El Banco de España interviene el Banco Madrid, aplastando a su propietaria, la Banca Privada de Andorra (BPA), acusado de blanqueo de capitales y de encubrir a la familia Pujol

El Banco de España intervino anoche el Banco de Madrid, filial controlada al 100% por Banca Privada d’Andorra (BPA), tras la investigación iniciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Éste acusa a la entidad andorrana de actuar como vehículo para el blanqueo de capitales y de «proveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el contrabando».

Horas antes, el regulador del Principado había anunciado la intervención de BPA. Esta entidad es la responsable de custodiar el legado de la familia Pujol, ayudó a regularizar la fortuna oculta durante 34 años y se ha negado a colaborar con la Justicia.

El Banco de España ha asignado a dos de sus empleados como interventores de Banco de Madrid durante un periodo preventivo de 60 días. Su responsabilidad será asegurar la continuidad de su operativa, mientras prosiguen las investigaciones sobre la matriz andorrana.

Sobre la actividad de Banco de Madrid no aparece ninguna mención en el extenso documento enviado ayer por el Tesoro estadounidense, aunque sus operaciones, centradas en la gestión de patrimonios y la banca de inversión, podrían verse afectadas si, tal y como ha pedido el supervisor de EEUU, se prohibe en un plazo de 60 días, que BPA, «así como otros bancos extranjeros que están siendo usados para procesar transacciones, abran o mantengan cuentas con entidades estadounidenses».

A diferencia de otras intervenciones llevadas a cabo por el Banco de España en los últimos años, la que tuvo lugar anoche no tiene que ver con la solvencia de la entidad. Se trata, de hecho, de unos de los bancos españoles con mejores ratios de capital (38,4%). La intervención pretende asegurar el funcionamiento del banco, cuyos clientes son rentas altas y grandes patrimonios, mientras continúa la investigación y se aclara si BPA utilizó a su filial española para blanquear dinero.

BPA fue el responsable de ocultar durante años al fisco español la fortuna de la familia Pujol, que con anterioridad la tenía depositada en Andbank, otro banco andorrano. A través de la filial española se encargó de regularizar tres millones de euros con la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno en 2012.

Para lograrlo, la mujer del ex presidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos abrieron cinco cuentas en Banco de Madrid, la entidad encargada de efectuar las declaraciones complementarias para limpiar el dinero oculto.

Fuentes de la entidad señalaron ayer que el banco seguirá operando «con total normalidad» y que «está al corriente de todas las inspecciones y cumple con todos los criterios de solvencia, liquidez y capitalización establecidos».

La investigación del departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de Estados Unidos señala que existen «bases razonables» para concluir que varios altos ejecutivos del banco andorrano facilitaron servicios y operaciones a conglomerados y organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. La entidad ha sido incluida en una lista de seis bancos que constituyen una «preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales».

Entre las prácticas ilegales detectadas figuran operativas de blanqueo de fondos procedentes de la petrolera pública venezolana (PDVSA), del millonario ruso Andrei Petrov –detenido en España en 2003– y de la trama de fraude fiscal orquestada en España por el empresario chino Gao Ping.

En este caso particular detalla que «Ping estableció relaciones con bancos andorranos para lavar dinero en nombre de sus organizaciones criminales y numerosos empresarios españoles». Ping, continúa la acusación, «pagó desorbitadas comisiones» a empleados de alto rango de BPA para que aceptarán depósitos de dinero en cuentas menos vigiladas y transferirlos posteriormente a sociedades pantalla en China.

ATRACTIVA PARA EL CÁRTEL

La unidad contra el blanqueo de capitales estadounidense señala a BPA como una entidad «muy atractiva y bien conocida» para las sociedades pantalla encargadas del lavado de dinero en todo el mundo. Detalla que los escasos controles internos llevaron incluso a que el cartel mexicano de Sinaloa se pusiera en contacto con directivos de BPA para que actuaran de intermediarios con clientes habituados a lavar dinero. La sociedad vinculada a la organizaciçon criminal mexicana incluso notificó a sus clientes que la relación con BPA y determinados altos cargos del Gobierno andorrano aseguraría que sus transacciones no fueran descubiertas por la comunidad financiera.

La investigación también identifica a otro alto directivo de BPA que, entre 2011 y 2013, aceptó elevadas comisiones para procesar transferencias ilegales. Y señala directamente a los Gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: «Esta actividad estaba relacionada con el desarrollo de sociedades encargadas de desviar fondos desde la compañía petrolera pública de Venezuela (Petróleos de Venezuela) por un importe aproximado de dos millones de dólares».

«Esta red estaba bien conectada con altos cargos del gobierno venezolano y utilizaba varios métodos para mover fondos, como contratos falsos y préstamos mal interpretados», continúa el escrito del Departamento del Tesoro.

INVESTIGACIÓN INTERNA

El banco andorrano, propiedad de la familia Cierco –y cuyo presidente forma parte de la junta del Fútbol Club Barcelona –, ha abierto una investigación para «esclarecer estos hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades». La entidad señaló ayer que las investigaciones que ha iniciado Estados Unidos «se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a sus filiales internacionales».

BPA cuenta con siete sucursales en el Principado de Andorra y canaliza gran parte de las inversiones de sus clientes a través de cinco filiales establecidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay. La filial panameña está calificada por el supervisor bancario de aquel país como una entidad offshore, es decir, como un banco opaco y no adscrito a las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales.

BPA tiene relaciones con entidades internacionales establecidas en los grandes centros financieros de Estados Unidos, Europa y Asia. En concreto, en Estados Unidos tiene abiertas cuatro cuentas bancarias con otros tantos bancos del país.

El Departamento de Tesoro ha solicitado la apertura de un reglamento que conllevaría la prohibición de que el banco andorrano, «así como otros bancos extranjeros que están siendo usados para procesar transacciones, abran o mantengan estas cuentas en entidades estadounidenses».

Al presidente de un banco no se le puede pedir que conozca a todos los clientes, pero sí que al menos sea capaz de dilucidar si la estructura existente era la correcta»

Hace ya 24 años que Ausbanc celebró, en el madrileño Hotel Villarreal, un foro titulado ‘Libertad y derecho de la competencia en el sistema financiero español’, que contó con la presencia del entonces presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de José Pérez, quien en aquella época era el todopoderoso director general de Inspección del Banco de España.

Ante la sorpresa de los asistentes a aquel foro, José Pérez anunció que en cuestión de unas horas se iba a intervenir un banco por su situación financiera. No dijo el nombre de la entidad, pero en la mente de todos estaba claro de cuál se trataba: el Banesto de Mario Conde.

Ironías de la vida; unos años más tarde, el propio José Pérez iba a ver cómo el banco que él presidía, Banco Madrid, resultaba también intervenido. No está claro cuál es su papel en la gestión de Banco Madrid pero lo que sí está claro es que, en su calidad de experto banquero, debería haber habido cosas que le tendrían que haber chirriado. A un presidente no se le puede pedir que conozca a todos los clientes, pero sí que al menos sea capaz de dilucidar si la estructura existente era la correcta, con un consejero delegado que compaginaba su labor con la de consejero delegado de la matriz. Parece extraño, ¿no?

Tampoco debemos olvidar que José Pérez, junto con Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el despacho Uría fueron quienes diseñaron el modelo de los SIP (Sistema Institucional de Protección), del que sacaron una gran rentabilidad para su pecunio personal, a costa de hundir al 50% del sistema financiero español, que estaba constituido por las cajas de ahorros.

Lo cierto es que el devenir de la intervención del Banco Madrid tiene mucho recorrido aún, y todavía existen muchas responsabilidades por dilucidar a nivel institucional, corporativo e, incluso, personal.

Por ese motivo, Ausbanc Abogados ha recurrido en alzada la intervención, porque de acuerdo con nuestra opinión, no se dan los requisitos que para ello se establecen en el ámbito de la Ley 9/2012 de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de entidades de crédito.

Según la mencionada Ley, deben de existir indicios de una situación de gravedad. Tales indicios han de estar fundados, la gravedad ha de ser excepcional, y tiene que existir peligro de estabilidad, liquidez o solvencia.

Por lo conocido hasta ahora y por lo manifestado por el Banco de España, realmente da la impresión de que nada de esto se daba, sino que existía un colectivo muy determinado de clientes que serían los que habrían utilizado el banco para sus turbios fines.

No hay que olvidar que fue precisamente el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez quien autorizó la venta del Banco Madrid a la BPA andorrana. ¿Actuaría de intermediario en esa operación José Pérez?

La intervención ha coincidido con la reunión de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid para deliberar sobre la querella que Ausbanc interpuso en su día contra Fernández Ordóñez y Jaime Caruana, su antecesor, por los disparates cometidos durante la reestructuración del sector financiero.

La denuncia, interpuesta el pasado 11 de marzo del 2013 fue desestimada en su día por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid. En el recurso de apelación se incluyen nuevos datos e informes que se han ido haciendo públicos en los últimos meses y que constan en distintos procedimientos abiertos contra los responsables de la quiebra del 50% del sistema financiero español.

Entre los argumentos utilizados en el recurso figuraba que se debería haber desarrollado actividad instructora –cosa que no se hizo– conforme a las diligencias solicitadas en la querella, para que el instructor pudiera valorar con mayor sustento la admisión o no de la querella. Por ello, la inadmisión de la querella por parte del Juzgado es, cuando menos, precipitada y carente de justificación.
Resulta inadmisible que los cómplices en la destrucción del sistema financiero, con sus erróneas decisiones, sus laxas supervisiones y sus presiones para forzar fusiones entre amigos, queden sin su justo castigo. La destrucción del 50% del sistema financiero española no puede ni debe quedar impune.

Luis Pineda

Los supervisores financieros no tienen por qué ser los que acaben con un banco. La actuación de dos organismos atípicos puede ser suficiente. La Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero, que depende del Tesoro de Estados Unidos, y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, acabaron con Banco Madrid (BM) hace un año.

El FinCEN acusó a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del BM, de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las líneas de financiación. Nunca acusó al ya desaparecido Banco Madrid. Sin embargo, su matriz BPA, implicada en la trama, sigue operando.

El Sepblac —o fuentes cercanas a él—, filtró a la prensa un informe con casi una docena de clientes de BM pertenecientes a estructuras relacionadas con el blanqueo de capitales con origen venezolano, ruso, mexicano y chino. «Eran 12 clientes de 16.000 que había en el banco. No creo que sea suficiente para cerrar un banco», según un ex directivo del Banco Madrid.

Con estas noticias, en tres días, cundió el pánico. Los clientes acudieron a retirar el dinero y el supervisor decidió cerrar Banco Madrid y liquidarlo. Era uno de uno de los más solventes, con un ratio cercano al 30%, frente al 12% de media del sector. En este desastre también colaboró la detención en Andorra del consejero delegado de BPA y de Banco Madrid, Joan Pau Miquel, que sigue en prisión provisional.

España ha sufrido la crisis financiera más fuerte de su historia. El sector se ha reducido de 54 a 15 entidades. Pese a este tsunami, nunca se ha liquidado un banco. Sin embargo, la actuación conjunta de estos dos peculiares organismos y la precipitada reacción de las autoridades andorranas y españolas, que siguieron las indicaciones de EE UU, acabaron con Banco Madrid entre el 10 y el 13 de marzo de 2015. Los más afectados fueron los casi 300 trabajadores que perdieron su empleo y soportaron la sombra de sospecha sobre su honorabilidad, así como la familia Cierco, los accionistas, que pleitean para evitar perder todo el capital.

La mitad de la plantilla de la entidad reclama daños al supervisor

El 19 de febrero pasado ocurrió algo que hace más complicado el asunto: el FinCEN retiró su acusación. Sin dar más explicación. No dijo en qué se basó para lanzarla (e iniciar el cataclismo) y tampoco explicó en qué se apoya para quitarla. Por otro lado, del informe del Sepblac con terribles acusaciones penales que algunos medios airearon con todo detalle en un serial por capítulos, no se sabe más. Dos fondos han denunciado a los consejeros de BM por su gestión y por la existencia de estos supuestos defraudadores entre sus clientes. La Audiencia aún no tiene resultados concluyentes y la fiscalía ha retirado la acusación a los directivos y está pendiente de tomar una decisión sobre si investiga a los clientes sospechosos.

Varias denuncias

Pero hay tres denuncias más alrededor de este caso. Unos 130 empleados de Banco Madrid, casi la mitad de la plantilla, han presentado una reclamación económica al Banco de España por no intentar preservar la entidad ni venderla a un competidor. «Hubo negligencia y queremos un resarcimiento por el daño moral que sufrimos y la dificultad que tuvimos para encontrar trabajo», dice uno de los exempleados. También creen que el Ministerio de Economía y el Sepblac fueron responsables por la filtración, «pero es muy difícil demostrarlo».

Además, la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), ha interpuesto una acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración y una demanda contencioso administrativa contra el Banco de España por intervenir Banco Madrid. En total, PSN pide 16,5 millones por los cuatro meses que las inversiones de sus clientes estuvieron paralizadas y daños reputacionales.

Por otro lado, el despacho Cremades & Calvo Sotelo reclama 280 millones al Gobierno de Andorra por la intervención de BPA y el perjuicio causado a 300 clientes que todavía soportan un corralito que solo les permite sacar 2.500 euros a la semana. «Tanto Andorra como España sobrereaccionaron para agradar a Estados Unidos. La filtración del informe del Sepblac fue decisiva para hundir Banco Madrid», apunta Javier Cremades, socio del bufete.

El organismo estadounidense retiró su acusación casi sin dar explicaciones

Lo llamativo del informe del Sepblac es que días antes del 10 de marzo de 2015, responsables de este organismo comentaron a directivos de Banco Madrid que se les acusaban de faltas graves y muy graves castigadas con multas, pero que no había causas penales. Nada hacía prever el cierre del banco. Sin embargo, tras la acusación del FinCEN, aparecieron 23 operaciones que enviaron a la fiscalía «por indicios de delito». Fuentes del Sepblac apuntaron hace un año que la gravedad de los casos de su informe se incrementó al conectarlos con los de Andorra. Un informe de PwC ha detectado a 923 clientes de BPA como sospechosos de blanqueo de capitales.

El proceso liquidador continúa su lento paso. Abogados implicados en el proceso creen que se «pagarán casi todas las deudas por la solvencia del banco». Una solvencia que no evitó su desaparición.

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA), declararon ayer ante la juez instructora del caso BPA haber recibido “amenazas y extorsiones” de la Policía Nacional para obtener información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Los Cierco, querellados por el Gobierno de Andorra, aseguraron en su comparecencia que la policía les advirtió de que si no colaboraban “el banco moriría”.

Los accionistas mayoritarios del banco, que fue intervenido y posteriormente subastado, comparecieron ayer por la mañana ante la juez Canòlic Mingorance como inculpados por la querella que interpuso el Ejecutivo de Antoni Martí contra la cúpula de BPA, matriz de Banco Madrid. La entidad fue acusada por el departamento antifraude (FinCen) del Tesoro estadounidense de favorecer el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado de las mafias chinas y rusa en España, de cártel mexicano de Sinaloa y de una presunta trama vinculada a Petróleos de Venezuela.

A las diez de la mañana, compareció Ramon Cierco, quien defendió la gestión de la entidad y los mecanismos de control que se aplicaban para prevenir el blanqueo de capitales. A mediodía lo hizo Higini Cierco, quien al final de su declaración quiso poner en conocimiento de la juez las presuntas presiones de la policía española, según explicaron los propios empresarios.

Cierco aseguró que en 2014 el entonces consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel —hoy en prisión—, se reunió con el comisario jefe del departamento de Asuntos internos de la policía nacional, Marcelino Martín Blas. Según el relato que Cierco hizo a la juez, el encuentro se produjo a raíz de una petición de la embajada de España en Andorra bajo la amenaza de que si no accedía a él “el banco morirá”. La carta con la que jugaba España, según fuentes cercanas al caso, era la información sobre los casos Emperador y Clotilde, en los que podía tener alguna implicación.

Según Cierco, el alto cargo de la policía exigió a Miquel “información bancaria de Mas, Junqueras, Pujol y sus respectivas familias”, puesto que Pujol tenía depositados “no más de cinco millones de euros” en la entidad. Los responsables del banco pidieron consejo a un abogado de confianza de Barcelona y acudieron luego a la reunión con la policía.

Cierco sostuvo que, tras ese encuentro, la información facilitada fue filtrada a un diario y Pujol tuvo que admitir su fraude. El accionista del banco consideró ante la juez, sin embargo, que los datos proporcionados no satisfacieron a la policía y atribuyó a ese enfado la nota de la FinCen norteamericana. El empresario aclaró que no denunció antes esas presiones por “prudencia”, pero añadió que sí fueron comunicadas a varios miembros del Ejecutivo andorrano, entre ellos el presidente, tras la nota del Tesoro de Estados Unidos.

Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), declaró ante la justicia andorrana, que “la extorsión que me comunicó Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada de España, no proviene del Ayuntamiento de Adrall [en Alt Urgell, comarca catalana cercana a Andorra], por así decir, sino del Gobierno español”.

El diario ARA ha tenido acceso al audio de la declaración completa [grabada en video pero sin mostrar la imagen de los participantes y hablada en catalán, idioma oficial de Andorra]. De los 36 minutos, cuarenta y cuatro segundos, que duró la comparecencia el pasado 18 de agosto ante la juez Canòlich Mingorance, 20 minutos corresponden a la denuncia de las presiones que llevaron a la entrega de las cuentas bancarias, y su filtración, de Marta Ferrusola, esposa del expresidente Jordi Pujol, y de sus hijos Pere, Oleguer, Mireia y Marta, por valor de 3,4 millones de euros.

Cierco afirma tener pruebas de que el Director Adjunto Operativo en mayo de 2014, Eugenio Pino, estaba al corriente de las reuniones convocadas por el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín de Blas, una de ellas en el hotel Villamagna, a las que acudió el primer ejecutivo de BPA, Joan Pau Miquel. Estas reuniones, en mayo y junio de 2014, culminaron con la entrega de las citadas cuentas por parte de Miquel a De Blas, quien a su vez filtró los documentos a un medio de comunicación, El Mundo, que publicó bajo la forma de pantallazo el 7 de julio de 2014.

“Lo sabemos porque hemos podido confirmar que los policías nos seguían y nos fotografiaron en uno de los encuentros de Miquel y Martín De Blas, cerca de la Plaza de Colón”, declara Cierco. “Los dos [Martín De Blas y Pino] conocían perfectamente la operación. Lo sé por los documentos que he visto”.

Cierco explica que “en uno o dos meses, no dos años. obtendremos en Estados Unidos toda la información sobre las comunicaciones entre España, Andorra y EE.UU en aquellos meses”. Según señala, ahí se podrá apreciar cómo España aporta a la policía financiera norteamericana (FinCen) datos falsos para aumentar la presión sobre los propietarios.

Porque en los contactos que empiezan en mayo de 2014, ya aparece EE.UU. “Me llama Celestino Barroso. Le recibo en la calle. Le invito a subir. Me dice que no hace falta. En la calle me insiste en que tengo que hablar con una gente en Madrid porque de lo contrario el banco[BPA, propietario del Banco Madrid] morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo”, explica Cierco, quien pone en contacto a Barroso con Miquel. “Te llamará Félix”, le anticipa.

El primer ejecutivo de BPA, Miquel, recibe una llamada desde Madrid. Félix quiere verle, le espera en el hotel Villamagna. Félix es Marcelino Martín de Blas. Luego tendrán varios encuentros. Con el jefe de Asuntos Internos y otros policías.

“¿Qué le pide Martín de Blas a Miquel? Tres cosas: ¿Tienen cuentas [Artur] Mas y familiares, Oriol Junqueras y familiares y Jordi Pujol y su familia? Martín de Blas le advierte que si no le entregan los documentos o si hacen una denuncia el banco será intervenido. Insiste en que Estados Unidos está detrás de esta operación.

Miquel entrega finalmente el material, según relata Cierco. Son las cuentas bancarias que traspasan los familiares de Pujol del Andbank a la BPA en 2010. “Son 4,5 millones de euros, es todo lo que tenemos”.

Cierco especula con que Martín de Blas y su equipo cree que hay más dinero, que por eso siguen presionando a través de Estados Unidos.

En respuesta a su letrada, Cierco relata que en junio de 2014, el abogado José María Fuster Fabra, a quien tiene como asesor por ser un letrado que trabaja para la Policía, le invita a la boda de su primo hermano en Colmenar Viejo, en Madrid, que también trabaja para BPA. “Y para más inri me pone en una mesa con dos personas a las que no conocía. Son Martín de Blas y Eugenio Pino. Se me pegan dos horas en el aperitivo y dos horas en la comida. Yo no sabía qué decir ni qué mirar”.

Aquello fue el 21 de junio. Dieciséis días más tarde, el 7 de julio de 2014 Martín de Blas y Eugenio Pino, con el visto bueno del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según sale en las grabaciones con el entonces director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, filtraban las cuentas de los familiares del expresidente Pujol.

El ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha presentado ayer en la Batllía de Andorra una querella criminal por delito de coacciones y chantaje contra el comisario Marcelino Martín Blas y contra el ex agregado de Interior de España en la embajada de Andorra, Celestino Barroso, tras la de Higini Cierco, accionista propietario de la entidad.

Joan Miquel Miquel fue detenido el 13 de marzo de 2015 e ingresó en prisión preventiva en la madrugada del 16 de marzo por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Fue en el inicio de estas indagaciones, cuando Martín-Blas, entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, le citó en Madrid en junio de 2014, a través de Barroso, para presionarle para conseguir datos de cuentas bancarias de la familia del ex president Jordi Pujol que fueron filtradas días más tarde a un periódico de Madrid. Al parecer Martín-Blas ya poseía información sobre ellas procedentes de otra entidad, AndBank.

Miquel está citado a declarar el próximo lunes, día 14, por el juez Manuel Santolaria, a petición de la defensas de Cierco y de la familia Pujol. Por esta razón, señalan fuentes jurídicas, se ha anticipado a presentar la querella contra los dos funcionarios policiales citados.

El ex consejero delegado de BPA ha solicitado, asimismo, aplazar su declaración del lunes para comparecer en calidad de querellante. Fuentes próximas al financiero, por otra parte, desmienten una información aportada por el comisario José Villarejo según la cual Martín-Blas le habría hecho llegar 500.000 euros a cambio de los datos bancarios de la familia Pujol.

Dicha información figura en una nota de Villarejo de diciembre de 2014. Al parecer, el comisario, jubilado, pretende ahora acusar a Martín-Blas de haberse quedado con esa cantidad, que habría sido abonada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Justicia andorrana cree que la Policía española amenazó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir los datos bancarios de la familia Pujol. Dos juzgados del Principado investigan desde hace tres años a antiguos mandos policiales por los delitos de coacciones, revelación de secretos, chantaje y extorsión. Un comisario interrogado ha negado radicalmente los hechos y ha acusado a la entidad de ofrecer las cuentas a cambio de que se frenase la intervención del Banco de España de su filial Banco Madrid.

EL MUNDO ha tenido acceso a los sumarios judiciales. En ellos aparece «Celestino Barroso, inspector jefe de Policía y ex agregado de Interior en la embajada de España en Andorra» como una de las personas que habría puesto en marcha la operación en mayo de 2014. Fue entonces cuando, supuestamente, «telefoneó a Higini Cierco [máximo accionista de la entidad financiera]». Una vez cara a cara, el funcionario español le habría espetado: «Mira, quiero que sepas que sería conveniente que hablases con unas personas de Madrid para el tema del banco». «De lo contrario, morirá, y los americanos saben cómo hacerlo». Este entrecomillado procede de una grabación.

Se refería Barroso a la inspección que tenía en marcha en ese momento el banco por blanqueo de capitales y que desembocó casi un año después, en marzo de 2015, a pesar de las promesas policiales, en la intervención de la BPA y de su filial española, el Banco Madrid. Una actuación que se apoyó en un informe de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agencia dedicada a la lucha contra el crimen financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según un auto judicial, «aquella misma tarde» el predecesor de Barroso en la Embajada de España en el Principado reforzó la presión y «llamó, por su parte, a la secretaria del Consejo de Administración de BPA». Le transmitió el siguiente mensaje: «Dile a Joan Pau [Miquel, ex consejero delegado de BPA] que lo que le digan por teléfono lo acepte porque, en caso contrario, el banco morirá».

Miquel recibió en su despacho al agregado de Interior en Andorra, «que le dijo lo mismo que le había dicho Higini Cierco sobre la necesidad de ver a unas personas y las consecuencias que tendría no hacerlo para el banco», según consta en la narración de los hechos recogida en la documentación judicial.

Para demostrar que dice la verdad, el ex directivo de BPA ha aportado al juzgado la grabación de aquel encuentro, que tuvo lugar el 2 de junio de 2014: «Soy el portador de un mensaje de Madrid», señala el alto cargo de Interior en la conversación aportada. «Me han dicho que les comunique lo siguiente: ‘que el Banco de España tiene una inspección a Banco Madrid y se lo van a cargar y ya hay una empresa americana dispuesta a hacerse con el banco’», añade. «Pero… Me han dicho que les transmita que depende de ustedes que eso se quede en nada y se pare la inspección. Depende de que accedan a algo que yo no sé de qué se trata», agregó.

Tras escuchar la oferta, el ex directivo de BPA le requirió desconfiado a su interlocutor si la propuesta era «oficial». «¿Usted es policía?», le interrogó. «Sí, inspector jefe de Policía. Soy el agregado de Interior. Ésta es una misión muy mía».

«Pero entiendo que tiene un carácter oficial todo esto», le insistió escéptico Miquel. «Vamos a dejarlo entrecomillado», le contestó Barroso. «Les van a dar un hachazo y está en su mano pararlo. Ya le he dicho a Higinio que hablar no cuesta nada». Barroso emplazó entonces a Miquel a pasar a la fase decisiva de la operación. Le explicó que debía atender a una persona que se hacía llamar Félix y con la que tenía que reunirse en el Hotel Villa Magna de Madrid.

El pseudónimo era, según la Justicia andorrana, el comisario Marcelino Martín Blas, ex responsable de Asuntos Internos de la Policía, que formaba parte del grupo dedicado a investigar la corrupción en Cataluña.

El propio Miquel ha detallado en una declaración cómo, según él, se desarrolló aquel encuentro, anticipando que lo sucedido se asemejó a «una película de los años 60». «Tuve una conversación intrascendente al principio con Martín Blas, estábamos sentados en el Hotel Villa Magna en sofás separados y de pronto se sentó a mi lado y me dijo: ‘Tienes que estar muy atento’. Me abrió un periódico y apareció un texto que decía, más o menos, que el Estado estaba en guerra contra Cataluña y que la prioridad era el nacionalismo. Necesitamos que nos dé las cuentas que tenga de la familia Mas, Junqueras y Pujol. Cerró el periódico y me dijo: ‘¿Entiendes lo que te estoy pidiendo? No me tomes por idiota, quiero las cuentas de esta gente’», prosigue el relato de Miquel.

«Llamé a Higini y le conté las presiones porque Martín Blas me llamaba un par de veces cada semana. Quedé una segunda vez con él en el Villa Magna», abundó.

La Justicia andorrana ha tomado declaración de manera muy reciente al, por el momento, último eslabón de esta cadena, el comisario Martín Blas, que ha negado cualquier tipo de amenazas, pero que ha admitido que el ex consejero delegado del banco le entregó la información en mano en el hotel madrileño. Niega cualquier tipo de coacción, y sostiene que actuó en todo momento siguiendo instrucciones del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

«Miquel me dio medio folio, lo que antes se llamaba una cuartilla escrita como a máquina antigua. Allí estaba el nombre de Jordi Pujol, su señora y una hija, unos números y una cantidad de euros. Era un papel sin membrete, sin sello ni nada». A lo que, según el comisario ya jubilado, le sucedió una petición de ayuda «con el expediente del Banco de España». Martín Blas le contestó que él no podía hacer nada, que era un policía, y que no trabajaba para el Banco de España.

«El Banco de España tiene una inspección de Banco Madrid y se lo van a cargar»

Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado por la intervención de la entidad financiera tras haber sido exculpada la cúpula de la entidad por los tribunales de un delito de blanqueo de capitales. La demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, cuantifica en 141,6 millones de euros los perjuicios ocasionados por la intervención, que afectó directamente a su filial en España, el Banco de Madrid, que acabó desapareciendo.

Recuerdan los dueños de la entidad financiera, los miembros de la familia Cierco, que cuando se produjo la intervención, la BPA era un banco privado con presencia en seis países, Andorra, España, Suiza, Luxemburgo, Paraguay y Uruguay, y que a finales de 2014 disponía de unos activos que ascendían a los 1.985 millones de euros. Al mismo tiempo recalcan que su ratio de solvencia era del 15,38%, que «cumplía holgadamente» con los estándares establecidos. En el caso concreto de la filial española Banco de Madrid, contaba entonces con 15.000 clientes, gestionaba 6.000 millones de euros y custodiaba 695 millones en depósitos.

El Banco de España decidió intervenir en marzo de 2015, después de que el Instituto Andorrano de Finanzas (IAF) acordara a su vez la intervención de la matriz en el Principado. Todo ello a raíz de que el Departamento del Tesoro de EEUU considerara que la BPA era una entidad dedicada al lavado de dinero de origen ilícito.

La demanda subraya que casi siete años después de aquella operación, que tuvo una gran derivada judicial en la que se investigó a los propietarios y a sus principales gestores por lavado de fondos, tanto los tribunales como los organismos administrativos han exculpado a la BPA y a su filial española de los delitos que se le atribuyeron.

Así, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la investigación judicial contra la cúpula del banco en febrero de 2019 concluyendo que «los controles del banco existían y eran reales». Se basó para ello, subraya la acción judicial, en el peritaje llevado a cabo previamente por el Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que sostuvo que «lejos de favorecer operaciones tendentes al blanqueo de capitales, la cúpula directiva del Banco de Madrid reforzó el sistema de control previsto en la entidad».

En esta misma línea, recalca la demanda que también ha sido archivado recientemente el procedimiento sancionador de carácter administrativo incoado por el Sepblac. Este organismo sostuvo que los procedimientos para combatir el lavado de fondos «eran suficientes» aunque susceptibles de mejoras puntuales». Por lo que considera que incluso en la concesión de los créditos más controvertidos, como el que recibió el mafioso ruso Andrei Petrov, se otorgaron con «los correspondientes informes del órgano de cumplimiento, que no advertían ningún indicio de blanqueo de capitales». Entre sus clientes se encontraba también la familia Pujol, que ocultó durante décadas en el Principado una fortuna por la que será juzgada próximamente, el mafioso chino Gao Ping, destacados jerarcas chavistas o el cártel de Sinaloa.

De esta forma, la familia Cierco arguye que la actuación de las autoridades españolas provocó «un grave e ilegal daño patrimonial» que debe ser compensada. De hecho, la intervención provocó «una situación de pánico bancario» que desembocó en una «retirada masiva de depósitos» de al menos 124 millones de euros en sólo tres días y en la declaración de concurso de acreedores y posterior liquidación de la entidad. «La adopción de medidas por parte del Banco de España debería haber ido encaminada primordialmente a la protección de la entidad y a mantener la confianza en la misma por parte de sus depositantes. Ésa y no otra debe ser la misión del Banco de España como organismo de Derecho Público encargado de promover la estabilidad del sistema financiero español», apostilla.

En paralelo, los dueños de la BPA han impulsado en Andorra una investigación para que se determine la implicación del Gobierno de Mariano Rajoy en la caída del banco. Para ello han aflorado una grabación en la que ex agregado de Interior en el Principado, Celestino Barroso, presionó al ex consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, para que entregara a la Policía todas las cuentas bancarias de líderes independentistas catalanes bajo la amenaza de intervenir la entidad. Barroso emplazó a Miquel a que se reuniera con el entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y le facilitara la información. El ejecutivo de la familia Cierco relató ante la Justicia andorrana esta cita, que tuvo lugar en el madrileño Hotel Villa Magna, y en la que Martín Blas le reclamó la referida información bancaria.

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DATOS

1.985

millones de euros. Era el volumen de activos que tenía BPA a finales de 2014, según los gestores.

124

millones de euros. Es la cantidad a la que ascendió la retirada de depósitos de los clientes en los tres días siguientes a la intervención del banco.

A punto de cumplirse siete años de la caída del Banco Madrid, una de las entidades más solventes del sistema entonces, las incógnitas y las contradicciones sobre este caso único siguen aún vigentes. Todos sus gestores han sido exculpados de blanqueo de capitales, la acusación por la que dejaron la entidad que acabó intervenida y liquidada. Lo pagaron los 15.000 clientes —aún falta por recuperar parte del dinero de algunos—, los 300 empleados, que perdieron sus trabajos en una situación dramática, y los administradores, que han vivido un largo paseíllo judicial.

El caso se ha cerrado con una única acusación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac): una multa de un millón de euros a Banco Madrid por faltas en el sistema de control del origen del dinero, una sanción superada por buena parte de los grandes bancos españoles cada año. Pero nadie se ha hecho responsable de la caída del banco, lo que ha llevado a la familia Cierco, dueña del 75% del capital de la entidad, a reclamar 142 millones al Banco de España por considerar que su intervención y la del Sepblac “lejos de atajar la crisis vivida, precipitó su final en unos días”, según la demanda.

El primero de los dos hechos más graves llegó el 10 de marzo de 2015, cuando el FinCen, el departamento antifraude del Tesoro estadounidense, consideró a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del Banco Madrid, como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales” y le cortó toda su operativa en dólares, de forma que la ahogó y sacó del mercado.

BPA y sus clientes chinos, rusos y venezolanos

La entidad fue inmediatamente intervenida. BPA mantiene numerosas causas abiertas en Andorra —país que no reconoció el delito fiscal hasta 2014— por supuestas actividades ilícitas de sus clientes del crimen organizado de las mafias chinas y rusa, del cártel mexicano de Sinaloa y de antiguos jerarcas de la cúpula chavista de Venezuela. Todavía no ha habido condenas, aunque el consejero delegado del banco andorrano y el del Banco Madrid, Joan Pau Miquel, pasó un año y siete meses en prisión provisional.

Otro de los hechos relevantes es que 11 meses después de la acusación, el FinCen retiró la denuncia al entender que había cambiado la gestión en BPA y la legislación andorrana. “Este mecanismo es muy desproporcionado; no tiene sentido que exista en la legislación bancaria internacional porque no necesita presentar pruebas para acabar con un banco”, apunta un alto directivo de un organismo europeo que recuerda que Estados Unidos lo utiliza con entidades pequeñas, “nunca contra los grandes”.

Días frenéticos y pánico bancario

Los siguientes días fueron frenéticos y acabaron en algo insólito: la primera liquidación de un banco solvente vivida en España, tras quitarle la ficha bancaria. Se nombraron nuevos administradores del Banco de España y luego llegó la dimisión del consejo de administración del Banco Madrid “para preservar la estabilidad de entidad”, según el supervisor. Con esta salida se pretendió favorecer la búsqueda de una solución: segregar la filial española de BPA y venderla, según sus antiguos gestores, algo que no fructificó pese a su alta solvencia y tener “un modelo de negocio atractivo para los competidores, como se vio con la rapidez que se dieron para quedarse con los activos”, apuntan exdirectivos del banco.

Toda esta operación pasaba porque el Banco de España hubiera tranquilizado a los clientes —como ha ocurrido siempre en otras ocasiones— y así evitado el pánico bancario. Pero no lo hizo. La fuga de depósitos es el tercer hecho extraordinario. Además de conocerse la detención en Andorra del consejero delegado, entre el 11 y el 15 de marzo se filtraron los detalles más graves —nunca demostrados— del informe del Sepblac, así como la decisión de este organismo de enviar el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Un buen número de medios citaron “fuentes del organismo”, en referencia al Sepblac, para ratificar las informaciones sobre los supuestos clientes delictivos. El Mundo, que dedicó cuatro portadas consecutivas al caso, el 14 de marzo de 2015 afirmó que la investigación del Sepblac había sido “pilotada por el Ministerio de Economía”, dirigido por Luis de Guindos y cuyo secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, era el responsable directo del organismo. En una entrevista con el citado medio, el 16 de marzo, Fernández declaró: “Hay irregularidades en Banco Madrid”.

Juan Moscoso, entonces portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, pidió al secretario de Estado en su comparecencia sobre Banco Madrid que identificara las “fuentes del Sepblac” porque “aparecieron en todos los medios y sus informaciones condicionaron totalmente la evolución de la entidad”. Fernández de Mesa no respondió, pero anunció que el Gobierno del PP iba a investigar por qué el Ejecutivo socialista había permitido que BPA entrara en España a través de Banco Madrid, una operación que contó con el apoyo del Sepblac. Fernández de Mesa, ahora vicepresidente de la CEOE y presidente de Rothschild España, enmarcó sus actuaciones en un plan contra el blanqueo de capitales. El PSOE recordó que el PP permitió dos nuevas entidades andorranas en 2012.

Fuga de depósitos sin garantía del Banco de España

En mitad de estas tensiones, entre el 11 y el 15 de marzo, el Banco de España, dirigido por Luis Linde, decidió cortar a Banco Madrid su acceso a la operativa internacional en euros, un golpe tan mortal como lo fue para BPA el acceso al dólar. El supervisor no garantizó los depósitos, ni con líneas internas respaldadas por activos de la propia entidad, denominadas ELA, que no precisan de dinero público. Tampoco apeló a los recursos del Estado vía el Fondo de Rescate, FROB, como en tantos casos en cantidades cien veces más grandes.

Según Fernando Restoy, entonces subgobernador, Banco Madrid perdió el 20% de los depósitos y no había razones de interés general que justificaran el apoyo del dinero público. El banco entró en la UVI por problemas de blanqueo, que luego no existían en la filial, pero murió por falta de liquidez. El 16 de marzo se envió a liquidación, un proceso que todavía sigue abierto, con un coste significativo para los acreedores.

La ‘policía patriótica’ del PP

Sin embargo, la familia Cierco aseguró que todo empezó las primeras semanas de 2014. La causa fue la política: el independentismo catalán y la fortuna escondida de la familia Pujol, que la “policía patriótica” del Gobierno del PP perseguía con ahínco. El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, recibió un mensaje del comisario jefe de Asuntos internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas. Según relató Higini Cierco a la juez andorrana, la amenaza fue que si no facilitaban los datos buscados “el banco morirá”.

El cuarto hecho extraordinario es que Andorra separó el negocio sospechoso de BPA y relanzó un banco nuevo, Vall Banc, con el negocio sano, que está operativo. Banco de Madrid desapareció con todo su patrimonio, pese a su enorme solvencia y sin condenas de blanqueo. De hecho, el juez que determinó la inocencia de los directivos se basó en declaraciones de inspectores del Sepblac que negaron que tuviera una estructura para blanquear capitales, y hablaron de nuevos sistemas de control establecidos desde la llegada de José Pérez a la presidencia. También admitieron que de los más de 15.000 clientes, solo analizaron a 152 sospechosos.

“Todo será cínicamente presentado como resultado desgraciado de una secuencia de hechos fortuitos sucedidos en vertiginosa concatenación. No habrá culpables y el daño será irreparable”, afirma un exdirectivo de Banco Madrid.

Sigue la liquidación: faltan ocho millones del Fondo de Garantía

Aquel fatídico 16 de marzo de 2015 supuso el final para la mayoría de los 300 empleados que tenía Banco Madrid. Pero un reducido grupo, alrededor de una decena, tras vivir el ERE aplicado a toda la plantilla, se quedó con los administradores concursales. Gestionan problemas de herencias de clientes, fondos de inversión que se cerraron sin poderse liquidar y otros pequeños asuntos, según fuentes conocedoras de la operación.

El objetivo de este grupo es liquidar los aproximadamente 6.000 millones en activos fuera de balance y unos 1.000 millones que tenía el balance de la entidad. Tras superar los problemas legales de los fondos de inversión, que exigieron modificar las leyes, la gestora se vendió a Trea por 16,5 millones en el 2017.

Las expectativas de la liquidación global son optimistas, aunque todavía no se ha cerrado y nadie asegura que lo haga en 2022. Se espera recuperar el 99% de los activos, después de vender la cartera de créditos a un precio alto por las altas garantías de los clientes, según estas fuentes.

Sin embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos, que protegió con 100.000 euros por titular de cada cuenta, no ha recuperado todo. Inyectó 125 millones y, con las últimas cifras conocidas, a diciembre de 2020, todavía faltan ocho millones por recuperar. Entre el dinero del Fondo y el de Banco Madrid, falta un 13% del total, según fuentes de la operación.

La creencia más común entre los exempleados es que Banco Madrid se podía haber vendido sin problemas por su tipo de negocio. “Crecíamos al 20% anual, con buenos profesionales que se recolocaron en su mayoría, aunque otros lo pasaron muy mal. Sin embargo, se mezcló lo de Andorra y todo se acabó”, lamentan.