22 mayo 2010

La caída de la caja de ahorros se produce cinco años después de la salida del todopoderoso Miguel Castillejo

El Banco de España interviene la hundida Caja Sur destituyendo a su presidente, el sacerdote Antonio Gómez Sierra

Hechos

El 22.05.2010 la prensa informó de que el Banco de España intervenía oficialmente la caja de ahorros de Córdoba, Caja Sur.

Lecturas

mafo D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Gobernador del Banco de España

El Consejo de Administración de la caja fundada y controlada por la Iglesia católica de Córdoba rechazó la fusión con Unicaja (la primera caja andaluza), dejando como única opción ser  intervenida por el Banco de España. El organismo dirigido por  D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió, a la 1.30 horas del 21.05.2010, la sustitución de todo el Consejo de Administración por representantes del fondo de rescate (FROB). «Como consecuencia de los problemas de viabilidad y ante la imposibilidad de culminar la fusión con Unicaja», la intervención del Banco de España «garantiza que pueda seguir operando con normalidad». «Por tanto, los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos», aseguró ayer de madrugada el supervisor bancario. «El sistema financiero español no va a ver afectada su solidez en absoluto por esta situación», afirmó entonces el organismo que dirige el Sr. Fernández Ordóñez.

23 Mayo 2010

El segundo fracaso

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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La intervención de Cajasur obliga a investigar la responsabilidad de los gestores destituidos

La intervención de Cajasur, la caja fundada y gestionada por la Iglesia católica, en la madrugada del sábado, después de un rocambolesco fracaso de la fusión con Unicaja en el último minuto, resume las dificultades que están atascando el proceso de rescate de las cajas de ahorros y suscita muchos recelos sobre la capacidad del sistema financiero para regenerarse por el sistema de fusiones.

La noticia y sus consecuencias son pésimas. Cajasur estalla en el mismo momento en que los inversores dudan de la solvencia de los activos españoles, lo cual hace temer nuevas subidas del diferencial de deuda en los próximos días; y llega cuando el Gobierno se dispone a aplicar un drástico recorte del gasto. Los depósitos de Cajasur están garantizados después de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la entidad, cuyo Consejo de Administración fue destituido de forma fulminante, seguirá operando con relativa normalidad.

El fracaso de la fusión (el segundo que cosecha Unicaja) no puede despacharse sin más con una intervención de urgencia y la tranquilidad de que la quiebra de Cajasur no implica riesgo sistémico. Existe una culpa flagrante de los directivos, con su presidente, el sacerdote Santiago Gómez Sierra en primera línea, en la gestión de la caja andaluza, a la que han dejado con unas pérdidas de casi 600 millones en 2009; y esa responsabilidad se agrava por la incapacidad del Consejo para aprobar una fusión que era la salida más honorable y más barata. En su lugar, sea por la falta de entendimiento con Unicaja, sea por el pánico a un conflicto laboral, los consejeros de Cajasur decidieron endosar el problema al erario público (el FROB ha inyectado 550 millones en la entidad). La moraleja, vista desde la calle, es sencilla: mientras los parados, los pensionistas y los funcionarios pagan las consecuencias de la crisis, el Consejo de Cajasur carga sobre el Estado la factura de su incompetencia.

Ahora le corresponde al Banco de España actuar con el máximo rigor. Después de la destitución del Consejo (que debería extenderse a la Fundación), el regulador tiene que abrir una investigación para determinar si cabe exigir responsabilidades civiles a los gestores. No es saludable asistir a rescates financieros con dinero público sin corregir las conductas de quienes arruinan instituciones saneadas.

El Banco de España tampoco queda en buen lugar. Sus advertencias no han evitado el estropicio de la fusión andaluza (Cajasur es la segunda intervenida, después de la de CCM en marzo de 2009). Algunos Gobiernos autónomos (Galicia en especial) han desafiado su autoridad y han impuesto, contra toda racionalidad, fusiones de cajas con el único criterio de mantener una ventanilla para asegurar los préstamos regionales. El tiempo se acaba, hay riesgo de insolvencia en varias cajas y flaquea el método elegido para las fusiones. Si hay un momento adecuado para demostrar que el Banco de España controla firmemente la reforma financiera, es este.

17 Julio 2010

La mejor opción

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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La solvencia de la BBK facilitará el rescate de Cajasur con menos coste para el erario público

El Banco de España ha tomado la mejor decisión al aprobar la venta de la caja andaluza Cajasur, quebrada bajo la dirección del cabildo eclesiástico cordobés, a la caja vizcaína BBK. Hay sobradas razones que explican esta adjudicación, desde la evidente fortaleza de la caja vizcaína -es la más solvente de España- hasta el mínimo coste esperado de la reflotación de Cajasur -apenas 400 millones de euros- respecto al de la crisis de Caja Castilla La Mancha, 10 veces más costosa para el erario público. Además, es una ventaja el que la BBK vaya a inaugurar con Cajasur la fórmula de colocar los activos financieros de una caja en un banco, separándolos de las funciones de representación institucional y obra social, tal como lo permite la nueva Ley de Cajas. En términos de racionalidad, la adjudicación de Cajasur resuelve un problema grave para el sistema financiero y demuestra que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) puede aplicarse con éxito.

Esa racionalidad no ha sido óbice para que se desate una virulenta reacción de las fuerzas políticas autonómicas, que va desde el tibio acatamiento de la Junta de Andalucía hasta los pronunciamientos de aldea que han protagonizado el Partido Andalucista (PA) -se ha declarado «insumiso» a la decisión del Banco de España-, o los sindicatos CC OO y UGT de Andalucía, que se han descolgado pidiendo al Gobierno que intervenga para «corregir» la decisión del FROB. Tales posiciones demuestran que la reforma de las cajas tropieza en España con una visión fragmentaria del mercado financiero, que concibe las autonomías como virreinatos económicos servidos por cajas, dominadas por las fuerzas políticas regionales, como ventanillas exclusivas donde se obtiene crédito fácil.

Pero el crash financiero y la recesión exigen lo contrario. Las cajas tienen que recapitalizarse y eso no puede hacerse en el ámbito estrecho de los mercados locales, sino en la captación global de capital privado. Y también tienen que enfrentarse a drásticos ajustes de oficinas y empleo después de lustros expuestas -unas más que otras- a la irresponsable financiación de la burbuja inmobiliaria, alentada precisamente por los intereses políticos regionales. Es un síntoma pésimo que los dirigentes políticos y sindicales no perciban con claridad que la tarea principal hoy es ajustarse a la crisis y pensar en un mercado financiero único, y no defender los nichos financieros de campanario.