de documentos, tipificado en el Código Penal con penas de prisión mayor y multas de 30.000 a 150.000 pesetas, «siempre que del hecho resultare grave daño de tercero o de la causa pública».Según una primera versión de los hechos, un funcionario solicitó el pasado mes de diciembre examinar el expediente de Rodríguez Menéndez, lo que se le permitió por su condición de policía. El 26 del mismo mes, otro policía se presentó en la Dirección General y pidió, de forma oficial, la cancelación de antecedentes del citado abogado, lo que se puso inmediatamente en marcha dado que la petición la realizaba «una persona de la casa».

Inmediatamente se cursaron las instrucciones oportunas y se comprobó que en los archivos policiales no figuraba ninguna reclamación o diligencia reciente sobre Rodríguez Menéndez, por lo que se facilitó un informe positivo sobre la concesión del citado certificado sobre cancelación de antecedentes. Ese mismo día se presentó en la Dirección General de la Policía un tercer funcionario, que se encargó de retirar el correspondiente certificado, que llevaba la firma, por orden, del director general de la policía.

La desaparición de la ficha

Semanas después se descubrió que alguna persona había retirado de los archivos policiales una ficha de reclamación correspondiente al citado Rodríguez Menéndez y comenzaron a surgir sospechas de que la desaparición estaba relacionada con la petición de cancelación de antecedentes.Comprobados estos términos, los investigadores llegaron al convencimiento de que uno de los tres policías que se interesaron por el certificado de Rodríguez Menéndez había retirado la ficha correspondiente para facilitar la concesión de la cancelación de antecedentes. Entonces se comprobó que existía una reclamación, al parecer, contra su persona de fecha 30 de agosto de 1980.

En aquella ocasión, un abogado, cuyas características correspondían con las de Rodríguez Menéndez, había sido denunciado, junto con otra persona, al parecer aparejador de profesión, por dos prostitutas, por presunta relación con un robo a punta de pistola de dos talones bancarios.

Rodríguez Menéndez, según informaciones policiales, estaba supuestamente implicado, con fechas anteriores, en dos delitos de estafa. Las recientes investigaciones policiales han puesto al descubierto que ya en una ocasión se le concedió a Rodríguez Menéndez otra cancelación de antecedentes, certificado que nada más se puede cursar en una ocasión.

Consultado por este periódico, Rodríguez Menéndez dijo que las acusaciones que pesaban sobre él «eran completamente falsas» y que tiene documentos judiciales que acreditan estar sobreseído de dos denuncias de querellas por estafa cuando era miembro del consejo de administración de una empresa constructora. Manifestó que la última denuncia sobre su persona fue una que presentó su ex esposa, con motivo de su separación, por malos tratos. Igualmente confirmó que, efectivamente, había pedido en otra ocasión la cancelación de antecedentes, pero por motivos políticos, dada su militancia en organizaciones antifranquistas.

Inspectores de policía supuestamente relacionados con la cancelación de antecedentes delictivos del abogado madrileño José Emilio Rodríguez Menéndez, militante del Centro Democrático y Social (CDS) y asesor jurídico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), están prestando declaración sobre el caso ante un comisario instructor designado por la Dirección General de la Policía.Esta medida ha sido adoptada por los responsables del Ministerio del Interior, departamento que abrió una investigación nada más tener conocimiento de los hechos. Para conseguir la cancelación de los antecedentes del mencionado abogado, participaron al menos tres policías, uno de los cuales ocultó, al parecer, ciertos documentos de los archivos policiales.

Por su parte, el SPP de Madrid ha difundido un comunicado oficial en el que afirma que mantiene su confianza en su asesor jurídico. Dice el SPP que «se honra en tener como asesor jurídico a José Emilio Menéndez Rodríguez».

El periodista Fernando Orgambides, redactor de EL PAIS, prestó declaración el pasado martes 23 de abril ante el juez de Primera Instancia número 11 de Madrid, Hipólito Hermida, en relación con una demanda contra su persona interpuesta por el abogado de policías José Emilio Rodríguez Menéndez, quien le reclama 20 millones de pesetas utilizando la ley de Protección al Honor y la Intimidad. Esta es la segunda ocasión en que el citado abogado, actualmente procesado por los supuestos delitos de intrusismo y estafa, emprende acciones judiciales contra dicho periodista. La primera lo fue por la vía penal, y fue sobreseída. Coincidiendo con estos hechos, se han recibido en la Redacción de EL PAIS diversas llamadas anónimas amenazando de muerte a Fernando Orgambides.

La demanda está relacionada con una noticia publicada en este periódico el 6 de marzo de 1984 y firmada por el citado periodista, en la que se informaba del descubrimiento de supuestas irregularidades en la cancelación de los antecedentes policiales del citado abogado, entonces asesor jurídico del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en Madrid. En la misma noticia, en la que se incluía la versión de Rodríguez Menéndez, se informaba que el Ministerio del Interior había ordenado una investigación sobre los hechos.La veracidad de la noticia fue confirmada tres días después en una conferencia de prensa que presidió el propio ministro del Interior, José Barrionuevo, y ratificada de nuevo con la apertura, por parte de la Dirección General de la Policía, de una investigación sobre los hechos, que fue encomendada al subcomisario Fernando Simón Salvat.

El letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, que reclama los 20 millones de pesetas (por la vía penal exigía 600 millones) amparándose en el artículo 7 de la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, está procesado actualmente por el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid por un supuesto delito de intrusismo y estafa, habiéndolo estado también por desacato hasta el 14 de diciembre de 1984 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.

El citado abogado, contra el que el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid sigue también un procedimiento oral, fue suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado por el Colegio de Abogados de Vizcaya, sanción contra la que recurrió ante el Consejo General de la Abogacía. El presidente de éste Antonio Pedrol, encargó a los juristas Fernando Garrido Falla y Jesús González Pérez que estudiarán la posibilidad de extender la efectividad de la sanción en el ámbito del Colegio de Abo- gados de Vizcaya al resto de los colegios del Estado. El 22 de diciembre de 1984, el Consejo General de la Abogacía desestimó «totalmente» el recurso presentado por Rodríguez y confirmó la suspensión de dos años y nueve meses que había impuesto el Colegio de Abogados de Vizcaya. El mismo abogado tiene también abiertos expedientes diversos en el Colegio de Abogados de Madrid, que se ha personado como parte en una de las causas judiciales contra él.

Rodríguez Menéndez, que manifiesta en la demanda «ejercer dignamente y con gran prestigio la profesión de abogado», ha alegado en procedimientos judiciales que la información publicada por EL PAIS ha «lesionado», por su vinculación con ella, a las siguientes organizaciones: Sindicato Profesional de Policía (SPP), Unión Sindical Obrera (USO), Asociación Profesional del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias (APCTIP) y Centro Democrático y Social (CDS).

Amenazas de muerte

Desde que se iniciaron los procedimientos judiciales, en El PAIS se han recibido numerosas llamadas telefónicas con amenazas de muerte y coacciones contra el periodista Fernando Orgambides, de las que se ha dado cuenta a los órganos competentes de la Dirección de la Seguridad del Estado. Rodríguez Menéndez, el pasado 25 de febrero, tras golpear al fotógrafo Blas Álvarez, entonces perteneciente a la plantilla del diario Liberación, dijo ante una veintena de periodistas que cubrían el caso Novás que se había confundido y que a quien quería agredir era a Orgambides, al que insultó en público.Entre las personas que ha citado como testigos la defensa de Rodríguez Menéndez en su demanda contra el periodista de EL PAIS figuran los inspectores de policía Jesús Nieto y José Martínez, expulsados recientemente del SPP por su participación en la detención del ex presidente de este sindicato Manuel Novás; los también inspectores Amador Miralpeix y José Manuel Ortiz, sobre los que se sigue procedimiento por el caso Castán -muerte de un policía armado al que se le practicaron malos tratos en comisaría-, y el ex funcionario de prisiones Jesús Manuel Sánchez Buenaposada, expulsado de este cuerpo porque, según un informe de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 3 de abril de 1984 y con número de referencia 6.2.2./2304 (expediente 18/84), «recibió un cheque por importe de 1,5 millones de pesetas por los trabajos profesionales efectuados por el abogado don Carlos García Cabrero a fin de lograr la libertad del ex interno Álvaro Levenfeld Tercero».