El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, acepta oficiar una boda entre homosexuales a pesar de que su partido, el PP tiene recurrido el matrimonio gay por considerarlo inconstitucional

La boda de dos militantes homosexuales del PP oficiada el sábado pasado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha removido profundamente las contradicciones en el principal partido de la oposición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un hecho que un grupo importante de políticos del PP, entre los cuales destacan el propio Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, Josep Piqué, presidente del PP catalán, y el líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, no comparten el rechazo radical del término matrimonio para las uniones homosexuales y aceptan -como inevitable o como deseable- la apertura de la sociedad española hacia la igualdad de derechos que tiene cualquier compromiso de pareja. Es una fisura importante en torno a un asunto de cierta importancia estratégica, puesto que en la oposición al matrimonio gay han hecho causa común gran parte de la dirección del partido -la de vocación más derechista- y la cúpula de la Iglesia católica, «inspiradora moral» del partido.

Constituidos en guardianes de la ortodoxia, el secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, y el diputado Jorge Fernández Díaz, hijo pródigo del nacionalcatolicismo, pidieron a los cargos públicos «coherencia y solidaridad» con la decisión de oponerse al matrimonio homosexual y con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley que lo permite. Arguyen que los alcaldes deberían delegar en concejales el oficio de las bodas gays. «Cuando lo haces personalmente», arguyó Fernández Díaz, en alusión directa a Ruiz-Gallardón, «y anunciándolo a bombo y platillo, lo conviertes en un acto político de insolidaridad y de deslealtad hacia tu partido». Tal argumento tiene todas las características de un pretexto construido a toda prisa para eludir el problema de fondo: una parte significativa de su dirección y otra no menor de su militancia hace oídos sordos a las decisiones obstruccionistas de su partido contra el matrimonio gay.

Ni siquiera como pretexto parece correctamente construido. Alcaldes y concejales del PP vienen oficiando bodas entre homosexuales desde que se aprobó la ley, sin excitar los reproches de la dirección. Parece razonable preguntarse si no será el hecho de que el oficiante haya sido Ruiz-Gallardón lo que ha motivado la irritada respuesta oficial del PP. Tampoco es signo de coherencia sugerir que los alcaldes puedan incurrir en deslealtad y, en cambio, los concejales puedan casar parejas del mismo sexo sin heterodoxia alguna. Cuando el PP pide a sus alcaldes que deleguen la celebración de bodas de homosexuales o «actúen con discreción», les está pidiendo que actúen de forma vergonzante, de tapadillo. Ésta sí es una llamada a la incoherencia y a la hipocresía.