El CGPJ suspende al juez Guillermo Ruiz de Polanco apartándole de su cargo de Juez Instructor Nº1 de la Audiencia Nacional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir un expediente disciplinario por dos faltas muy graves al juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco. La decisión de abrir este expediente es no sólo justa sino además inevitable tras las graves negligencias cometidas por este juez. El primero de los fallos de Ruiz Polanco fue dejar pasar el plazo para renovar la prisión preventiva del etarra Ibai Ayensa. Como consecuencia de ello, hubo que ponerle en libertad. Ruiz Polanco echó la culpa del error a un funcionario, pero, como se le recuerda en el informe incoado por el CGPJ, la competencia exclusiva e indelegable para determinar la prisión es del juez. La segunda de las negligencias fue la tardanza en casi dos años en procesar a los miembros del comando Urbasa, a pesar de las peticiones del fiscal. El CGPJ acordó ayer nombrar un instructor de este expediente, pero estudiará también si procede la suspensión cautelar del juez. Ruiz Polanco, que podría ser expulsado de la carrera, ya tiene abierto otro expediente por retraso en un sumario sobre el fraude del IVA y fue exonerado tras la polémica puesta en libertad del narco Pablo Vioque. Su actuación como juez en la Audiencia Nacional está jalonada de episodios tan impropios como los exabruptos con que respondió a las amenazas de un etarra. Parece claro que la responsabilidad de ser juez en la Audiencia Nacional le queda muy grande a Ruiz Polanco, que carece de justificación por sus negligencias y merece, por tanto, una sanción. Pero el caso pone de relieve, en última instancia, la necesidad de modificar el sistema de nombramientos para acceder a la Audiencia, basado únicamente en la antigüedad en la carrera.

Los errores judiciales son tan viejos como la Justicia, pero ello no puede disculpar la conducta de los tres magistrados de la Audiencia de Vizcaya, que aplicaron una ley derogada para reducir la pena a un maltratador.

Ruth Alonso, Nekane San Miguel y Josu Edorta Herrera calificaron una agresión con lesiones como una mera falta en enero de este año, ignorando la reforma legal efectuada seis meses antes en la que se especificaba que esta conducta constituye un delito, susceptible de ser castigado con prisión.

Los tres jueces de la Audiencia de Vizcaya han reconocido su error y han alegado desconocimiento de la norma. Ello puede ser un atenuante en un proceso penal pero no les exculpa porque un magistrado tiene la obligación de conocer la ley, lo mismo que un conductor de autobuses debe saber las señales de tráfico.

En consecuencia, la Fiscalía se ha querellado contra estos tres profesionales, a los que acusa de «prevaricación culposa», tipificada en el artículo 447 del Código Penal, que castiga con la pena de inhabilitación al magistrado que dicte una resolución «manifiestamente injusta» por «imprudencia grave o ignorancia inexcusable».

Si la querella de la Fiscalía es aceptada a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, todo indica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a suspender cautelarmente de sus funciones a estos tres magistrados. Sería lo correcto porque la Justicia no debe dar la impresión de que los errores de los jueces no tienen consecuencias.

El caso de Ruth Alonso es especialmente polémico, ya que esta juez excarceló a etarras con delitos de sangre a los pocos meses de ingresar en prisión cuando era responsable del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao.

El criterio de interpretación de la ley de Ruth Alonso no coincidía con el de los fiscales ni con el de los tribunales superiores, que con frecuencia revocaron sus fallos. Pero Guillermo Ruiz Polanco, juez de la Audiencia Nacional, ni siquiera tiene esta excusa ni tampoco la de la ignorancia de la ley.

El expediente por dos faltas muy graves, abierto hace pocos días por el CGPJ, puede conducir incluso a su expulsión de la carrera judicial. Ruiz Polanco cometió la negligencia de dejar pasar el plazo para renovar la prisión preventiva a tres etarras, de los cuales uno tuvo que ser puesto en libertad. Y mantuvo paralizado durante casi dos años un sumario, contra la petición del fiscal, en el que estaban imputados los miembros de un comando de ETA.

Ruiz Polanco, otro juez con un historial polémico, merece una sanción ejemplar al igual probablemente que el magistrado de la Audiencia de Jaén que «se extralimitó» en sus funciones y motivó «defectuosamente» el veredicto que condenó a 12 años a un hombre por la muerte de su esposa, juicio con jurado que tendrá que volver a repetirse, según decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los jueces tienen el enorme poder de decidir sobre la libertad de las personas, lo que acrecienta las exigencias de responsabilidad cuando no están a la altura de sus obligaciones. En todos estos casos, se han producido manifiestos errores judiciales que deben ser sancionados para evitar la impresión de que quienes tienen que impartir justicia están por encima de la ley.

¿Mal de ojo o casualidad? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero de nada importa ante la realidad de los hechos. Y esos sí que son conocidos y recordados por los más viejos del lugar. Ya sea mal de ojo, gafe o simple casualidad, lo cierto es que la «leyenda negra» se ha repetido una y otra vez en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional: todos sus jueces han salido de allí contra su voluntad… o casi.

Así les ocurrió a los primeros y así les ha ocurrido también a los dos últimos, más presentes en la memoria colectiva por ser sus historias más recientes. El primero de ellos, Javier Gómez de Liaño, seguramente nunca imaginó que la instrucción de un procedimiento -el «caso Sogecable»- le colocara al otro lado de la barrera arrancándole de las manos la balanza de la Justicia para sentarle ante el Tribunal Supremo en el banquillo de los acusados. Condenado por prevaricación a quince años de inhabilitación, fue expulsado de la carrera judicial y readmitido después tras el indulto del Gobierno del PP. Hoy, Gómez de Liaño ejerce como abogado.

Después vendría el turno de Guillermo Ruiz Polanco. En 1999 salió de Vigilancia Penitenciaria y Menores en Pamplona para cubrir la vacante dejada por Liaño y, tras una turbulenta permanencia en el despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional, pasillo de la derecha -de nada le sirvió cambiar la distribución de los muebles y la decoración-, tuvo que salir por la misma puerta por la que entró con una sanción disciplinaria en su cartera. Atrás ha dejado Ruiz Polanco amigos y no tan amigos, episodios sorprendentes -como aquél en el que tras ser amenazado por un miembro de ETA le advirtió que, de no ser juez, le «daría dos h…»- y actuaciones polémicas, algunas de las cuales llegaron a colocarle al borde del precipicio. Hace seis meses la gota colmó el vaso y tras un error de bulto no tuvo más remedio que poner en la calle a un miembro de ETA. El Consejo General del Poder Judicial le ha sancionado por falta disciplinaria muy grave y le ha suspendido en sus funciones jurisdiccionales durante un año. No podrá volver a ejercer como juez hasta marzo del próximo año.

Siendo sus caracteres y trayectorias profesionales completamente diferentes, lo cierto es que tanto Gómez de Liaño como Ruiz Polanco también protagonizaron sonados episodios antes de que de la puerta de su despacho colgara una placa con la inscripción «Magistrado Juez» del Juzgado Central de Instrucción número 1. No faltan voces en la «comidilla» judicial que defienden la tesis de que, para solicitar una plaza en la Audiencia Nacional, hay que ser de una «pasta especial».

Especiales o no -eso va en gustos- resulta imprescindible desandar la historia de ese Juzgado Central 1 para entender por qué se habla de «leyenda negra». Su primer titular, Rafael Gómez Chaparro, fue sancionado con un traslado forzoso tras la fuga de uno de los imputados en el «caso Atocha». El juez le había dado un permiso.

La plaza fue adjudicada entonces a Ricardo Varón Cobos. Éste fue juzgado por prevaricación en 1986 y expulsado de la carrera judicial por dejar en libertad al capo mafioso Antonio Bardellino, que aprovechó para huir. Varón Cobos fue readmitido dos años después y se jubiló como magistrado de Sala en la Audiencia Nacional.

El sustituto de Varón Cobos en el Juzgado Central 1 fue Carlos Bueren. Los casi diez años durante los que ocupó ese despacho le convirtieron en uno de los instructores «históricos» de la Audiencia Nacional. Sin embargo, cambió la judicatura por la abogacía ante las presiones que sufrió durante la investigación del «caso Lasa y Zabala».

El Juzgado Central de Instrucción número 1 vuelve ahora a quedar vacante -desde el pasado mes de mayo un juez en comisión de servicio lo saca adelante-, por lo que el Consejo General del Poder Judicial tendrá que sacar a concurso la plaza para nombrar al próximo titular. ¿Habrá siguiente capítulo en el libro de la «leyenda negra»?

La suspensión cautelar del juez Guillermo Ruiz Polanco, al que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto tres expedientes por faltas muy graves de desatención en su juzgado, cuestiona una vez más los criterios de selección de quienes tienen que desempeñar tareas tan importantes como las de juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Como pone de manifiesto la compleja investigacion judicial de los recientes atentados terroristas de Madrid, la Audiencia Nacional no sólo necesita medios materiales y personales suficientes -peritos, intérpretes y conexiones informáticas adecuadas, entre otras cosas-, sino jueces solventes, de perfiles sólidos y reacios a la tentación de transferir a su persona el protagonismo social del caso que llevan entre manos.

Si se demuestra que el juez Ruiz Polanco ha cometido las faltas que le imputa el Consejo del Poder Judicial, parece evidente que queda lejos de los niveles de solvencia y de dedicación exigibles a su función. Son errores de funcionamiento muy graves que obligan a la excarcelación de un presunto terrorista o paralizaciones indebidas de sumarios. Y, desde luego, el funcionamiento del juzgado queda en entredicho si, como señala el Consejo del Poder Judicial, carece de un sistema de control efectivo de las causas con preso y existen casos frecuentes de retrasos injustificados en la tramitación de procesos y diligencias previas.

Ruiz Polanco tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero los cargos más fuertes frente a los que debe defenderse provienen, no del Consejo del Poder Judicial, sino de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le advirtió en más de una ocasión de las graves anomalías de su actuación jurisdiccional. Salvadas las distancias, el caso recuerda al del juez Gómez de Liaño, empeñado no sólo en ignorar las advertencias de dicha Sala de la Audiencia Nacional sobre la instrucción del asunto Sogecable, sino en hacer todo lo contrario hasta la resolución injusta y prevaricadora. Sea cual sea la resolución de los expedientes, el episodio tiene suficiente entidad, vistos antecedentes similares como los casos de los jueces Moreiras, Varón Cobos y Gómez Chaparro, para que el Consejo del Poder Judicial o, en su caso, el Gobierno a través de la iniciativa legislativa, establezcan criterios profesionales más cualificados que la antigüedad en el escalafón para ser juez de la Audiencia Nacional.