El CGPJ suspende por dos años al polémico juez Luis Blánquez, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Guipúzcoa

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Guipúzcoa, Luis Blánquez, es un juez polémico, cuestionado de antiguo dentro y fuera del ámbito judicial vasco y que ha estado en más de una ocasión bajo la mira del Consejo General del Poder Judicial. Y no exactamente por sus fallos, llamativos en muchos casos, pero que pudieron ser corregidos por tribunales superiores, sino por el tipo de argumentaciones que los sustentan y por sus controvertidas actuaciones en el tribunal que presidía.

La Comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial ha propuesto por unanimidad sancionar una de estas actuaciones con dos años de suspensión en el ejercicio de la función jurisdiccional, con pérdida de su actual destino en la Audiencia de Guipúzcoa. La propuesta de sanción es grave, pero quizás no tanto como las faltas imputadas al juez Blánquez: presionar a sus compañeros magistrados para que cambiaran una sentencia sobre el Alarde de San Marcial de Irún y haberlo hecho, además, revelando las deliberaciones secretas del tribunal. Presionar a un tribunal, atacar su independencia, constituye una conducta tipificada como delito en el Código Penal. El estatuto de los jueces la considera, además, una falta profesional muy grave por cuanto se convierte en un foco de corrupción en el interior de la propia magistratura. No es extraño, por ello, que el Consejo del Poder Judicial, al tiempo que le abría hace seis meses al juez Blánquez el correspondiente expediente disciplinario, remitiera las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que dictaminara sobre la eventual existencia de delito.

Si el pleno del Consejo aprueba el próximo día 10 la sanción que su comité disciplinario ha propuesto por unanimidad, el juez Blánquez quedará apartado durante dos años de la función jurisdiccional. Legalmente, podía haber sido sancionado con tres años de suspensión, e incluso con la separación de la carrera. Pero dos años de alejamiento de la judicatura pueden servir al sancionado para cambiar su bien ganada imagen de juez extravagante por el tono, las argumentaciones y las expresiones con que acostumbra ilustrar sus resoluciones. Es decir, la contraimagen del juez.